lunes, 21 de abril de 2014

EDUCACIÓN Y SENTIDO COMÚN

En Madrid y en otros muchos lugares de España, el 26 y 27 de marzo pasado, un buen número de estudiantes abandonó las aulas y se echó a la calle para protestar ruidosamente contra la política educativa del Partido Popular.  De entrada piden, cómo no, la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert y centran prácticamente todos sus reproches al Gobierno en los recortes que han hecho en Educación, dando lugar al consiguiente despido de profesores, a una subida excesiva de las tasas universitarias y al incremento de trabas y obstáculos para conseguir una beca.

El descontento de los estudiantes no es nuevo, viene ya de cuando el Partido Popular ganó las elecciones. Y en sus frecuentes revueltas, unas veces van solos como ahora, y otras hacen causa común con un núcleo determinado de padres y profesores.  Pero no nos engañemos,  es la izquierda española la que, desde la sombra, alienta y dirige impunemente todas esas grescas callejeras, utilizando al Sindicato de Estudiantes. A veces van más allá y, entonces, intervienen de manera más directa a través de los sindicatos afines FE-CCOO, FETE-UGT, y de las organizaciones  insertas en el Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) que, siendo minoritarias y con muy poca representación, suelen dar mucho ruido.

Sin que importe mucho su procedencia sociológica, la izquierda española no digiere las derrotas electorales. Y cuando sucede esto, como es el caso, prepara en la calle todos estos cirios,  a veces muy violentos, para acabar cuanto antes  con esa situación que considera totalmente anómala e injusta. Y en esto, no hay la menor discrepancia entre la “izquierda histórica” o de “masas” y la “izquierda intelectual”, e incluso, la “izquierda de los descontentos” o de los “indignados”. Por eso, cuando gobierna la derecha, la izquierda monta en cólera invariablemente porque se siente estafada y despojada de algo que le pertenece casi por Derecho Divino.  

Y no digamos nada si esa derecha pierde el pudor y promulga leyes tan irrespetuosas con la “igualdad”, como la nueva Ley de Educación, la famosa LOMCE.  No olvidemos que, desde la Revolución Francesa, la “igualdad” pasó a ser un auténtico dogma de fe para todas las gentes de izquierda. Y cuando unos intrusos ocasionales, como los de esta derecha ultramontana, la ponen en peligro, tratan de defenderla echándose a la calle y organizando continuos altercados y revueltas, a veces excesivamente graves, para crear un ambiente social lo más irrespirable posible. Piensan que, al enfrentarse a situaciones tan difíciles, la derecha fracasará irremediablemente y abandonará el Gobierno mucho antes de lo previsto.


domingo, 6 de abril de 2014

TODO ES POCO PARA LOS POLÍTICOS

Hace ya mucho tiempo que los españoles luchamos contra los políticos, pero nos han ganado la batalla y, además, por goleada. Con la implantación del Estado de las Autonomías en España, comenzaron a llenarse las instituciones de gorrones y de enchufados que se aprovechan descaradamente del presupuesto público. Pero no es fácil determinar el número exacto de estos afortunados que, sin el menor esfuerzo, viven extraordinariamente bien a costa de nuestros impuestos.

De momento, no hay cifras oficiales de los cargos públicos que  ocupan los diversos puestos oficiales de la Administración estatal. Todo indica que son bastante más de 400.000 las personas que actualmente están comiendo la sopa boba. Son evidentemente demasiados. Por eso, la clase política pasó a ser  el tercer gran problema para los españoles, después del paro y de la corrupción. Es tal el desmadre de personal, que hemos pasado  a ser el país con más  políticos por habitante de toda la Unión Europea. En España contamos con una población de 47.500.000 habitantes. Por lo tanto,  tenemos un cargo político por cada 115 ó 120 ciudadanos. En Italia, sin embargo, con 59.750.000 habitantes, esa proporción es más moderada: en números redondos, un político por cada 300 ciudadanos.

Si nos comparamos con Alemania, el resultado es aún mucho más escandaloso. La República Federal de Alemania, con 82 millones largos de habitantes, casi nos dobla en población. Y por si esto fuera poco, está  mucho más descentralizada que España, ya que además de los 16  Bundesländer, cuenta con algunas regiones administrativas, los numerosos distritos y las entidades municipales. Y sin embargo, en vez de doblarnos en cargos públicos, se arreglan exclusivamente con poco más de 100.000 políticos, uno por cada 800 ciudadanos. Nada menos que 300.000 políticos menos que nosotros.

De toda esa nube de políticos que pueblan la administración española, solamente unos 72.000 deben su cargo a un proceso electoral más o menos reglamentario. En esta cifra, aparentemente razonable, están integrados los parlamentarios nacionales de ambas Cámaras, los parlamentarios autonómicos, los diputados provinciales y  los  parlamentarios europeos, además de   la enorme pléyade formada  por todos los alcaldes y concejales españoles.

Pero esa cifra se desmadra con los políticos que aterrizan en la Administración por obra y gracia de algún dedo especial. Es como se cubren habitualmente  los cargos en las empresas públicas o mixtas y en los distintos organismos que dependen de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos. Resulta especialmente escandalosa la cantidad que sale de sumar los innumerables cargos de confianza, la nube de asesores y todos los que pululan en los distintos observatorios fantasma creados  ad hoc. Y es que los partidos políticos han convertido las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en auténticas agencias de  colocación para situar de manera digna a sus  familiares, amigos y conmilitones.