Parece ser que Ángeles González Sinde tiene asumido que “el dinero público no es de nadie”, tal como dijera una antecesora suya en el Ministerio de Cultura, la inefable Carmen Calvo Poyato. Eso da a entender al menos su manifiesta prodigalidad a la hora de repartir dinero, incluso ahora que no es más que una simple Ministra ‘en funciones’. Ni corta ni perezosa, casi con nocturnidad y alevosía, utilizó el Boletín Oficial del Estado para alegrar el ánimo de sus antiguos compañeros de profesión, incrementando notablemente unas ayudas públicas concedidas con anterioridad al mundo del cine. Y lo hace incluso ahora que sabe que, a su estancia en este Ministerio de Cultura, apenas si le queda un suspiro, ya que, tras el desastre electoral de su partido, un nuevo Gobierno se hará cargo en breve de la situación.
Siempre había sido magnánima con sus colegas profesionales del sector de la cinematografía, tanto si eran cineastas españoles, como si eran iberoamericanos o del resto de Europa. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de Cultura, había decidido en febrero pasado habilitar 2.900.000 euros de subvención para películas de procedencia española, comunitaria e iberoamericana. Y esto sin obligar, como sería lógico, a que las películas o reportajes subvencionados que no lleguen a exhibirse en salas comerciales, devuelvan el dinero recibido graciosamente.
Aunque la crisis económica debía imponer criterios claros de austeridad en el gasto público, González Sinde no quiso que el mundo del cine estuviera sujeto a los mismos rigores financieros que estaban sufriendo gravemente otros sectores productivos. Así que la titular del Ministerio de Cultura juzgó que esos 2.900.000 euros era una cantidad de dinero muy exigua para premiar adecuadamente a esos cineastas y, mediante una nueva resolución, habilitó otros 2.600.000 euros con el mismo destino. Así que la partida total, destinada a financiar estas películas con criterio territorial, aumentó casi al doble de lo que se había previsto inicialmente, alcanzando la bonita cifra de 5.500.000 euros de nada.
Se trata evidentemente de una decisión difícilmente justificable. No es de recibo que los españoles, tan castigados por la persistente y dura crisis económica y financiera, regalemos dinero a los cineastas de otros países, para financiar películas extranjeras. No lo ve así, en cambio, Ángeles González Sinde, cuando dice, refiriéndose a las productoras cinematográficas beneficiadas que "el esfuerzo que realizan para poder competir con las grandes distribuidoras hace aconsejable que, dentro de las posibilidades presupuestarias actuales, se apoye su labor ya que se considera imprescindible dentro del mundo del cine".
Un desaguisado similar ocurrió con dos Resoluciones del 28 de julio pasado y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del día 5 de agosto. Para la primera Resolución, en la que se efectuó la convocatoria de ayudas para el fomento de la realización de largometrajes en régimen de coproducción internacional, se reservó una dotación presupuestaria de 2.200.000 euros. Para la segunda Resolución en la que, por segunda vez en el año de 2011, se convocaban ayudas para la amortización de largometrajes, se reservó la cantidad de 9.200.000 de euros. Cantidades ambas sumamente importantes, si tenemos en cuenta nuestra complicada situación económica, aunque para la ministra de Cultura resultaron igualmente insuficientes.
Como en el caso anterior, González Sinde consideró insuficientes estas cantidades. Y aunque por cuestiones puramente éticas, ya que estábamos en plena campaña electoral, debiera haberse abstenido de programar nuevos gastos, la todavía ministra de Cultura decide aumentar esas asignaciones. Con la disculpa malintencionada de que han sido muchas las solicitudes presentadas a la convocatoria, dice que es imprescindible aumentar significativamente las dotaciones para así lograr una efectividad mayor de las subvenciones. De ahí las dos nuevas Resoluciones del pasado día 11 de noviembre, cuando ya había empezado la campaña electoral, y que fueron publicadas en el BOE del 22 de noviembre, dos días después de las elecciones generales.
Aunque se trata evidentemente de un hecho obsceno e injustificable, Ángeles González Sinde, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales, dictó la primera de estas Resoluciones, ampliando con 1.000.000 de euros adicionales la cantidad inicialmente reservada de 2.200.000 euros para la realización de largometrajes en régimen de coproducción internacional. Mediante la segunda Resolución del 11 de noviembre, amplió igualmente los 9.200.000 euros reservados para contribuir a la amortización de distintos largometrajes, con otros 2.800.000 euros adicionales. Como, por lo visto, se trata de dinero que no tiene dueño, lo gastan sin remordimiento alguno de conciencia.
Gijón, 25 de noviembre de 2011
José Luis Valladares Fernández