SEGUIMOS CON PROBLEMAS EN SANIDAD

Tanto en el proceso electoral del pasado 22 de mayo como en el más reciente del 20 de noviembre, se utilizó sin miramientos, como arma arrojadiza, el Estado de Bienestar y los recortes en los servicios básicos. La crisis económica y los gastos excesivos del Gobierno central, de las Comunidades Autónomas y de algún que otro Ayuntamiento auguraban amenazantes déficits públicos que habría que controlar obligatoriamente de alguna manera. Los partidos políticos con posibilidades, conscientes de la necesidad imperiosa de un cambio radical, han comenzado a lanzar al aire abundantes consignas de austeridad.

Las últimas elecciones autonómicas propiciaron cambios de Gobierno muy sonados, como el de Castilla-La Mancha y el de Extremadura. Unos meses antes se había producido también el relevo al frente del Gobierno  en la Generalitat de Cataluña. Después de la investidura de los nuevos presidentes electos, aparece en toda su crudeza la verdadera y espeluznante realidad del elevado déficit  de las cuentas autonómicas. Se esperaba que las deudas superaran con creces lo que se decía en las comunicaciones oficiales preparadas para el traspaso de poderes. Pero la realidad sobrepasó hasta los peores pronósticos imaginados, sobre todo en el tradicional feudo socialista de Castilla-La Mancha y también en la Generalitat catalana del socialista José Montilla y del nefasto Tripartito. 

Las aberrantes deudas con que se encontró el Partido Popular en la comunidad castellano-manchega, al sustituir a José María Barreda al frente de la misma, dieron pié a que los candidatos de dicho partido a las próximas elecciones del 20 de noviembre insistieran con más fuerza en  la necesidad de aplicar políticas rigurosas de ajuste para controlar definitivamente el desmadrado déficit público. La insistencia en señalar la necesidad de ser extremadamente austeros para salir de la crisis ha despertado el temor de los ciudadanos a que se produzcan  recortes en los servicios públicos, mostrándose especialmente inquietos por si esos recortes se producen dentro del sistema público de salud.

La decisión de Artur Mas de eliminar camas en los hospitales, reducir personal e incluso cerrar ambulatorios ha contribuido decisivamente a que aumente el nerviosismo de los ciudadanos por miedo a que se haga lo mismo a nivel nacional. También ha influido mucho en esa razonable preocupación ciudadana,  el empecinamiento de los socialistas en insistir continuamente en que Mariano Rajoy tiene decidido efectuar un amplio recorte en el Estado de Bienestar. Todo esto ha influido para que la sanidad se haya convertido ya en el cuarto mayor problema de los españoles.

Todavía en el mes de julio pasado, la preocupación por sanidad solamente inquietaba al 4,3% de la población española, ocupando el décimo lugar en la lista general de preocupaciones. En la encuesta de noviembre, el porcentaje de preocupación ha crecido más de tres puntos, situándose en el 7,7%, por encima incluso de educación. Según la última encuesta del CIS, solamente hay tres cosas que preocupan  más a los españoles que la sanidad: el paro en un 83,0%, los problemas económicos en un 48,2% y la clase política en un 22,6%. Después ya viene sanidad.

Suelen presumir en el PSOE que nadie ha dotado de tantos medios económicos a la Sanidad Pública como ellos.  Que gracias a ellos, el sistema de salud español compite, en plan de igualdad, con cualquiera de los países de nuestro entorno. Y no es verdad ni lo uno ni lo otro. Relacionando el gasto sanitario con el Producto Interior Bruto, estamos casi un  punto por debajo de la media de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea. Nuestro gasto público sanitario a finales de 2007 por ejemplo representó el 6,1% del PIB, mientras que la media comunitaria estaba en un 7,06%. Si es cierto, en cambio que los socialistas aportaron al sistema  sanitario español mucha más burocracia que los demás partidos.

A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Gobierno socialista, afortunadamente ya en su casa por decisión soberana de los ciudadanos, ponía el grito en el cielo por el elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y culpaban de ello al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico  y, sobre todo, a la   espectacular escalada del número de recetas y visitas al médico por cada ciudadano español. Silenciaban, sin embargo, la excesiva burocratización que ellos introdujeron en el Sistema Nacional de Salud y que dio lugar  a que se contrataran más personas de las que objetivamente eran necesarias.

De las personas contratadas innecesariamente, las que no fueron contratadas a dedo por ser familiares o amigos del Gobierno, lo fueron porque se les debía algún favor político. Y la mayor parte de ellas para ocupar puestos directivos y de altos cargos con sueldos suculentos. Es cierto que trataron de aliviar la presión presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero centraron equivocadamente todos sus esfuerzos en reducir el coste farmacéutico, obviando los gastos ocasionados por la inflación absurda de personal. Así que impusieron una rebaja del 15% del precio de los medicamentos con más de diez años en el mercado. Obligan a la vez a los médicos a recetar por principio activo en lugar de hacerlo  con el nombre comercial. Así, el farmacéutico estará obligado a despachar siempre el de menor precio.

La ya ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, insinuó que sería muy interesante que los ciudadanos abonaran una cantidad “simbólica” por ir al médico. Según ella, ese copago sanitario “simbólico” garantizaría un uso más racional de los servicios médicos y serviría además para “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud. Pero ni Leire Pajín, ni los demás miembros del Ejecutivo se atrevieron a poner en marcha una medida disuasoria como esta, para reducir las visitas de los usuarios a los médicos, por el enorme impacto social negativo que hubiera causado.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, si se atrevió a exigir a los usuarios  un euro por receta despachada, pero tal medida no va a suponer ninguna solución definitiva al desfase presupuestario de Sanidad, como tampoco hubiera solucionado el problema el Gobierno central  si hubiese implantado el  copago sanitario. Quizás habría supuesto un alivio inicial, pero nada más. Para llegar a una solución contable firme, más que recortes en los servicios y mucho más que imponer ocasionalmente cargas adicionales al usuario, se necesita gestionar mejor los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible.

Una mejor gestión de los recursos disponibles implica, ni más ni  menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para ser más eficientes. Y para conseguir esto, es preciso que se prescinda rigurosamente de la jerarquía política y entregar la dirección de los diferentes centros del Sistema Público de Salud a profesionales cualificados. De dirigir un servicio como éste con criterios políticos a hacerlo exclusivamente con criterios profesionales hay un abismo. Sobran también, como no, los distintos chiringuitos que se crearon en Sanidad para dar cobijo laboral a familiares, amigos y paniaguados de toda casta, que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil.

Si los servicios sanitarios dependieran exclusivamente de profesionales competentes, primaría la eficiencia sobre cualquier otra consideración de tipo político, aprovechando mucho mejor todos los recursos sanitarios disponibles. Está fuera de toda duda, que el sistema sanitario tal como está ahora no funciona y es tremendamente ineficiente. Además de dejar en manos de expertos profesionales la dirección de Sanidad, no estaría de más reducir de forma significativa las diferencias interregionales para lograr una cartera de servicios comunes. Esto supondría recuperar las competencias sanitarias y reconstruir de nuevo el antiguo Insalud, en lugar de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios.

La dispersión de competencias de sanidad ha deteriorado notablemente  el Sistema Público de Salud, encareciéndolo de manera evidente. Con la recuperación de las competencias por parte del Estado, evitaríamos los agravios comparativos entre los usuarios de las distintas Autonomías, la atención médica mejoraría su calidad y, por si esto fuera poco, el coste de los servicios sería considerablemente inferior.

Gijón, 26 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

LOS DINEROS DE LA SANIDAD PÚBLICA

Desde hace tiempo, los responsables autonómicos de la Sanidad tratan de crear un ambiente propicio para, al menos, introducir el denominado copago sanitario. Se aprovecha cualquier circunstancia, utilizando todos los medios de comunicación, para pregonar continuamente las dificultades económicas que soporta el Servicio Público de Salud. Al ritmo que actualmente crecen los gastos, de manera especial el capítulo de prestaciones farmacéuticas, dicen que en muy pocos años se producirá indefectiblemente la quiebra de la Seguridad Social.
No podemos negar la evidencia, ya que las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro sistema público de salud son claramente manifiestas. Es normal que el gasto farmacéutico crezca por encima de lo habitual. La mejora sustancial de las condiciones de vida, combinadas con una buena actuación de la Sanidad Española, han dado lugar a un aumento notable de la esperanza de vida entre los españoles, hasta límites desconocidos hasta ahora. Esto da lugar a un aumento constante de usuarios que precisan atenciones médicas y muchos de ellos, cómo no, un buen número de recetas.
Pero este hecho, por otra parte plenamente constatable, no autoriza a que, desde los distintos Gobiernos autonómicos, como hizo en Asturias Ana Rosa Migoya, se pida sin pudor a los médicos que limiten las pruebas diagnósticas y disminuyan, lo más posible, la prescripción de recetas. Se supone que el médico es lo suficientemente responsable y, en consecuencia, las pruebas que pida serán necesarias para el diagnóstico correcto de la enfermedad del paciente. Y me imagino que, del mismo modo, las recetas se ajustarán a las necesidades demandadas por la situación transitoria del enfermo. Tampoco sería racional que, para ahorrar unos pocos euros, se recorten algunos de los servicios habitualmente prestados por la Sanidad Pública.
La introducción del copago sanitario, al menos para los jubilados antiguos que adquirieron el derecho a esa cuestionada gratuidad a lo largo de una dilatada vida laboral y pagando amplias cotizaciones para ese fin, no solucionaría definitivamente el problema, lo diferiría en el tiempo. El problema económico no proviene de unas cuantas recetas gratuitas que precisan los pensionistas. El problema tiene otras raíces más profundas que no están ocasionadas por los médicos y, mucho menos, por los que han tenido la desgracia de enfermar. El problema viene del mal uso que suelen hacer los responsables políticos de los recursos disponibles que debieran ir destinados exclusivamente para financiar los servicios públicos sanitarios.
Son muchos los chiringuitos habilitados dentro de la sanidad española para pagar complicidades y dar cobijo a un buen número de amigotes, acostumbrados a vivir exclusivamente de la mamandurria y del cuento. Se trata, ni más ni menos, de una especie de PER sanitario con un coste muy elevado que pagamos todos los usuarios de la Sanidad Pública. Son muchos los cargos, carentes de contenido real, que están viviendo a costa de los presupuestos de la sanidad pública. Pero aún hay más. La Seguridad Social corre con todos los gastos originados por los inmigrantes ilegales y otros muchos extranjeros que, sin cotización alguna, acuden masivamente a sus Centros de Salud.
Hay otros sumideros, prácticamente incontrolados, por donde se van importantes cantidades de dinero del presupuesto de la Sanidad Pública. En Asturias, por ejemplo, se han inventado las famosas peonadas y la discutida prolongación de jornada. Se trata de una nueva modalidad de trabajo, evidentemente poco práctica y que, en cambio, resulta demasiado cara si atendemos a los resultados que se obtienen. Un notable despilfarro más de medios económicos en algo que no cumple con los fines teóricos previstos cuando se puso en marcha. Las peonadas, e incluso la prolongación de jornada, serían muy útiles si sirvieran para reducir las escandalosas listas de espera de la sanidad. Todos lo esperábamos, pero hemos sido ampliamente defraudados ya que las listas de espera siguen ahí, aumentando desgraciadamente.
Tanto las peonadas como la prolongación de jornada se prestan al chanchullo, a la picaresca personal y a las componendas interesadas para mejorar el salario sin que, por ello, mejoren sustancialmente las prestaciones asistenciales. Todos sabemos que hay servicios sanitarios que se realizan por la mañana y que figuran posteriormente como hechos en horario de tarde o que, incluso, se disminuya intencionadamente la actividad ordinaria de la mañana para transferir algún que otro caso para la tarde y así justificar la peonada. Los responsables políticos no hacen nada para vigilar y exigir el estricto cumplimiento de sus obligaciones a quienes disfrutan de ese horario extra, que indudablemente sirve para mejorar las percepciones salariales.
Para que no peligre la viabilidad del sistema sanitario que, en líneas generales, ha sido eficiente y muy útil para los usuarios de la Seguridad Social, hace falta una gestión escrupulosa de los recursos sanitarios. Y si es preciso, dejar a un lado ideologías trasnochadas y utilizar más frecuentemente los servicios que ofrece la sanidad concertada, que es hasta tres veces más barata que la pública, como refleja El Comercio de Gijón del pasado día 2 de agosto.

Barrillos de Las Arrimadas, 10 de septiembre de 2010

José Luis Valladares Fernández

EL COPAGO SANITARIO A EXAMEN

Hace ya bastante tiempo que, de vez en cuando, tanto a nivel estatal como comunitario, aparece en los medios de comunicación el recurrente tema del copago sanitario. Es una manera maniquea de preparar el ambiente propicio para introducirlo de una vez, o para justificar una próxima subida de impuestos o la creación de alguno nuevo, que tanto más da. Quieren implicar a toda costa a los usuarios de la Seguridad Social en los problemas económicos crecientes que origina la atención sanitaria.
No podemos negar la evidencia, ya que las dificultades económicas por las que atraviesa el sistema de salud español son claramente manifiestas. Las causas principales de este progresivo encarecimiento del servicio sanitario vienen determinadas, en primer lugar, por el notable aumento de la esperanza de vida desde hace unos cuantos lustros para acá. Esto presupone un aumento constante de usuarios que precisan atenciones y, muchos de ellos, un buen número de recetas. También es muy importante el número de inmigrantes que, sin cotizar, acuden al médico cuando lo necesitan. Esto, sin olvidarnos del abundante turismo sanitario, que se ha disparado últimamente. Y en segundo lugar, como no, incide muy negativamente en el coste del sistema el continuo encarecimiento de los productos utilizados en los centros sanitarios, entre los que ocupan una principal parte los farmacéuticos. Por otro lado están los costes, cada vez más elevados, del personal que atiende estos servicios.
En la actualidad se ha vuelto a insistir, con especial denuedo, en la conveniencia de implantar el copago, ya que desde las diversas Comunidades Autónomas se considera que ésta es la mejor alternativa para garantizar nuestro sistema de salud. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, reconoce la obligación que tiene de “fortalecer el sistema y mantenerlo en el tiempo”. Tomar una medida de tanto calado, continua la ministra, es demasiado relevante. De ahí que sea obligado realizar antes un estudio previo y detallado de todas las demás alternativas posibles. De momento, a pesar del interés que tiene el Gobierno por reducir el déficit público, no es oportuno introducir el copago, pues, según explica Trinidad Jiménez, esto entrañaría “un importante coste económico para quienes más usan la sanidad”, como son las personas mayores, con rentas muy bajas la mayoría de ellas.
Ante las enormes dificultades para hacer frente a los gastos sanitarios actuales, sobre todo en el apartado farmacéutico, la ministra de Sanidad se comprometió con los consejeros correspondientes autonómicos a estudiar con detenimiento y seriedad el alcance del copago sanitario. Pues, según dice, para tomar una decisión u otra, hay que tener en cuenta la evolución de la economía y los planes de ajuste que adopte el Gobierno. Ha reconocido que los ingresos que pueda aportar el copago significan muy poco “en relación con la proporción de la deuda”.
La introducción del copago sanitario para los jubilados antiguos supone una tremenda injusticia, ya que se adquirió el derecho a esa cuestionada gratuidad a lo largo de una dilatada vida laboral, con amplias cotizaciones destinadas a ese fin. Tampoco sería racional, para ahorrar dinero, que se recortaran los servicios habitualmente prestados por la Sanidad Pública. Y menos atreverse a incitar al personal médico, como se ha hecho desde algún Gobierno autonómico, a que limiten las pruebas diagnósticas y disminuyan, en lo posible, la prescripción de recetas.
El problema económico no proviene de unas cuantas recetas gratuitas que precisan los pensionistas. El problema tiene otras raíces más profundas que no están ocasionadas por los médicos y, mucho menos, por los que han tenido la desgracia de enfermar. El mal hay que buscarlo en la pésima gestión realizada por los distintos Gobiernos Autonómicos. Para empezar, bien por precipitación o por alguna otra causa, a lo mejor se negoció mal el traspaso de las competencias del Sistema Nacional de Salud. Lo que sí es indudable es que hay consejeros autonómicos de salud que se comportan como si la Sanidad Pública fuera su cortijo particular. En consecuencia, habilitan algún que otro chiringuito, dentro de los Centros de Salud y en los Hospitales, para dar cobijo a unos cuantos amigotes suyos y donde, además, proliferan cargos políticos totalmente innecesarios, que no hacen más que encarecer el servicio. Se trata, ni más ni menos, de un dispendio gracioso e inútil, sumamente elevado, que abona religiosamente Sanidad Pública.
Sería una tremenda injusticia que se impusiera, sin más, el copago sanitario a los jubilados, sabiendo que la mayoría cobra unas pensiones muy bajas, bastante por debajo de los mil euros. Se sentirían, además, vejados y odiosamente discriminados, porque habiendo cotizado durante largos años de su vida para el mantenimiento del sistema, ahora se les cobraría un canon, mientras que los servicios de salud seguirían atendiendo gratuitamente a los inmigrantes ilegales, que han logrado entrar en España y que nunca han cotizado.
Las autoridades competentes, antes que nada, deberían tratar de localizar esos enormes agujeros, por donde se van absurdamente grandes cantidades de dinero y taponarlos. Para ello, lo primero que tendrían que hacer, utilizando una frase ya hecha, iniciar un “régimen de adelgazamiento severo” y en consecuencia, clausurar todos esos innecesarios chiringuitos en los que vegeta toda una legión de amigos y paniaguados innecesarios. Y después realizar una gestión honesta y eficiente de los diferentes medios que tienen a su alcance.
De todos es conocido el dinero que se va en abonar recargos, por retrasar el pago de las facturas. Se trata de un gasto extra perfectamente evitable. Otra fuente de ahorro notable se conseguiría centralizando todas las compras y realizando estas mediante subasta o concurso público. Para ello no habría más que atenerse a la ley de contrataciones del sector público y hacer el pedido al mejor postor. Sería la manera de ahorrar dinero y no haría falta recurrir al cobro de ninguno de los cánones que se han barajado, ni a la reducción de prestaciones sanitarias para mantener la viabilidad del sistema actual de salud.

Gijón, 17 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández

DEFICIENCIAS EN SANIDAD PÚBLICA

Es muy habitual que desde el PSOE, como un acto más de propaganda política, se insista continuamente que nadie ha dotado de medios económicos a la Sanidad Pública como ellos. Y quieren hacernos ver que nuestro sistema de salud compite con cualquiera de los países de nuestro entorno. No es fácil calibrar estos datos, ya que intervienen en el resultado final unas cuantas variables, entre las que destaca el ingreso bruto per cápita, la esperanza de vida al nacer y los servicios que cubra esa atención sanitaria en cada país.
Es cuando menos discutible que los socialistas sean los que más dinero aportan al servicio de Sanidad Pública, y es evidente que, en gasto sanitario con relación al Producto Interior Bruto, vamos por detrás de la mayoría de los países de nuestro entorno. El gasto público sanitario en España en el año 2007, que es el último disponible, representa el 6,1% del PIB, lo que nos sitúa claramente por debajo de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea, tanto en términos de porcentaje con respecto del PIB como en gasto per cápita. En ese mismo año de 2007, por ejemplo, siempre con relación al PIB propio de cada país, el gasto de Dinamarca representó el 8,2%, el de Alemania un 8,0%, siendo la media comunitaria de un 7,06%.
Si atendemos al gasto por habitante, la situación de la Sanidad Pública española va muy por detrás de la mayoría de los 15 países más antiguos de la Unión Europea, en la decimo tercera posición. Solamente Grecia y Portugal tienen una inversión en salud pública per cápita inferior a la nuestra. Para no aburrir con números, digamos simplemente que España, en el referido año de 2007, de acuerdo con su Producto Interior Bruto, debiera haber gastado en el sistema de salud un 10,5% más, porcentaje que representa el déficit español en sanidad. Pero aún así no llegaríamos a la media de gasto de la Unión Europea.
A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Ejecutivo español se queja amargamente del elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y achacan ese excesivo gasto a tres factores muy concretos: al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico debido a los flujos migratorios y a la "espectacular" escalada del número de recetas y visitas al médico registradas por cada español. Silencian, sin embargo, el número de puestos creados en el Sistema Nacional de Salud, que no responde a necesidades objetivas derivadas del servicio sanitario. Se trata, por consiguiente de un personal no necesario, algunos de ellos en puestos directivos y altos cargos, dados por motivos de amistad o para pagar pasados favores políticos.
Como es natural, desde el Gobierno ya se han dado los primeros pasos para contener el gasto en Sanidad y aliviar así la presión presupuestaria. Con tal objeto se ha reunido la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, con los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas, en busca de un consenso en las medidas a adoptar para frenar el gasto sanitario. También aquí, como no, aparece la cuña publicitaria, ya que Trinidad Jiménez afirma claramente que hay que contener el gasto sin merma de la calidad en los servicios y garantizando la equidad o igualdad efectiva y la sostenibilidad del sistema sanitario.
La ministra de Sanidad ha reiterado varias veces que la solución a la situación financiera creada no pasa por medidas disuasorias de los usuarios, como puede ser el “copago”. Pero no es menos cierto que, desde Consejerías de Salud socialistas, sale a colación frecuentemente el globo sonda del mencionado “copago”. Es, dicen, la única medida efectiva para solucionar el problema estructural que sufre el sistema, lo que no es verdad. A pesar del desmentido de Trinidad Jiménez, hay noticias muy claras de que un equipo económico dirigido por la ministra de Economía, Elena Salgado, prepara una reforma profunda de la sanidad y que comenzará a ser operativa en el año 2011. Se trata de reducir las visitas de los usuarios a los médicos y en consecuencia un menor consumo de medicamentos a través del “pago por visita” o “copago”. Lo que quiere decir que el “copago” ha dejado de ser un simple globo sonda y es ya todo un proyecto que se implantará previsiblemente el próximo año.
Obligar a los pacientes a asumir una parte adicional de los gastos ocasionados por la visita a los servicios médicos, puede ser una solución contable a muy corto plazo, pero contraproducente a la larga por el posible agravamiento de algunas patologías. Este sistema evidentemente resultará nefasto para las personas con escasos recursos económicos, pues sufrirían de inmediato las consecuencias derivadas de este tipo de política sanitaria.
La solución definitiva pasa por una mejor gestión de los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible. Racionalizar incluso el contenido de cada envase de medicamentos, de acuerdo a las necesidades previsibles de cada enfermedad. No es de recibo que se jubile personal médico o sanitario y no se cubran esos puestos de inmediato para ahorrar unos sueldos y se mantengan o incluso se aumenten los puestos políticos dentro de Sanidad a sabiendas de que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil. Lo único que se consigue así es el deterioro de la calidad del servicio y el aumento escandaloso de las listas de espera.
Gestionar mejor los recursos disponibles no implica en absoluto gastar más o contratar más personal dedicado a la atención directa de los pacientes. Significa, ni más ni menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para resultar más eficientes. Es lo que han hecho los países que hoy son líderes en sanidad, como Holanda, Dinamarca, Islandia y otros que pueden servirnos de modelo. Nosotros nos encontramos bastante al final del ranking, con un sistema de salud en el que predomina la jerarquía política y donde la transparencia brilla por su ausencia.
No cabe duda de que, si el sistema sanitario no funciona y es ineficiente, será porque los políticos que lo gestionan no han sabido resolver el problema. En tal caso será a estas personas a las que habrá que pedir responsabilidades por malos gestores y por no haber sabido cortar de raíz los privilegios de algunos proveedores que no han hecho otra cosa que disparar el gasto sanitario. No estaría demás tampoco que se estudiara la conveniencia de recuperar las competencias sanitarias y reconstruir el antiguo Insalud, en vez de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios. Además de evitar agravios comparativos, que los hay, el servicio médico recuperaría calidad y el coste del mismo sería considerablemente inferior.
No cabe duda de que la dispersión de las competencias de sanidad en las distintas autonomías ha supuesto un deterioro notable del sistema sanitario de salud. El anterior ministro de Sanidad, Bernat Soria, así lo reconoció cuando dijo que "la transferencia de la sanidad a las autonomías había incidido en que la atención sanitaria esté por debajo de la media europea".

Gijón, 11 de mayo de 2010

José Luis Valladares Fernández