ALFREDO HACIENDO DE RUBALCABA

Rechazadas las dos impugnaciones a su candidatura, Alfredo Pérez Rubalcaba es ya el candidato definitivo a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales. Un rival duro para Mariano Rajoy, más que por su valía personal, por su capacidad para retorcer los  hechos, intrigar y preparar las más inverosímiles trifulcas. El PSOE no espera recuperar plenamente la confianza de los ciudadanos españoles con Rubalcaba, aunque nunca se sabe y puede haber un milagro. Con su nominación buscan desesperadamente salvar los muebles, limitando el descalabro electoral que auguran con insistencia todas las encuestas serias.

Que Pérez Rubalcaba no es de fiar y que siempre juega sucio, ha quedado ampliamente demostrado con las maniobras urdidas para apartar de las primarias a cualquier otro competidor atrevido.  Defenestrada Carme Chacón, su rival más peligrosa por el conocido apoyo que recibía de Zapatero, Rubalcaba  cerraba el paso a cualquier otro aspirante, al imponerles la condición de reunir 22.000 avales en un plazo muy pocos días. Surgieron hasta tres héroes, que lo intentaron inútilmente, pero que se vieron obligados a desistir ante la imposibilidad manifiesta de reunir esas firmas en tan escaso periodo de tiempo. A pesar de estos enjuagues interesados para ser candidato único, Rubalcaba nos sigue hablando de primarias y de la ejemplar democracia interna que resplandece en todos los actos del partido socialista.

Acostumbrado a jugar con ventaja, aún después de ser proclamado candidato definitivo por la Comisión  de Garantías Electorales del PSOE, se aferra de manera irregular a los cargos institucionales de ministro del Interior, de portavoz del Gobierno y hasta de vicepresidente primero del Gobierno. Sabe que así rentabiliza mucho mejor su condición de candidato. Lo más normal y razonable es que hubiera dimitido de todas sus responsabilidades en el Ejecutivo, desde el momento mismo en que finalizó el proceso de su designación, como oportunamente hizo en su día Mariano Rajoy, su rival en las próximas elecciones generales.

Está muy claro, a la vista de lo sucedido el 22 de mayo, que el PSOE sigue anclado en su pasado inane y tortuoso y no ha querido hacer ningún tipo de autocrítica. Lo fio todo al “efecto Rubalcaba” para recuperar el favor perdido de los votantes. Pero el esperado “efecto Rubalcaba” se esfumó desde el primer momento, ya que el flamante sucesor de Zapatero no ha sido capaz de proponer medidas coherentes y sugestivas. Acusa a Rajoy de propiciar criticas despiadadas  al Partido Socialista, pero sin aportar medida alguna concreta.  Y cuando el presidente del Partido Popular se soltaba con un paquete  de medidas de austeridad, más o menos concretas y valientes, el todopoderoso vicepresidente las despreciaba y hasta se burlaba de ellas.

El actual ministro de Interior a tiempo parcial busca desesperadamente soltar lastre y desprenderse de su incómodo pasado. Pesa demasiado el asunto de los GAL con sus secuestros y asesinatos, la cal viva, la complicada negociación con ETA que culminó, con el delictivo chivatazo del Bar Faisán, en una clara colaboración con la banda terrorista. Aunque ha sido el instigador de todos los desaguisados cometidos por Zapatero, quiere ahora poner tierra de por medio con el presidente del Gobierno, al que ha manejado desvergonzadamente durante todos estos últimos años. Puesto que ha sido desde la sombra el mentor de Zapatero, es también el auténtico responsable de las políticas nefastas y frecuentemente sectarias, puestas en práctica por el Ejecutivo y que nos han llevado al desastre moral y económico que padecemos.

Desde que el todopoderoso vicepresidente es el candidato oficial a la presidencia, se empeña en hacernos ver que siempre ha guardado una notable distancia con el presidente y con sus colaboradores más directos. Y Rubalcaba escenifica este hecho, conformando su equipo para la próxima contienda electoral, sustituyendo a José Blanco y a Carme Chacón por Elena Valenciano y Jesús Caldera.  Quiere hacernos ver que tiene su propia política y que dispone de la oportuna receta para salir definitivamente de esta crisis. Es lo que ha repetido una y otra vez ante las distintas federaciones del partido socialista: que está a años luz del zapaterismo y que dispone  de las fórmulas precisas para enderezar nuestro azaroso acontecer diario.

Estrenó su candidatura definitiva a las elecciones generales de 2012 en Valladolid, prometiendo solemnemente restaurar el prestigio de la enseñanza, de esa enseñanza a la que tanto daño hizo, en tiempos de Felipe González, al intervenir directa y personalmente en la redacción de tan infaustas leyes como la LOGSE y la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Dice que la educación es la “gran palanca” de la igualdad con la que se pueden mover muchas cosas y se impone una mejora sustancial de la misma. Para conseguirlo, según nos dice, hay que extremar las exigencias en la selección y formación del profesorado. Y no ve otra mejor manera que utilizar el sistema riguroso del MIR para elegir a los médicos mejor preparados.

También presenta batalla por el estado de bienestar social y reclama, sin el más mínimo recato,  la paternidad del mismo para el partido socialista. El estado de bienestar, según Rubalcaba, es una creación del PSOE y, por lo tanto, para preservarlo de los indudables recortes que haría Rajoy, hay que plantarle cara al Partido Popular en las próximas elecciones. Y agrega presuntuosamente que deben ser los socialistas los que introduzcan las modificaciones oportunas, ya que “cuando hay que remozar un edificio lo mejor es que lo haga el arquitecto que lo construyó”. La realidad, sin embargo, es muy distinta. El estado de bienestar, como sistema de protección social, no es un invento socialista, ni mucho menos. Apareció de la mano de un miembro de la Cámara de los Lores, el Barón Keynes de Tilton, empeñado ya en procurar el pleno empleo. Y Keynes no era precisamente un socialista.

Posteriormente se fue perfeccionando este sistema de protección social gracias a la actuación de otros personajes, ninguno de ellos socialista, entre los que encontramos al mismísimo Konrad Adenauer y al británico William Beveridge, Barón  de Tuggal, que realizó una de las primeras formulaciones muy similar a la actual seguridad social. En España, es Eduardo Dato, creador del Ministerio de Trabajo, el que pone la primera piedra del estado de bienestar con su incipiente legislación social. Y por supuesto, Eduardo Dato era conservador. Posteriormente, a mediados de los años 50, y sobre todo a partir de 1964, fue el régimen de Franco el que dio un impulso, casi definitivo, al sistema de protección social. Sistema que se fortaleció aún más, una vez recuperada la democracia, pero no en tiempos de Felipe González, ni actualmente con Zapatero, con quienes el paro ha desbordado todas las estadísticas. El socialismo ha sido históricamente, en España y a nivel mundial, el peor enemigo del estado de bienestar pues, como dice Esperanza Aguirre,  “cuando los socialistas entran por las puertas, los empleos salen por las ventanas”. 

Barrillos de Las Arrimadas, 22 de junio de 2011

José Luis Valladares Fernández

YA TENEMOS CANDIDATO

Como era previsible, Alfredo Pérez Rubalcaba ya es el aspirante oficial a ocupar La Moncloa en las próximas elecciones. En esas primarias sui generis, en las que, siguiendo sus instrucciones, se cerró el paso a los aspirantes atrevidos, exigiéndoles unas condiciones claramente inalcanzables. Se les exigían nada menos que 22.000 avales que debían conseguir en un espacio de tiempo relativamente my corto. No había días en el calendario para recabar ese número tan elevado de firmas. Así que Rubalcaba, el que ahora quiere llamarse Alfredo, sin primarias ni gaitas, saldrá elegido con el 100% de los votos, como suele ser habitual en todas las Democracias Populares que se precien.

Utilizando sus artes maquiavélicas, ya había conseguido previamente que José Luis Rodríguez Zapatero pidiera a su preferida Carme Chacón que renunciara a medirse con él en las primarias. Quería abortar las primarias y ser el candidato único. Y para Rubalcaba, con ese su carácter innato tan tortuoso y laberíntico, manejar a Zapatero era algo sumamente sencillo. Así que la ministra de  Defensa anunció, cobardemente y casi con lágrimas en los ojos, la retirada de su candidatura a la sucesión de Rodríguez Zapatero. La disculpa para tal renuncia fue un tanto peregrina: había peligro de escisión en el PSOE, y para evitarla ella daba un paso atrás para que el partido diera un paso adelante.

Y ahora Rubalcaba quiere lavar su cara y enterrar sus largos años de actividad en las cloacas del Estado; quiere que nos olvidemos del GAL, del 11-M, y pretende hacernos ver que lo del chivatazo a ETA, el conocido caso Faisán, es una simple invención de la derecha reaccionaria. Intenta presentarse ahora como un relevo oportuno y democrático de Zapatero.  Asegura que tiene nuevas ideas y sabe cómo cambiar el PSOE. Da a entender que  él tiene la solución precisa para salir definitivamente de la crisis. Pero todos sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre todo desde que fue aupado a la vicepresidencia primera del Gobierno, manejó a su antojo a un Zapatero desnortado, empeñado en practicar un izquierdismo propio de un adolescente que no ha alcanzado aún la madurez.

Es Alfredo Pérez Rubalcaba quien mueve a su antojo los hilos de este Gobierno a la vez que se ocupa de sacar adelante su candidatura. Rodríguez Zapatero ya no cuenta para nada. Está noqueado y secuestrado, o ha pasado a ser  voluntariamente un simple mandado. Y esto ya no es de ahora. Hace ya mucho tiempo que el todopoderoso vicepresidente se ha hecho con el cotarro. En tiempo de los GAL, aunque pertenecía al núcleo duro del Gobierno, Rubalcaba se movía en un segundo plano. Ahora no, ahora es la cabeza pensante. Todo un Maquiavelo de mente extremadamente retorcida que se ha puesto al frente de la manifestación y que ha diseñado hasta el último detalle de la negociación con ETA. Y aunque ahora nos venga con la cantinela de que sabe cómo sacarnos de esta crisis, podemos acusarle al menos de corresponsable de la pasada congelación de las pensiones, de haber bajado el sueldo a los funcionarios y empleados públicos, de otros muchos recortes sociales y de estar detrás de los cinco millones de ciudadanos españoles que se han quedado sin trabajo.

Queremos que nuestra democracia sea homologable en todo a la francesa, a la inglesa o a la alemana. Y por mucho que busquemos, jamás encontraremos en estos países a nadie formando parte de sus gobiernos a personajes siniestros que hayan estado involucrados en guerras sucias y menos si hay asesinatos de por medio. Pero España siempre ha sido diferente. Y Rubalcaba, actual ministro de Interior, portavoz y todopoderoso vicepresidente, formó parte antaño de un Gobierno que saqueó las arcas públicas, practicó toda clase de golferías, alentó la corrupción policial y judicial y hasta patrocinó algún secuestro sonado y más de un asesinato. Y encima ahora aspira a la presidencia del Gobierno. Si consigue llegar ahí, esperemos que mantengan sus manos más alejadas del gatillo que entonces.

Lo que sí es cierto que no podemos fiarnos de Rubalcaba y su nominación para suceder  a Zapatero, no deja de ser un intento  de volver a la época más truculenta de nuestra democracia. Con Rubalcaba, eso sí, estaremos siempre pendientes de sus manejos, pues cuando menos lo esperas, te organiza uno de sus episodios clásicos como el del 11-M y el subsiguiente asalto a las sedes del Partido Popular. Afirmó entonces, por activa y por pasiva que a los asaltantes no les convocó nadie, acudiendo todos ellos puntualmente de manera espontanea. Y para disimular el embrollo, infringiendo la ley que prohíbe hacer propaganda electoral en la jornada de reflexión,  nos sale con aquello de que “España no se merece un Gobierno que mienta”.

La historia de los asaltantes a las sedes del Partido Popular se repite ahora con los “indignados” del “movimiento 15-M” que han estado ocupando ilegalmente la Puerta del Sol en Madrid y otras plazas en las distintas ciudades españolas. No sé hasta dónde llega la influencia perversa del ministro de Interior en estos grupos que, como aquellos asaltantes, se reúnen y organizan todas sus  algaradas de forma espontanea. Que Rubalcaba está detrás de este movimiento, de una manera u otra, es evidente. Gracias a su intencionada dejación de funciones, esos grupos de “indignados” han podido crear esos espacios ilegales de impunidad. Y esto no hubiera sido posible sin la complacencia de quien, en vez de ejercer de ministro de Interior, actúa intencionadamente como un simple candidato a la presidencia del Gobierno.

Es cierto que estos grupos de supuestos “indignados”  culpan de todos los males al sistema político actual y descargan toda su batería dialéctica contra el capital, contra los banqueros y, cómo no, contra los políticos en general. Pero  las broncas y las algaradas las montan preferentemente contra instituciones y gobiernos regidos por el Partido Popular o contra algunos de sus miembros destacados. Dan la sensación de estar preparando, con todo detalle,  el ambiente que quieren para cuando se celebren las próximas elecciones generales y al que ha de hacer frente continuamente el Partido Popular si, como se espera, llega a gobernar.

Barrillos de Las Arrimadas,  18 de junio de 2011

José Luis Valladares Fernández

LA ACCIÓN POPULAR EN PELIGRO

Parece ser que el Gobierno, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, busca desesperadamente la rehabilitación del juez Baltasar Garzón. Lo necesitan en la Audiencia Nacional, como agua de mayo,  para enjaular definitivamente a ese molesto faisán,  que se les esta yendo de las manos. De ahí que el Ejecutivo, según revela La Gaceta, haya comenzado ya a presionar insistentemente al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, para que, por lo menos, restrinja las funciones de la acción popular. Y de hecho, ya han comenzado los contactos entre los diversos magistrados de este Tribunal, para ver cual es la posición de cada uno de sus miembros.

Es cierto que la acción popular viene  avalada por nuestra Constitución, en su artículo 125, donde se reconoce expresamente el protagonismo del pueblo en cualquier asunto penal. Se trata, ni más ni menos, de una institución procesal que complementa de manera eficaz la acusación pública, y que interviene sin el control preciso del Ministerio Fiscal. Y esto es precisamente lo que más molesta al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero: que pueda actuar al margen de la fiscalía y, encima,  sin necesidad de ser una víctima real del delito. De ahí que recabe los buenos oficios de Pascual Sala para limitar la acción popular para que no pueda en modo alguno acusar y ni solicitar la apertura de juicio oral cuando no haya fiscal o acusador particular.

Tanto la acción popular como el juez de instrucción llevan ya tiempo en el punto de mira del Gobierno. Quiere que ambas instituciones queden reducidas a la más mínima expresión. Y de hecho, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está preparando  Francisco Caamaño, según todos los indicios, va en ese sentido.  Simultáneamente está presionando al Tribunal Constitucional para que limite al máximo el ejercicio de la acción popular, para que el monopolio de la acusación pública quede exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal. No quiere que se repitan casos similares al de Filesa que, por culpa de acusaciones particulares, no fue posible archivar el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal no acusaba.

A nadie se le escapa que, con un recorte de funciones de la acusación popular por parte del Tribunal Constitucional, se allanaría el camino para que Garzón regresara nuevamente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.  Como es lógico, se volvería a hacer cargo de los casos más polémicos, como el del chivatazo del Bar Faisán. Y además, por si esto fuera poco, conseguirían archivar la comprometida querella contra la Hípica Almenara, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Esta querella fue interpuesta por la asociación Ciudadanía Anticorrupción y admitida a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, por  el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo. Se imputa a los administradores de dicha Hípica dos presuntos delitos, uno societario y otro por falseamiento de las cuentas anuales.

Si el Tribunal Constitucional cediera a las insistentes presiones del Ejecutivo y elimina de hecho la acción popular, solamente podrían acusar el Ministerio Fiscal y la llamada acusación particular o parte perjudicada. En consecuencia, la Justicia perdería definitivamente la poca credibilidad que le queda ante los ciudadanos españoles. Es cierto que son Jueces y Magistrados los encargados de impartir justicia, y lo hacen en nombre del Rey, pero no es menos cierto, como indica la Constitución Española, que la justicia emana del pueblo. De ahí que las limitaciones que se adopten,  para que la acción popular no pueda acusar ni solicitar la apertura de juicio oral en contra del criterio del Ministerio Fiscal, sería un timo y una monumental tomadura de pelo al propio pueblo soberano. Sería tanto como reírse de la democracia.

Gijón, 21 de marzo de 2011

José Luis Valladares Fernández