Es muy posible que hoy día el Gobierno de Mariano Rajoy esté
completamente de acuerdo con aquel dicho de Napoleón Bonaparte que reza así:
“no hay mejor manera de mantener la
palabra dada que no darla nunca”. Y es que fueron muchas las promesas que se hicieron
a los ciudadanos españoles en la pasada campaña electoral de noviembre de 2011,
y la mayoría de ellas han quedado sin cumplir.
Es cierto que España, en cuestiones económicas, no puede decidir
por sí misma. Además de formar parte de la Unión Europea y de estar sometidos a
una legislación comunitaria, estamos tremendamente endeudados y mantenemos un
déficit público exageradamente alto que hipoteca nuestro futuro. Son por lo
tanto nuestros acreedores los que condicionan nuestras actuaciones y los que, en
definitiva, tienen la última palabra a la hora de tomar cualquier clase de
decisión cuando haya intereses económicos de por medio.
Es perfectamente comprensible que Alemania, cuyo nivel de
intervención en España es tan alto, haya conminado a Mariano Rajoy a endurecer
recortes y a elevar desmedidamente la presión fiscal. Y Rajoy sabía, cómo no,
que esto iba a ser así, por lo que debiera haber sido mucho más cauto a la hora de formular
promesas electorales sobre temas eminentemente económicos. Se hubiera ahorrado
un buen número de alborotos callejeros y los ‘escraches’ o acosos irracionales que han tenido que soportar algunos
responsables populares.
Lo malo es que hay otros compromisos electorales en los que ni
entran ni salen las autoridades comunitarias y siguen, no se si en el baúl de
los recuerdos o en el de los olvidos intencionados. El caso del aborto es uno
de ellos. En su programa electoral, el Partido Popular se comprometió a
promover "una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las
mujeres embarazadas". Aunque habla claramente de cambiar “el modelo de la
actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como
de las menores", la fórmula que ofrece es intencionadamente ambigua. Pues
nadie sabe si se trata de la derogación de la actual Ley del Aborto o de una
simple reforma de la misma.