BATACAZO DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA EN MADRID

 

No hace falta ir a Salamanca para saber que, a lo largo de la historia, siempre ha habido personas  irresponsables, ávidas de poder, que utilizan descaradamente la mentira y el engaño en beneficio propio. Rastreando en los anales de la antigua Grecia, ya encontramos protagonistas mitológicos como Dolos, que era uno de los espíritus que se escapó de la famosa caja de Pandora y comenzó a vivir entre los hombres, rodeado siempre, eso sí, de los célebres pseudologos (Ψευδολογος) o las mentiras que él mismo creaba.

Si nos atenemos a lo que cuentan las antiguas crónicas helenas, Dolos terminó de aprendiz con el titán Prometeo, que se dedicaba a mejorar las cualidades de los hombres para que pudieran parecerse a los dioses. Y cuando este astuto titán estaba modelando a Alétheia (αλήθεια) o la personificación de la verdad, recibió una inoportuna llamada de Zeus, que le obligo a ausentarse precipitadamente del taller, dejando al aprendiz Dolos custodiando la inacabada obra.

Tan pronto como el intrépido Dolos se vio solo, decidió aprovechar la ocasión y comenzó rápidamente a modelar con sus propias manos una réplica de la figura que estaba haciendo su maestro. Pero no tenía arcilla suficiente, y tuvo que salir a buscar más para poder rematar los pies. Cuando volvió con el barro que necesitaba para rematar la hazaña, ya era demasiado tarde. El titán  había regresado antes de lo previsto y, maravillado por la similitud de las estatuas, metió las dos al horno, aunque la de Dolos no tenía pies.

Y cuando terminaron de hacerse, Prometeo completó la obra, insuflando vida a las dos efigies. Y sucedió, cómo no, lo que tenía que suceder. Cuando salieron del horno, Alétheia, la verdad, caminaba grácilmente y con pasos firmes y seguros, mientras que su gemela, la mentira seguía sus huellas tambaleándose y casi sin sostenerse. A partir de entonces, Dolos se convirtió obviamente en la personificación del fraude y la falacia.

Siempre ha habido, es verdad, cierto grado de prevención contra los políticos que se ocupan de las labores de Gobierno. Pero ese recelo o desconfianza se desmadró con la llegada de  Pedro Sánchez a La Moncloa. No olvidemos que estamos ante un personaje sediento de poder y sin escrúpulos, que no piensa nada más que en sí mismo. Es normal, por lo tanto, que recurra constantemente a la artimaña y al embuste,   para dar pábulo a su ambición desmedida y poder salir con la suya.

Gracias a su comportamiento irregular, este ficticio y mitómano doctor, que encarna la recreación perfecta  de la imagen creada por Dolos en el taller de Prometeo, terminó siendo, qué casualidad, el trolero mayor del reino. Y como es extraordinariamente ególatra y autocomplaciente consigo mismo y carece de ideas propias, suele improvisar soluciones extremas para mantenerse  a toda costa en la cresta de la ola.

Está visto, que el presidente Sánchez no ha tenido nunca remordimientos de conciencia, aunque suele despreciar sistemáticamente  hasta los principios morales más básicos. Y en consecuencia, se comporta como cualquier aventurero irresponsable, que solo busca su interés personal. Y por si esto fuera poco, aún conserva, creo yo, muchos caprichos típicos de adolescente progre. Y esto, claro está, le ha llevado a romper todos los esquemas habituales con la institucionalización de la trampa y el engaño, originando así una auténtica crisis de credibilidad desconocida hasta entonces.

Y para mantener el boato y la fastuosidad que deseaba, Pedro Sánchez procuró rodearse de un numeroso y variado equipo de lacayos  y costaleros, elegidos entre sus prosélitos y amiguetes. A pesar de todo, deben comprometerse, ahí es nada, a defender ciegamente las falsedades y los embustes que proponga su propio jefe, y responder siempre  con el consabido ‘síseñor’ a todos sus requerimientos.

Ese tipo de compromiso entre el presidente Sánchez y sus domesticados peones comenzó a ser bastante más llamativo, cuando Isabel Díaz Ayuso se volvió contestataria y puso en solfa las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Y explotó bruscamente con los sorprendentes resultados electorales del pasado 4 de mayo. Ahí Pedro Sánchez perdió definitivamente los estribos, y su ‘Ayuso-manía’ le llevó a cometer muchos errores de bulto.

Y sin más preámbulos, el presidente del Gobierno la emprendió contra los electores, tildándoles, faltaría más, de ser profundamente desleales a la hora de acudir a las urnas, acusándoles de traicionar gratuitamente a la izquierda. Ni que decir tiene, que no es esa la mejor manera de recuperar el apoyo de unos votantes desilusionados, ya que avergonzándoles públicamente y poniéndoles en la picota, terminarán siendo irrecuperables.

Con el fracaso electoral del 4 de mayo, Pedro Sánchez bajó de las nubes y vio que, de seguir así, terminarían echándole inapelablemente de La Moncloa. Ante tal perspectiva, quedó sumido, ni más ni menos,  en un preocupante estado de shock, que no le deja ver la realidad. Y eso le llevó, creo yo, a concentrar todos sus ataques y diatribas  contra Díaz Ayuso,  señalándola como la verdadera culpable de la situación epidemiológica de la terrible pandemia que padecíamos en España. Y esto fue determinante para que todo el sanchismo socialcomunista la emprendiera contra la presidenta  madrileña.

A partir de ese momento, Isabel Díaz Ayuso sería lisa y llanamente la culpable de la llegada masiva de tantos franceses, que venían a España en busca de fiesta y jolgorio. Y por lo visto, si nos atenemos a lo que ha dicho recientemente la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, también es Ayuso la responsable de que no vengan los británicos. Pues es sabido que el Reino Unido  borró a España de la lista de los países seguros  a los que se puede viajar sin riesgo de coger el virus. Y todo, porque lo único que importa en Madrid, es la libertad para poder “irse de cañas” e “irse a los toros”.

Y aquí aparecen en escena, quién lo iba a decir, personajes tan singulares y sorprendentes como Carmen Calvo y el inefable José Félix Tezanos, con la intención evidente de dulcificar debidamente el batacazo que se llevó la izquierda socialcomunista en Madrid y propiciar una mejora en el estado de ánimo del presidente del Gobierno.

Es evidente, que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo Poyato está especializada en meter la pata, sobre todo, cuando trata de interpretar lo que otros dicen o hacen. Sin ir más lejos, y aunque no sabe aún de quién es el dinero público, vincula sin más los cambios de la hora  con la “resistencia al machismo”. Y cuando un diputado de Vox le preguntó si el Gobierno tenía intención de restituir  la credibilidad de las instituciones del Estado, soltó resueltamente esta frase: “No hay que restituir lo que no ha existido”.

Y en cuanto al tema que nos ocupa, la atrevida Carmen Calvo manifestó, un poco a la ligera, que la derecha no tenía ningún proyecto serio.  Y se atrevió a decir arbitraria e injustificadamente  que Isabel Díaz Ayuso compartía principios nada menos que con los nazis y que sus votantes simpatizaban con los fascistas. Y no contenta con esto, continuó mofándose de la presidenta madrileña y de sus seguidores, al afirmar que habían hecho una campaña “poco edificante”, que ha consistido sencillamente “en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos”.

Y no digamos nada del ridículo mayúsculo que ha estado haciendo el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, para tratar de lavar la cara y dignificar convenientemente al presidente del Gobierno que padecemos. Hasta ahora, que yo sepa, no ha cosechado nada más que tremendos fracasos en todos los pronósticos electorales  que ha venido haciendo desde que se hizo cargo del CIS. Y su vaticinio sobre las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, no podía ser una excepción.

Siguiendo su inveterada costumbre, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Tezanos derrochó generosidad con los partidos de izquierda, mostrándose especialmente espléndido con el PSOE. Según su último sondeo, el Partido Popular de Ayuso ganaba las elecciones, logrando entre 54 y 56 escaños. Y atribuía al PSOE de Sánchez-Gabilondo un resultado francamente satisfactorio, ya que conseguiría entre 34 y 36 diputados regionales. No obstante, podemos dar por buenos los vaticinios que hizo sobre los otros cuatro  partidos que concurrían a esas elecciones.

De todos modos, hay que reconocer que al sociólogo particular de La Moncloa le ciega la exagerada pasión que siente por el presidente Pedro Sánchez. Y como consecuencia de ese afecto enfermizo, Tezanos comete fallos demoscópicos estrepitosos e imperdonables. En este caso concreto, atribuyó al PSOE nada menos que hasta 12 escaños más de los que realmente obtuvo en esa jornada electoral. Precisamente por eso, tenía poca importancia que ganara Díaz Ayuso, ya que, con esos 12 escaños del PSOE, podía darse casi por segura la ventaja del bloque de la izquierda frente al de la derecha.

No debemos olvidar que, en esta ocasión, el presidente del CIS no se conformó  con cocinar sus sondeos políticos al gusto del líder máximo del PSOE.  Y utilizando la revista Temas para el Debate, que él mismo dirige, se dedicó a lanzar toda clase de invectivas y descalificaciones contra la presidenta madrileña y contra todos sus votantes.

En un desconcertante artículo, titulado “Globos políticos y escenarios singulares”, el visionario Tezanos llama reiteradamente ‘tabernaria’ a Isabel Díaz Ayuso, y se regodea diciendo que "la mayor parte de los analistas" están extrañados por "la escasa entidad intelectual y política de la candidata" popular.

Y culpa al Partido Popular de buscar intencionadamente la movilización de “un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares”. Y Madrid tiene, según el responsable máximo del CIS, más establecimientos de este tipo, “que ninguna otra ciudad del mundo”.

Y para que no falte nada, el atrevido futurólogo augura que, si finalmente termina ganando Díaz Ayuso, tendremos que apechar con cantidad de frustraciones que “surgirán tanto de los fracasos políticos y económicos derivados de la falta de concordancia con las políticas que se van a hacer (…), como de la falta de sintonía con el substrato político real de los madrileños". Y todo, según el mismo dice, porque los madrileños son mayoritariamente de izquierdas.

Pero llegó la hora de la verdad y se consumó el tremendo fracaso de los pronósticos electorales aventurados alegremente por José Félix Tezanos, el inefable presidente del CIS. La ‘tabernaria’ Isabel Díaz Ayuso se llevó una buena tacada de votos, muchos más de los previstos por el CIS, dejando prácticamente ‘in albis’ al aspirante del PSOE, Ángel Gabilondo.

Como sus augurios preelectorales resultaron absolutamente erróneos y desacertados, Tezanos trata de justificarse, afirmando algo que no tiene ni pies ni cabeza: “la caída del PSOE fue en los cuatro últimos días”.  Y siguiendo con sus juegos florales que pagamos todos los, españoles, terminó pidiendo, hasta ahí podíamos llegar, que dejáramos de hacer críticas ‘ad hominem’ contra su persona, y abriéramos un debate científico para sacar conclusiones útiles para la sociología.

 Y cierra su desquiciada perorata, afirmando algo que todos sabemos sobradamente: que él no es un “adivino”, y que tampoco pretende que el CIS se convierta en una “institución adivinadora”.

 

Gijón, 20 de mayo de 2021

 

José Luis Valladares Fernández 

DESBORDADOS POR LA CORRUPCIÓN

Uno de los mayores problemas que tiene actualmente España es la corrupción política. Las medidas coyunturales, adoptadas hasta ahora por los distintos Gobiernos, han sido siempre demasiado descafeinadas. Y al ser, de manera intencionada o no, tan livianas, han resultado ser totalmente ineficaces y baldías, no logrando  nunca el objetivo pretendido. En consecuencia, la corrupción no ha hecho más que crecer durante todos estos años de manera imparable, pervirtiendo así hasta el mismo sistema democrático y debilitando aún más,  la poca confianza que los ciudadanos sienten  hacia sus representantes públicos.

El clima de corrupción se ha generaliza tanto, que afecta desgraciadamente, en mayor o menor medida, a todas las regiones de España y a todos los partidos políticos del arco parlamentario. Los casos de corrupción política se producen, con excesiva frecuencia, en todas las Administraciones públicas, la Central, las Autonómicas y, cómo no, las Municipales. Se trata de un mal endémico, extremadamente serio y peligroso, que perturba el funcionamiento normal de las instituciones públicas. No hay día que no se destape algún caso nuevo de corrupción, así que, al hacerse eco de semejante peste, los medios de comunicación nos dibujan  un escenario sumamente preocupante y deprimente.

Los casos de corrupción que vamos conociendo día a día, son cada vez más graves y frecuentes y, por si esto fuera poco, crece constantemente la sensación de impunidad de los sinvergüenzas que se lucran con el mayor descaro de su cargo público. No es de extrañar que, con semejante comportamiento, provoquen en la clase media trabajadora claros síntomas de hastío y de rebelión. Esto es lo que muestra, al menos, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  al constatar que la inquietud y la preocupación de los ciudadanos de a pié ha repuntado últimamente 5,8 puntos en un solo mes. Y todo,  por culpa de la corrupción y del fraude que nos invade. Después del paro, el  problema más acuciante para los españoles es, sin lugar a dudas, la corrupción política.

EL CASO BÁRCENAS EN LA PRENSA

Hace ahora algo más de medio año que se levantaron las primeras voces contra Annette Schavan, la ministra alemana de de Educación e Investigación Científica, acusándola de plagio. Fue precisamente un internauta anónimo el que levantó la libre en mayor de 2012, al sospechar que había copiado varios pasajes de otros autores en la elaboración de su tesis doctoral, publicada en 1980 y titulada Personas y consciencia.

Comprobaciones posteriores corroboraron que las sospechas iniciales eran ciertas y, ante la evidencia del robo intelectual, la actuación de  la Universidad de Düsseldorf no se hizo esperar. El pasado día 5 de febrero se reúne el consejo académico de la Facultad de Filosofía, y tras una reunión de varias horas, decide desposeer a la ministra Schavan de su doctorado. Con este fallo universitario, el prestigio y la reputación académica de la ministra alemana quedan seriamente dañados.

La ya ex ministra Schavan admite, eso sí, que pudo haber algún fallo en el tratamiento de las fuentes, pero que nunca tuvo intención de engañar a nadie y niega  tajantemente haberse apropiado del trabajo intelectual de otros. Annette Schavan puede recurrir la decisión universitaria, pero ante la gravedad de los hechos que le imputan y la amistad con la canciller Angela Merkel, abandona el Ministerio alemán de Educación e Investigación Científica.

PREOCUPACIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA

Es un hecho que  la situación económica en general y la sanidad y la educación en particular, preocupan cada vez más a los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nada menos que el 55,2% de los encuestados considera que la asistencia sanitaria empeorará a lo largo del año 2012. Fruto de esa preocupación creciente, la sanidad, figura como el quinto problema nacional más importante para los españoles, por delante   incluso de la educación, la vivienda y el terrorismo. Solamente es superada por el paro, por los problemas económicos, la clase política y la corrupción y el fraude.

A los pacientes o usuarios de la Sanidad Pública les preocupa enormemente que, como consecuencia de las crecientes dificultades económicas, se vaya degradando progresivamente la calidad tradicional de la misma. Los responsables políticos deben velar porque esto no suceda y, por lo tanto, deben procurar que se vaya adaptando a la nueva realidad, sin que el servicio público y universal que suministra sufra el más mínimo deterioro. Tarea sumamente difícil por el aumento constante del gasto sanitario, sobre todo en el capítulo farmacéutico. La deuda  originada por esto, llegará a ser tan acuciante e insostenible que, al disminuir poco a poco los  recursos de sanidad, será imposible mantener el nivel habitual de prestaciones.

Y algo habrá que hacer para solucionar adecuadamente este problema,  antes de que sea demasiado tarde. Es sabido que el precio de los medicamentos se pacta  con el Estado. Y debido a ese pacto,  el precio de los mismos se redujo  un 30%  en los últimos cinco años. Se ha generalizado, además, el uso de los genéricos. Pero ni la reducción del precio de los medicamentos ha solucionada nada, ni los genéricos han resultado ser la panacea que pensaban algunos, pues sus precios y los precios de los medicamentos de marca se están acercando de manera muy significativa. Esto ha podido aligerar la presión de la deuda sanitaria, pero nada más, ya que ésta ha seguido creciendo alocadamente, siendo cada vez más agobiante.

En Asturias, por ejemplo, que no es precisamente de las comunidades más endeudadas, la deuda de los hospitales creció en 2011 la nada despreciable cifra de 38,5 millones de euros. Como en 2010 la factura pendiente de estos centros sanitarios era de 115,1 millones de euros, a finales de 2011, la deuda del Servicio de Salud del Principado de Asturias con las farmacéuticas ascendía a 153,6 millones de euros. Esto supone un aumento de 33,5% en apenas un año, crecimiento muy similar al del resto de España, que creció un 36% de media.

Andalucía es la comunidad que mantiene la deuda más alta de España. Por el suministro de fármacos a sus hospitales, adeuda 1.523 millones de euros. Le sigue Valencia con 1.292,5 millones y Madrid con 762 millones de euros. Asturias, ocupa en ese ranking el puesto número doce. La deuda total del Sistema Nacional de Salud por el suministro  de medicinas a todos los hospitales de España, que al finalizar 2010 ascendía  a 4.684,8 millones de euros, a finales de 2011 alcanzó la elevada cifra de 6.369,3 millones. Este aumento tan brutal de la deuda durante 2011, nada menos que un 36%,  no se corresponde en absoluto con el aumento de suministros a los hospitales, que no fue más allá del 1,1%. Más bien es debido a la alta morosidad de las Comunidades Autónomas. Hay comunidades como Valencia, Baleares y Galicia que tardan más de 800 días en pagar los medicamentos.

El tamaño de semejante descalabro económico ha obligado a las comunidades autónomas a buscar desesperadamente algún tipo de solución que aminore tan elevada deuda. Y siempre aparece, cómo no, la fórmula del copago por receta o por acto médico. pero como en realidad se trata de una tasa polémica e impopular, salvo Cataluña, nadie se ha atrevido a aplicarla. La comunidad catalana comenzará a cobrar un euro por receta médica a partir del próximo día 1 de junio, liberando de semejante canon a los enfermos crónicos con pocos recursos y a los beneficiarios de una pensión no contributiva.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el gasto sanitario representa entre el 30% y el 60% de los diversos presupuestos autonómicos. Como las comunidades carecen de una financiación adecuada y, además, sus ingresos públicos disminuyen constantemente, el mantenimiento de la sanidad pública, tal como la conocemos, resulta ya prácticamente inviable. Adquirir los medicamentos para todos los hospitales de la comunidad a través de una central de compras única, puede ser una solución pasajera, aunque no definitiva. También se mejoraría la actual situación financiera de la sanidad, gestionando los hospitales bajo la modalidad de concesión administrativa. Y de hecho, ya hay comunidades que aplican sin problemas esa colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Es el caso de Madrid y la comunidad  manchega de Castilla-La Mancha.

Pero todas estas soluciones son meramente provisionales y, como ya estamos viendo, generan otro problema: se rompe el principio de  igualdad de todos los ciudadanos que garantiza nuestra Constitución. Con independencia de que el Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, hace aguas por todos los costados, las competencias de sanidad y de educación, por ejemplo, nunca debieron ser transferidas. Y para zanjar de una vez el problema que nos ocupa, hay que empezar por devolver urgentemente las competencias sanitarias al Estado central. Pues la sanidad es un servicio del Estado y, en consecuencia, es el Estado el que debe organizarlo para que resulte totalmente eficiente.

Y aún así, si el Ministerio de Sanidad pretende mantener la calidad y la universalidad del servicio, tendrá que adoptar de inmediato las nuevas fórmulas de gestión público-privada que trata de implantar en las autonomías como alternativa al copago. Así las cosas, y a pesar de la mala prensa de lo privado, la gestión sanitaria debería ser estrictamente privada, conservando la administración la capacidad íntegra de control e inspección, juntamente con la facultad de dictar normas  precisas y sancionar los posibles incumplimientos. Sería la manera de garantizar el mismo nivel de prestaciones sin que disminuyeran los recursos.

Con la creación de esa central de compras sanitaria, de gestión privada, la Administración se ahorraría al menos un 20% o más en la simple adquisición de fármacos para los hospitales de toda España. También aligeraría la carga económica la privatización de ciertos servicios como los tratamientos de residuos, cocinas, limpieza y lavandería. Podrían privatizarse incluso los análisis de sangre y  todo lo referente a radiología. Parece que no, pero con estas privatizaciones, los centros hospitalarios públicos reducirían, prácticamente a la mitad,  el coste sanitario por paciente, que hoy día oscila entre los 1.100 y los 1.600 euros. Y esto  redundaría evidentemente en una mejora de los servicios que se prestan a los usuarios. 

Gijón, 19 de marzo de 2012 

José Luis Valladares Fernández       

HACIA UNA NUEVA IMAGEN DE LA JUSTICIA

Hasta que a Alfonso Guerra se le ocurrió asesinar a Montesquieu, aunque hubiera sus cosas, la Justicia guardaba cierta compostura y simulaba al menos ser honesta,  imparcial y hasta independiente. La tradicional división o separación de poderes era admitida sin más como algo característico de los países democráticos. Pero con la muerte oportuna del Barón de Montesquieu, provocada intencionadamente en plena efervescencia del felipismo, todo cambió y el derecho pasó a ser simplemente un fiel servidor de los fines políticos de la nueva mayoría. Desde entonces, el Consejo General del Poder Judicial pasó a ser un reflejo del Parlamento, quedando así el poder judicial sometido al poder político.

Esta reproducción exacta en el órgano de gobierno de los jueces del esquema político que impera en el Congreso fue aceptada y bendecida sin rechistar por las asociaciones judiciales adscritas de alguna manera a los dos partidos mayoritarios. Protestaron los jueces no inscritos en las conocidas asociaciones, calificando el acuerdo de “apaño” y de “fraude de ley”, pero aceptaron el hecho sin más los de Jueces para la Democracia vinculada al PSOE y los de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura afín al Partido Popular. Con ese reparto absurdo del poder en el Consejo General del Poder Judicial entre los partidos mayoritarios, la Justicia se debilita, al estar siempre a expensas de los políticos, de sus decisiones arbitrarias y hasta de sus caprichos. Todo un despropósito de la política judicial.

Fue en este contesto, en el que el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, pronunció aquella polémica frase que se hizo muy famosa: “La Justicia es un cachondeo”. Desde que los miembros del Consejo del Poder Judicial español pasaron a ser elegidos por el Parlamento, la opinión pública comenzó a desconfiar de la Justicia de manera creciente. Y ese desprestigio, cada vez mayor, aparece reflejado claramente en las distintas encuestas de opinión que se realizaban entre el público en general y, sobre todo, entre los usuarios de la propia Justicia. Los usuarios de la Justicia, los que se han visto inmersos en algún procedimiento judicial, tienen una imagen aún más negativa del mundo judicial que el resto de los ciudadanos.

Ya son extremadamente alarmantes los datos de una encuesta, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas allá por  el año 1996. En una  muestra muy amplia, realizada en toda España y con una valoración de 1 a 10, los encuestados calificaron  con un simple 3,9 a la Justicia española, lo que supone un suspenso sin paliativo alguno. Ya de aquella, de una serie de instituciones sometidas a examen entre la opinión pública, la Justicia quedaba muy por detrás de la prensa, de los partidos políticos y hasta de la administración local. La valoración de la Justicia por los ciudadanos se encuentra ahora en uno de los momentos  más bajos desde la reforma de 1985. Su valoración es muy similar a la obtenida por el Gobierno de Zapatero al final de su mandato.

El desprestigio de la administración de Justicia ha crecido tanto, que son muchos los ciudadanos que están plenamente convencidos de que los tribunales se dejan llevar por los intereses del Gobierno y que se amilanan ante las presiones que ejercen ciertos grupos económicos y sociales, e incluso ante los medios de comunicación. Han terminado por convertirse en sicarios del poder político y, a veces, hasta del económico. Un porcentaje muy alto, alrededor de un 65%, considera que los jueces, consciente o inconscientemente, favorecen de manera muy clara a los miembros del partido que gobierna, y  perjudican sin mayores problemas a los políticos de la oposición.

Un paradigma evidente del juez politizado es Baltasar Garzón. Quizás sea porque se trata de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, aunque si es de izquierdas no vale para juez, como tampoco valdría uno que fuera de derechas. Y como juez politizado que es, Garzón ha manejado el cajón de la mesa de su despacho con una maestría y una eficiencia inigualable, unas veces para dormir los casos cuando convenía y otras para despertarlos y desempolvarlos oportunamente. A más de uno le ha hecho pasar injustamente, eso sí, un terrible calvario, aunque después haya sido declarado inocente. Garzón era un mal instructor. Ahí están las estadísticas para corroborarlo. Pero en cambio, ha sabido manejar muy bien los hilos de la prensa española y extranjera, para dar esa imagen  de súper juez o juez estrella, que está incluso por encima del mal y del bien.

Obsesionado por la fama, el juez Garzón se las arreglaba para que los casos más sonados fueran a parar todos a su juzgado. Y como todo le parecía poco, para agrandar su notoriedad internacional, emitió una orden de arresto contra el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura  de ciudadanos españoles durante su mandato. Se quedó con las ganas de investigar  al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, por lo de la Operación Cóndor, mediante la cual se instauraron en Sudamérica varias dictaduras. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa que desaforara al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ya que le consideraba incurso en una causa de fraude fiscal, vinculada a Telecinco. Y en 2003 ordenó el arresto del famoso terrorista Osama bin Laden.

Embriagado con los aplausos derramados por la izquierda política y mediática, Baltasar Garzón llegó a creer que, más que un guardián de la ley,  era su propia encarnación y que, por consiguiente, podía actuar sin limitación alguna. Y para incrementar al máximo su popularidad, nada mejor que encausar a sus adversarios políticos  favoreciendo así los intereses del PSOE,  y embarcarse tontamente en la investigación de los crímenes atribuibles a la dictadura de Franco. Y nada mejor que  la Audiencia Nacional para emprender, con toda clase de ventajas,  esa guerra absurda contra el Partido popular

La ocasión se la facilitó José Luis Peñas, antiguo concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda, que en noviembre de 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra su amigo Francisco Correa. Utilizando las grabaciones que José Luis Peñas entregó con la denuncia, el juez Garzón pone en marcha, en febrero de 2009,  la tan traída y llevada operación Gürtel. Se detiene a Francisco Correa y a otros cuatro más entre los que está Álvaro Pérez, apodado “El Bigotes” y el militante del Partido popular Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Acto seguido Baltasar Garzón se va de caza a Jaén, con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Fernández Bermejo. En la montería, coinciden sospechosamente con la fiscal Dolores Delgado y con el ya famoso comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, que suele ocultar su identidad tras el acrónimo JAG. Como, más que de una operación anticorrupción, se trataba de una operación política de gran envergadura, tenían que preparar cuidadosamente la caza de miembros destacados del Partido Popular, entre los que irán apareciendo el eurodiputado Gerardo Galeote, el senador y Tesorero del partido Luis Bárcenas y Francisco Camps, que posteriormente,  o no fueron citados por el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o fueron exculpados o declarados no culpables.

Permaneciendo aún incomunicados en el calabozo y sin tomar declaración a ninguno de los detenidos, se comenzaron a filtrar documentos desde el juzgado de Garzón a El País, con la clara intención de desacreditar mediáticamente al Partido popular. Se revelaron delictivamente al periódico del Grupo Prisa, secretos y conversaciones privadas, logradas mediante interceptación de llamadas y conversaciones privadas. Cegado de su obscena soberbia, se atreve a  vulnerar conscientemente hasta las  garantías constitucionales más elementales y ordena grabar las conversaciones entre varios de los imputados, que estaban en la cárcel por el caso Gürtel,  y sus abogados.

Con anterioridad a estos hechos delictivos, Garzón había empezando a investigar formalmente los crímenes del franquismo y ordenó abrir varias fosas de la Guerra Civil, a pesar de la advertencia clara de la Fiscalía, indicándole que semejante caso escapaba a su competencia. Es evidente que Baltasar Garzón se extralimitó puniblemente en el caso de las escuchas en el caso Gürtel y también en la investigación de los crímenes del franquismo. Esto dio lugar a sendas querellas por presunta prevaricación, una de ellas del abogado Ignacio Peláez, perjudicado con la grabación las conversaciones con su defendido implicado en el Gürtel; y la otra del Sindicato Manos Limpias por investigar la represión franquista sin tener competencia para ello.

Ambas querellas fueron admitidas a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, acordando la apertura de juicio oral en ambas causas. Esto determinó que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera cautelarmente a Garzón por las escuchas ilegales primero y después por su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura de Franco. Además de en estos dos casos, tendrá que sentarse una tercera vez en el banquillo de los acusados, acusado de cohecho impropio por los cobros durante su estancia en Nueva York.

Llama la atención que un juez como Baltasar Garzón, después de estar en el ajo durante tantos años, no crea en la Justicia. Eso indica al menos su manifiesta desconfianza hacía tantos jueces del Tribunal Supremo. No cree en su imparcialidad y, por eso, esas sonadas recusaciones de la mayor parte de los magistrados que debían juzgarle.  Y a pesar de conseguir que le aceptaran la recusación de cinco de los siete jueces designados para juzgarle, por previsible falta de imparcialidad objetiva, sigue con sus suspicacias y tremendamente receloso del comportamiento de los que, al final, le van a juzgar.

De ahí que Garzón, si no moviliza directamente a sus fans, alienta las esperpénticas protestas que realizan a las puertas del Tribunal Supremo. Y como aún le parecen poco estas carnavaladas, requiere la presencia en el juicio de ciertos jueces y juristas extranjeros, supuestamente defensores acérrimos de los derechos humanos, para chantajear abiertamente a los miembros del tribunal que lo juzgan. Y si un juez desconfía de la Justicia tan ostensiblemente, ¿qué no harán los ciudadanos de a pié, que no pueden esperar cierto grado de debilidad o comprensión debidas al corporativismo o a cualquier otro motivo?

Menos mal que, con el cambio de Gobierno, es muy posible que desaparezca de una vez la crisis que ha venido perturbando gravemente el funcionamiento de la administración de justicia desde la interesada reforma de 1985. Esa fue, al menos, la promesa de Mariano Rajoy, repetida una y otra vez en todas sus intervenciones en la última campaña electoral. Y según parece, en contra de lo que pensaba el gran cínico de la política Tierno Galván, la llamativa promesa de despolitizar los órganos judiciales fue hecha para cumplirla. Ahí están, para demostrarlo, las recientes declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso y las del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En este sentido, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno llevará a las Cortes una Ley orgánica que garantice que "las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a la Carta Magna", confirmando además la recuperación del  recurso previo de inconstitucionalidad y amparo. Dejó bien claro que el Gobierno que preside Mariano Rajoy pretende separar "el poder Ejecutivo, sin paternalismos, del resto de poderes". La posición del nuevo ministro de Justicia tampoco deja lugar a dudas, En esa comparecencia  suya ante la Comisión de Justicia adelantó que se iba a modificar el sistema de  elección del Consejo del Poder Judicial, volviendo al procedimiento utilizado antes de la reforma de 1985.

Una muestra evidente de que esto va en serio, es el perfil del nuevo Fiscal General del Estado. Nos suena a nuevo que el Fiscal General deje es estar al servicio del Gobierno para ponerse incondicionalmente al servicio del Estado. Si se completan todos los cambios prometidos para hacer efectiva la separación de poderes, los ciudadanos volverán a creer en la Justicia

Gijón, 29 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

SEGUIMOS CON PROBLEMAS EN SANIDAD

Tanto en el proceso electoral del pasado 22 de mayo como en el más reciente del 20 de noviembre, se utilizó sin miramientos, como arma arrojadiza, el Estado de Bienestar y los recortes en los servicios básicos. La crisis económica y los gastos excesivos del Gobierno central, de las Comunidades Autónomas y de algún que otro Ayuntamiento auguraban amenazantes déficits públicos que habría que controlar obligatoriamente de alguna manera. Los partidos políticos con posibilidades, conscientes de la necesidad imperiosa de un cambio radical, han comenzado a lanzar al aire abundantes consignas de austeridad.

Las últimas elecciones autonómicas propiciaron cambios de Gobierno muy sonados, como el de Castilla-La Mancha y el de Extremadura. Unos meses antes se había producido también el relevo al frente del Gobierno  en la Generalitat de Cataluña. Después de la investidura de los nuevos presidentes electos, aparece en toda su crudeza la verdadera y espeluznante realidad del elevado déficit  de las cuentas autonómicas. Se esperaba que las deudas superaran con creces lo que se decía en las comunicaciones oficiales preparadas para el traspaso de poderes. Pero la realidad sobrepasó hasta los peores pronósticos imaginados, sobre todo en el tradicional feudo socialista de Castilla-La Mancha y también en la Generalitat catalana del socialista José Montilla y del nefasto Tripartito. 

Las aberrantes deudas con que se encontró el Partido Popular en la comunidad castellano-manchega, al sustituir a José María Barreda al frente de la misma, dieron pié a que los candidatos de dicho partido a las próximas elecciones del 20 de noviembre insistieran con más fuerza en  la necesidad de aplicar políticas rigurosas de ajuste para controlar definitivamente el desmadrado déficit público. La insistencia en señalar la necesidad de ser extremadamente austeros para salir de la crisis ha despertado el temor de los ciudadanos a que se produzcan  recortes en los servicios públicos, mostrándose especialmente inquietos por si esos recortes se producen dentro del sistema público de salud.

La decisión de Artur Mas de eliminar camas en los hospitales, reducir personal e incluso cerrar ambulatorios ha contribuido decisivamente a que aumente el nerviosismo de los ciudadanos por miedo a que se haga lo mismo a nivel nacional. También ha influido mucho en esa razonable preocupación ciudadana,  el empecinamiento de los socialistas en insistir continuamente en que Mariano Rajoy tiene decidido efectuar un amplio recorte en el Estado de Bienestar. Todo esto ha influido para que la sanidad se haya convertido ya en el cuarto mayor problema de los españoles.

Todavía en el mes de julio pasado, la preocupación por sanidad solamente inquietaba al 4,3% de la población española, ocupando el décimo lugar en la lista general de preocupaciones. En la encuesta de noviembre, el porcentaje de preocupación ha crecido más de tres puntos, situándose en el 7,7%, por encima incluso de educación. Según la última encuesta del CIS, solamente hay tres cosas que preocupan  más a los españoles que la sanidad: el paro en un 83,0%, los problemas económicos en un 48,2% y la clase política en un 22,6%. Después ya viene sanidad.

Suelen presumir en el PSOE que nadie ha dotado de tantos medios económicos a la Sanidad Pública como ellos.  Que gracias a ellos, el sistema de salud español compite, en plan de igualdad, con cualquiera de los países de nuestro entorno. Y no es verdad ni lo uno ni lo otro. Relacionando el gasto sanitario con el Producto Interior Bruto, estamos casi un  punto por debajo de la media de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea. Nuestro gasto público sanitario a finales de 2007 por ejemplo representó el 6,1% del PIB, mientras que la media comunitaria estaba en un 7,06%. Si es cierto, en cambio que los socialistas aportaron al sistema  sanitario español mucha más burocracia que los demás partidos.

A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Gobierno socialista, afortunadamente ya en su casa por decisión soberana de los ciudadanos, ponía el grito en el cielo por el elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y culpaban de ello al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico  y, sobre todo, a la   espectacular escalada del número de recetas y visitas al médico por cada ciudadano español. Silenciaban, sin embargo, la excesiva burocratización que ellos introdujeron en el Sistema Nacional de Salud y que dio lugar  a que se contrataran más personas de las que objetivamente eran necesarias.

De las personas contratadas innecesariamente, las que no fueron contratadas a dedo por ser familiares o amigos del Gobierno, lo fueron porque se les debía algún favor político. Y la mayor parte de ellas para ocupar puestos directivos y de altos cargos con sueldos suculentos. Es cierto que trataron de aliviar la presión presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero centraron equivocadamente todos sus esfuerzos en reducir el coste farmacéutico, obviando los gastos ocasionados por la inflación absurda de personal. Así que impusieron una rebaja del 15% del precio de los medicamentos con más de diez años en el mercado. Obligan a la vez a los médicos a recetar por principio activo en lugar de hacerlo  con el nombre comercial. Así, el farmacéutico estará obligado a despachar siempre el de menor precio.

La ya ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, insinuó que sería muy interesante que los ciudadanos abonaran una cantidad “simbólica” por ir al médico. Según ella, ese copago sanitario “simbólico” garantizaría un uso más racional de los servicios médicos y serviría además para “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud. Pero ni Leire Pajín, ni los demás miembros del Ejecutivo se atrevieron a poner en marcha una medida disuasoria como esta, para reducir las visitas de los usuarios a los médicos, por el enorme impacto social negativo que hubiera causado.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, si se atrevió a exigir a los usuarios  un euro por receta despachada, pero tal medida no va a suponer ninguna solución definitiva al desfase presupuestario de Sanidad, como tampoco hubiera solucionado el problema el Gobierno central  si hubiese implantado el  copago sanitario. Quizás habría supuesto un alivio inicial, pero nada más. Para llegar a una solución contable firme, más que recortes en los servicios y mucho más que imponer ocasionalmente cargas adicionales al usuario, se necesita gestionar mejor los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible.

Una mejor gestión de los recursos disponibles implica, ni más ni  menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para ser más eficientes. Y para conseguir esto, es preciso que se prescinda rigurosamente de la jerarquía política y entregar la dirección de los diferentes centros del Sistema Público de Salud a profesionales cualificados. De dirigir un servicio como éste con criterios políticos a hacerlo exclusivamente con criterios profesionales hay un abismo. Sobran también, como no, los distintos chiringuitos que se crearon en Sanidad para dar cobijo laboral a familiares, amigos y paniaguados de toda casta, que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil.

Si los servicios sanitarios dependieran exclusivamente de profesionales competentes, primaría la eficiencia sobre cualquier otra consideración de tipo político, aprovechando mucho mejor todos los recursos sanitarios disponibles. Está fuera de toda duda, que el sistema sanitario tal como está ahora no funciona y es tremendamente ineficiente. Además de dejar en manos de expertos profesionales la dirección de Sanidad, no estaría de más reducir de forma significativa las diferencias interregionales para lograr una cartera de servicios comunes. Esto supondría recuperar las competencias sanitarias y reconstruir de nuevo el antiguo Insalud, en lugar de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios.

La dispersión de competencias de sanidad ha deteriorado notablemente  el Sistema Público de Salud, encareciéndolo de manera evidente. Con la recuperación de las competencias por parte del Estado, evitaríamos los agravios comparativos entre los usuarios de las distintas Autonomías, la atención médica mejoraría su calidad y, por si esto fuera poco, el coste de los servicios sería considerablemente inferior.

Gijón, 26 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández