martes, 1 de agosto de 2017

A CADA UNO LO SUYO

            V – Desastroso final de la II República Española

A pesar del enorme fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Francisco Largo Caballero seguía contando con el apoyo de los socialistas adscritos al sector “bolchevique”  o “leninista”. Y quería conseguir el poder, para cambiar el rumbo de la República burguesa e impulsar el socialismo soviético. Reconocía, eso sí, que había cometido un error garrafal al tratar de conseguir ese objetivo, utilizando exclusivamente la insurrección prescindiendo por completo del sistema institucional representativo.
Es verdad que Largo Caballero buscó afanosamente la manera de  importar la revolución rusa, para convertirse inmediatamente en el indiscutible “Lenin español”. Y tardó demasiado tiempo en comprobar que es prácticamente imposible imponer por la brava el socialismo marxista en los pueblos donde la clase media tiene una gran implantación. Y menos aún si, como ocurre en España, los oficiales y los mandos del Ejército proceden de esa clase media o, incluso, de la clase alta.
Tras el morrocotudo fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Largo Caballero y sus acólitos, aceptan sumisamente los consejos de la Komintern o III Internacional, y comienzan a organizar una especie de frente antifascista, coaligando a todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Y para que esa alianza tuviera un aire más obrerista, exigieron que entrara a formar parte de ella  el Partido Comunista de España (PCE). Y esa coalición entre los republicanos de izquierda y los socialistas se oficializó, por fin, el 15 de enero de 1936, firmando el PSOE por el PCE, por el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y por el POUM.
Y la República defendida por esa coalición, que comenzó a llamarse Frente Popular, discrepaba substancialmente con los dictados de la II República. Y con el fin de reconvertir el sonado fracaso de octubre en una indiscutible victoria popular, incluyeron en su programa la amnistía de los delitos políticos y sociales y, por lo tanto, la excarcelación de todos los detenidos por la famosa Revolución de Octubre. Semejante consorcio comenzó a ser operativo tras las elecciones generales, que se celebraron el 16 de febrero de 1936.
No se habían resuelto totalmente los problemas derivados del famoso escándalo del estraperlo, cuando estalló el caso Nombela. Y esta circunstancia es aprovechada inmediatamente por José María Gil-Robles para forzar la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta, retirando su apoyo al Gobierno de coalición con el Partido Republicano Radical. Y Gil-Robles completa la faena, exigiendo la presidencia del Gobierno para sí mismo.