jueves, 21 de septiembre de 2017

NUEVOS PROYECTOS PARLAMENTARIOS

En las famosas ciudades-estado de la Grecia clásica y de la antigua Roma Imperial encontramos ya estructuras políticas y democráticas, que elegían directamente los ciudadanos. En el Senado romano, se marginaba, es verdad, a los senadores plebeyos, y se le atribuía un rango diferente e inferior al de los senadores patricios. Pero todas esas asambleas electas, tanto las helénicas como las romanas, se comportaban más bien como auténticos órganos municipales, ya que, en vez de controlar a los que ejercían el poder, lo asesoraban, o se dedicaban preferentemente a gestionar la cosa pública.
Para que apareciera en escena el parlamentarismo moderno, tenemos que esperar, nada menos que hasta la primavera del año 1188. Y fue precisamente en León, donde tuvo lugar ese acontecimiento. Y fue precisamente en el maravilloso Claustro de la Basílica de San Isidoro, donde se celebraron las primeras Cortes representativas que se conocieron en Europa y en cualquier otra parte del mundo.
Cuando el joven rey Alfonso IX accedió al trono, se encontró con las arcas vacías, entre otras cosas, por culpa de los gastos ocasionados por la guerra con Portugal y con Castilla. Y para continuar expandiéndose hacia el sur con la Reconquista, la corona leonesa necesita incrementar notablemente sus ingresos y recurre, cómo no, a la imposición de nuevos impuestos, provocando así una subida exagerada de los precios. Esa decisión real molestó enormemente a la clase ciudadana y, para defender sus propios intereses frente a los del monarca, comenzó a exigir contrapartidas. Ante todo, exigía intervenir en la fiscalización de los gastos regios.
 Para acallar esas protestas, el rey Alfonso IX convoca las Cortes del Reino de León, en las que intervienen por primera vez con voz y voto, al lado del clero y la nobleza, los representantes electos de las principales ciudades. En ese Parlamento, además de ampliar los Fueros de León dictados por Alfonso V, se promulgaron varias leyes destinadas a proteger los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, instaurando la inviolabilidad del domicilio y del correo. Y se obligaba al rey a convocar nuevas Cortes, tanto para hacer la guerra como para declarar la paz.
Y ese tipo de Parlamentarismo democrático, que daba voz a la incipiente burguesía, se extendió rápidamente a los demás reinos de la península ibérica y, por supuesto, a todos los estados  de la Europa Occidental. Ahí están, por ejemplo, las asambleas de los Estados generales que se celebraban en el reino de Francia. Y como no podía ser menos,  el rey Juan Sin Tierra recurrió en 1215 a ese estilo de Parlamentos en el reino de Inglaterra para hacer frente a la rebelión de sus barones.
A partir de aquella primera convocatoria de las Cortes Leonesas en 1188, los monarcas y todos los que, de forma democrática, dirigen los destinos de los diferentes Estados se encuentran mediatizados por sus respectivos Parlamentos. Hasta hace muy pocas décadas, los representantes ocasionales del pueblo estaban normalmente a  favor  del bien común y del interés general de los ciudadanos. Y siempre estaban dispuestos, cómo no, a frenar cualquier tipo de arbitrariedad que pudiera cometerse desde el poder.

martes, 1 de agosto de 2017

A CADA UNO LO SUYO

            V – Desastroso final de la II República Española

A pesar del enorme fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Francisco Largo Caballero seguía contando con el apoyo de los socialistas adscritos al sector “bolchevique”  o “leninista”. Y quería conseguir el poder, para cambiar el rumbo de la República burguesa e impulsar el socialismo soviético. Reconocía, eso sí, que había cometido un error garrafal al tratar de conseguir ese objetivo, utilizando exclusivamente la insurrección prescindiendo por completo del sistema institucional representativo.
Es verdad que Largo Caballero buscó afanosamente la manera de  importar la revolución rusa, para convertirse inmediatamente en el indiscutible “Lenin español”. Y tardó demasiado tiempo en comprobar que es prácticamente imposible imponer por la brava el socialismo marxista en los pueblos donde la clase media tiene una gran implantación. Y menos aún si, como ocurre en España, los oficiales y los mandos del Ejército proceden de esa clase media o, incluso, de la clase alta.
Tras el morrocotudo fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Largo Caballero y sus acólitos, aceptan sumisamente los consejos de la Komintern o III Internacional, y comienzan a organizar una especie de frente antifascista, coaligando a todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Y para que esa alianza tuviera un aire más obrerista, exigieron que entrara a formar parte de ella  el Partido Comunista de España (PCE). Y esa coalición entre los republicanos de izquierda y los socialistas se oficializó, por fin, el 15 de enero de 1936, firmando el PSOE por el PCE, por el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y por el POUM.
Y la República defendida por esa coalición, que comenzó a llamarse Frente Popular, discrepaba substancialmente con los dictados de la II República. Y con el fin de reconvertir el sonado fracaso de octubre en una indiscutible victoria popular, incluyeron en su programa la amnistía de los delitos políticos y sociales y, por lo tanto, la excarcelación de todos los detenidos por la famosa Revolución de Octubre. Semejante consorcio comenzó a ser operativo tras las elecciones generales, que se celebraron el 16 de febrero de 1936.
No se habían resuelto totalmente los problemas derivados del famoso escándalo del estraperlo, cuando estalló el caso Nombela. Y esta circunstancia es aprovechada inmediatamente por José María Gil-Robles para forzar la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta, retirando su apoyo al Gobierno de coalición con el Partido Republicano Radical. Y Gil-Robles completa la faena, exigiendo la presidencia del Gobierno para sí mismo.

miércoles, 14 de junio de 2017

A CADA UNO LO SUYO

IV –El Golpe de Estado de octubre de 1934

Los militantes de la derecha y del centro republicano llegaron a las elecciones generales de junio-julio de 1931 totalmente divididos y desorganizados y sin la más mínima opción de obtener un resultado decoroso. Fueron ampliamente derrotados por la llamada Conjunción Republicano-Socialista que, en un principio, estuvo formada por los socialistas,  los radicales de Alejandro Lerroux, los radical-socialistas de Juan Botella, la Derecha Liberal Republicana  de Niceto Alcalá-Zamora y la Acción Republicana de Manuel Azaña.
La abultada derrota de los conservadores les obligó a desarrollar un papel meramente secundario y testimonial en las reñidas discusiones constitucionales que se abrían con aquellas elecciones. Y esta situación fue aprovechada despiadádamente por la flamante Conjunción Republicano-Socialista para rechazar, sin remilgo alguno, su participación en el proyecto de la Constitución de 1931 que se comenzaba a elaborar.
Y aunque esa Conjunción Republicano-Socialista comenzó a redactar la nueva Constitución con ilusión y entusiasmo, el carácter sectario y revanchista de los socialistas del PSOE y de la UGT terminó chocando con la Derecha Liberal Republicana, liderada por Alcalá-Zamora y, más tarde, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Y esas disensiones, como es lógico, acabaron con el idilio republicano inicial de la coalición.
Tanto Niceto Alcalá-Zamora como Miguel Maura se opusieron rotundamente a la disolución de las Órdenes Religiosas y a que se nacionalizaran sus bienes. Pretendían, cómo no, elaborar una Constitución en la que cupieran todos los españoles, una Constitución, por lo tanto, sin el menor rastro de radicalismo o sectarismo ni de la derecha, ni de la izquierda. Y como no fue posible el acuerdo, Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno, siguiendo su ejemplo, poco tiempo después, los radicales de Lerroux, dando paso así al llamado bienio reformista, en el que los socialistas tenían un amplio margen de maniobra.
Es verdad que Alcalá-Zamora y Miguel Maura fueron incapaces de constituir una derecha republicana competitiva y con cierto gancho o predicamento entre los electores. Y esto sirvió, como era de esperar, para que se frustraran totalmente sus expectativas de organizar un grupo con posibilidades reales de exigir cuentas a la coalición izquierdista del Gobierno, que encabeza Manuel Azaña.

viernes, 19 de mayo de 2017

A CADA UNO LO SUYO

III – Primeros pasos de la II República

En España, es verdad, se instauró por dos veces la República, y terminó rematadamente mal en ambas ocasiones.  La I República fue proclamada por las Cortes el 11 de febrero de 1873, tras la renuncia al trono de España del rey Amadeo I de Saboya. Hay que reconocer que, de aquella, el republicanismo tenía muy poco predicamento entre los españoles de a pie, y los políticos estaban internamente divididos. Por un lado estaban los federalistas moderados que pretendían construir la federación desde arriba, desde el Estado. Y por otro, estaban los intransigentes que, como Antonio Gálvez Arce, pretendían construir esa federación desde abajo.
Y gracias a esa división interna que mantenían los federalistas, la República mantuvo siempre su debilidad inicial y su enorme inestabilidad política. Precisamente por eso, y a pesar de su extremada brevedad, fueron cuatro los presidentes que se sucedieron en ese año escaso: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, todos ellos militantes del Partido Republicano Federal.
La Tercera Guerra Carlista y los continuos disturbios que se generaban en las Antillas Mayores con la aparición del sentimiento nacional  en Cuba y en otras colonias, estaban demorando excesivamente la puesta en marcha del sistema federal acordado. Y ese retraso fue determinante para que los federalistas jacobinos e intransigentes decidieran independizarse de Madrid y llenar España de minúsculas repúblicas autónomas, los famosos cantones independientes, algunos tan pequeños como Camuñas o Jumilla. Ese levantamiento cantonal afectó principalmente a localidades de Valencia, Murcia y Andalucía.
Destaca por su violencia, y por su duración, la República independiente o cantón de Cartagena, que logró mantener su independencia algo más de medio año. El diputado federal murciano, Antonio Gálvez Arce, apodado  Antonete,  asumió el mando del cantón, y el día 12 de julio de 1873, con la inestimable ayuda de la marinería, se apoderó de la flota de  la Armada, que estaba fondeada en el puerto de Cartagena.
Comandando esa especie de escuadra pirata, el famoso diputado Antonete, se dedicaba constantemente a sembrar el terror en las ciudades y poblaciones costeras más próximas.  Y todo, para que  se unieran a la rebelión y, más que nada, para que contribuyeran a los gastos con cuantiosos impuestos revolucionarios. Y cuando alguna ciudad se negaba a pagar ese impuesto, era inmediatamente bombardeada, como ocurrió con Almería y con Alicante, por negarse a abonar los 100.000 duros exigidos.

martes, 2 de mayo de 2017

A CADA UNO LO SUYO

II – Un golpe de Estado en toda regla


El afán desmedido de intervenir en política de manera  partidista, mostrado por Alfonso XIII desde el comienzo de su reinado, fue determinante para que varios políticos monárquicos abandonaran su filiación  liberal o conservadora y se integraran con los republicanos. El 13 de septiembre, por ejemplo, Miguel Primo de Rivera se sublevó contra el Gobierno para alejar cualquier posibilidad de contagio con la revolución bolchevique y, por supuesto, para solucionar de una vez los problemas derivados de  la inapelable derrota que sufrieron las tropas españolas  el 22 de julio de 1921, ante los rifeños, comandados por el famoso Abd el-Krim.

La reacción del Gobierno legítimo ante la rebelión del capitán general de Cataluña, no se hizo esperar, y el 14 de septiembre, un día después del golpe de Estado, pidió al monarca la destitución fulminante de los generales golpistas y que convocara inmediatamente las Cortes Generales. Al no ser atendida su petición, el Gobierno presentó su dimisión y Alfonso XIII, sin más, nombra presidente del Gobierno a Miguel Primo de Rivera.

Al oficializar por su cuenta y riesgo la Dictadura Militar, el rey cometió  un error francamente garrafal. Con esa desafortunada decisión, además de sembrar el desánimo entre los políticos de tendencia liberal o conservadora, abrió una crisis extremadamente grave y peligrosa que, poco a poco, fue  socavando los cimientos del sistema monárquico tradicional. Es evidente que, en esa ocasión, Alfonso XIII se olvidó de su condición de monarca constitucional, y actuó como si fuera un simple jefe de Estado, lleno de tics de corte dictatorial.

Una vez constituido el Gobierno, Miguel Primo de Rivera confesó espontáneamente que no pensaba eternizarse al frente de un Ejecutivo y que, por lo tanto, su régimen sería algo meramente provisional. Y precisó aún más, señalando que su Gobierno no duraría nada más que los noventa días que, según sus cálculos, necesitaría para salvar a España de “los profesionales de la política” y  su regeneración posterior. Pero se olvidó muy pronto de ese propósito inicial, y su Dictadura duró nada menos que seis años completos y cuatro meses.

Y es en abril de 1924, cuando el dictador da los primeros pasos para  eternizarse en el poder. Comienza creando su propio partido político, la Unión Patriótica, para que su Directorio Militar encuentre un apoyo civil suficiente. Y en diciembre de 1925, aprovechando el indiscutible éxito de la campaña de África, da un paso más y sustituye el Directorio militar por otro más abierto y de carácter civil, con la intención maquiavélica de institucionalizar su régimen dictatorial. Con el Directorio Civil, Primo de Rivera instaura de nuevo el Consejo de Ministros tradicional, en el que participan indistintamente civiles y militares.