miércoles, 28 de marzo de 2012

HACE FALTA MÁS ARROJO

Aunque en  las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 el Partido Popular obtuvo una mayoría pírrica, José María Aznar logró hacerse con el Gobierno, al contar con el apoyo de las formaciones nacionalistas de Cataluña (CIU), del País Vasco (PNV) y Canarias (CC). El  5 de mayo de ese mismo año jura su cargo y, al día siguiente todos los nuevos ministros toman posesión de sus cargos.
 La llegada de Aznar a la Presidencia del Gobierno despertó muchas expectativas, ya que durante los últimos catorce años los socialistas encabezados por Felipe González se adueñaron prácticamente de la mayor parte de las instituciones del Estado y las manejaban como si fuera su cortijo particular. Todos los españoles esperaban un cambio de rumbo decidido, desde el primer día de su mandato. Pero no fue así. Comenzó tragándose como ministro de Defensa a Eduardo Serra, de perfil político un tanto sospechoso. No quiso saber nada  del terrorismo de Estado practicado por el Gobierno anterior y se olvidó de desclasificar los papeles del CESID, tal como había prometido. Se contentó simplemente con “pasar página”.
Además de esto, Aznar cometió otros errores, más graves aún si cabe, que propiciaron los lamentables acontecimientos acaecidos en marzo de 2004. Y es que, no se por qué obscura razón, no limpió las cloacas del Estado, largando del CESID y de los puestos policiales de responsabilidad a todos los advenedizos y estómagos agradecidos, nombrados a dedo por el PSOE. Por si fuera esto poco, en junio de 2001, nombra a Jorge Dezcallar director del CESID, convirtiéndose así, de la mano de Aznar, en el primer civil al mando de los servicios secretos españoles. Y continúa en ese mismo puesto cuando en 2002, cuando desaparece el CESID y se transforma en el CNI actual.
Y Jorge Dezcallar era, cuando menos, una persona sospechosa de sintonizar preferentemente con el PSOE y no con el Partido Popular.  Buena prueba de ello era su historial al servicio de los Gobiernos de Felipe González,  ocupando siempre cargos de suma confianza, incluso dentro del mismo palacio de La Moncloa. Que el PSOE mostrara públicamente su satisfacción cuando fue elegido por Aznar para dirigir los servicios secretos españoles, ya daba mucho que pensar.
Tanto el Partido Popular como los ciudadanos españoles pagamos muy caro la falta de valentía de José María Aznar para cortar por lo sano, limpiando todas las instituciones de personas dudosas, susceptibles de convertirse en topos del PSOE. Los socialistas son en esto extremadamente cuidadosos. Estos presumen, sin rubor alguno,  de su filiación de izquierda, mientras que en el Partido popular consideran poco menos que un insulto que los tilden de derechas. Ese terrible complejo les lleva a catalogarse en posiciones más neutras, y de ahí su continuo viaje hacia un hipotético centro. Y ese miedo innato a ser lo que son, ese temor absurdo a molestar a unos y a otros, hace que muchas veces se frustren o se malogren algunas de las iniciativas previstas de antemano.
Es cierto que Aznar hizo muchas cosas buenas, supo aplicar debidamente unas profundas reformas liberales en la economía que se tradujeron en una reducción considerable del paro, en  la liquidación del déficit público y en nuestra entrada en la moneda única europea. Pero el miedo escénico a tomar decisiones en solitario, sin el apoyo de otras fuerzas políticas, le impidió poner un colofón meritorio a sus ocho años de Gobierno. Ni siquiera supo aguantar el envite de los sindicatos mayoritarios y dejó prácticamente en nada la reforma laboral proyectada. Los errores de bulto cometidos permitieron a los socialistas manejar a su antojo los terribles atentados del 11-M, ya que era evidente que disponían de datos extremadamente relevantes que desconocía el Gobierno. No es pues de extrañar que, contra todo pronóstico, el Partido Popular perdiera las elecciones de 2004.
Después de dos legislaturas desastrosas de los socialistas, el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, barre al PSOE en las elecciones de noviembre de 2011. Ninguna fuerza política había llegado antes a los 186 diputados. Falta por saber, eso sí, si ese morrocotudo triunfo es debido  a la valía personal  de los líderes del Partido Popular o es simplemente el fruto de los desaciertos continuados de Rodríguez Zapatero y de sus Gobiernos. Ahora importa muy poco el por qué; lo verdaderamente relevante es que el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy tiene hoy en sus manos un cheque en blanco para reorientar adecuadamente  las distintas cuestiones políticas y económicas que nos afectan. Es más, los ciudadanos le exigen que se involucre con decisión para solventar, con ayuda o sin ella, los problemas heredados, que enturbian nuestra convivencia social.
Es cierto que el nuevo Gobierno se enfrentó, desde un principio, a la complicada situación que padecemos, para superar lo más rápidamente posible ese momento de dificultades que vive España. Por eso ha batido el record arbitrando reformas y nuevas leyes para quemar etapas en ese camino hacia un tiempo nuevo y una época mejor. Además de medidas necesarias, aunque tremendamente impopulares como la subida del IRPF, fueron apareciendo otras, prácticamente sin solución de continuidad, como  la ley  de estabilidad presupuestaria, la protestada reforma laboral, la restructuración del sector financiero y el plan de racionalización de empresas públicas. Se aprobó también  el anteproyecto de la ley de transparencia, en la que se incluye un código de buen gobierno, un régimen  de infracciones y las oportunas sanciones para aquellos que no lo cumplan.
Aunque el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha en tres meses más reformas que el de Zapatero en casi ocho años, se muestra muy timorato y acomplejado. Teme abordar los acuciantes problemas en solitario y busca desesperadamente la ayuda y el acompañamiento de otras fuerzas políticas que, más pronto o más tarde, exigirán el correspondiente peaje. El mandato tan abrumadoramente recibido de la ciudadanía exige al Gobierno que, si hace falta, se olvide de la oposición y afronte con coraje y arrojo las situaciones complicadas en que nos han metido y busquen denodadamente  la mejor solución.
Ya va siendo hora de que la derecha deje de mirar al tendido como si necesitara pedir perdón por estar ahí con esa representación política tan alta. En esta ocasión, no necesita pedir permiso a nadie para poner en marcha lo que tan claramente ha demandado el pueblo. No tiene la izquierda ese plus de autoridad que suele atribuirle la derecha y que la misma izquierda se atribuye a sí misma. En la derecha, por parecer progres y evitar que les tilden de carcas, son capaces de cualquier cosa, hasta de nombrar a alguien para un cargo importante, aunque dicho nombramiento implique un notable desprecio para el sentir mayoritario de los afiliados. Es el caso de Carmen Vela, izquierdista de pro y abortista confesa, que firmó el “contramanifiesto” famoso, donde se defienden las patochadas de Bibiana Aido, según las cuales el no nacido no es un ser humano y que fue escrito para censurar el llamado “manifiesto de Madrid”. Esto sin contar que, en las últimas elecciones, hizo campaña a favor de Rubalcaba.
Y no es solamente esto. Hay muchas instituciones que están plenamente deslegitimizadas por el resultado abrumador de las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre. Destacan entre todas ellas Televisión Española y Radio Nacional de España. Desde estos medios de comunicación públicos, los distintos comunicadores aprovechan descaradamente cualquier circunstancia para criticar y, si puede ser, dejar en ridículo al Partido Popular. Y a la vez, ensalzan  sin el menor rubor al partido socialista que les puso ahí,  aireando sus escasas virtudes y ocultando sus múltiples tropelías.
Y a pesar de llevar ya tres meses en el Gobierno y de su abrumadora mayoría, los del Partido Popular, emulando estoicamente al patriarca Job, aguantan con tremenda paciencia las críticas interesadas propagadas desde la televisión y la radio públicas. Y si alguna vez se quejan,  lo hacen de manera disimulada y en tono menor para que no se incomode nadie. Que razón tenía el rico de la parábola evangélica que nos cuenta San Lucas, cuando alaba sin titubeos a su mayordomo infiel “porque había obrado sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes”.
Ya sabemos todos que hay una normativa que les impide entrar a saco en esas instituciones. Pero el poder de que disfrutan es tan alto que pueden cambiar de un día para otro todas las disposiciones que lo impiden. Ni más ni menos, es lo que hubiera hecho el PSOE si invertimos los papeles. Ahí está para muestra lo que hicieron en 2004 cuando ganaron las elecciones, sin tanto apoyo como tiene ahora el Partido Popular. ¡Ah! ¡Que no quieren parecerse a ellos! Ya me parecía a mí que, una vez más, nos íbamos a topar  con la nefasta doctrina de Arriola que tanto daño ha hecho al partido. Doctrina que prohíbe ser excesivamente agresivo y recomienda huir siempre de la confrontación directa.
El arriolismo inveterado ha llevado al Partido Popular a afrontar elecciones con una propaganda totalmente plana, sin garra, y con miedo a generar cualquier tipo de crispación. Las consecuencias inmediatas de las enseñanzas de Arriola están a la vista: se perdieron las elecciones de 1993 y no se volvieron a perder en 1996 por puro milagro. Y algo habrán tenido que ver con el resultado de las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo, el arriolismo y la propaganda tendenciosa que han hecho los lacayos de los socialistas desde las televisiones y la radio públicas.
Y cuando se está en el Gobierno, no se puede ejercer el Poder de un modo tan vacilante y sin decisión. Hay que ser más beligerantes y explicar adecuadamente las actuaciones que se van tomando. Ante todo, no hay que  dejar que sean los adversarios declarados,  los que expliquen esas medidas. Y eso es precisamente lo que ha pasado con la reforma laboral, que han sido los sindicatos y la oposición los que se han encargado de airear todos los males posibles de dicha reforma, y lo han hecho precisamente desde esos medios públicos de comunicación que pudieron haber  neutralizado ya y que no lo han hecho para no dar que decir.
Esperemos que el Gobierno actual se deje de zarandajas, abandone de una vez esos  complejos absurdos y limpie inmediatamente los medios de comunicación de semejantes personas, puestas a dedo por los socialistas y  que, de hecho, están haciendo mucho daño al Partido popular. Ya va siendo hora de que el Gobierno asuma responsablemente el poder que le dieron las urnas, deje de ser tan timorato y con arrojo y decisión, ponga en su sitio a los sindicatos de clase, obligándoles por ley a autofinanciarse con sus afiliados, excluyendo definitivamente cualquier tipo de ayuda estatal. Y otro tanto debe hacer con los titiriteros y los del clan de la ceja que, juntamente con los sindicatos, forman la  quinta columna del PSOE.
Además de reformar la Ley Electoral que propicia ese poder desproporcionado a los nacionalistas de algunas regiones de España y de promulgar urgentemente una Ley de Huelga, la salud democrática exige una actuación decidida para adelgazar la administración autonómica y suprimir valientemente las duplicidades y solapamientos en las competencias entre el Estado y las Autonomías. Y ante todo,  recuperar para la administración central, antes de que sea demasiado tarde,  las competencias de educación y de sanidad que nunca debieron ser transferidas. 
Gijón, 27 de marzo de 2012 
José Luis Valladares Fernández

lunes, 19 de marzo de 2012

PREOCUPACIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA


Es un hecho que  la situación económica en general y la sanidad y la educación en particular, preocupan cada vez más a los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nada menos que el 55,2% de los encuestados considera que la asistencia sanitaria empeorará a lo largo del año 2012. Fruto de esa preocupación creciente, la sanidad, figura como el quinto problema nacional más importante para los españoles, por delante   incluso de la educación, la vivienda y el terrorismo. Solamente es superada por el paro, por los problemas económicos, la clase política y la corrupción y el fraude.
A los pacientes o usuarios de la Sanidad Pública les preocupa enormemente que, como consecuencia de las crecientes dificultades económicas, se vaya degradando progresivamente la calidad tradicional de la misma. Los responsables políticos deben velar porque esto no suceda y, por lo tanto, deben procurar que se vaya adaptando a la nueva realidad, sin que el servicio público y universal que suministra sufra el más mínimo deterioro. Tarea sumamente difícil por el aumento constante del gasto sanitario, sobre todo en el capítulo farmacéutico. La deuda  originada por esto, llegará a ser tan acuciante e insostenible que, al disminuir poco a poco los  recursos de sanidad, será imposible mantener el nivel habitual de prestaciones.
Y algo habrá que hacer para solucionar adecuadamente este problema,  antes de que sea demasiado tarde. Es sabido que el precio de los medicamentos se pacta  con el Estado. Y debido a ese pacto,  el precio de los mismos se redujo  un 30%  en los últimos cinco años. Se ha generalizado, además, el uso de los genéricos. Pero ni la reducción del precio de los medicamentos ha solucionada nada, ni los genéricos han resultado ser la panacea que pensaban algunos, pues sus precios y los precios de los medicamentos de marca se están acercando de manera muy significativa. Esto ha podido aligerar la presión de la deuda sanitaria, pero nada más, ya que ésta ha seguido creciendo alocadamente, siendo cada vez más agobiante.
En Asturias, por ejemplo, que no es precisamente de las comunidades más endeudadas, la deuda de los hospitales creció en 2011 la nada despreciable cifra de 38,5 millones de euros. Como en 2010 la factura pendiente de estos centros sanitarios era de 115,1 millones de euros, a finales de 2011, la deuda del Servicio de Salud del Principado de Asturias con las farmacéuticas ascendía a 153,6 millones de euros. Esto supone un aumento de 33,5% en apenas un año, crecimiento muy similar al del resto de España, que creció un 36% de media.
Andalucía es la comunidad que mantiene la deuda más alta de España. Por el suministro de fármacos a sus hospitales, adeuda 1.523 millones de euros. Le sigue Valencia con 1.292,5 millones y Madrid con 762 millones de euros. Asturias, ocupa en ese ranking el puesto número doce. La deuda total del Sistema Nacional de Salud por el suministro  de medicinas a todos los hospitales de España, que al finalizar 2010 ascendía  a 4.684,8 millones de euros, a finales de 2011 alcanzó la elevada cifra de 6.369,3 millones. Este aumento tan brutal de la deuda durante 2011, nada menos que un 36%,  no se corresponde en absoluto con el aumento de suministros a los hospitales, que no fue más allá del 1,1%. Más bien es debido a la alta morosidad de las Comunidades Autónomas. Hay comunidades como Valencia, Baleares y Galicia que tardan más de 800 días en pagar los medicamentos.
El tamaño de semejante descalabro económico ha obligado a las comunidades autónomas a buscar desesperadamente algún tipo de solución que aminore tan elevada deuda. Y siempre aparece, cómo no, la fórmula del copago por receta o por acto médico. pero como en realidad se trata de una tasa polémica e impopular, salvo Cataluña, nadie se ha atrevido a aplicarla. La comunidad catalana comenzará a cobrar un euro por receta médica a partir del próximo día 1 de junio, liberando de semejante canon a los enfermos crónicos con pocos recursos y a los beneficiarios de una pensión no contributiva.
Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el gasto sanitario representa entre el 30% y el 60% de los diversos presupuestos autonómicos. Como las comunidades carecen de una financiación adecuada y, además, sus ingresos públicos disminuyen constantemente, el mantenimiento de la sanidad pública, tal como la conocemos, resulta ya prácticamente inviable. Adquirir los medicamentos para todos los hospitales de la comunidad a través de una central de compras única, puede ser una solución pasajera, aunque no definitiva. También se mejoraría la actual situación financiera de la sanidad, gestionando los hospitales bajo la modalidad de concesión administrativa. Y de hecho, ya hay comunidades que aplican sin problemas esa colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Es el caso de Madrid y la comunidad  manchega de Castilla-La Mancha.
Pero todas estas soluciones son meramente provisionales y, como ya estamos viendo, generan otro problema: se rompe el principio de  igualdad de todos los ciudadanos que garantiza nuestra Constitución. Con independencia de que el Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, hace aguas por todos los costados, las competencias de sanidad y de educación, por ejemplo, nunca debieron ser transferidas. Y para zanjar de una vez el problema que nos ocupa, hay que empezar por devolver urgentemente las competencias sanitarias al Estado central. Pues la sanidad es un servicio del Estado y, en consecuencia, es el Estado el que debe organizarlo para que resulte totalmente eficiente.
Y aún así, si el Ministerio de Sanidad pretende mantener la calidad y la universalidad del servicio, tendrá que adoptar de inmediato las nuevas fórmulas de gestión público-privada que trata de implantar en las autonomías como alternativa al copago. Así las cosas, y a pesar de la mala prensa de lo privado, la gestión sanitaria debería ser estrictamente privada, conservando la administración la capacidad íntegra de control e inspección, juntamente con la facultad de dictar normas  precisas y sancionar los posibles incumplimientos. Sería la manera de garantizar el mismo nivel de prestaciones sin que disminuyeran los recursos.
Con la creación de esa central de compras sanitaria, de gestión privada, la Administración se ahorraría al menos un 20% o más en la simple adquisición de fármacos para los hospitales de toda España. También aligeraría la carga económica la privatización de ciertos servicios como los tratamientos de residuos, cocinas, limpieza y lavandería. Podrían privatizarse incluso los análisis de sangre y  todo lo referente a radiología. Parece que no, pero con estas privatizaciones, los centros hospitalarios públicos reducirían, prácticamente a la mitad,  el coste sanitario por paciente, que hoy día oscila entre los 1.100 y los 1.600 euros. Y esto  redundaría evidentemente en una mejora de los servicios que se prestan a los usuarios. 
Gijón, 19 de marzo de 2012 
José Luis Valladares Fernández       

martes, 13 de marzo de 2012

BATALLAS SINDICALES ABSURDAS

Es sobradamente conocido  que, los sindicatos de clase que padecemos,  disfrutaron de  una auténtica luna de miel viviendo de la “sopa boba”, a la sombra del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aficionados desde hace tiempo a la mamandurria y al mamoneo más desvergonzado, en vez de plantar cara al Gobierno por el alarmante aumento del paro, miran al tendido y se convierten voluntariamente en un apéndice doméstico del mismo. Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez, más que líderes sindicales, parecían  ministros sin cartera del Ejecutivo presidido por  Zapatero.
En una  intervención ante el Congreso Federal de la UGT, celebrado el 1 de abril de 2009, Zapatero, dirigiéndose a los sindicalistas en general, esboza una sonrisa bobalicona,  y les dice pausadamente: “necesito vuestro apoyo. Necesito vuestro cariño”. No necesitaba pedir ni apoyo ni cariño a CC.OO y menos a la UGT. Lo tenía de antemano. Ya hacía tiempo que habían firmado la paz social con el Gobierno, a cambio  unas suculentas y jugosas subvenciones. Cerraron, es verdad, cantidad de empresas y se destruyeron innumerables puestos de trabajo, pero los sindicatos, preocupados exclusivamente por hacer caja,  guardaron el silencio más absoluto. Y si abrían la boca, era contra Esperanza Aguirre.
De hecho, durante el complicado mandato de Zapatero, se cerraron más de 900 mil empresas y se destruyeron más de tres millones de puestos de trabajo, sin que los sindicatos de clase levantaran la voz. Era evidente que entonces, ni estaban, ni se les esperaba. Tuvo que ganar Mariano Rajoy las pasadas elecciones para que Cándido Méndez y Fernández Toxo despertaran, por fin, de su prolongado y punible letargo. Para ellos ha sido una desfachatez enorme que, el nuevo Gobierno, iniciara su mandato poniendo en marcha una reforma laboral sumamente perjudicial, según dicen, para la clase trabajadora.
No es precisamente la suerte de los  trabajadores lo que preocupa a los líderes sindicales. Pasan olímpicamente de ellos y desprecian sin el menor complejo a los parados. Los utilizan, sin más, en beneficio propio. Como son tan egoístas, viven preocupados exclusivamente porque esta reforma laboral les resta parte de su capacidad de influencia en las empresas, pierden protagonismo y pierden además bastante dinero. Dejarán de controlar, a partir de ahora, muchos convenios colectivos, pues las empresas podrán negociar directamente con sus propios trabajadores nuevas condiciones laborales. Dejarán también de impartir muchos cursos de Formación, lo que supondrá una pérdida considerable de dinero. Y por si fuera esto poco, va el Gobierno  -a quién se le ocurre-  y les reduce un 20% las subvenciones.
Quienes han vivido siempre del cuento, ante una pérdida tan considerable de poder y de emolumentos, montan en cólera y declaran, sin más, la guerra al Gobierno. Sin dar tiempo al tiempo, tocan a rebato para congregar a los suyos y, de acuerdo con Rubalcaba,  los mandan a ocupar la calle. Piensan, además,  que ésta es la mejor manera para incendiar el ambiente de cara a la huelga del próximo día 29 de marzo. Del resto, ya se encargarán los tradicionales piquetes violentos para lograr que se siga masivamente esa huelga. Los aburguesados líderes de los sindicatos de clase, sin la menor reflexión, atribuyen obscenamente  a esta reforma laboral toda clase de desastres, incluidos, por supuesto, los provocados por la impericia y la inanición del Gobierno de Zapatero.
Para los sindicalistas Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, para Rubalcaba y sus mesnadas, la reforma laboral promulgada por el Partido Popular merece todos los reproches habidos y por haber. Para empezar, al abaratarse  el despido,  los empresarios no tendrán problema alguno para despedir abusivamente a sus trabajadores. La golfería  que practican habitualmente no les deja ver que el despido más barato se produce cuando las empresas fracasan, tienen que cerrar sus instalaciones y, en consecuencia, todos  sus trabajadores se van al paro. Ni más ni menos, lo que ha venido ocurriendo profusamente con los socialistas en el Gobierno.
Sorprende enormemente que tanto Fernández Toxo como Cándido Méndez se lamenten ahora del supuesto aumento del paro que previsiblemente ocasionará esta reforma laboral. Mientras estuvieron morreando con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que era cuando de verdad crecía el paro, se callaban como muertos porque ese paro era para ellos una fuente inagotable de ingresos. No  representan ni al 15% de los trabajadores pero, al gestionar en exclusiva los ERE, cobraban un porcentaje determinado a todos los que se quedaban en paro, fueran afiliados o no. Por ejemplo, con los Expedientes de Regulación de Empleo de la empresa Delphi, los sindicatos se embolsaron, ahí es nada, 2,4 millones de euros.
En realidad, ha sido la política trasnochada de Zapatero, irresponsablemente bendecida por los líderes de CC.OO y de la UGT, la que, en buena parte,  más ha contribuido a la destrucción de nuestro tejido empresarial y, en consecuencia, a un deterioro más que notable del Estado de bienestar. Y ahora esos mismos líderes, auténticos parásitos sindicales, rematan la jugada negando al Gobierno de Mariano Rajoy autonomía para reparar tal desaguisado, ni más ni menos que siguiendo la pauta marcada por aquellos países que ya están saliendo de la crisis. Para Fernández Toxo y para Cándido Méndez los culpables de todo, además de la derecha, son los empresarios. Esa inquina de los sindicatos de clase hacia todo el empresariado inspiró a Cándido Méndez la siguiente simpleza o sandez: “hay  muchos empresarios que se sienten atraídos por el desempleo como las polillas se sienten hacia la luz”.
Cargan las tintas contra los empresarios y resulta que no hay en España empresa más grande, ni industria  más rentable y boyante que la del sindicalismo de clase. Tienen garantizados unos ingresos fijos, sumamente elevados, inalcanzables para las demás empresas aún en tiempos de vacas gordas. Y por si fuera esto poco, apenas si tienen costes de producción, gozan  de exenciones fiscales extraordinarias y, ni siquiera, tienen que rendir cuentas ante algún organismo fiscalizador. Como todo fiel cristiano, con el dinero que les llueve de todas partes, realizan inversiones en los distintos mercados financieros; pero maldito que pagan impuestos por los dividendos e intereses que consiguen. Les salen gratis, hasta los locales donde desarrollan su actividad sindical. El único coste al que han de hacer frente es el de sus plantillas, y aún así, lo que es más inaudito, despiden gente como las demás empresas.
Aunque para CC.OO y la UGT todo son ganancias limpias, aún quieren más y son incapaces de ejercitar la más mínima solidaridad con los que se han quedado sin trabajo y sin nada. Como la reforma laboral dictada por el Gobierno merma en parte su poder y aminora levemente sus ingresos, montan un cirio mayúsculo ocupando la calle y convocan  una jornada de huelga general. Saben sobradamente que nuestra situación económica no está para bromas y menos para afrontar los enormes gastos que esto ocasiona. Saben igualmente que a quien de verdad perjudican con esa inoportuna huelga es a España y a todos los españoles, al dar una imagen de helenización, que no es precisamente lo más apropiado para que los inversores extranjeros inviertan aquí sus dineros.
Con esa incalificable actitud de los sindicatos y con ellos, de todo el PSOE, insultan gravemente a los millones de personas que han perdido su empleo y que, de esta manera, ven que se va a prolongar su duro calvario hasta Dios sabe cuando. Es posible que la reforma laboral del nuevo Ejecutivo sea muy mala, que pueda precarizar incluso algunos tipos de trabajo. Pero aunque así sea, siempre será mejor un empleo precario que eternizarse en esas interminables listas del paro. La extrema rigidez del mercado laboral que propugna nuestra legislación laboral, tiene mucho que ver con  esas cotas tan altas de desempleo que padecemos.
 Las normas laborales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, vigentes hasta ahora y que defienden denodadamente Fernández Toxo y Cándido Méndez, están enraizadas en el Fuero del Trabajo de Franco. Y la nueva reforma laboral, al menos, es más moderna. Rompe ese encorsetamiento  nocivo del mercado laboral y aunque no les guste, puede homologarse –ya era hora- a las normas laborales de los países avanzados de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Tanto CC.OO como UGT, corresponsables evidentes de la desastrosa gestión de Zapatero, conservan ese tufo de corte fascista que copiaron de los sindicatos verticales de Franco. Desempeñan consciente o inconscientemente el papel de “agentes sociales” otorgado por el Estado y que no tiene nada que ver con la voluntad de los trabajadores. Y casi, casi, como en el Cara al sol, se esfuerzan por mantener “impasible el ademán”. 
Gijón, 10 de marzo de 2012 
José Luis Valladares Fernández

jueves, 8 de marzo de 2012

LLAMADAS AL VANDALISMO CALLEJERO

Desde que gobierna el Partido Popular, tanto los sindicatos llamados mayoritarios como Alfredo Pérez Rubalcaba no hacen más que soltar proclamas incendiarias contra las medidas económicas del nuevo Gobierno. Las  peroratas que sueltan unos y otro, son terriblemente irresponsables. Las continuas salidas de tono de Rubalcaba, nos producen ese sentimiento de profundo asco, que asaltó a Antoine Roquentin mientras investigaba la vida M. Rollebon, asco que Paul Sartre llamó Nausea, en  la novela filosófica que da vida a estos personajes y que tituló precisamente con ese nombre. Con esa insípida obscenidad que le caracteriza, Rubalcaba insiste una y otra vez que la reforma laboral dictada por el Gobierno de Mariano Rajoy perjudica gravemente a los trabajadores, ya que con ella pierden buena parte de sus derechos.
Dice Rubalcaba, con machacona insistencia, que esta ley, además de abaratar el despido, comporta para el trabajador una pérdida notable de derechos, y aumenta peligrosamente la inseguridad de estos,  al dar sin más todo el poder a los empresarios. Según manifiesta el máximo responsable del PSOE, semejante reforma apuesta descaradamente por el despido como única fórmula para ganar competitividad.  En vez de resolver la crisis que padecemos, la agravará de manera considerable al degradar las condiciones de trabajo y generalizar el despido. Con la  rebaja de sueldos, habrá un empobrecimiento generalizado de la población y, en consecuencia, un deterioro importante del Estado de bienestar.
Pero Rubalcaba no se queda ahí. Repite por activa y por pasiva, que la reforma  impuesta por el Partido Popular facilitará enormemente los despidos colectivos,  tanto en el sector público como privado, tanto en las empresas de titularidad pública como en la administración. Con su habitual cara de póker denuncia que esta reforma “abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo, a la vez que impide ente a los sindicatos defender los derechos de los trabajadores. Y acusa intencionadamente al Gobierno de suprime, sin contemplación alguna, la autorización previa de  los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Según dice Pérez Rubalcaba, el Gobierno del Partido Popular no tiene en absoluto "agenda de reformas para impulsar el crecimiento". Se dedica exclusivamente a realizar un ajuste presupuestario y a conseguir un  ajuste  contraproducente de las rentas, elevando de manera sibilina el IRPF. Y todo esto, truena Rubalcaba, ahondará  el problema económico, con lo que el desastre laboral será absoluto y el daño causado al Estado de bienestar será prácticamente irreversible. Y claro, el máximo dirigente del PSOE, el vice todo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no está por la labor y quiere impedir a toda costa ese desastre.
Para evitarnos semejante calvario, el secretario general del PSOE se permite aleccionar a Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno y le señala el camino a seguir para salir airosos de esta crisis. Y para obligarle a tener en cuenta sus sabias recomendaciones, nada mejor que llamar descaradamente  a las revueltas  y a las algaradas callejeras. Con la ocupación vandálica de la calle, se obliga a reflexionar a Rajoy para ver si así retira  su reforma laboral y se aviene a consensuar una salida más racional con los sindicatos. Olvida Rubalcaba que el verdadero motivo causante del deterioro manifiesto del Estado de bienestar, es debido a los casi seis millones de parados que se originaron como consecuencia del cierre de nada menos que casi un millón de empresas durante la anterior legislatura.
Somos muchos los que pensamos que, en semejante desastre, algo tendrán que ver Rodríguez Zapatero y ese fósil político viviente que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero, al parecer,  no fueron culpables de nada. Para encontrar a los auténticos responsables de tamaño desaguisado quizás tengamos que remontarnos hasta la época de los visigodos, no se si al reinado de Recesvinto o al de Witiza. Bueno, algo tendría que ver también Francisco Franco y, sobre todo, José María Aznar. Pues la crisis económica mundial, por sí sola, no justifica este descalabro y menos los casi seis millones de parados. Una prueba de ello es que nuestro Producto Interior Bruto cayó en los mismos porcentajes que en los demás países europeos. Pero, eso sí,  todos esos países mantienen, a pesar de todo, cotas de paro mucho más razonables que la nuestra.
Como no podía ser de otra manera, el Gobierno del Partido Popular pretende ajustar los presupuestos heredados del PSOE y nuestra deuda pública, unos y otra tremendamente desajustados. Y trata de hacerlo de la única manera que es posible, con unas reformas extremadamente duras, pero valientes y absolutamente necesarias. Los presupuestos del Gobierno anterior estaban inflados de una manera muy exagerada,  contando con unos ingresos poco menos que imposibles. Fueron tan irresponsables que, durante el año de 2011, se gastaron, nada más y nada menos, que 91.000 millones más de euros de lo que ingresaron.
Es sabido que los socialistas, si pierden el poder, se echan al monte y tratan de ocupar la calle lo más ruidosamente posible. Es, en realidad, lo que están haciendo ahora. Y es normal que hagan esto,  los que han sido ganados por  la extrema izquierda revolucionaria, los que no han desempeñado jamás un puesto oficial importante en la administración del Estado, pero no Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha ocupado distintas carteras ministeriales y que ha sido vicepresidente todo poderoso del anterior Gobierno. No es de recibo que, en circunstancias críticas como ésta, Rubalcaba toque a rebato y lance a sus huestes a ocupar la calle. Es una desfachatez. Su desfachatez no tiene nombre ya que él, por los puestos que ha ocupado, sabe perfectamente que su postura contumaz e intransigente causa un enorme daño a nuestra economía.
Lo que España necesita en estos momentos tan críticos es credibilidad, que el mundo entero tenga fe en nosotros porque cumplimos escrupulosamente los compromisos adquiridos. Nuestra imagen se deterioró enormemente con la actitud miserable del PSOE queriendo hacer trampas en Bruselas.  Y tanto la huelga, como la ocupación salvaje de la calle que pide Rubalcaba, lejos de servir para recuperar esa credibilidad perdida, servirán para que los inversores sigan desconfiando de nosotros. Lo ocurrido hasta ahora en Barcelona y Valencia, no nos favorece absolutamente. Para salir de la crisis y recuperar el camino perdido, tenemos que ser tremendamente austeros y responsables y estar dispuestos a soportar de manera estoica los ajustes y los sacrificios que nos pida el Gobierno.
Es normal que los recortes y los sacrificios que exige la reforma laboral encrespen los ánimos y crezca el malestar social. A nadie le gusta, digo yo,  perder derechos y dinero, aunque sea en aras del bien común. Para calentar aún más el ambiente, culpa a la reforma laboral de los parados que se produjeron  en febrero. Dadas las circunstancias que atravesamos, no es normal que Rubalcaba se de por ofendido y quiera, además,  aprovechar ese malestar para hacer daño  al Partido Popular. El sabe perfectamente que a quien de verdad hace daño es a la imagen de España, imagen que él tanto contribuyó a dilapidar.
Su enorme disgusto por el gigantesco fracaso electoral cosechado en noviembre pasado, no le deja recapacitar serenamente y, sin atenerse a razones, se lanza a la arena y pide a los suyos que ocupen la calle sin contemplación alguna. No respeta ni los 100 días de cortesía que se suelen dar a los nuevos Gobiernos y, a pesar de los desmanes de Valencia y Barcelona,  quiere más guerra. Con voz avinagrada por el odio, dice que, pese a las protestas del Partido Popular, mantendrán sus protestas callejeras, que protestan ante todo por los seis millones de parados que son “seis millones de dramas, producto de su reforma laboral.
No hay nada que pare a Rubalcaba. Con gestos cada vez más desabridos, dice que ellos se limitan a ejercer su derecho de manifestación. Cada uno, agrega, se manifiesta con quien quiere. Los del Partido Popular “se manifiestan con los obispos y nosotros con los sindicatos. Cada oveja con su pareja”. Al secretario general del PSOE le importa muy poco la tremenda violencia mostrada por los revoltosos callejeros de Valencia y, sobre todo, de los de Barcelona. Por eso dice que el problema no es la violencia desatada en las calles. El problema es que se acuse al PSOE de estar detrás de esa violencia.
Y al final, como no podía ser menos, salió la Iglesia, su jerarquía. Olvida Rubalcaba que esa iglesia, a la que él critica habitualmente con tanta acritud, cumple una función social bastante más meritoria que la de los sindicatos de clase y del propio partido socialista. Quien de verdad atiende a los pobres y a los desheredaos de la tierra no son los socialistas que dicen ser el partido de los pobres. Quien de verdad da de comer a los que se han quedado sin trabajo y tienen hambre, es la denostada Iglesia a través de Cáritas.
Y sí, la Iglesia se manifestó en Madrid entre los días 16 y 21 de agosto del pasado año de 2011. Fue en el marco del encuentro internacional  de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, reuniendo en el evento a más de medio millón de jóvenes de todo el mundo. Y fue todo un ejemplo de orden, tremendamente alegre y pacífica, de la que debieran aprender los indignados, los  perroflautas y antisistema que dirige y manipula Rubalcaba desde la sombra. 
Gijón, 5 de marzo de 2012 
José Luis Valladares Fernández

viernes, 2 de marzo de 2012

NUEVO CAMBIO DE RUMBO

Aunque parezca mentira, hay mucho espabilado en la vida que, como igual vale para un roto que para un descosido,  busca en la política la manera de medrar más fácilmente, y así poder labrarse, con poco  esfuerzo personal y en el menor tiempo posible, una buena situación política y económica. Se trata, ante todo, de  pisar moqueta y, si puede ser, disponer de coche oficial, con chofer incluido y las demás gangas  adheridas a un buen cargo político. Quienes así piensan, saben perfectamente que  no hay nada más que un camino para colmar esos sueños: pertenecer a un partido político importante, con posibilidades de llegar al Gobierno.
Así que, sin pérdida de tiempo, se afiliarán al partido que más garantías les ofrezca, sin importarles gran cosa el ideario del mismo y la manera de pensar de los que lo forman. Podrán tener otras ideas, serán disidentes convencidos o versos sueltos del partido, según expresión de Alberto Ruiz-Gallardón. Lo importante es saber bailar el agua a los de arriba. Desde el primer momento,  procuraran granjearse la confianza de los que mandan, adulándoles desmedidamente y, si es preciso, arrastrándose ante ellos con  el mayor descaro. Lo que haga falta para que, si llega el caso, cuenten con ellos a la hora de distribuir cargos y prebendas, y cuanto más importantes sean estos, mejor. Alcanzado este primer objetivo, seguirán siendo obedientes y disciplinados para no perder la poltrona conseguida y todo lo que esta conlleva.
Poco a poco, iniciarán meticulosamente la búsqueda de adeptos para formar un equipo propio y así poder  aspirar a metas cada vez más altas. Como la ambición de estas personas es ilimitada y no tienen prisa, esperarán pacientemente a que el líder flaquee o cometa algún fallo importante e intentar entonces  moverle la silla. Es posible que se sientan  versos sueltos, o rotos si se quiere, pero no importa. Si resisten, si saben esperar pacientemente, el premio final merecerá la pena.  Mientras tanto y no, si se presenta la oportunidad,  intentarán reorientar disimuladamente el entramado ideológico tradicional del partido, adecuándolo  a los nuevos cánones de la progresía, dictados por el Grupo Prisa.
Esto es, ni más ni menos, lo que ha intentado hacer ese grupo madrileño, de marcado carácter  gallardonista, que actuó a través de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, del actual presidente del Pleno del Ayuntamiento de la capital de España, Ángel Garrido y del secretario de la Mesa del Congreso, Santiago Cervera.  Aprovechando el debate abierto en el 17 Congreso del Partido Popular, celebrado en Sevilla, con la Ponencia Ideológica, quisieron colar de matute dos enmiendas, totalmente contrarias a la ideología tradicional del partido. Querían, ni más ni menos, suprimir las raíces culturales cristianas que han marcado al Partido Popular desde su fundación y admitir como la cosa más normal del mundo el matrimonio homosexual.
La absurda pretensión de suprimir ahora  el término “cristiano” de los estatutos del Partido popular, se debe exclusivamente o a la ignorancia o a una inconfesable segunda intención. Y nadie puede tener a estas personas por ignorantes y, mucho menos,  a quien las dirija desde la sombra. Es evidente que el término “cristiano” que quieren borrar de la expresión “humanismo cristiano” no tiene nada que ver ni con la Iglesia, ni con sus instituciones. Es un término que hace referencia exclusivamente a la tradición cultural de Occidente, que propugna la libertad,  la democracia y una serie de valores morales ampliamente compartidos. Sustituir  la expresión  “humanismo occidental” o “europeo”, por “humanismo cristiano” no indica que seamos más modernos. Seremos, en todo caso,  más laicos y  más progres.
Menos mal que el Partido Popular ignoró estas enmiendas, que buscaban intencionadamente ahondar el cambio de la identidad del partido, alterando algunos de sus principios y valores tradicionales. Querían romper, de una vez por todas, con todas esas ideas que nos uniformizan cultural, social y religiosamente y, como no,  con el estereotipado modelo de familia. Se trata de valores fundamentales que defienden con coraje una gran mayoría de votantes y, sobre todo, la mayor parte de sus afiliados. Valores que entroncan, de manera muy directa, con el modelo cultural europeo, ampliamente comprometido con la libertad, la solidaridad y la democracia y  que, personajes tan ilustres como Juan Luis Vives y Tomás Moro,  bautizaron con el nombre de  “humanismo cristiano.
La solución dada  a la otra enmienda, la que proponía aceptar sin más, en todos sus términos, la actual  legislación sobre el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, resultó bastante más ambigua y confusa. Se zanjó el tema sin entrar a discutir directamente la enmienda, dando por bueno, sin más, el texto elaborado por los ponentes. Se defienden con toda rotundidez los derechos de los homosexuales, mostrando un exquisito respeto hacia las decisiones que puedan tomar estas personas,  en relación con su vida afectiva. Así que, de momento, todo sigue igual y, para tomar una decisión definitiva,  nos remiten  a lo que dictamine en su día el Tribunal Constitucional sobre los enlaces entre parejas del mismo sexo.
Preocupa, eso si, la posibilidad de doble lectura de alguno de los textos de la ponencia. De alguno de ellos, en lo que se refiere a la unión de personas del mismo sexo,  puede deducirse fácilmente que los ponentes están más cerca de la enmienda presentada, que de la doctrina tradicional del partido en esta materia. Aunque no se incluye explícitamente la propuesta de las enmiendas, se pide beligerancia con las actitudes intolerantes y discriminatorias hacia estas personas. Y van más lejos cuando, según dicen, muestran “nuestro compromiso con el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, para elevar a la categoría legal y política de normal lo que en la calle es plenamente normal".
Esto nos lleva al guiño que en su día hizo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la izquierda política a cuenta de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Quiso ser una vez más el “verso suelto” del Partido Popular, al marcar distancias con la, hasta ahora, postura oficial del partido sobre este tema. En una intervención suya en la Cadena Ser, dijo claramente que el Gobierno esperaba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la actual ley del matrimonio homosexual para actuar en consecuencia. Y para que no quedaran dudas sobre su postura, añadió seguidamente sin titubeo alguno: “Personalmente no aprecio causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico".
No creo que haya nadie que critique hoy día la unión afectiva  de dos personas del mismo sexo. Cuentan, para ello, con todas las bendiciones de la ciudadanía  y nadie les niega la posibilidad de hacerlo con las mismas garantías  y derechos jurídicos que los matrimonios tradicionales, Pero no es estrictamente  un matrimonio. Necesita, eso sí, un nombre apropiado, un nombre que defina por sí solo ese tipo de unión. El matrimonio es otra cosa, es algo diferente. A cualquier diccionario que acudamos, veremos que el matrimonio lo forman siempre dos personas de distinto sexo, que se complementan entre sí. Llamar matrimonio a la unión de dos hombres entre sí, o de dos mujeres, es tanto como desnaturalizar la institución matrimonial, que es tan antigua como la propia humanidad. No hay etapa del desarrollo humano, ni cultura alguna, por rara que esta sea, donde no se haya celebrado ese acto que, desde siempre, se ha llamado matrimonio.
Que el Partido Popular ha estado adscripto al humanismo cristiano desde su fundación, es algo incuestionable. Hasta no hace mucho, había sido siempre un partido inspirado en los principios y en los valores éticos y morales propios de la cultura occidental. Pero hoy pintan bastos y, donde antes había claridad, ahora todo es confusión y desconcierto. El coqueteo de tanto “verso suelto” con ese progresismo de vía estrecha, que predica sin desmayo el Grupo Prisa, ha contaminado gravemente al Partido Popular.
Gracias a la labor de zapa, realizada interesadamente por esas gaviotas disidentes o descarriadas, el matrimonio y la familia han perdido casi todo su valor en el partido. Como otros muchos valores morales, han pasado a ser indefectiblemente algo más fútil y  banal. Es cierto que, por decisión de los compromisarios que acudieron al Congreso de Sevilla, sigue manteniéndose, tal cual, lo de humanismo cristiano, pero prácticamente solo de nombre.
Estaríamos, por lo tanto, ante un humanismo cristiano claramente devaluado ya que, según todos los indicios, o se cambió la orientación ideológica del partido o, por lo menos, se ha puesto en marcha un cambio brusco de estrategia con un nuevo replanteamiento de los principios y valores tradicionales. En todo caso, desde el año 2008, se ha venido produciendo un alejamiento progresivo y peligroso de las bases electorales del partido. Hasta ahora, esas bases se han mantenido fieles a pesar de todo. ¿Qué hubiera pasado si la gestión de Rodríguez Zapatero hubiera sido más normal  y menos catastrófica? 
Gijón, 29 de febrero de 2012 
José Luis Valladares Fernández