lunes, 30 de julio de 2012

EL DESPILFARRO DE LAS AUTONOMÍAS


Cuenta Suetonio que Julio Cesar, en la exhortación dirigida a sus soldados tras cruzar el Rubicón, pronunció esta frase, que pasó a ser una de las más famosas pronunciadas por el general romano: “Vayamos a donde nos llaman los presagios de los dioses y la inequidad de nuestros enemigos. Que la suerte lo decida”. Tras el fracaso de Cesar en sus reiterados intentos para alcanzar la cúpula del poder, optó por enfrentarse directamente al Senado, a Pompeyo y a todos  los  que se empeñaban en cerrarle el camino.

Algo así está pasando con los desesperados intentos del Gobierno parar salir de esta crisis insistente que se resiste a dejar paso a una recuperación económica tan deseada. Todos los intentos por superarla están resultando inútiles. Ni los recortes, ni las imposiciones fiscales han dado resultados positivos. Más bien todo lo contrario. Dichas medidas nos han hecho más pobres y han dado al traste con una parte considerable de nuestro estado de bienestar. Y a pesar de la aparente buena voluntad del Gobierno para buscar soluciones, nuestra credibilidad está por los suelos, la prima de riesgo por las nubes y arden nuestras calles. Las empresas están al borde de la quiebra por falta de financiación y los capitales foráneos huyen precipitadamente de España. Y por si todo esto fuera poco, los mercados financieros desconfían de nuestra solvencia.

La apelación constante a la herencia recibida resulta tan baldía como los tímidos intentos desplegados hasta ahora por Mariano Rajoy para cuadrar las cuentas y transmitir una imagen de país que cumple fielmente con todos sus compromisos. Nada de esto ha logrado frenar la espiral de incertidumbre que nos ha llevado al borde del rescate. Y ya se sabe, el rescate o la intervención completa nos convertiría en un país súbdito, sin soberanía y sin libertad. Y el Banco Central Europeo no quiere saber nada de esa perentoria necesidad que tenemos de que compre masivamente deuda española para aliviar el acoso al que nos someten los mercados financieros. Así que, como hizo Julio Cesar en su momento, Mariano Rajoy debe dejar a un lado sus  complejos para dedicarse a buscar la suerte sin tapujos para que  ésta deje de ser esquiva.

Nuestra situación es extremadamente grave. No olvidemos que desde 2007 hasta finales de 2011 hemos gastado cantidades ingentes de dinero, unos 352.000 millones de euros más de lo que ingresamos. El desfase durante el año 2011 es especialmente significativo, ya que despilfarramos más de 90.000 millones de euros por encima de lo recaudado. Este aumento brutal del déficit ha multiplicado desmesuradamente nuestra deuda pública hasta representar el 80% del PIB. Deuda que, por otra parte, nos cuesta mucho colocar y siempre a un coste cada vez más alto.

Para enjugar semejante desfase, el Gobierno de Rajoy impone unos recortes, demasiado duros para el que los soporta, pero extremadamente mojigatos e insuficientes para el volumen de la deuda contraída. En el mejor de los casos, con la aplicación del copago y otras gaitas, podemos ahorrarnos en Sanidad unos 7.000 millones de euros. Las subidas de las tasas académicas podrían reportarnos, como mucho, alrededor de 3.000 millones de euros. Con estas dos cantidades, a las que habría que sumar aproximadamente otros 4.500 millones de euros, procedentes de la supresión absurda de la paga extra de los funcionarios, apenas si lograríamos dar un mordisco imperceptible a la deuda pública. Ni agregando lo que se pueda recaudar a mayores por las intempestivas subidas del IVA y del IRPF, lograríamos reducir significativamente nuestros números rojos.

Dada la magnitud de nuestra deuda, no es de recibo que se impongan unos duros recortes a los de siempre, a los que menos culpa tienen de la situación creada, con el agravante de que se sabe de antemano que no va a servir de nada. Se trata  de unos simples parches ocasionales que solo sirven para prolongar inútilmente la agonía. Otra cosa muy distinta es que, con semejantes recortes, reiniciáramos claramente la recuperación económica y financiera. Entonces estarían plenamente justificados, siempre que el esfuerzo alcanzara a todos los ciudadanos de manera proporcional a sus posibilidades económicas, algo que tampoco se tuvo en cuenta. Este tijeretazo ha sido absurdo y contraproducente, ha hecho un daño desproporcionado al ciudadano medio, lo acosa y lo empobrece indebidamente y deja a España sin liquidez. Y todo ello, como hemos visto, para nada.

El desmadre económico y financiero es de tal envergadura que España requiere una catarsis total, que hasta es preciso incluso cambiar la mentalidad económica de todos. Hay que empezar reajustando y dinamizando la economía, si es que queremos amortizar la disparatada cantidad de deuda que hemos acumulado. Y querer solucionar esto con una simple subida de impuestos, además de inútil, resulta francamente suicida. De este modo dejamos al descubierto nuestra manifiesta incapacidad para rebajar significativamente nuestra deuda. Y esto es algo que siempre tienen en cuenta los inversores.

Y una de dos, o ponemos los puntos sobre las íes y simplificamos considerablemente nuestra administración para reducir los gastos estructurales que ahogan  nuestra economía, o el rescate será inevitable. Los últimos esfuerzos exigidos a los ciudadanos medios no impiden en absoluto que sigamos gastando, al menos este año, unos 70.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Y aplicando los correspondientes intereses, llegamos al consabido desfase de 90.000 euros. Más o menos, el doble de lo que ingresamos aplicando los últimos recortes. Solamente evitaremos el rescate total reduciendo inteligentemente el gasto público. Y para eso, no tenemos nada más que un camino: eliminar el Estado de las autonomías o, cuando menos, dejarlas reducidas a su mínima expresión.

Pero Mariano Rajoy, lleno de complejos, sigue empeñado en ponerse de perfil y espera que, sin hacer prácticamente nada,  se produzca el milagro de nuestra recuperación económica. Y aunque nuestro modelo autonómico es muy ruinoso, no quiere tocarlo, porque acabar con las Comunidades Autónomas, sería tanto como cerrar definitivamente una interesante agencia de colocación al servicio de los partidos políticos. No importa que nos asfixien financieramente con sus despilfarros, sus duplicidades y su descomunal  endeudamiento. Pero es que si desaparecieran las Autonomías, se evaporaría simultáneamente la principal bicoca con que cuentan los políticos. Y muchos de ellos, entonces,  tendrían que ganarse la vida fuera de la política, tendrían que trabajar. Y esto es algo a lo que no están dispuestos.

Si queremos recuperar nuestra credibilidad y volver a ocupar el puesto que nos corresponde, dentro del concierto europeo y mundial, debemos derribar sin contemplaciones muchas ciudadelas particulares y muchos de los tinglados creados con toda la mala intención por una casta política, para así poder vivir perennemente del cuento, a costa del sudor ajeno. Sobran por lo tanto los reinos de taifas y sobran todos sus virreyes, alguno de los cuales se empeña torpemente en restablecer, a estas alturas, el sistema feudal. Y con estos virreyes, sobra toda su tropa y su exótica colección de escuderos. Sobra también el Senado con todo su boato, su piscina y sus absurdos pinganillos. Sobran televisiones públicas y autonómicas y sobran, por supuesto,  infinidad de pesebres y comederos varios donde se solazan descaradamente tantos vividores como produce la clase política española.

No es hora de reclamar competencias y privilegios que nos singularicen y nos distingan de otras regiones españolas. Y como no es de recibo que, dentro de la Unión Europea, haya Gobiernos que se financien al 0% y otros, como es ahora el caso de España, tengan que hacerlo incluso por encima del 7%. Para evitar semejantes despropósitos, en vez de exigir pactos fiscales particulares  como hace ahora Cataluña, hay que tratar de conseguir una unión bancaria, fiscal y presupuestaria común para todos los que formamos parte de esa Unión Europea.

Barrillos de Las Arrimadas, 26 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández

sábado, 21 de julio de 2012

LOS RECORTES DE MARIANO RAJOY


Las hemerotecas son tremendamente fatídicas, sobre todo para los políticos, ya que, cuando menos lo esperan, les deja con sus vergüenzas al aire. Es lo que le está pasando a Mariano Rajoy. En un acto del Partido Popular, celebrado en marzo de 2010, se atrevió a descalificar y a abroncar abiertamente a José Luis Rodríguez Zapatero por su decisión de subir el IVA. En dicho acto de partido, sin titubeo alguno, soltó aquello de que el incremento de este impuesto era “el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas”.

Y mira por dónde aquella subida del IVA, decretada inesperadamente por Zapatero, era mucho más moderada que la dictada ahora por Rajoy. En 2010, Rodríguez Zapatero optó por penalizar el consumo de bienes y servicios en el tipo general con una subida de dos puntos, y el reducido en un punto. Y al lado de otras medidas puramente cosméticas, congeló las pensiones y redujo una media del 5% el salario de los trabajadores públicos.

Mariano Rajoy ha ido bastante más lejos. El pasado día 11, para tratar de cuadrar las cuentas públicas, presentó en el Congreso el mayor programa de ajustes desde que recuperamos la democracia. Con estos recortes, además de birlar la paga extra de Navidad a los empleados públicos, suprime la deducción por compra de la primera vivienda y recorta el subsidio de desempleo a partir del sexto mes. No contento con esto, anuncia una subida de tres puntos del tipo de IVA general y dos el reducido. Y completa el paquete de ajuste fiscal, pasando al tipo general varios artículos y servicios que hasta ahora habían tributado en el tipo reducido, como las gafas, lentillas, los servicios funerarios, las peluquerías, las salas de espectáculos y determinado instrumental sanitario y agrícola. Artículos y servicios que suben, ahí es nada, 13 puntos de golpe, pasando de un plumazo del 8% actual a tributar al 21%. Y más grave aún: el material escolar, que hasta ahora se despachaba con un 4%  de IVA por pertenecer al tipo súper reducido, pasará en septiembre a tributar el 21% al pasar al grupo general.

Para Mariano Rajoy y para su guardia de corps, las subidas de IVA o de cualquier otro impuesto para salir de una crisis eran algo aberrante y sacrílego. De ahí que no se ahorraran descalificaciones de grueso calibre, cuando Zapatero desoyó las recomendaciones y subió precipitadamente el impuesto del valor añadido. Llegó a calificarle de “mal gobernante”, sin pensar que, semejante baldón, cae ahora merecidamente sobre sus espaldas. Pero ha demostrado claramente que, como dicen en mi pueblo, no es lo mismo predicar que dar grano.  Rajoy decreta ahora una subida considerable del IVA y trata de justificar su actuación diciendo que “hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios”. Dice que ya no podemos permitirnos el lujo de escoger.

Este inesperado gravamen fiscal deja en nada el programa electoral del Partido Popular y resulta altamente perjudicial para los consumidores y hasta para los empresarios, que verán disminuidas sus ventas una vez trasladen este incremento fiscal a los precios de sus productos. Pero, como siempre, la peor parte se la lleva evidentemente el que menos culpa tiene, el ciudadano medio, que es el que en realidad paga el pato de los despilfarros obscenos de Zapatero ya que, cuando hay que realizar un ajuste, es del primero que se acuerdan, pero solo para estrujarle y exprimirle injustamente.

Todos esperábamos que Mariano Rajoy, al revés que Rodríguez Zapatero, aportara algo de cordura y sensatez a la vida pública,  abordando adecuadamente nuestros problemas económicos, reduciendo el excesivo gasto administrativo corriente y cortando de raíz el uso habitual del dinero público al servicio de fines estrictamente políticos. Pero por comodidad, o para no incomodar a la exigente clase política, se  deja llevar y son los ciudadanos de a pie, los asalariados, los que siguen cargando indebidamente con el mochuelo, lo que supone un deterioro constante de su estado de bienestar.

Mariano Rajoy aplica aquí, quizás sin saberlo, la doctrina de marcado carácter masónico, expuesta en 1732 por Bernard Mandeville, en su libro La fábula de las abejas. Para Bernard Mandeville, lo mismo que para muchos responsables políticos actuales, no es conveniente que los trabajadores se enriquezcan y lleven una vida cómoda, ya que para que sean útiles y trabajen deben tener necesidades, necesidades que, por otra parte, “es prudente mitigar, pero absurdo eliminar”. En esta misma línea está también el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton  que dice que es completamente disparatado universalizar  los beneficios del bienestar para todos los que lo necesiten.

Y nada mejor para mantener a raya a los ciudadanos medios que cargarles continuamente con elevados impuestos y abundantes recortes para que  no puedan sentirse satisfechos con el nivel económico alcanzado. Es la manera más sutil de obligarles a pedir árnica y a que busquen en el trabajo mejorar su nivel de vida y la de los suyos. Vana ilusión, porque vendrá detrás el fisco y, como ha sucedido siempre, se llevará descaradamente una buena parte del fruto de su trabajo. Y nos guste o no nos guste, es la política que está aplicando, con toda crudeza, el Gobierno del Partido Popular.

Repiten una y otra vez en todos los tonos posibles que, para salir de la crisis, se necesita la colaboración unánime de todos los ciudadanos, Todos deben asumir el enorme sacrificio de renunciar resueltamente a cuotas de bienestar social, si es que queremos salir de este atolladero. Es cierto que, como dijo Rajoy en el Congreso, "los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas". Pero, para no variar, el mayor esfuerzo es siempre para el más débil, el asalariado e incluso para el que ha perdido su trabajo.

El sacrificio de los demás es puramente simbólico y testimonial. Los que no viven de una nómina, disponen normalmente de suficientes recursos y no se enteran de las dificultades. Los políticos, como de costumbre, tampoco saben lo que cuesta un peine. Algunos cobran más de un sueldo y la mayoría de los que cobran un solo sueldo -y no precisamente pequeño- suelen tener otros ingresos atípicos que ocultan celosamente a los profanos. Los políticos y los banqueros, además de mantener íntegros todos sus privilegios, son los únicos profesionales españoles que disfrutan de unos ingresos perfectamente homologables con los de la Unión Europea.

La sangre, el sudor y las lágrimas son para los currantes, para los que de verdad dejan girones de su vida intentando arreglar lo que estropean otros, principalmente los que viven holgadamente de la política. Y el Gobierno de Mariano Rajoy ha cometido la enorme torpeza de anunciar simultáneamente el reparto de 33 millones de euros entre los partidos y el endurecimiento notable de los recortes que va a aplicar. No es de recibo que proclamen por activa y por pasiva que las arcas públicas están vacías y no hay dinero ni para pagar los sueldos de los funcionarios y a la vez que  se repartan una cantidad importante de dinero.

Tampoco resulta tranquilizador para los verdaderos paganos de la crisis, enterarse de que el lendakari vasco, Patxi López se ha garantizado un sueldo vitalicio de 97.519 euros anuales al mismo tiempo que conocían el enorme esfuerzo fiscal que se les pide y de los nuevos recortes que les van a imponer. Tampoco digieren fácilmente que Zapatero, que es el responsable máximo de todo este tiberio económico y financiero, se lleve a casa dos sueldos de escándalo y totalmente inmerecidos.

Todo esto encrespa considerablemente a los que pagan los platos rotos y que, una vez más, tendrán que hacer frente a esta nueva serie de recortes, que no estaban previstos en el programa electoral del Partido Popular, y que no servirán nada más que para hacer más pobres a los que ya lo son. Y por otra parte, los sacrificios que se les pide ahora no van a servir de nada. Son unos simples parches que, a pesar de la buena voluntad con que se imponen,  no harán otra cosa que prolongar indebidamente esta situación agónica y retardar más de la cuenta la salida definitiva de la crisis económica.

Y es que España ya no da más de sí. La estructura fragmentada de nuestra administración es económicamente inviable. Entre todos hemos ido creando este monstruo autonómico que nos devora y que nos lleva necesariamente a la pobreza. Nos hemos pasado unos cuantos pueblos y, como escribió  Baltasar Gracián, “todo exceso daña” y el exceso de gastos no es una excepción. Ahora no contamos con fondos estructurales, como en tiempos de Aznar, que tanto ayudaron entonces para dar carpetazo a aquella crisis. Así que al Gobierno actual, si es que quiere enderezar esta complicada situación, no le queda otra alternativa. Tendrá que armarse de valor y preparar meticulosamente el pase a mejor vida del Estado de las Autonomías.

Barrillos de Las Arrimadas, 18 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández

sábado, 14 de julio de 2012

EL FRACASO DE LAS CAJAS DE AHORRO


Las actuales Cajas de Ahorro que conocemos no tienen nada que ver con aquellas otras Cajas de Ahorro, anteriores a la Constitución de 1978. Hasta esa fecha, las Cajas de Ahorro conservaban aún parte de aquel carácter benéfico  heredado de los antiguos Montes de Piedad de los que proceden. Los Montes de Piedad surgen en Italia entre 1462 y 1490.  Fueron unos franciscanos los fundadores del primero de los Montes y lo bautizaron con el nombre de Monte de Misericordia. Pretendían de este modo poner freno a la exagerada usura de de aquellos tiempos. Los prestamistas de aquella época abusaban descaradamente de los pobres cuando necesitaban pedir dinero para tapar algún imprevisto o satisfacer urgentemente alguna necesidad primaria. Los intereses cobrados oscilaban entre el 20% los más bajos, hasta un 200% los más altos y escandalosos.

Para combatir eficientemente semejantes abusos,  los frailes menores se las arreglaron para otorgar préstamos prendarios a gente humilde, inicialmente sin cobrar interés alguno. Los beneficiarios garantizaban la devolución del empréstito dejando en prenda alguna pertenencia de valor, preferentemente joyas. Los fondos para constituir aquellos iniciales Montes de Piedad provenían principalmente de limosnas y donativos  que recibían los frailes de personas piadosas y de las colectas realizadas en algunas celebraciones religiosas. A pesar de la buena voluntad de los franciscanos, los recursos así allegados eran desgraciadamente  muy limitados y, muy a su pesar, tuvieron que comenzar a cobrar un pequeño interés por los préstamos que hacían.

Por esa misma época, también  fueron apareciendo en España los “pósitos”, casas donde se acumulaba el  trigo sobrante en los años de abundantes cosechas.  De este modo, contaban con ciertas reservas para casos de infortunio o para prestar a muy bajo interés al agricultor que lo necesitase. El principal impulsor de estos “pósitos” fue el cardenal Cisneros, que fundó a sus expensas el de Toledo y el de Alcalá de Henares. Estos almacenes de grano se fueron generalizando y eran ya pocos los pueblos importantes que no contaran  con algún “pósito” administrado convenientemente por una junta de gente importante, entre los que estaba el corregidor, el alcalde y el diputado más antiguo.

Fue en 1550 cuando se fundó en España el primer Monte de Piedad, similar a los que funcionaban ya, con toda normalidad, en el centro y norte de Italia. En 1636 se monta otro en Cuellar y es el 3 de diciembre de 1702 cuando el clérigo Francisco Piquer, capellán del convento de las Descalzas Reales de Madrid, instituye el Monte de Piedad de Madrid. A partir de aquí, la creación de Montes de Piedad fue un goteo constante y fue rara la ciudad o población importante que no terminara por disponer de su Monte de Piedad.

Entre  1776 y 1810 se produce la llamada revolución industrial, que se inicia en Inglaterra y que, poco a poco, se fue extendiendo a toda Europa y, por supuesto en España. Esta industrialización, además de un gran impacto económico, provocó también enormes transformaciones sociales. Para empezar, las clases más humildes, los trabajadores empleados en la nueva industria, exigían insistentemente mejores condiciones de vida. Y esto, entre otras cosas, requería gastar estrictamente  lo necesario y ahorrar de manera continuada. Para fomentar y facilitar ese ahorro, surgieron las Cajas de Ahorro dentro de los propios Montes de Piedad. Dichas instituciones, además de fomentar el ahorro popular, lo trasladan también hacia la inversión para obtener unos beneficios que posteriormente dedican a la realización de labores netamente sociales.

Las Cajas de Ahorro inician su vida en España en la primera mitad del siglo XIX, en los primeros años del  reinado de Isabel II. Imitamos en esto a los demás países europeos, aunque con cierto retraso como suele suceder frecuentemente. La primera Caja de Ahorros española nace en Jerez de la Frontera, dentro del Monte de Piedad de esa localidad,  en el año 1834. El impulsor de esta Caja fue Diego López de Morla y Virués de Segovia, personaje rico y famoso, que recibió el título de Conde de Villacreces en 1815 por su extraordinaria contribución durante la Guerra de la Independencia. Poco tiempo después,  en febrero de 1835, se crea la Caja de Ahorros y Previsión de Madrid, que fue aprobada por Real Decreto de 25 de octubre de 1838. Para la creación de esta Caja fue determinante la influencia de Mesonero Romanos y la decisión firme del Marqués de Pontejos.

Es el 17 de abril de 1839, cuando Diego Medrano y Treviño, a la sazón ministro del Interior, firma una Real Orden en la que se pide a los gobernadores civiles que favorezcan e impulsen en sus respectivas provincias la creación de Cajas de Ahorros. Se pide, además, a los gobernadores que impliquen en semejante tarea a personas ricas y de marcado carácter filantrópico. Como consecuencia de esta Real Orden, promovida por la Reina regente María Cristina de Borbón, y aprovechando la estructura de los Montes de Piedad, se generaliza en España la creación de Cajas de Ahorro y nacen todas, eso sí, vinculadas claramente con organizaciones caritativas.

Las nuevas Cajas de Ahorro eran dirigidas por personalidades locales relevantes y, siguiendo instrucciones del ministro Medrano, procuraron que estas instituciones se dedicaran prioritariamente a fomentar el espíritu de ahorro en las clases populares y a combatir la usura compitiendo con quienes la practicaban. Sentaron las bases para que los recursos captados se destinaran exclusivamente a inversiones en el ámbito privado. Los préstamos se concedían a personas conocidas y de probada solvencia económica y a unos tipos de interés bajos. Desde un principio, las Cajas de Ahorros ofrecían una enorme seguridad a los que depositaban allí su dinero. De ahí su éxito inicial y que se mantuvo a lo largo de los años, y que desaparece cuando los políticos desembarcan en ellas.

Las normas restrictivas que imperaban en las Cajas de Ahorro, con su reducido ámbito de actuación y la ventaja notable de conocer directamente a todos sus clientes, las mantuvieron pujantes durante muchos años, a pesar de las distintas vicisitudes en las que se vio envuelta la economía española. Y así llegamos a 1977 con unas Cajas de Ahorro libres de problemas financieros, mientras que la mayor parte de las entidades bancarias estaban prácticamente arruinadas. La transición política española, que desemboca en la Constitución de 1978, pone en marcha el Estado de las Autonomías, acabando así con los diferentes controles que habían preservado a las Cajas de la debacle financiera.

Por un lado, se inicia un proceso de reforma y liberalización de las Cajas de Ahorros para equipararlas funcionalmente a los bancos. Además, se deja libre la elección de tipos de interés, se reducen los circuitos habituales de financiación privilegiada con que habían contado hasta ahora. También se ampliaron considerablemente los activos y pasivos financieros que, hasta entonces, estaban muy limitados, se permitió a las entidades extranjeras, aunque de manera un tanto restringida, abrir en España negocios bancarios y se consintió a las Cajas la expansión de su red de oficinas.

Por otro lado nos encontramos con el disparate mayúsculo de que todas las Autonomías, al constituirse, se empeñaran en asumir el control de las Cajas de Ahorro establecidas en su territorio. Los responsables autonómicos querían ante todo, tener su propio banco para financiar más fácilmente hasta sus caprichos más insólitos. Buena prueba de ello es que, desde que los políticos invadieron las Cajas, estas se lanzaron de cabeza a la piscina especulativa de la burbuja inmobiliaria y comenzaron a conceder préstamos absurdos para cubrir los déficits, a veces escandalosos, generados por las propias autonomías o sus empresas públicas o por alguna de las corporaciones locales.

Y aquí comienza el declive imparable de las Cajas de Ahorro. Hasta que se apropiaron indebidamente de ellas los políticos, las limitaciones legales que impedían a estas entidades invertir a lo loco, lejos de ser un problema, era todo un seguro que mantenía incólume la confianza de los impositores. Es cierto que las inversiones tradicionales de las Cajas fueron menos rentables que las de los bancos, pero eran mucho más seguras y generaban una tesorería abundante y saneada. Buena prueba de ello era que los recursos ociosos depositados en los bancos por las Cajas de Ahorro, presentaban  unos saldos acreedores francamente considerables y crecían día a día de una manera firme y sostenida.

Pero con el asalto a las Cajas por parte de los políticos se inicia el proceso de deterioro progresivo de las mismas de una manera sistemática e imparable. Comienzan prescindiendo alegremente de los antiguos gestores y los reemplazan por amigos o familiares, ideológicamente más afines. Es cierto que las normas establecidas para elegir los órganos de Gobierno son muy estrictas e indican que se excluya todo aquello que pudiera condicionar el normal desenvolvimiento de las Cajas, pero el que manda, manda y lo demás es  papel mojado. Las condiciones y emolumentos señalados para los nuevos gestores son extremadamente generosos, impensables para los que ahora son sustituidos. No es de extrañar que muchos de estos dejen su puesto encantados y vean en dicha sustitución algo así como una liberación.

Las reformas y las medidas liberalizadoras fueron, en un principio, francamente beneficiosas para las Cajas de Ahorro, incluso ganaron la partida a la banca privada compitiendo duramente con ella. Pero este florecimiento financiero duró muy poco tiempo: la presión de un mercado, cada vez más amplio y competitivo dio lugar a que los márgenes financieros fueran cada vez más exiguos y limitados. Por otro lado, el crecimiento desmedido de la actividad y la inevitable asunción de riesgos cada vez más altos exigían unos recursos propios que las Cajas de Ahorro no tenían. Intentaron solucionar el problema a base de deuda subordinada y emitiendo gran cantidad de obligaciones para suplir la falta de recursos propios. Algunas Cajas recurrieron fraudulentamente a las participaciones preferentes con el mismo fin.

Pero acabó todo cono el rosario de la aurora.  Son muchas las Cajas de Ahorro  -alguna con mucha solera como Caja Madrid- que terminaron claramente arruinadas y en quiebra. La falta de recursos propios para competir con garantías en el siempre difícil mercado financiero y, sobre todo, su dependencia absurda de los caprichos y los intereses particulares de los dueños ocasionales de las taifas autonómicas, provocaron el fracaso más estrepitoso de las Cajas de Ahorro.

Barrillos de las Arrimadas, 11 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández   

sábado, 7 de julio de 2012

NO ES VIABLE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS


Con la creación del Estado de las Autonomías y el posterior traspaso de competencias a las mismas, comienza la multiplicación alocada de políticos. De no haber sido por la grave crisis económica que padecemos, esa lista de políticos hubiera seguido creciendo desmesuradamente hasta límites insospechados. Pues son muchos los que buscan con ahínco la manera de vivir desvergonzadamente de la sopa boba  y a costa del sudor ajeno. Un poco más de bonanza económica y la multiplicación de los políticos hubiera rivalizado con aquella otra multiplicación de los panes y los peces que se narra en el Nuevo Testamento.

Y como los políticos sin cortesanos son muy poca cosa, aprovechan cualquier circunstancia para rodearse de funcionarios y de asimilados. Hasta nos hemos encontrado con políticos autonómicos que han tenido la desfachatez de crear empleo de manera totalmente artificial para combatir eficazmente, según dicen, las abultadas estadísticas de desempleo. De este modo, a la vez que crecían de manera escandalosa las listas de políticos, aumentaban correlativamente los funcionarios de las Autonomías bastante más de lo necesario. Abusaron tanto las Comunidades Autónomas con la creación de funcionarios y asimilados, que llegaron a disponer de más del triple de empleados que los utilizados por el Estado antes de las transferencias. Y todo para realizar exactamente el mismo trabajo.

Con las competencias, se traspasaron también  821.357 empleados del Estado a las Comunidades Autónomas. Por decisión estrictamente política, este número de empleados públicos no ha parado de crecer constantemente desde enero de 1990. En marzo de 2011, los trabajadores públicos de las Autonomías alcanzaban ya la cifra de 1.748.160, un 56% del total de los asalariados públicos. El clientelismo de los partidos políticos y su inveterado afán por mantener cuotas de poder autonómico por si falla el central, ha hecho que los Gobiernos regionales dejen de ser pequeños y eficaces para convertirse en auténticas maquinarias desmesuradas para gestionar simplemente las competencias que se han ido transfiriendo desde el Estado.

En 1976, la administración española contaba aproximadamente con un total de 800.000 empleados públicos. En marzo de 2011, ese número alcanzaba ya la cifra de 3.136.000 trabajadores sumando, claro está, las tres administraciones. Y no ha sido precisamente el número de médicos o de profesores los que han desequilibrado tan peligrosamente esa cantidad. Sí se han multiplicado en cambio, y de manera desmesurada, los puestos meramente burocráticos. Estamos prácticamente ante el único sector que crea empleo de manera más destacada. En 2011, se crearon en este sector público 98.000 puestos de trabajo, frente a los 299.000 que se perdieron en el sector privado.

 Estamos pues ante un desarrollo de la actividad pública insostenible, cuyo coste salarial supone, ni más ni menos, que el 15% del PIB. Y así, con semejante carga burocrática, no es viable en absoluto nuestra economía. Y aquí está precisamente el verdadero agujero en nuestras cuentas públicas y donde se necesita meter la tijera sin contemplaciones. Este desmadre burocrático de las Autonomías tiene un sobrecoste de unos 86.000 millones de euros improductivos que salen de nuestro bolsillo, dinero que birlamos sin mucho miramiento a la Educación, a la Sanidad o incluso al mantenimiento del sistema de pensiones.

Pero no se por qué, los Gobiernos españoles, antes el de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el de Mariano Rajoy, pasan de puntillas sobre estos despilfarros y se oponen claramente a eliminar los excesos autonómicos. Es más, les molesta analizar detalladamente si en España hay o no demasiados funcionarios. Y como mínimo, para ofrecer los mismos servicios sociales que se prestaban antes de las transferencias, las Autonomías cuentan con unos 920.000 empleados de más, que han accedido a ese puesto a dedo por ser simplemente amigos o  familiares de algunos políticos o por ser militantes de los principales partidos.

Han sido las Autonomías las que crearon expresamente ese conglomerado ingente de fundaciones, agencias e institutos de observación y toda esa caterva  de empresas públicas para pagar distintos favores políticos y evitar simultáneamente la fiscalización de las cuentas y disimular de este modo el evidente despilfarro público. Quizás sea este el motivo que lleve a los políticos a rehuir cualquier tipo de recorte en las autonomías. Saben perfectamente que, a base de legislación y de recortes, no se consigue nada. Pueden incluso eliminar tanto enchufado como pulula en las diversas administraciones, pero si no desaparecen esos 17 reinos de taifas, subsistirá el problema y continuará siendo inviable nuestro sistema administrativo.

El nivel de competencias y el gasto que tiene la administración autonómica española es más alto que el que podamos encontrar en cualquier otro país del mundo. En España alcanza el 56% del total, mientras que la administración central gestiona el 18 % y la administración local el 26%. Contrastan estos datos con los de Alemania, donde el 65% del gasto público corresponde al Estado, mientras que las regiones o Landers solamente cuentan con el 20,3% y un 14,5% los Ayuntamientos. Los datos alemanes son muy similares a los de  Suiza. En Suiza, la mayor parte del gasto, el 51,5% corresponde al Estado helvético, el 27,6% a las regiones y el 20,9% a la administración local.

Querámoslo o no, la descentralización española adoptada en la transición democrática y bendecida por los padres de La Constitución es un solemne disparate que debemos corregir urgentemente si queremos huir del colapso económico, salir de la crisis y competir en igualdad de condiciones con los demás países europeos. Tratar de reconducir la situación crítica que vivimos introduciendo más recortes y nuevas subidas de impuestos, conservando tal cual nuestro Estado Autonómico, es perder miserablemente el tiempo, agravar nuestra situación y prolongar deliberadamente en el tiempo nuestra ya larga y dura agonía. Se da además la circunstancia de que nuestro sistema autonómico genera muchas dudas y desconfianza en los demás países y, lo que es peor, en los inversores que podrían ayudarnos con su dinero.

Nuestro sistema administrativo es manifiestamente inasumible hasta para los países que son mucho más grandes y más ricos que el nuestro. Los políticos que se empeñan en mantener semejante estructura administrativa en un país pequeño y tan poco competitivo como España cometen, cuando menos, una solemne torpeza. Les pierde su corporativismo absurdo que les lleva a favorecer descaradamente a los de su casta a costa, claro está, de la clase media. Ya es hora de que el Gobierno de Mariano Rajoy se deje de cuentos y se dedique de verdad a sanear las cuentas públicas de la única manera que puede hacerlo, buscando la manera de suprimir radicalmente las autonomías. Para eso le dio la ciudadanía española esa mayoría absoluta tan aplastante.

Hasta la fecha, Mariano Rajoy no ha querido o no ha sabido cortar con esa política insolidaria que ha venido practicándose habitualmente en España desde hace tiempo. Cuando se produce algún desequilibrio escandaloso en las cuentas públicas, en vez de reducir drásticamente  los gastos, se despachan con nuevos recortes sociales y con alguna que otra subida de impuestos. Y todo esto no sirve nada más que para incomodar seriamente a los ciudadanos y limitar aún más el ya escaso consumo. Y esto se traduce de manera inmediata en una menor recaudación fiscal.

El sistema autonómico, además de innecesario, es totalmente ineficiente e insostenible. Urge volver cuanto antes a los dos niveles de administración, propios de los países pequeños y medianos entre los que se encuentra España. La administración central gestionaría directamente Sanidad, Educación, Justicia, Ciencia y Tecnología, Economía y todo lo que se refiera a las grandes infraestructuras. La administración local debe hacerse cargo del resto de las competencias ahora en poder de las autonomías, servicios sociales y pequeñas infraestructuras. Ganaríamos en eficiencia y, por si esto fuera poco, se conseguiría, según dicen algunos expertos, un ahorro de 86.000 millones de euros.

A  la desaparición de las autonomías, habría que unir la fusión de Ayuntamientos pequeños o cesión de sus competencias a las Diputaciones y, por supuesto, la eliminación de las mancomunidades, con lo que sobrepasaríamos con creces los 90.000 millones de euros de ahorro. Con esta cantidad, quedaría sobradamente compensado el déficit que nos viene ahogando y abandonaríamos en inmejorables condiciones la enorme crisis que padecemos.

Sería la solución definitiva a nuestros acuciantes problemas económicos. Pero, una de dos,  o nos imponen esa simplificación administrativa desde Bruselas, o todo continuará igual y las clases medias tendrán que seguir bailando con la más fea y  pasarán finalmente a engrosar la ya larga lista de los  pobres. Los responsables políticos procurarán que nada cambie, porque saben perfectamente que a un buen número de los de su casta, de la casta política, se les acabaría el chollo y tendrían que hacer algo que nunca han hecho: trabajar de verdad.

Barrillos de Las Arrimadas, 23 de junio de 2012

José Luis Valladares Fernández