9.-Más cargas fiscales para las familias y las empresas

Todos recordamos la matraca que nos dieron los socialistas, repitiéndonos día y noche que  los impuestos en España eran muy bajos y que, para tener unos servicios públicos de primera como en los países de nuestro entorno, habría que subirlos para que fueran homologables a los del resto de Europa. Esta afirmación era radicalmente falsa,  porque los españoles llevaban ya muchos años soportando una presión fiscal mucho más alta que la mayor parte de los europeos. Pero es  igual. Necesitaban dinero y, para eso,  nada mejor que atracar  una vez más a la clase media, subiendo desconsideradamente sus impuestos.

Pero como se trata de una medida altamente impopular, iniciaron con suficiente antelación ese bombardeo constante de que España cuenta con una base impositiva muy por debajo de los demás países de Europa. De este modo tan singular prepararon el ambiente para realizar esa subida sin trabas y con el menor coste político posible. Cuando llegó la hora de aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, fijaron en un punto la subida del IVA reducido, y en dos puntos el del tipo general. No contentos con esto, eliminaron de un plumazo la deducción de 400 euros del IRPF,  que ellos mismos utilizaron como gancho para ganar las elecciones generales de 2008.

Pero esta subida del IVA y la no deducción de los 400 euros a la hora de realizar la declaración de la renta, sirvió de muy poco al Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. Era tan alto su despilfarro que, en mayo de 2010,  no tuvo más remedio que pedir  otro “esfuerzo extraordinario” a los paganini de siempre y presentar el mayor plan de ajuste social de la democracia: redujo los salarios del sector público un 5% de media en 2010, y los congeló además durante el año 2011; suspende la revalorización de las pensiones en 2011 y reduce considerablemente las ayudas al desarrollo y a la inversión pública estatal.

Llega Mariano Rajoy a La Moncloa y, sin pensárselo dos veces, asume íntegramente las tesis defendidas desde siempre por los que debieran ser sus adversarios políticos, los socialdemócratas que todos conocemos. Olvidándose incomprensiblemente de los enormes sacrificios económicos que ya habían hecho los ciudadanos, decide esquilmarles una vez más con una subida inmediata del IRPF. Este incremento inesperado de la presión fiscal provocó un enorme descontento social generalizado, que prendió incluso entre muchos miembros de su propio partido.

8.-Llevamos un rumbo equivocado

Hasta el propio Mariano Rajoy reconoce abiertamente que esta legislatura acabará, sobre poco más o menos, con 1.300.000 parados más que cuando el Partido Popular ganó las elecciones en noviembre de 2011. Para quitar hierro a tan catastrófica perspectiva, no duda en afirmar que "Estas previsiones pueden frustrar a mucha gente, los anhelos, los deseos, los sentimientos de muchas personas. Pero quiero decirles que el Gobierno sabe lo que hace y pronto empezaremos a crecer". Y añade sin titubear: "El Gobierno sabe adónde va, hay que tener paciencia y ser perseverantes".

Si el presidente del Gobierno está plenamente convencido de que, en esta legislatura, se van a destruir todos esos empleos y mantiene intacta su política de recortes y de subidas de impuestos, es que no sabe adónde va. Y si lo sabe y mantiene tales medidas, a pesar de augurar unos resultados tan catastróficos, es que quiere emular al poderoso conde Lozano, inmortalizado magistralmente por Guillen  de Castro en Las mocedades del Cid. En cierta ocasión, ofuscado por un tremendo arrebato de ira, el arrogante conde propinó una bofetada al anciano padre del Cid, don Diego Laínez. Y el conde, en vez de pedir disculpas para no enfrentarse directamente a don Rodrigo en una pelea a muerte, nos sale con estos versos:

                                     “Esta opinión es honrada:

                                     procure siempre acertarla

                                     el honrado y principal;

                                     pero si la acierta mal,

                                     defendella y no enmendalla”.

Es evidente que Mariano Rajoy ha arriado varias banderas que, durante años, han sido el santo y seña del Partido Popular. En vez de aplicar el programa tradicional de su partido, ha optado inexplicablemente por actuar como si fuera un consumado socialdemócrata. El descontento se fue apoderando, poco a poco, de la masa social que le dio su apoyo. El enfado y la desilusión se están apoderando también de una buena parte de los miembros de su propio partido.

O se cambia de rumbo o el desastre del Partido popular va a ser morrocotudo. Para poner remedio a tiempo, entra en escena José María Aznar, recomendando sin ambages a Mariano Rajoy que enderece el rumbo peligroso de su política y de su Gobierno y aplique su propio programa electoral. No dudó en afirmar que "Hace falta cuidar a las clases medias de este país y bajar los impuestos", y que “ahora” es más “urgente” que nunca emprender una reforma fiscal profunda. Y recordó seguidamente que en 1998 el Partido Popular acometió una reforma fiscal similar a la que hace falta ahora y bajó los impuestos, cosechando un rotundo éxito.

7.-Vuelven los brotes verdes

Faltan solamente seis meses para llegar al ecuador de la legislatura, y Mariano Rajoy no se atreve a gobernar utilizando el programa electoral con el que concurrió a las elecciones y que fue sancionado abrumadoramente por los ciudadanos. Y mientras tanto, siguen pintando bastos para la economía española y sin perspectiva alguna de salir de semejante atolladero. Está empeñado en solucionar el problema con subidas generalizadas de impuestos y aplicando indiscriminadamente todo tipo de recortes sociales y económicos, que es la política que inició José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010.

Y para desgracia nuestra, Rajoy se muestra orgulloso de su manera de actuar. Aunque de un modo muy poco convincente, nos vende optimismo a manos llenas y nos pide insistentemente que tengamos paciencia y que confiemos ciegamente en su política, si es que queremos solucionar tan complicada situación económica. Dice, eso sí, que “lo importante ahora es no perder el rumbo ni bajar la intensidad del cambio”.

Su nuevo plan de reformas, según confiesa, hará el resto para “dejar atrás la recesión económica y darle a la sociedad española fundados motivos para recuperar la esperanza". Y agrega muy ufano que ya "estamos en el umbral de revertir nuestra situación". Es su manera jactanciosa de imitar a Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda del anterior Gobierno, anunciando como ella, faltaría más, la aparición de “brotes verdes”. Mariano Rajoy insiste, cómo no, en que hay que seguir reduciendo el déficit público, que los esfuerzos que ya hemos hecho no son suficientes y que, por lo tanto, tendremos que aceptar nuevos sacrificios.

Entre los principales deberes que nos ha impuesto Bruselas, está  la reducción del déficit, algo estrictamente necesario para conseguir, en un futuro próximo, la estabilidad de nuestras cuentas públicas. Estas exigencias comunitarias obligan al Gobierno a corregir satisfactoriamente los desequilibrios económicos que padecemos desde hace tanto tiempo, pero no le dicen cómo. Le pueden indicar, es cierto, algunas pautas, pero tiene la suficiente autonomía para tomar las decisiones que estime más oportunas. Y el Gobierno de Rajoy ha optado por lo más fácil, aunque la menos efectiva y la más traumática: recortes indiscriminados a los trabajadores públicos y una subida exagerada de los impuestos.

Los Gobiernos suelen despacharse frecuentemente con la falacia envenenada de que pagamos menos impuestos que nadie. Y esto, hasta mayo de 2010, no era nada más que una verdad a medias. Hasta esa fecha, los porcentajes impositivos que soportábamos en España eran sensiblemente inferiores a los de la Unión Europea. Pero el esfuerzo fiscal que soportábamos  con anterioridad a esa fecha, superaba con creces a la media de los ciudadanos de los países comunitarios. Nuestro esfuerzo fiscal, era notablemente más alto que en Alemania, en Inglaterra y en los países escandinavos. Y es que nuestro poder adquisitivo era muy inferior al de los países mencionados.

6.-Sin consumo no hay recuperación

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su triunfo en las elecciones de 2008, una buena parte de la sociedad española estaba plenamente convencida de que había traspasado la puerta,  donde, según Dante,  había un letrero que rezaba así: “¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”. Empezó aquí una legislatura que parecía interminable, en la que Zapatero, emulando al mítico Dédalo, se dedicó preferentemente a construir su laberinto particular. Y condenó a toda la clase media a vagar perdida por sus innumerables pasillos sin más alternativas que ser devorada por el Minotauro de la crisis económica.

Con la convocatoria de elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011, renació nuevamente la esperanza y los ciudadanos se volcaron sin reservas con Mariano Rajoy, creyendo que habían encontrado por fin al Teseo que necesitaban para que se enfrentara y venciera definitivamente a la bestia de la crisis. Todos pensábamos que utilizaría el ovillo de hilo proporcionado por Ariadna para sacarnos de tan terrible laberinto, eliminando gastos absurdos y no imponiendo nuevas cargas fiscales, ni recortes, a quienes ya no daban más de sí.

Pero la euforia duró muy poco. Unos días después de que el nuevo Gobierno se hiciera cargo de la situación, los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, sumieron en la desesperanza y en el desánimo a la mayor parte del electorado. Mariano Rajoy había prometido reiteradamente bajar los impuestos y aplicar el programa que tan buenos resultados dio con José María Aznar. Pero nada más acceder a la Presidencia del Gobierno, cambió inesperadamente de planes, aparcó su propio programa y asumió la política de recortes y subida de impuestos iniciada en mayo de 2010 por Zapatero.

Además de otras muchas medidas, congela el sueldo de los funcionarios e incrementa el horario laboral de los mismos, que pasa de 35 a  37,5 horas semanales. Se crea igualmente un gravamen complementario destinado, al parecer, a la reducción del déficit público. Este inesperado incremento del IRPF fue calificado de temporal, ya que, en principio, se iba a aplicar solamente en los ejercicios de 2012 y 2013. Hoy sabemos que se mantendrá también durante todo el año 2014. Los porcentajes aplicables van del 0,75% para las rentas más bajas, hasta el 7% para las más altas.

5.-La deuda pública asfixia nuestra economía

Sin lugar a dudas, José Luis Rodríguez Zapatero llevó a España al borde de la quiebra económica. Fue un manirroto irresponsable, que dilapidó hasta el dinero que no teníamos.  Menos mal que hoy, afortunadamente, ya no es nada más que una sombra, todo lo siniestra que se quiera, pero una sombra. Podemos acusarle de lo que pasó y de lo mucho que está pasando. Pero sería ilógico acusarle en solitario de lo que puede pasar de aquí en adelante. La responsabilidad de lo que pueda acontecer a partir de ahora corresponde principalmente a Mariano Rajoy y a su Gobierno.

Es cierto que fue Zapatero el que, con su nefasta y desdichada gestión, destruyó  nuestra economía, colocándola irremediablemente al borde de la quiebra. La situación llegó a ser tan complicada e insostenible, que no tuvo más remedio que acortar en unos meses la inacabable legislatura y convocar nuevas elecciones para el 20 de noviembre. En estos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba sustituyó al ya más que amortizado Rodríguez Zapatero, para disputar a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno.

Los resultados obtenidos por ambos contendientes confirmaron ampliamente lo que auguraban todas las encuestas de aquella época. Los ciudadanos optaron abrumadoramente por Mariano Rajoy, dejando a Rubalcaba en una situación harto complicada. El candidato del Partido popular, que era Rajoy, consiguió casi 11 millones de votos, logrando 186 diputados, tres más que José María Aznar en el año 2000, mientras que Rubalcaba, que representaba al PSOE, tuvo que conformarse con 110 diputados y casi cuatro millones de votos menos que el Partido popular.

Y es que los electores no olvidaron que Rubalcaba había sido vicepresidente primero del Gobierno socialista y estaban convencidos de que era tan responsable como el mismo Zapatero del catastrófico hundimiento de nuestra economía. Intuían, además, que se trataba de un personaje demasiado visto, perteneciente a otra época e incapaz ya hasta de conspirar en la sombra. Mariano Rajoy, en cambio, se presentaba a las elecciones con un  programa ilusionante, sobradamente contrastado, y que dio tan magníficos resultados cuando fue aplicado por José María Aznar en su etapa como presidente del Gobierno español. Y es normal que los ciudadanos, tras el fracaso rotundo del zapaterismo, apostaran masivamente por Rajoy y por el Partido Popular.

Pero Mariano Rajoy fue incapaz de mantener intacto el entusiasmo y la ilusión inicial de su electorado. Le faltó tiempo para archivar su propio programa electoral, para continuar inesperadamente con la política de recortes y subidas de impuestos, iniciada por Zapatero en mayo de 2010. Siete días después de asumir el cargo, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el Gobierno de Rajoy nos sorprende a todos, al hacer exactamente lo contrario de lo que se nos había prometido. Tanto el presidente como los demás miembros del Gobierno dijeron infinidad de veces que, si ganaban las elecciones, bajarían los impuestos y, ese día, se apresuran a hacer  todo lo contrario.

3.-De la euforia a la desilusión más absoluta

La euforia desatada por la extraordinaria mayoría absoluta conseguida en la jornada electoral del 20 de noviembre de 2011 por el Partido Popular, duró poco más de un mes. Se desvaneció prácticamente el 30 de diciembre, con la celebración del segundo  Consejo de Ministros. El primero tuvo lugar siete días antes, el  23 del mismo mes, unas horas después de jurar sus cargos ante el rey Juan Carlos I. Pero aquí no pasó nada porque no fue más que un Consejo de Ministros puramente protocolario, destinado más bien  al nombramiento de cargos oficiales.

Fue mayúscula la decepción que se llevaros los electores cuando conocieron los distintos acuerdos adoptados en el Consejo de ministros del 30 de diciembre de 2011. Estaban enormemente ilusionados con el programa electoral del Partido popular y esperaban que Mariano Rajoy pidiera cuentas ese mismo día a José Luis Rodríguez Zapatero y a su equipo ministerial por su manera de afrontar la crisis económica. Pero no fue así. En vez  de exigir al menos responsabilidades políticas por el desastre económico que provocaron, se dedicó inesperadamente a premiar su labor, como si hubieran prestado a la comunidad nacional algún servicio admirable y meritorio.

En dicho Consejo de Ministros, el nuevo Ejecutivo de Rajoy decide condecorar a todos los miembros del Gobierno saliente. Al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se le concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica, como si hubiera hecho algo positivo y relevante en beneficio de España y sus gentes. Al ex vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, le otorga  la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Los demás miembros del Gobierno fueron agraciados con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

En este Consejo de Ministros, además de condecorar inmerecidamente a los miembros del Gobierno anterior, Mariano Rajoy se olvida de una de sus promesas más solemnes de toda la campaña electoral pasada: la de no subir impuestos si ganaba las elecciones. Pero incumple su palabra y, cuando nadie lo esperaba,  nos sorprende con una subida del IRPF entre el 0,75% para las rentas más bajas y el 7% para las más altas. Entre ambos porcentajes, hay varios valores intermedios, de acuerdo siempre con el total de los ingresos. Y por si fuera esto poco, penaliza también el ahorro con un 2%, un 4% o un 6%, dependiendo, claro está, del volumen del ahorro. Tampoco se libra de la quema la contribución urbana que se incrementa en un 4%, un 6% o un 10%, de acuerdo con la fecha de su revisión catastral.

 Será verdad que se trata de un incremento fiscal extraordinario y con fecha de caducidad, como dicen ya que se aplicará exclusivamente durante los ejercicios 2012 y 2013. Hoy sabemos que se ha ampliado su vigencia también para el año 2014. Pero esta incomprensible decisión del nuevo Gobierno, además de enfadar a una inmensa mayoría de ciudadanos, limitó considerablemente el poder adquisitivo de las familias españolas y desestabilizó gravemente sus presupuestos. El mismo Mariano Rajoy reconoció, unos días más tarde, que fue una medida extremadamente “dura y dolorosa”, pero que no había tenido otra opción. Dice que estas subidas, no perjudican, en absoluto, ni pone en peligro el estado de bienestar. Se trata más bien de protegerlo, ya que según sus palabras, “para mantenerlo, se necesitan dinero, crecimiento económico y empleo”.

2.- Necesitamos cambiar de rumbo

Los líderes carismáticos, capaces de arrastrar muchedumbres sin apenas esfuerzo, tienen que nacer, como los poetas o los pintores y después cultivar adecuadamente esos dones innatos. Si carece del imprescindible atractivo personal y el  necesario don de gentes, por mucho que lo intente, será incapaz de atraer y fascinar a las multitudes. Es cierto que las masas o  muchedumbres, tienen en su ADN vocación de rebaño.  Pero aún así,  los líderes prefabricados, los de diseño, no llegarán jamás a seducirlas ni a sacar lo bueno que pueda haber en ellas.

Y este es precisamente el caso de Mariano Rajoy. La naturaleza no fue muy generosa con él, ya que no le dio mucho don de gentes  ni demasiado atractivo personal. Así que, si no se produce algún hecho extraordinario que le ayude a sacudir las conciencias, será incapaz de persuadir y arrastrar a las masas. Es ni más ni menos  lo que le pasó en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Los votantes le dieron la espalda y siguieron apoyando a José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar  de su impericia e incompetencia.

Fue el 11M lo que llevó a Zapatero en 2004 a La Moncloa. Y desde que llegó, se dedicó metódicamente a arrasar todas las instituciones básicas de la sociedad española. Le molestaban de manera muy especial las creencias tradicionales y los valores morales típicos de la cultura occidental,  por lo que intentó sustituirlos por otros más acordes con una izquierda laicista y descreída. Trató de reescribir la historia a su antojo, enfrentando a unos españoles contra otros con su arbitraria Ley de Memoria Histórica. Destrozó a sabiendas la unidad de España alineándose con grupos radicales y separatistas a cambio de ayuda para imponer su propio proyecto cultural. Y a pesar de todo esto, en las elecciones de 2008, los ciudadanos dieron la espalda a Rajoy y volvieron a apoyar a Zapatero, nefasto Poseidón que se empañaba  en borrar hasta el último vestigio de nuestra cultura ancestral.

Las cosas cambiaron radicalmente en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Rodríguez Zapatero, con sus ocurrencias e improvisaciones, llevó a España al borde de la quiebra, destrozó totalmente el tejido empresarial, con lo que el paro alcanzó cifras realmente alarmantes. Ante tal desastre social y económico, los ciudadanos salieron de su letargo y se volcaron de manera masiva con Rajoy, dándole esa mayoría absoluta tan extraordinaria.

Pero no fue ni el carisma de Mariano Rajoy, ni su simpatía personal lo que arrastró a tanta gente en esas elecciones. Esos comicios no los ganó Rajoy, los perdió el propio Zapatero. Su mala gestión de la crisis económica  fue determinante en tan catastrófico resultado. Empezó negando tozudamente la existencia de esa crisis y, en consecuencia, no hizo nada por prevenirla y para paliar sus efectos. Si se hubiera enfrentado a ella con medidas y reformas estructurales precisas, cortando de paso tanto derroche innecesario de dinero público, Rajoy no habría tenido opción alguna.

La gestión tan descabellada que hizo Zapatero de la crisis económica, tuvo consecuencias funestas para él y hasta para su partido. Los enfrentamientos parlamentarios con Rajoy hicieron el resto.  Los reproches y las contestaciones inapelables del jefe de la oposición sintonizaban perfectamente con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Cada vez que venía a cuento, Rajoy le echaba en cara, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, su prolongado empecinamiento en negar la crisis ya que, con su inacción, no hacía nada más que generar desconfianza en los mercados financieros, ahuyentando las inversiones extranjeras y generando más paro.

A partir de mayo de 2010, Mariano Rajoy  parecía ya un comisionado de la mayor parte de los ciudadanos y, como tal, aprovechaba las sesiones de control al Gobierno de cada miércoles para criticar duramente los recortes exagerados de Zapatero. Sus contundentes frases por la subida del IVA, la congelación de las pensiones y la reducción  del salario de los funcionarios, parecían dictadas directamente por los perjudicados con esas medidas.

El 12 de mayo de 2010, compareció Zapatero ante el Congreso para dar cuenta de estos recortes tan extremadamente duros e insolidarios. No encontró otra manera mejor de reducir el déficit público. La contestación de Rajoy no pudo ser más precisa: "Reducción del déficit sí, pero no así, no haciéndolo recaer sobre los más indefensos". Y agregó que este lote de recortes es "profundamente injusto", "ineficaz", y que "hace que los errores cometidos por el Gobierno y por su presidente lo paguen pensionistas y funcionarios públicos que no tienen la culpa". Y además, "ni sirve para que la economía crezca, ni sirve para crear empleo".

Con la subida del IVA, el entonces jefe de la oposición fue muy claro, y la calificó de "insolidaria, injusta, contraproducente y además ineficaz". Rajoy no se mordió la lengua y llegó a decir de tan injustificado incremento del IVA que era  “el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas”. Lo culpó directamente de llevar a cabo "el mayor recorte de derechos sociales en la historia de la democracia", terminando con esta acusación: "Es usted el presidente que más ha empobrecido a los españoles y el que ha hecho más recortes que nunca".

A estas alturas de la fiesta, la mayor parte de los ciudadanos españoles, ya se habían dado cuenta del tremendo desastre originado por un presidente del Gobierno inepto y, sin lugar a dudas, tremendamente perverso y malvado. Como si fuera el caballo de Atila, destrozó completamente todo lo que tocaba, como la economía, la unidad de España y la igualdad entre los españoles. Al comprobar que estábamos  hundiéndonos en la ruina más absoluta, la gente comenzó a tener en cuenta lo que proclamaba continuamente Mariano Rajoy y comenzaron a ver en él su única tabla de salvación.

Al comparar lo que había hecho Zapatero y lo que predicaba Rajoy,  fueron muchos los ciudadanos que llegaron a la conclusión de que se habían equivocado gravemente en las elecciones generales de 2008 al decidirse por José Luis Rodríguez Zapatero. Y querían poner remedio lo más rápidamente  posible a tan funesta situación por la que estábamos pagando un  precio exageradamente alto. De ahí ese deseo prácticamente unánime de que Zapatero decretara el fin de esa legislatura y convocara nuevas elecciones.

Aunque demasiado tarde, y después de causar un tremendo daño, sobre todo a las clases medias, Zapatero disuelve las cortes y convoca elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011. Augurando un tremendo fracaso, se mantiene al margen y es Alfredo Pérez Rubalcaba,  su antiguo todopoderoso ex vicepresidente del Gobierno, el que le sustituye en esa contienda electoral. Y en los primeros compases de la precampaña y campaña electoral, Mariano Rajoy mantuvo el alentador discurso de sus enfrentamientos dialécticos con Zapatero.

Despertó un interés muy especial su duelo con Rubalcaba en el debate electoral del 7 de noviembre de 2011. Sus afirmaciones de ese día no defraudaron, fueron todas especialmente contundentes y esperanzadoras y en línea con las propuestas de su programa electoral. Concordaban además con lo que siempre ha predicado la derecha tradicional española y con lo que esperaban todos aquellos que vienen de vuelta, o se han vacunado a tiempo contra el zapaterismo.

Ambos contendientes se enzarzaron en un combate dialéctico sobre la mejor manera de afrontar los principales problemas que nos afectan y que preocupan hondamente  a todos los colectivos y la mejor manera de solucionarlos. Salió a relucir en tan interesante cara a cara el paro, el déficit,  la deuda pública, las prestaciones por desempleo y la alarmante pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones. Y también, cómo no, el estado de bienestar y la burbuja inmobiliaria. Para Mariano Rajoy, era el Gobierno el verdadero responsable de la gravedad de la situación económica por incuria o por ignorancia, o por ambas cosas a la vez.

Comienza señalando Rajoy que, en el año 2007, Alemania, Francia y España tenían la misma tasa de desempleo, un 8,2%. La evolución del paro desde 2007 hasta noviembre de 2008, en estos tres países es radicalmente distinta, aunque los tres soportaron exactamente la misma crisis económica. Mientras que Alemania lograba reducir su tasa de desempleo al 5,2%, Francia la elevaba hasta el 9,8%, un 1,6% más que en 2007. España, sin embargo, rompe todas las expectativas y nos vamos hasta un preocupante 22% de paro. Aumentamos la tasa de desempleo nada menos que un 14%. Esto indica claramente que ha tenido que haber algo más que una crisis internacional, y ese algo no puede ser más que la deficiente actuación del Gobierno.

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusaba insistentemente a Rajoy de moverse en una “ambigüedad calculada” para no desvelar  su programa, y le pedía una y otra vez que explicara detalladamente las medidas que pensaba tomar. La contestación de Mariano Rajoy fue inmediata y sumamente concluyente: “Usted me atribuye intenciones y programas ocultos.  Permítame que le diga que lo que yo voy a hacer lo diga yo. Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Pero yo no soy como usted, yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”.

Y Mariano Rajoy continuó desgranando pausada y pormenorizadamente todo lo que tenía que cambiar en España para salir de la crisis y volver a crear empleo. Urge, ante todo, recuperar nuevamente la credibilidad que hemos perdido. Y para eso, hace falta “Primero, un cambio político. En segundo lugar, un gobierno competente. Es decir, con ministros que sepan de lo que hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. En tercer lugar, decir la verdad y hacer un buen diagnóstico. Y en cuarto lugar, un plan. Hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones, un plan”.

Nada que objetar a estos planteamientos de Mariano Rajoy, ya que las medidas que aquí propone, las aplicó José María Aznar en 1996 y obtuvo con ellas un resultado excelente. Hoy, quizás se necesite algo más, haría falta racionalizar y adelgazar  convenientemente  nuestra desmesurada Administración. Y si bajamos impuestos y no gastamos más de lo que en realidad se recauda, que es lo que propone aquí Rajoy, la recuperación económica está servida. Y los ciudadanos así lo entendieron y respondieron entusiásticamente con sus votos, dando así lugar a esa extraordinaria mayoría absoluta, la mayor de nuestra historia democrática.

José Luis Valladares Fernández

1.- Del engaño a la crisis económica

En España, desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió la Presidencia del Gobierno, comenzamos todos a vivir opulentamente, gastando dinero sin control alguno. Nos comportábamos como si nos sobrara el dinero, comprando a lo loco hasta el más absurdo de los antojos. Y entre tanto, el Gobierno de Zapatero disfrutaba repartiendo dinero a manos llenas. Entre los agraciados estaban los sindicatos, los titiriteros, los colectivos de gais y lesbianas nacionales y extranjeros y las más insospechadas ONGs. También participaban de este generoso reparto los distintos tiranos que aún hoy siguen esclavizando a sus pueblos en cualquier parte del mundo. Entre los agraciados, tenemos a los Hnos. Castro, Hugo Chávez y Evo Morales y, cómo no,  hasta el Sultán de  Marruecos. Y es que, tanto Zapatero como los que le rodeaban, pensaban que el dinero de la caja pública era inagotable.

Sin que nadie lo esperara, y menos en España, se produce una galopante pérdida  de liquidez en el sistema bancario estadounidense. Todo un cataclismo económico, el más grave desde el ‘crack’ del 29, conocido también con el nombre ‘La Gran Depresión’. El resultado inmediato, como entonces, fue devastador y propició inevitablemente la quiebra de más de medio centenar de bancos y varias entidades financieras. Ni la reacción inmediata del Gobierno de Estados Unidos, inyectando cientos de miles de millones de dólares, fue capaz de evitar su bancarrota.

Entre las entidades financieras involucradas están, entre otras,  los bancos de inversiones Lehman Brothers y Bear Stearns,  la aseguradora AIG y las dos mayores entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Una de las unidades del  banco de inversiones Lehman Brothers estaba especializada  en la concesión de créditos a clientes con muy poca solvencia y el exceso de hipotecas basura le llevó irremediablemente a declararse en quiebra el 15 de septiembre de 2008. El Gobierno de Estados Unidos se mantuvo al margen y no acudió en su ayuda. Sí acudió, en cambio, en auxilio del Bear Stearns, cuando se desplomaron sus acciones en la Bolsa de Nueva York, evitando así que su colapso afectase a otras instituciones.

Otro tanto pasó con la American International Group (AIG), líder mundial de seguros y servicios financieros. La aseguradora AIG había apostado fuertemente por las hipotecas de alto riesgo, las famosas ‘subprime’, lo que supuso una enorme pérdida millonaria.  Otro tanto le ocurrió con los seguros que hacía a sus clientes, para prevenir los posibles riesgos de quiebra de las empresas en las que hubieran invertido sus dineros. La marcha de la economía fue determinante para que esta entidad perdiera el 92% de su valor en bolsa y no pudiera hacer frente a las pérdidas acumuladas, bastante más de los 18.000 millones de dólares. Para evitar que la quiebra de AIG arrastrara fatalmente a todo el sistema financiero mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos se hizo con el 80% de sus activos.

LA AMENAZA DEL SEPARATISMO CATALÁN

La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V decide suprimir el autogobierno de Cataluña

Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV,  provoca que los reinos de Aragón, de Valencia y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia  y de Aragón en 1707 y los del Principado de Cataluña ocho años más tarde. 

Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887, cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y político  el primero que acuñó ese término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional; Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.

La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa. Fue secretario de la Asamblea constitutiva   de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa,  en las que se exigía, entre otras cosas,  la restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y el reconocimiento de la oficialidad  del catalán como única lengua propia  del país. Dentro de Unió Catalanista, desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba,  a la constitución de un Estado catalán federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente ese movimiento independentista.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes.

Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el  Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta entonces de la Generalidad. Las autoridades  de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.

Con la restauración democrática, Cataluña recupera el autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad, comenzó a  rodar y a crecer nuevamente la bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que  no hilaron muy fino los padres de la Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a la vista está, que  siempre quieren ir más allá.

Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez,  Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran  y se animaran a plantear reivindicaciones nuevas,   reivindicaciones cada vez más atrevidas y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas  ventajas políticas.

Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas cumplir,  se ponen voluntariamente de perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan  a la inmersión lingüística. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras que haya”.

Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible, añade seguidamente:  "Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones".

A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum popular con el consentimiento del Gobierno central  o sin él. Sabe perfectamente que carece de competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual. Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del resto de España.

Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales. La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias.  Pero Zapatero, para congraciarse con el nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.

No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura".

La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente: ‘El tsunami de Barcelona’. Los separatistas de esta región española están ahora tremendamente  exultantes y venden descaradamente que Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que, al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de Europa,  como rezaba el lema de la manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Espero que los Gobiernos,  que se dedicaron a repartir alegremente competencias,  se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde, de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente debieran recapacitar y proceder inmediatamente  a posibilitar la recuperación de  las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.

En Cataluña tenemos hoy  millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han enseñado  a despreciar la cultura de sus suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se construye a base de astucia y maledicencia.

Gijón, 28 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

DONDE DIJE DIGO, DIGO...

Éramos muchos los que seguíamos de cerca, y con gran entusiasmo, las intervenciones de Mariano Rajoy cuando era jefe de la oposición. Despertaron especial interés las realizadas en vísperas de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y cuanto dijo en su enfrentamiento dialéctico con Alfredo Pérez Rubalcaba, en el debate electoral televisado. Sus afirmaciones eran especialmente contundentes y esperanzadoras. Coincidían además perfectamente con las directrices que ha marcado siempre la derecha tradicional española y con lo que esperaban todos aquellos que se han vacunado a tiempo contra el zapaterismo.

Es evidente que las promesas electorales de Mariano Rajoy entusiasmaron gratamente a los ciudadanos con derecho a voto. De ahí esa magnífica mayoría absoluta obtenida en las elecciones, la mayor de toda nuestra historia democrática. El desastre electoral del PSOE estaba más que cantado, aunque nadie esperaba que éste fuera tan contundente. Los despropósitos cometidos por José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, fueron de tal envergadura y tan sectarios que, hasta votantes tradicionales de izquierdas, optaron esta vez por dar su voto al Partido Popular.

Los ciudadanos con derecho  a voto tenían, es cierto, la opción del antaño todopoderoso ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero Rubalcaba, elegido a dedo para sustituir a Zapatero, decepcionó en sus mítines preelectorales, demostrando ampliamente su enorme falta de carisma. Hasta le falló la fama de hábil enredador que le atribuían sus adeptos, no sé si por miedo o por servilismo. Su discurso, retrógrado y arcaico, carecía de gancho y no ilusionaba a su audiencia. Como dijo en Mérida el 16 de julio de 2011, quería desarrollar un proyecto político en el que se reconocieran los socialistas de hace 100 años, de modo que, si levantaran la cabeza, exclamaran inmediatamente: “¡Estos son los míos”. Es un hecho que Rubalcaba ha sido uno de los máximos responsables de los enormes desaguisados cometidos por el Gobierno anterior y esto pesaba mucho en los ambientes sociales.

Tampoco Mariano Rajoy es un líder carismático que entusiasme fácilmente a la muchedumbre que le escucha. Pero los ciudadanos eran conscientes de que, para dar carpetazo a la ya prolongada crisis económica, era menester cambiar radicalmente de política. Y era de esperar que las medidas propuestas por Mariano Rajoy, que coinciden exactamente con las aplicadas por José María Aznar en 1996, den tan buenos resultados como entonces. Se trata básicamente de bajar impuestos y, ante todo,  no gastar nunca más de lo que se recaude.

Llegaron las elecciones y la gente acudió a las urnas, aprobando masiva e ilusionadamente el programa electoral del Partido Popular. Una vez consumada la humillante derrota de los socialistas, comenzó a crecer la euforia y se pedía insistentemente el adelanto inmediato del traspaso de poderes. Los plazos previstos para el cambio de Gobierno se hacían excesivamente largos. Era tan grave la situación económica, que no se quería perder tiempo en formalidades absurdas.

Llegó por fin la investidura formal de Mariano Rajoy y, poco tiempo después, aparece la desilusión. Desde el primer momento, el nuevo presidente  comienza a dar muestras evidentes de indecisión, mostrándose sumamente remiso para poner en marcha las medidas que llevaba en su propio programa electoral. Todo eran dilaciones, hasta que un día se descorcha inesperadamente con el increíble anuncio de una subida temporal del IRPF. Buscaba afanosamente una manera fácil y rápida de recaudar dinero a costa, como siempre, de los que menos tienen. Un auténtico hachazo al salario de las familias y a los que, a base de privaciones, han conseguido juntar unos pocos ahorros.

Es cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero provocó este desastre económico y lo ocultó intencionadamente utilizando contabilidades amañadas y propalando desvergonzadamente medias verdades y, cómo no, auténticas mentiras. Según Elena Salgado,  al final de la legislatura, el déficit público estaría en el 6% acordado. Las cuentas demostrarían posteriormente que había un desfase de más de 2 puntos, y Mariano Rajoy aprovecha esta circunstancia para disimular el impacto del incumplimiento flagrante de una de sus promesas estrellas: no subir los impuestos. Dice que fue engañado y que, al constatar la cruda realidad, no le quedó más remedio que romper su compromiso anterior. Y está muy claro que solamente un ingenuo podía dar crédito a lo que dijeran o dejaran de decir Zapatero y sus ministros. Y Mariano Rajoy no es precisamente un ingenuo. Era público y notorio que estábamos ante una auténtica catástrofe económica con un Gobierno endeudado  hasta las cejas y sin un ochavo en la caja “para atender los servicios públicos”.

Es entonces cuando el nuevo Gobierno hace el fabuloso descubrimiento de que, para ahorrar dinero no hace falta reducir gastos. Esto también se logra, al parecer, aplicando recortes y subiendo impuestos. De ahí que se apresten a ahorrar 11.254 millones de euros, recortando 7.267 millones en Sanidad y otros 3.987 millones en Educación. Aunque los gastos corrientes sean extremadamente desmesurados, se les hace frente con más recortes y con nuevas cargas fiscales. Pero como las Comunidades Autonómicas son un pozo sin fondo, todos estos supuestos “ahorros”  resultan inútiles y no dan ni para hacer boca.

Como no se quiere cambiar el rumbo y se empeñan en mantener a ultranza el despropósito de tan gigantesco Estado, todo el dinero que se pueda recaudar es poco. De ahí ese nuevo ajuste, el más duro de la democracia que, ante todo, perjudicará de manera desproporcionada a los más desfavorecidos, a los que tienen que hacer malabarismos para llegar a final de mes. Resulta paradójico e irritante  que, en circunstancias tan críticas, nos diga Montoro que el proyecto del Partido Popular se basa en reducir impuestos. La realidad es muy diferente. Y con esta subida del IVA  y la inoportuna supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, el Gobierno ha causado  un enorme roto a los que menos culpa tienen.

De nada nos vale esta confesión sincera de Mariano Rajoy: "Estoy haciendo lo que no me gusta, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración". Estamos ante un ajuste extremadamente duro, tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos. Lo que consiguen con esto es multiplicar escandalosamente  el número de pobres circunstanciales, obligando a muchos ciudadanos a dejar sus posiciones actuales más o menos desahogadas para pasar a integrar el grupo de los menesterosos. Es demencial que, con unos  ingresos muy por debajo de la media europea, estemos entre los que tienen que soportar más impuestos a la renta y al ahorro. Y ahora, para nuestra desgracia, también al consumo.  Desde el 1 de septiembre, nuestros tipos de IVA superaran incluso a los de Alemania y Francia.

Y todos estos esfuerzos extraordinarios que se nos imponen tan caprichosamente, van a resultar perfectamente inútiles al soslayar voluntariamente el auténtico problema, que no es otro que el modelo de Estado. El Estado autonómico, además de ineficiente, es extremadamente caro y, por lo tanto inviable. Aguantamos el tipo, mientras los enjuagues de la burbuja inmobiliaria proporcionaban dinero fácil para cubrir los gastos faraónicos de los barones autonómicos y sus secuaces. Y el bolsillo de los contribuyentes, que ha sido sistemáticamente esquilmado por los poderes públicos, ya no da más de sí. De seguir así, nuestro porvenir no es nada halagüeño, ya que únicamente se nos ofrece una recesión continuada y sin precedentes.

Si Mariano Rajoy, al asumir la presidencia del Gobierno, convoca un referéndum para decidir sobre nuestro absurdo sistema autonómico, hubiera solucionado el problema y, a estas alturas, desde la tribuna del Parlamento, podría repetir aquella frase famosa “Veni, vidi, vici”, utilizada por Julio Cesar para comunicar al Senado romano su victoria en el Ponto y su dominio completo de Oriente. Pero le sobraron complejos y le faltó arrojo para abordar este problema. Y en consecuencia, seguimos ahí con esos dichosos 17 reinos de taifas y con toda la enorme parafernalia de virreyes, diputados autonómicos y demás congéneres, llevándonos directamente a la ruina más absoluta.

Durante sus dos interminables legislaturas, José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que el  mítico Dédalo, construyó un inmenso laberinto donde confinó a toda la clase media, condenándola a vagar perdida por sus innumerables pasillos, sin más alternativas que ser devorada por el Minotauro de la crisis económica. Llegó el 20 de noviembre de 2011 y, a la vista de los resultados, todos pensábamos que el calvario de los más modestos tenía ya los días contados, que Mariano Rajoy vencería definitivamente a la bestia de la crisis. Pero todo fue un lamentable espejismo. Tenemos que seguir esperando hasta que, por fin,  aparezca Teseo, se enfrente decididamente a la bestia y la venza. Y al final, nos saque de tan terrible laberinto comenzando a ahorrar como hay que ahorrar: eliminando gastos absurdos y no imponiendo nuevas cargas y más recortes a quienes ya no dan más de sí.

Barrillos de Las Arrimadas, 4 de agosto

José Luis Valladares Fernández

DEL ENGAÑO A LA CRISIS

La actual crisis económica se inició en los Estados Unidos en agosto de 2007. Su comienzo viene marcado por la pérdida de liquidez del sistema bancario estadounidense que llevó a más de medio centenar de bancos y a diversas entidades financieras a la quiebra. Y eso que el Gobierno norteamericano reaccionó inmediatamente y trató de evitar la bancarrota  de las mismas inyectando cientos de miles de millones de dólares. Entre las entidades financieras involucradas están el banco de inversiones Lehman Brothers y la aseguradora AIG.

Todo este proceso sirvió para colapsar la poderosa economía americana. La situación se hizo cada vez más grave,  ocasionando la pérdida de muchos empleos,  provocando lamentablemente la caída de los valores bursátiles y destruyendo la capacidad de consumo y de ahorro de la población. No tardó  mucho esta crisis económica en dar el salto a otros países, expandiéndose rápidamente por toda Europa. Y afectó principalmente a los países más ricos, a los más desarrollados, ocasionando en ellos grandes perjuicios económicos. Y España no fue precisamente una excepción.

El país europeo que primero entró en recesión, fue Dinamarca. El pueblo danés, después de tener  los salarios más altos del mundo y  la tasa de desempleo más baja, cayó en la recesión en el primer trimestre de 2008. En dicho trimestre su PIB sufrió una contracción del -0,6% y un -0,2% en el cuarto trimestre de 2007. Ya en el segundo trimestre de 2008, la economía de la eurozona se contrae un -0,2%, destacando la contracción del -0,5% de Alemania y del -0,3% de Francia. Curiosamente en ese periodo España evita la recesión y sigue creciendo aunque muy débilmente, un +0,1% testimonial.

Algo tendría que ver el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el comportamiento de la crisis financiera en España, siendo así  que, sin estar en la “Champions League de la economía", estábamos mejor preparados que otros países para hacerla frente. Tardó efectivamente en afectarnos más que a nadie, no entrando España en recesión hasta el cuarto trimestre de 2008. Pero cuando empezó a afectarnos, lo hizo desbocadamente y no hubo manera de poner freno a la misma. En el tercer trimestre de 2008, la economía española registró una caída del -0,3%, bastante moderada aún, yéndose en el cuarto trimestre al -1,1%.

Los efectos de la crisis económica han tenido un fuerte impacto en el sector de la construcción. Durante el año 2008, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la posterior caída de las ventas, fueron muchas las empresas dedicadas a la construcción que se vieron obligadas a presentar suspensión de pagos, algunas tan importantes como Martinsa-Fadesa, con un pasivo  de más de 4.000 millones de euros. Aparte  de las inmobiliarias, hay otras muchas empresas de todo el arco productivo que, por causa de la crisis, tuvieron que cerrar ya en 2008, o se vieron obligadas  a presentar el correspondiente expediente de regulación de empleo, lo que derivó desgraciadamente  en un crecimiento desmesurado de la destrucción de puestos de trabajo.

Se discute incesantemente sobre los motivos de que el paro haya aumentado mucho más en España que en el resto de los países de nuestro entorno. Las conclusiones son muy variadas. Hay quien lo achaca a un crecimiento considerable  de la población activa y otros culpan del desaguisado a la indiscutible rigidez laboral. Pero la mayoría lo atribuye, sin más, a la propia crisis mundial, y olvidan intencionadamente que los demás países también padecieron esa misma crisis y, sin embargo, supieron mantener el desempleo dentro de unos márgenes mucho más racionales. Lo que indica que nuestro Gobierno no supo afrontar correctamente esa crisis y lo hizo tarde, mal y nunca.

La crisis económica afectó más intensamente a España que a los demás países de la Unión Europea porque Zapatero y su Gobierno la  gestionaron muy mal. Comenzaron negándola torpemente, cuando ya estaba haciendo verdaderos estragos en nuestra economía. Y en consecuencia, y para nuestra desgracia, no tomaron medida alguna para minimizarla y mantener a raya los perversos efectos de la misma. Y posteriormente, cuando ya era imposible negar la realidad de nuestra situación crítica, esperaban que llovieran del cielo las soluciones. Y las pocas medidas que tomaron, o eran insuficientes o llegaron demasiado tarde.

Al descontrol presupuestario más absoluto del Gobierno de Zapatero, hay que unir su despilfarro habitual y el de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, gastando entre todos, un año sí y otro también, bastante más de lo que se ingresaba, dando así lugar a que se disparara enormemente la deuda pública. A pesar de la magnífica herencia económica que recibió Rodríguez Zapatero de Aznar,  ya en 2007 la deuda de España era del 36,2% del PIB. Y cinco años más tarde, al finalizar 2011, nuestra deuda llega al 68,5% del PIB, alejándose notablemente  del 60% de endeudamiento máximo que permite la UE a los países que la integran.

Nuestra situación económica comenzó  a ser extremadamente preocupante e insostenible. Si además agregamos la deuda implícita contabilizando los compromisos financieros presentes y futuros, asumidos por el Gobierno central y los autonómicos, el problema adquiere tintes verdaderamente dramáticos. Y en vez de intentar buscar soluciones apropiadas, se dedicaron a camuflar y a encubrir datos, alterando las cifras definitivas y reales de las cuentas. Y de este modo engañaron miserablemente a Bruselas y a los españoles. Dijeron que habían logrado cerrar  2011 con  el déficit acordado del 6%, cuando en realidad ese déficit alcanzó el 8,51%. Si traducimos este porcentaje, vemos que se trata de algo más de 93.000 millones de euros. Que es tanto como decir que quemaron casi 30.000 millones de euros más de lo que dijeron.

La credibilidad de Zapatero y de todo su Gobierno hacía tiempo ya que había saltado por los aires como consecuencia de sus desvaríos irresponsables y de su intolerable insensatez. Los mercados financieros dejaron de confiar en nosotros y estuvimos a punto de tener que declararnos en quiebra. Se disparó peligrosamente la prima de riesgo y cayó bajo mínimos la bolsa. El resultado de esa desconfianza se traduce en un sobreprecio del dinero que nos prestan con el consiguiente riesgo de que se desestabilicen nuestras finanzas públicas. A comienzos del año 2010, por ejemplo, apenas si pagábamos un 0,5% más que el tesoro alemán por los bonos a 10 años. Nuestra prima de riesgo estaba en los 50 puntos básicos. La falta de credibilidad ha hecho que, desde entonces,  nos distanciemos considerablemente  de los alemanes. Mientras que el bono alemán se coloca a un interés  del 1,70%, el español sube hasta el 5,80%.

Es en estas circunstancias de descontrol mayúsculo cuando Mariano Rajoy se hace cargo del Gobierno. Todos los indicadores económicos y morales están en situación de alarma, la credibilidad por los suelos, las arcas del Estado vacías, el tejido empresarial deshecho y alguna de las Comunidades Autónomas en plena  rebeldía. Sabe perfectamente Rajoy que su labor debe ir bastante más allá de lo que es una simple política económica. Sabe igualmente que debe iniciar de inmediato serias y complicadas  transformaciones sociales y que, sobre todo,  debe abordar cantidad de reformas impopulares y de recortes sumamente molestos.

El Gobierno de Rajoy comenzó su labor con enorme entusiasmo de modo que, antes de cumplir los cien días de rigor, ya había hecho por España bastante más que, en casi ocho años,  los Gobiernos de Zapatero y Rubalcaba. En un principio, parecía que estábamos recuperando credibilidad y que los mercados financieros comenzaban a confiar en nosotros, ya que bajó la prima de riesgo, resultaba relativamente fácil colocar nuestra deuda a unos intereses aceptables y comenzó a recuperarse la bolsa. Todo indicaba que estábamos volviendo aceleradamente al camino de progreso y  que habíamos encontrado la manera de  salir de la crisis.

Pero todo fue un espejismo momentáneo. Volvió la desconfianza de los mercados financieros, no somos fiables para las instituciones comunitarias. Somos sospechosos para el Banco Central Europeo y para el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, ha vuelto a subir la prima de riesgo, cayó otra vez la bolsa y han vuelto nuevamente las complicaciones para colocar nuestra deuda. Alaban, eso sí,  las reformas ya hechas por Rajoy, y dicen que van por el buen camino, pero quieren que vaya más allá y que sea bastante más ambicioso. Aparte de la reforma laboral, todo lo demás se reduce a simples recortes económicos a los mismos de siempre, a los ciudadanos de a pié, a los de la clase media, reduciendo peligrosamente su capacidad de consumo.

Pero resulta que el principal sumidero por donde se van cantidades ingentes de dinero son las instituciones y no los ciudadanos corrientes. El problema es nuestro desmesurado Estado Autonómico, en el que hay cantidad de órganos y multiplicidad de cargos repetidos unas cuantas veces. Tenemos también un buen número de empresas públicas carentes de toda lógica, muchas de las cuales no tienen ni trabajadores pero sí nutridos consejos de administración, utilizados para dar cobijo a un buen número de políticos en excedencia. Sobran, cómo no, las televisiones públicas y las autonómicas. Y no digamos nada de los trasnochados sindicatos que han olvidado sus funciones y se dedican exclusivamente a vivir del cuento y del erario público. Son muchas las estructuras burocráticas y administrativas totalmente inútiles que solamente sirven para dar ocupación a una nube de políticos vulgares y mediocres.

Y Mariano Rajoy  es plenamente consciente de todo esto. Pero por cobardía o por miedo a levantar ampollas, es reacio a promover una simplificación de esta verbena autonómica. Se limita sencillamente a proponer de una manera muy vaga que hay que “repensar” el Estado autonómico para que sea más eficiente y menos costoso. Y Bruselas y los mercados financieros quieren algo más que  insinuaciones o promesas dudosas; quieren que Rajoy tenga un gesto de valentía y se comprometa seriamente a reducir esa estructura autonómica tan estrafalaria y catastrófica para hacerla plenamente operativa y moderna.

 Si  Mariano Rajoy  afrontara decididamente toda esta serie de reformas, recuperaríamos sin  problemas el prestigio de la Marca España, y no dudaría nadie en aportar todo tipo de esfuerzos y recursos para reflotar nuestra economía. Pero Rajoy es reacio a embarcarse en solitario en semejante empresa, aunque sabe perfectamente  que no puede contar con nadie de la oposición y menos con Alfredo Pérez Rubalcaba. El Secretario  General del PSOE, al que le importa un bledo la marcha titubeante de nuestra economía, busca intencionadamente hacer el mayor daño posible a España porque sabe  que así se lo hace a Rajoy. Dice que Rajoy está solo, que ningún otro partido le apoya. Pero ¡cuánto daría Rubalcaba por disfrutar de semejante  soledad, para no verse obligado a salir a la calle para que alguien pueda escuchar sus ladridos!

Y aunque Rubalcaba sabe que con su postura ocasiona un grave daño a nuestra credibilidad, huye de la prudencia y de la mesura y critica ferozmente las reformas y los recortes de Mariano Rajoy. Lo único que le preocupa es el desgaste y el desprestigio del Gobierno actual y lo busca desesperadamente, para ver si así le llega la oportunidad de optar a la Presidencia, antes de que se le pase definitivamente el arroz. Pero Rubalcaba no está solo en esa dura lucha contra la actuación del Gobierno. Además de sus mesnadas socialistas y los de izquierda unida, están también los sindicatos de clase con sus algaradas y sus luchas callejeras. También cuenta, cómo no, con sus legiones ocasionales, formadas por  los “indignados”, los “anti sistema” y un buen número de “tontos útiles” que no saben ni de qué lado están vueltos.

Y mientras tanto, y a la espera de una mejor oportunidad, sigue creciendo lamentablemente el desprestigio de la Marca España, continua siendo esquiva esa credibilidad que necesitamos y los mercados financieros siguen desconfiando de nosotros. Todo un desastre, una verdadera lástima que, sin embargo, llenará de felicidad a más de un insolidario.

Gijón, 6 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández