Hay unas normas éticas y morales, universalmente reconocidas por la sociedad, que nos señalan con exactitud entre qué márgenes podemos movernos para actuar de acuerdo con ellas. Para los socialistas, en cambio, imbuidos de un relativismo moral exagerado, dichos márgenes son demasiado estrictos y cuentan siempre con bula para actuar a su aire, sin preocuparse de si es bueno o malo. Para ellos no hay norma que valga, ni conciencia y se deciden siempre por aquellos actos que les reporten algún beneficio personal. Si interesa mentir, se miente descaradamente. Y en esto de mentir, son auténticos maestros José Luis Rodríguez Zapatero y su mentor favorito Alfredo Pérez Rubalcaba. Si alguna vez dicen una verdad es porque se equivocan o porque las circunstancias les han cogido desprevenidos.
El Estado de Derecho nace como oposición al Estado absolutista entre el siglo XVIII y XIX, pero tiene muy poco valor para esta progresía moderna y, no le demos vueltas, si hay intereses personales o de partido de por medio, no tienen inconveniente en coger el primer atajo que se presente. Como los reyes absolutistas, no quieren contrapoderes que limiten su autonomía en el ejercicio cotidiano del poder. Para ellos no hay razón de partido que, si interesa, no pueda convertirse convenientemente en razón de Estado. Sin necesidad de ir más allá de la fecha en que se produjo la transición democrática, encontramos casos sangrantes que avalan esta afirmación.
Es en el año 1982, y por primera vez desde la instauración de la democracia, cuando el PSOE gana las elecciones y es investido presidente del Gobierno Felipe González. Apenas un año después de hacerse con las riendas del Gobierno, buscan la forma de acabar con el grupo terrorista de ETA de la manera más rápida posible. De ahí que se olviden voluntariamente del Estado de Derecho y procedan sin más a organizar lo que conocemos como Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL y los dedican a practicar la guerra sucia o el terrorismo de Estado. Estos grupos comenzaron su andadura delictiva en 1983, con el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y, poco tiempo después, el sonado secuestro de Segundo Marey. A estos grupos parapoliciales se les imputan nada menos que 23 asesinatos. Aunque principalmente actuaron en el País Vasco francés, también realizaron secuestros, torturas y algún que otro delito económico dentro de suelo español.
En el año 2004, después de dos legislaturas del Partido Popular, y como consecuencia de la masacre del 11 de marzo, llega al poder otra vez el PSOE, asumiendo José Luis Rodríguez Zapatero la presidencia del Gobierno. No tardó mucho Zapatero en convertir en papel mojado el pacto antiterrorista, firmado durante el mandato de José María Aznar. No se si hubo algún tipo de ayuda por parte de ETA, para llevar a Zapatero a La Moncloa. Hay motivos más que razonables para pensar que pudo haber algún tipo de colaboración, ya que el comportamiento posterior del nuevo presidente del Gobierno y el tejemaneje de las pruebas policiales sobre el atentado del 11M, ocultando algunas y adulterando otras, facilitan claramente la sospecha.
Desde el mismo momento en que el nuevo Gobierno asumió el poder, comenzaron las negadas negociaciones con la banda terrorista en busca de una paz imposible. Ahí está el llamativo caso de Iñaki de Juana Chaos, condenado a casi 3000 años de cárcel por su participación en 25 asesinatos, al que excarcelaron después de haber cumplido solamente 18 años de esa condena. Y, como no, tenemos también el chivatazo a ETA, en el Bar Faisán de Irún, dando al traste con una muy buena y larga investigación policial que hubiera supuesto el desmantelamiento total de la red de extorsión de la banda y de sus fuentes de financiación. Ultimados todos los detalles de esa investigación policial, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordena a la policía que intervenga el 4 de mayo de 2006 para coger in fraganti a los implicados en la entrega de una importante cantidad de dinero, que se iba a producir ese día en el Bar Faisán.
El chivatazo llegó a tiempo para desbaratar la pertinente providencia judicial. Este chivatazo, por lo que hemos visto a través del documental emitido por Intereconomía TV el pasado 18 de septiembre, tuvo una clara y evidente motivación política. Hay algunos que quieren hacernos ver que, con ese oportuno aviso a ETA, se intentaba exclusivamente salvar el proceso de paz ya iniciado con la banda. Hoy día, según se desprende del citado documental de Intereconomía TV, sabemos que con el chivatazo se trató al menos de salvar al Partido Nacionalista Vasco, ya que uno de sus dirigentes, Gorka Aguirre, formaba parte del entramado de extorsión de ETA. Y puede, además, darse el caso que en el trasfondo de tan chocante actuación de ese grupo policial, tan próximo a Rubalcaba, se oculte alguna otra cuestión de más hondo calado. Con Telesforo Rubio, con Víctor García Hidalgo, con Antonio Camacho y con Pérez Rubalcaba a la cabeza, todo es posible, porque ¡vaya tropa que se perdió!
Gijón 27 de septiembre de 2010
José Luis Valladares Fernández
El Estado de Derecho nace como oposición al Estado absolutista entre el siglo XVIII y XIX, pero tiene muy poco valor para esta progresía moderna y, no le demos vueltas, si hay intereses personales o de partido de por medio, no tienen inconveniente en coger el primer atajo que se presente. Como los reyes absolutistas, no quieren contrapoderes que limiten su autonomía en el ejercicio cotidiano del poder. Para ellos no hay razón de partido que, si interesa, no pueda convertirse convenientemente en razón de Estado. Sin necesidad de ir más allá de la fecha en que se produjo la transición democrática, encontramos casos sangrantes que avalan esta afirmación.
Es en el año 1982, y por primera vez desde la instauración de la democracia, cuando el PSOE gana las elecciones y es investido presidente del Gobierno Felipe González. Apenas un año después de hacerse con las riendas del Gobierno, buscan la forma de acabar con el grupo terrorista de ETA de la manera más rápida posible. De ahí que se olviden voluntariamente del Estado de Derecho y procedan sin más a organizar lo que conocemos como Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL y los dedican a practicar la guerra sucia o el terrorismo de Estado. Estos grupos comenzaron su andadura delictiva en 1983, con el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y, poco tiempo después, el sonado secuestro de Segundo Marey. A estos grupos parapoliciales se les imputan nada menos que 23 asesinatos. Aunque principalmente actuaron en el País Vasco francés, también realizaron secuestros, torturas y algún que otro delito económico dentro de suelo español.
En el año 2004, después de dos legislaturas del Partido Popular, y como consecuencia de la masacre del 11 de marzo, llega al poder otra vez el PSOE, asumiendo José Luis Rodríguez Zapatero la presidencia del Gobierno. No tardó mucho Zapatero en convertir en papel mojado el pacto antiterrorista, firmado durante el mandato de José María Aznar. No se si hubo algún tipo de ayuda por parte de ETA, para llevar a Zapatero a La Moncloa. Hay motivos más que razonables para pensar que pudo haber algún tipo de colaboración, ya que el comportamiento posterior del nuevo presidente del Gobierno y el tejemaneje de las pruebas policiales sobre el atentado del 11M, ocultando algunas y adulterando otras, facilitan claramente la sospecha.
Desde el mismo momento en que el nuevo Gobierno asumió el poder, comenzaron las negadas negociaciones con la banda terrorista en busca de una paz imposible. Ahí está el llamativo caso de Iñaki de Juana Chaos, condenado a casi 3000 años de cárcel por su participación en 25 asesinatos, al que excarcelaron después de haber cumplido solamente 18 años de esa condena. Y, como no, tenemos también el chivatazo a ETA, en el Bar Faisán de Irún, dando al traste con una muy buena y larga investigación policial que hubiera supuesto el desmantelamiento total de la red de extorsión de la banda y de sus fuentes de financiación. Ultimados todos los detalles de esa investigación policial, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordena a la policía que intervenga el 4 de mayo de 2006 para coger in fraganti a los implicados en la entrega de una importante cantidad de dinero, que se iba a producir ese día en el Bar Faisán.
El chivatazo llegó a tiempo para desbaratar la pertinente providencia judicial. Este chivatazo, por lo que hemos visto a través del documental emitido por Intereconomía TV el pasado 18 de septiembre, tuvo una clara y evidente motivación política. Hay algunos que quieren hacernos ver que, con ese oportuno aviso a ETA, se intentaba exclusivamente salvar el proceso de paz ya iniciado con la banda. Hoy día, según se desprende del citado documental de Intereconomía TV, sabemos que con el chivatazo se trató al menos de salvar al Partido Nacionalista Vasco, ya que uno de sus dirigentes, Gorka Aguirre, formaba parte del entramado de extorsión de ETA. Y puede, además, darse el caso que en el trasfondo de tan chocante actuación de ese grupo policial, tan próximo a Rubalcaba, se oculte alguna otra cuestión de más hondo calado. Con Telesforo Rubio, con Víctor García Hidalgo, con Antonio Camacho y con Pérez Rubalcaba a la cabeza, todo es posible, porque ¡vaya tropa que se perdió!
Gijón 27 de septiembre de 2010
José Luis Valladares Fernández