Tanto en el proceso electoral del pasado 22 de mayo como en el más reciente del 20 de noviembre, se utilizó sin miramientos, como arma arrojadiza, el Estado de Bienestar y los recortes en los servicios básicos. La crisis económica y los gastos excesivos del Gobierno central, de las Comunidades Autónomas y de algún que otro Ayuntamiento auguraban amenazantes déficits públicos que habría que controlar obligatoriamente de alguna manera. Los partidos políticos con posibilidades, conscientes de la necesidad imperiosa de un cambio radical, han comenzado a lanzar al aire abundantes consignas de austeridad.
Las últimas elecciones autonómicas propiciaron cambios de Gobierno muy sonados, como el de Castilla-La Mancha y el de Extremadura. Unos meses antes se había producido también el relevo al frente del Gobierno en la Generalitat de Cataluña. Después de la investidura de los nuevos presidentes electos, aparece en toda su crudeza la verdadera y espeluznante realidad del elevado déficit de las cuentas autonómicas. Se esperaba que las deudas superaran con creces lo que se decía en las comunicaciones oficiales preparadas para el traspaso de poderes. Pero la realidad sobrepasó hasta los peores pronósticos imaginados, sobre todo en el tradicional feudo socialista de Castilla-La Mancha y también en la Generalitat catalana del socialista José Montilla y del nefasto Tripartito.
Las aberrantes deudas con que se encontró el Partido Popular en la comunidad castellano-manchega, al sustituir a José María Barreda al frente de la misma, dieron pié a que los candidatos de dicho partido a las próximas elecciones del 20 de noviembre insistieran con más fuerza en la necesidad de aplicar políticas rigurosas de ajuste para controlar definitivamente el desmadrado déficit público. La insistencia en señalar la necesidad de ser extremadamente austeros para salir de la crisis ha despertado el temor de los ciudadanos a que se produzcan recortes en los servicios públicos, mostrándose especialmente inquietos por si esos recortes se producen dentro del sistema público de salud.
La decisión de Artur Mas de eliminar camas en los hospitales, reducir personal e incluso cerrar ambulatorios ha contribuido decisivamente a que aumente el nerviosismo de los ciudadanos por miedo a que se haga lo mismo a nivel nacional. También ha influido mucho en esa razonable preocupación ciudadana, el empecinamiento de los socialistas en insistir continuamente en que Mariano Rajoy tiene decidido efectuar un amplio recorte en el Estado de Bienestar. Todo esto ha influido para que la sanidad se haya convertido ya en el cuarto mayor problema de los españoles.
Todavía en el mes de julio pasado, la preocupación por sanidad solamente inquietaba al 4,3% de la población española, ocupando el décimo lugar en la lista general de preocupaciones. En la encuesta de noviembre, el porcentaje de preocupación ha crecido más de tres puntos, situándose en el 7,7%, por encima incluso de educación. Según la última encuesta del CIS, solamente hay tres cosas que preocupan más a los españoles que la sanidad: el paro en un 83,0%, los problemas económicos en un 48,2% y la clase política en un 22,6%. Después ya viene sanidad.
Suelen presumir en el PSOE que nadie ha dotado de tantos medios económicos a la Sanidad Pública como ellos. Que gracias a ellos, el sistema de salud español compite, en plan de igualdad, con cualquiera de los países de nuestro entorno. Y no es verdad ni lo uno ni lo otro. Relacionando el gasto sanitario con el Producto Interior Bruto, estamos casi un punto por debajo de la media de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea. Nuestro gasto público sanitario a finales de 2007 por ejemplo representó el 6,1% del PIB, mientras que la media comunitaria estaba en un 7,06%. Si es cierto, en cambio que los socialistas aportaron al sistema sanitario español mucha más burocracia que los demás partidos.
A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Gobierno socialista, afortunadamente ya en su casa por decisión soberana de los ciudadanos, ponía el grito en el cielo por el elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y culpaban de ello al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico y, sobre todo, a la espectacular escalada del número de recetas y visitas al médico por cada ciudadano español. Silenciaban, sin embargo, la excesiva burocratización que ellos introdujeron en el Sistema Nacional de Salud y que dio lugar a que se contrataran más personas de las que objetivamente eran necesarias.
De las personas contratadas innecesariamente, las que no fueron contratadas a dedo por ser familiares o amigos del Gobierno, lo fueron porque se les debía algún favor político. Y la mayor parte de ellas para ocupar puestos directivos y de altos cargos con sueldos suculentos. Es cierto que trataron de aliviar la presión presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero centraron equivocadamente todos sus esfuerzos en reducir el coste farmacéutico, obviando los gastos ocasionados por la inflación absurda de personal. Así que impusieron una rebaja del 15% del precio de los medicamentos con más de diez años en el mercado. Obligan a la vez a los médicos a recetar por principio activo en lugar de hacerlo con el nombre comercial. Así, el farmacéutico estará obligado a despachar siempre el de menor precio.
La ya ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, insinuó que sería muy interesante que los ciudadanos abonaran una cantidad “simbólica” por ir al médico. Según ella, ese copago sanitario “simbólico” garantizaría un uso más racional de los servicios médicos y serviría además para “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud. Pero ni Leire Pajín, ni los demás miembros del Ejecutivo se atrevieron a poner en marcha una medida disuasoria como esta, para reducir las visitas de los usuarios a los médicos, por el enorme impacto social negativo que hubiera causado.
El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, si se atrevió a exigir a los usuarios un euro por receta despachada, pero tal medida no va a suponer ninguna solución definitiva al desfase presupuestario de Sanidad, como tampoco hubiera solucionado el problema el Gobierno central si hubiese implantado el copago sanitario. Quizás habría supuesto un alivio inicial, pero nada más. Para llegar a una solución contable firme, más que recortes en los servicios y mucho más que imponer ocasionalmente cargas adicionales al usuario, se necesita gestionar mejor los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible.
Una mejor gestión de los recursos disponibles implica, ni más ni menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para ser más eficientes. Y para conseguir esto, es preciso que se prescinda rigurosamente de la jerarquía política y entregar la dirección de los diferentes centros del Sistema Público de Salud a profesionales cualificados. De dirigir un servicio como éste con criterios políticos a hacerlo exclusivamente con criterios profesionales hay un abismo. Sobran también, como no, los distintos chiringuitos que se crearon en Sanidad para dar cobijo laboral a familiares, amigos y paniaguados de toda casta, que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil.
Si los servicios sanitarios dependieran exclusivamente de profesionales competentes, primaría la eficiencia sobre cualquier otra consideración de tipo político, aprovechando mucho mejor todos los recursos sanitarios disponibles. Está fuera de toda duda, que el sistema sanitario tal como está ahora no funciona y es tremendamente ineficiente. Además de dejar en manos de expertos profesionales la dirección de Sanidad, no estaría de más reducir de forma significativa las diferencias interregionales para lograr una cartera de servicios comunes. Esto supondría recuperar las competencias sanitarias y reconstruir de nuevo el antiguo Insalud, en lugar de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios.
La dispersión de competencias de sanidad ha deteriorado notablemente el Sistema Público de Salud, encareciéndolo de manera evidente. Con la recuperación de las competencias por parte del Estado, evitaríamos los agravios comparativos entre los usuarios de las distintas Autonomías, la atención médica mejoraría su calidad y, por si esto fuera poco, el coste de los servicios sería considerablemente inferior.
Gijón, 26 de diciembre de 2011
José Luis Valladares Fernández
