LA AMENAZA DEL SEPARATISMO CATALÁN

La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V decide suprimir el autogobierno de Cataluña

Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV,  provoca que los reinos de Aragón, de Valencia y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia  y de Aragón en 1707 y los del Principado de Cataluña ocho años más tarde. 

Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887, cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y político  el primero que acuñó ese término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional; Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.

La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa. Fue secretario de la Asamblea constitutiva   de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa,  en las que se exigía, entre otras cosas,  la restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y el reconocimiento de la oficialidad  del catalán como única lengua propia  del país. Dentro de Unió Catalanista, desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba,  a la constitución de un Estado catalán federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente ese movimiento independentista.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes.

Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el  Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta entonces de la Generalidad. Las autoridades  de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.

Con la restauración democrática, Cataluña recupera el autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad, comenzó a  rodar y a crecer nuevamente la bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que  no hilaron muy fino los padres de la Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a la vista está, que  siempre quieren ir más allá.

Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez,  Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran  y se animaran a plantear reivindicaciones nuevas,   reivindicaciones cada vez más atrevidas y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas  ventajas políticas.

Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas cumplir,  se ponen voluntariamente de perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan  a la inmersión lingüística. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras que haya”.

Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible, añade seguidamente:  "Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones".

A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum popular con el consentimiento del Gobierno central  o sin él. Sabe perfectamente que carece de competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual. Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del resto de España.

Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales. La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias.  Pero Zapatero, para congraciarse con el nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.

No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura".

La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente: ‘El tsunami de Barcelona’. Los separatistas de esta región española están ahora tremendamente  exultantes y venden descaradamente que Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que, al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de Europa,  como rezaba el lema de la manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Espero que los Gobiernos,  que se dedicaron a repartir alegremente competencias,  se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde, de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente debieran recapacitar y proceder inmediatamente  a posibilitar la recuperación de  las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.

En Cataluña tenemos hoy  millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han enseñado  a despreciar la cultura de sus suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se construye a base de astucia y maledicencia.

Gijón, 28 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

CAMBIEMOS DE UNA VEZ

Uno de los filósofos presocráticos más destacados de la antigua Grecia fue, sin duda alguna, Parménides. Una de sus enseñanzas estrella era que nuestros sentidos nos engañan, ya que nos transmiten sensaciones erróneas que provocan en nosotros la ilusión de que nos movemos y de  que también se mueve todo lo que nos rodea. Y el movimiento no existe, es una falacia sensorial porque, según su doctrina básica, lo que es, es eterno, ingente e imperecedero, ya que de nada carece, es integro y por lo tanto inmóvil.  De ahí que, según Parménides, todo lo que los mortales pensaron que era verdadero, se queda en un simple conjunto de nombres para designar cambios y mutaciones que en realidad  no existen.

Y Zenón de Elea, uno de sus discípulos directos, para explicar debidamente las tesis de su maestro, elaboró una serie  de paradojas o sofismas, entre las que sobresale la que presenta al corredor  Aquiles compitiendo en una carrera nada menos que contra una tortuga. Aquiles, que era muy ligero, confiaba ciegamente en sus posibilidades y no tuvo inconveniente alguno en dar inicialmente una gran ventaja a la tortuga. Cuando la tortuga había ya hecho una buena parte del camino, sale Aquiles y en poco tiempo recorre la distancia que los separaba, pero se encuentra con la sorpresa de que la tortuga ya no estaba allí, pues  había avanzado otro pequeño trecho. Sigue corriendo, pero al llegar de nuevo donde está la tortuga, ésta ha avanzado un poco más. Y así una y otra vez, hasta que Aquiles se da cuenta de que  no puede ganar la carrera, porque la tortuga siempre estará por delante de él.

Esta aporía de Zenón podemos aplicarla tranquilamente a los esfuerzos más o menos desesperados que hace Mariano Rajoy y su Gobierno para reducir significativamente  nuestra disparatada deuda y mantener el déficit público dentro de unos márgenes razonables y como Aquiles, va siempre detrás de la tortuga. Cuando recoge lo recaudado con el incremento del IRPF y con la subida del IVA para amortizar deuda y mejorar nuestro déficit, se encuentra con que ha habido nuevos gastos y se ha complicado aún más nuestra situación económica. Los gastos, como la tortuga, siguen en cabeza de carrera. Y todo porque hemos preferido aumentar los impuestos sin ocuparnos de racionalizar adecuadamente  los gastos.

Los datos no pueden ser más descorazonadores. Desde enero hasta julio, se desboca el déficit de la Administración Central, alcanzando la cifra  de 48.517 millones de euros, nada menos que un 25,8% más con respecto al año pasado. Esto representa ya el 4,62 del PIB y nos hemos comprometido solemnemente con Bruselas a no superar el 4,5% de déficit al finalizar el año 2012. Llevamos contabilizados hasta julio un gasto de 100.694 millones de euros y los ingresos totales no han sobrepasado los 52, 177 millones de euros. Dicen que todo esto es debido a las transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social. Será verdad, pero el abultado desfase entre ingresos y gastos está ahí y, además, no es precisamente pequeño.

Además de las complicaciones provocadas por la constante subida del déficit público, la deuda también es motivo de preocupación. Durante ese mismo período de tiempo, los gastos financieros se dispararon llegando hasta los 20.030 millones de euros, lo que supone un aumento del 115,9%.  Y todo esto porque la deuda pública, lo mismo que los intereses, no  han parado de crecer en todo lo que va de año. El calendario de vencimientos también contribuye notablemente a ese incremento desmedido de gastos financieros.

Es tan complicada nuestra situación que las medidas de medio pelo son absolutamente inútiles y hasta contraproducentes. Es cierto que la salida de la crisis es posible, pero el Gobierno de Mariano Rajoy está complicando innecesariamente nuestra recuperación económica y, si cabe, agravando aún más nuestros problemas. Es un error de bulto fiarlo todo a unos duros recortes y a una elevación desmesurada de impuestos. A los ciudadanos de segunda se les está esquilmando, al confiscarles descaradamente la mayor parte del fruto de su trabajo. Entre IRPF, IVA y otros impuestos determinantes del alza de los precios de la luz, del gas y de otros muchos artículos, la clase media ha tenido que soportar una subida de las cargas fiscales de nada menos que 12 puntos.

Y el Gobierno de Mariano Rajoy, entre tanto,  sesteando tranquilamente y observando al pie de la letra aquello de que “En tiempos de crisis no hacer mudanzas”, que dijo San Ignacio de Loyola. Es cierto que han hecho algunas reformas, pero buscando siempre salvaguardar los exagerados privilegios de la casta política. Urge la reforma energética, y ya es hora de completar la reforma del sistema financiero, despidiendo sin miramiento alguno a los malos gestores que llevaron a la ruina a las entidades bancarias. Pero ante todo, abordar decididamente  y sin miedo la reforma de las administraciones públicas. 

El Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, en la actualidad es absolutamente insostenible. Con la burbuja inmobiliaria en su auge, mal que bien, se iba manteniendo el sistema con las mordidas de los permisos,  los cambios de clasificación de terrenos y otros ingresos atípicos que tenían el mismo origen. Pero todo esto se volatilizó al estallar dicha burbuja. A pesar de todo, y para mayor gloria de la casta política, se mantiene contra viento y marea nuestro modelo administrativo, que es sumamente caro, ineficiente y que, para más INRI, es una fuente inagotable de deslealtad constitucional y generadora  de grandes dosis de desconfianza de nuestros socios europeos.

Para sanear las cuentas públicas no hay más que un camino, que no es otro que el de ajustar rigurosamente los gastos, sin incidir demasiado en los impuestos. Los responsables políticos, hasta ahora, han optado equivocadamente por aumentar la recaudación en vez de reducir convenientemente los gastos corrientes derivados, sobre todo, de nuestra desmesurada estructura administrativa. Una fiscalidad extremadamente alta, en tiempos de crisis, estrangula el consumo y, por lo tanto, dificulta la recuperación económica. Acertaba  Mariano Rajoy cuando, en 2010, protestaba porque Rodríguez Zapatero subía el IVA y aseguraba rotundamente  que “subir el IVA es un  disparate”, porque “la subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados”.  Pero no acierta cuando el mismo decide subir el IVA contra todo pronóstico, y nos coloca entre los países de la Unión Europea que más impuestos pagan, por delante de Alemania y Francia.

Está visto que los responsables de los partidos políticos, incluidos los del Partido Popular, antes que tocar el Estado de las Autonomías, prefieren recortar el estado de bienestar. Y esto no es lógico, ya que la mayor parte de nuestros problemas económicos se deben a esa mastodóntica administración que padecemos. Así como José Luis Rodríguez Zapatero se durmió en los laureles y no hizo prácticamente nada a derechas para revertir la situación, Mariano Rajoy efectuó  unas reformas valientes y decididas, pero que no han surtido el efecto esperado. El motivo principal de la ineficiencia de tales medidas hay que buscarlo en el tamaño y en la complejidad de nuestro sistema de administración que suscita entre nuestros socios europeos y en los mercados internacionales toda clase de suspicacias y ninguna esperanza de que, sin un cambio drástico, salga a flote nuestra economía.  También es causante de enormes recelos la actitud beligerante de las autonomías de Cataluña y Andalucía que prácticamente se declaran en rebeldía. Cataluña, como berrinche por no conseguir el Pacto Fiscal, se decanta ahora por la secesión y Andalucía se niega a reducir el déficit.

Es urgente simplificar y racionalizar nuestra administración y recobrar por parte del Estado competencias que nunca debieron ser transferidas como Justicia, Sanidad y Educación. Más que en la recaudación para reducir deudas, hay que poner el énfasis en la eliminación de gastos inútiles para recuperar la economía. Son muchos los gastos superfluos invertidos tontamente en mantener artificialmente muchos órganos absurdos que no sirven nada más que para consumir superfluamente cantidades ingentes de dinero. Hay que acabar, hoy mejor que mañana, con las duplicidades administrativas, las empresas públicas, las agencias, las fundaciones y los distintos comederos creados intencionadamente para repartir toda clase de prebendas entre los familiares y amigos más cercanos.

Nadie nos gana a gastar estúpidamente el dinero que no tenemos. El multilingüismo absurdo del Senado nos cuesta 6,000 euros por sesión, quemados estúpidamente para mantener la traducción simultánea en un foro donde todos hablan el español. Para empezar, hasta el mismo Senado es una institución tan perfectamente inútil e igual de cara que las Autonomías. Pero a pesar de todo mantenemos esta Cámara, como mantenemos las Autonomías, para dar cobijo a un buen número de santones de la política, porque no han aprendido a ganarse la vida de otra manera. Esperemos que algún día cambie esto.

Gijón, 15 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

SE OLVIDAN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, comenzaron a crecerle espontáneamente los enanos. Va a perder muchos votos, aunque no se lo crea, por la aplicación inesperada de tantos y tan  duros recortes que ha impuesto a los de siempre, a los que menos culpa tienen y a los que más lo necesitan. Y para ello utiliza interesadamente la disculpa de la crisis. Pero a esa abultada pérdida de votos, tendrá que sumar otros muchos, que se van a esfumar indudablemente por el trato de favor de su Gobierno a los terroristas de ETA. 

Entre los ministros del actual Gobierno, hay más de uno que, en vez de Mariano Rajoy, parece que se lo eligió la oposición o alguno de sus más recalcitrantes enemigos políticos. Y entre estos, destaca precisamente Jorge Fernández Díaz, titular del Ministerio del Interior. Sus actuaciones resultan excesivamente descorazonadoras para las víctimas del terrorismo, al comprobar una y otra vez el desparpajo con que justifica las medidas de gracia que concede frecuentemente a los presos etarras. Como nos supone duros de mollera, justifica el trato dado  a Josu Uribetxeberria Bolinaga con disculpas de Perogrullo, retorciendo la ley a su antojo y concluyendo muy ufano: si no se le hubiera concedido el  tercer grado, el Gobierno habría “incurrido en prevaricación”.

El artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario es tan meridianamente claro, que no admite dudas y disquisiciones: “Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”.  La interpretación es muy simple: las instituciones penitenciarias tienen  esa potestad, pero en ningún caso están obligadas a ejercerla. Buena prueba de ello es que, según las estadísticas, cada tres días muere un preso en situación terminal en las cárceles españolas. Pero nadie ha visto que el Ejecutivo se desviva para que a estas personas se las libere con tiempo suficiente para que puedan morir en sus casas. Estos pobres  penados cometieron la torpeza de no estar vinculados  a la banda terrorista vasca.

El trato de favor otorgado al carcelero de José Antonio Ortega Lara, evidencia palpablemente que el Gobierno de Rajoy ha decidido continuar con la política de claudicación del Estado de Derecho frente a ETA, iniciada hace ya años  por José Luis Rodríguez Zapatero. Fue llamativo entonces el caso de Iñaki de Juana Chaos, y hoy lo es, por muchas razones, el del sanguinario Josu Uribetxeberria Bolinaga, implicado además en el secuestro de Julio Iglesias Zamora y en la muerte de los guardias civiles Mario Leal Vaquero, Antonio López y Pedro Galmares.  

Y José Luis de Castro, juez central de Vigilancia Penitenciaria, contraviniendo  el criterio de la Fiscalía, decreta la libertad de esta bestia terrorista, aduciendo “razones humanitarias y de dignidad personal”.  El juez Castro tampoco quiso tener en cuenta que Bolinaga jamás se ha arrepentido de ninguno de sus crímenes, y que nunca ha pedido perdón a sus víctimas ni ha tenido con ellas el menor gesto de buena voluntad. Pero como se trata de un miembro destacado de ETA, Mariano Rajoy y sus ministros se empeñan –ellos sabrán por qué- en seguir ciegamente la hoja de ruta pactada por Zapatero para reintegrar supuestamente a semejantes monstruos en la sociedad.

Es inconcebible que el ministro de Interior afirme rotundamente que con la concesión del tercer grado “se ha cumplido la ley, aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa, si no la hubiéramos tomado hubiéramos recaído en prevaricación”. Decir esto antes  de que el forense examinara a Bolinaga y antes de que se pronunciara la Fiscalía es, cuando menos, una temeridad insensata, y un terrible sarcasmo para las víctimas del terrorismo. Es incomprensible que se diga esto desde el Gobierno actual, cuando todo mundo recuerda las enormes diatribas y los improperios con que el Partido Popular obsequió a Zapatero cuando el caso de Juana Chaos. Y ahora terminan claudicando ante ETA de una  manera absolutamente bochornosa y humillante. ¿Para esto dejaron morir inútilmente a Miguel Ángel Blanco?

Por supuesto que Mariano Rajoy intenta salvar la cara del Ejecutivo y, de paso, justificarse a sí mismo por la excesiva consideración que han tenido con Josu Uribetxeberria Bolinaga. Dice que “siempre se ha actuado igual, gobernara el PP o el PSOE”, pero asegura tajantemente que no hay cambio alguno en la política antiterrorista. Va aún más lejos en su intento de calmar a las víctimas del terrorismo y asegura que es él el primero al que le repugna que este asesino salga de prisión. “Hay cosas que no se hacen con gusto, como es natural, y esta no la hacemos con ningún gusto”. Pero últimamente al jefe del Gobierno todo le sale mal. Hay tanta contradicción entre lo que dijo y lo que hace, que ya no logra convencer a nadie. De ahí que sigua en pleno auge la tormenta política generada con el despropósito de esa excarcelación.

Para empezar, resulta tremendamente sospechoso que, estando Bolinaga cumpliendo su condena en León, se le traslade provisionalmente al Hospital Donostia de San Sebastián para que determinen allí el alcance real de su enfermedad. ¿No había un hospital más a mano,  tan competente al menos como el de San Sebastián? Que no se extrañen los responsables del Gobierno que se desesperen hasta las bases de su partido y que recelen de la intencionalidad de semejante traslado temporal al hospital donostiarra. De hecho, ya afloraron las primeras suspicacias por la posibilidad de que la izquierda aberzale haya interferido realmente en el diagnóstico que llegó al juez central de Vigilancia Penitenciaria.

Ahí está el mosqueo monumental que se ha desatado porque tal diagnóstico está firmado simplemente por una supuesta “comisión médica” del servicio vasco de salud, sin que aparezcan los nombres concretos de los doctores que avalan semejante estudio. Se da además la circunstancia de que ese diagnóstico ha sido desmontado por la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, y que incluso va más allá al afirmar terminantemente que el terrorista Bolinaga “en la actualidad no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos”.

El Ministerio Público, fundándose en el informe médico de la forense de la Audiencia Nacional, discrepa profundamente de las tesis que llevaron al juez José Luis de Castro a decretar la libertad de Bolinaga. Según el fiscal, los precedentes utilizados por el juez de Vigilancia Penitenciaria son cuando menos inexactos, ya que no es terminal y, por lo tanto, puede ser tratado correctamente de su dolencia en prisión. Además, ha demostrado fehacientemente que no se ha arrepentido de sus actos, ya que sigue con toda fidelidad dentro de la cárcel las consignas que le llegan de ETA.

Aunque Mariano Rajoy optó inicialmente por sortear esta tormenta política de la manera que más le gusta, guardando silencio, no ha tenido más remedio que hablar para respaldar a su ministro Jorge Fernández Díaz ante las críticas fundamentadas de Jaime Mayor Oreja. Y como no podía ser menos, también salió a la palestra Alberto Ruiz Gallardón, otro de los ministros atípicos de este Gobierno. Continuaremos sin conocer los entresijos del atentado del 11M, no sabremos nada del chivatazo del bar Faisán, pero el ministro de Justicia nos aclara puntualmente que la libertad de este etarra se justifica, porque “No somos como ellos”.

Ni el presidente del Gobierno, ni sus ministros, son conscientes del daño que están haciendo al Partido Popular. Eso de que digan una cosa y hagan después la contraria, saca de quicio a cualquiera. Cuando reaccionen adecuadamente va a ser demasiado tarde y habrán perdido buena parte de la base electoral más firme del partido, pues la firmeza contra ETA es algo irrenunciable para las víctimas del terrorismo. Y las torpezas que se están cometiendo va a llevar a muchos a repetir lo que dijo Gabriel Elorriaga en mayo de 2008: "lo que ahora se necesita es un liderazgo renovado e integrador, y eso es algo que, aunque me pese, Mariano Rajoy no está en condiciones de ofrecer".

Gijón, 3 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

PRESENTACIÓN DE MI LIBRO

Ayer se presentó mi libro, titulado UNA ÉPOCA PARA OLVIDAR. La presentación fue en La Casa de Cultura del Antiguo Instituto de Jovellanos. 

La presentación corrió a cargo de Humberto Gonzali, escritor, responsable de la ASOCIACIÓN CULTURAL L'ARRIBADA.

Gijón, 12 de septiembre de 2012

MEJOR ESTARÍAN CALLADOS

La política de tierra quemada, practicada insensatamente por José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno, sumió a España en la miseria más estricta. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, el actual secretario general del partido socialista, es uno de los máximos responsables de que hayamos llegado a esta situación tan desesperada. Con despotricar incesantemente contra todo lo que dice y hace Mariano Rajoy, no se resuelve el problema que contribuyó a crear desde su posición de todopoderoso vicepresidente de aquel Gobierno de ineptos.

Aunque ahora se haga el sueco, Rubalcaba es responsable directo del descabellado derroche de dinero público y de la mala gestión de la crisis, lo que fue determinante para el hundimiento económico de España, dejándola prácticamente al borde mismo de la quiebra más absoluta. La situación económica dejada por el Gobierno de Zapatero fue tan extremadamente caótica que, sin medidas extraordinarias, no habría modo de solventarla. El déficit de 90.000 millones de euros y la deuda pública rondando nada menos que el billón de euros, es un lastre poco menos que insalvable para una economía tan poco competitiva como la nuestra.

El panorama que nos dejó el PSOE cuando abandonó el Gobierno, fue de lo más catastrófico y desolador que se pueda imaginar. En vista de esto, si los responsables de ese partido tuvieran un mínimo de decoro y de decencia política, se callarían como muertos y se abstendrían de criticar tan ácidamente las actuaciones acertadas o erróneas del nuevo Gobierno. Y el menos indicado para levantar la voz es precisamente Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque es evidente que es sumamente fácil hundir a un país en la ruina más absoluta. Lo verdaderamente difícil y complicado es sacarnos de esa situación tan angustiosa.

El incombustible ex vicepresidente está totalmente inhabilitado para levantar la voz, primero, por su responsabilidad directa en las decisiones adoptadas por el Gobierno de Zapatero y que fueron determinantes para meternos de lleno en la debacle económica que padecemos. También debe callarse, cómo no, por haber formado parte de los Gobiernos de Felipe González que, entre otras cosas, contribuyeron delictivamente a la proliferación  de empresas tapadera para autofinanciar ilegalmente al partido, como Filesa, Malesa y Time Sport. Los responsables de aquellos Gobiernos cesaristas, se las daban de proletarios que sintonizaban perfectamente con los descamisados, pero se transmutaron rápidamente en la flor y nata de la beautiful people de entonces. Y además de endeudarnos hasta las cejas, abusaron desmedidamente de los fondos reservados y, lo que es aún peor, practicaron profusamente el terrorismo de Estado con los GAL, cuya existencia negó una y otra vez Rubalcaba. Se le ha visto demasiado el plumero.

Aunque no sea nada más que por vergüenza torera, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de haber entonado un sincero mea culpa, debiera haberse ido a su casa a expiar en silencio sus muchos pecados políticos. Y ya que no lo hizo a su debido tiempo, que se calle ahora la boca, y que se entere de una vez que las más chapuzas más gigantescas son las suyas. Es cierto que Mariano Rajoy no ha estado, quizás, a la altura de las circunstancias y ha defraudado ampliamente a muchísimos de sus votantes, entre los que hay un buen número de afiliados al Partido Popular. Pero hay que reconocer, sin embargo, que estamos en una situación económica tan sumamente complicada que, a la vista está, es poco menos que insuperable, especialmente si nos empeñamos en mantener intacto el Estado megalómano y faraónico de las autonomías que nos hemos dado.

El problema que nos acucia es extremadamente grave y muy difícil de alambrar y, además, no admite ni esperas ni dilaciones. Así que  Rajoy no va a tener más remedio que mojarse y actuar a la mayor brevedad posible. Aunque sea éste su método preferido, no podrá guardar este problema en un cajón y esperar a que se solucione solo. Y es que en España tenemos ya el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea. Hay ya más de 11 millones de españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Somos incluso más pobres que Grecia y Portugal. También somos el país de la Europa comunitaria que soportamos la mayor tasa de desempleo, superando ampliamente a Grecia y, sobre todo, a Portugal. En cuanto a déficit público, solamente nos ganan Grecia e Irlanda. A los demás países les ganamos por goleada. Por el contrario, con la única excepción de Bélgica, Dinamarca y Suecia, somos los que más impuestos pagamos.

Pero al revés que en Bélgica, en Dinamarca y en Suecia, los impuestos de los españoles apenas si llegan para proteger  y consolidar el estado de bienestar y para reducir nuestro abultado déficit. Se gastan casi todos para mantener intacta la sobredimensionada estructura autonómica para disponer  del mayor número posible de comederos abiertos para la casta política.  El mantenimiento de una Administración de semejantes características exige ingentes cantidades de dinero, bastante más del que podamos recaudar. Así que necesitamos urgentemente, y de manera continuada, de la financiación extranjera. Pero los inversores de fuera no se fían de nosotros. Nos creen insolventes y, por consiguiente, son tremendamente reacios a prestarnos su dinero.

Los inversores foráneos y nuestros socios europeos comenzaron a dudar de nuestra seriedad y solvencia con las necedades y los despropósitos de José Luis Rodríguez Zapatero y continúan haciéndolo porque ven que Mariano Rajoy contemporiza demasiado y es tremendamente reacio a simplificar y racionalizar nuestro sistema autonómico. Contribuyen también a ahondar considerablemente esa desconfianza, los caprichos y las salidas de tono  –por no decir algo más fuerte-  de alguno de los  virreyes circunstanciales, que aspiran a disgregar, aún más, las regiones españolas. Y es que la dimensión de la Administración española es excesiva y está tan repleta de cargos públicos que contribuyen desgraciadamente a que ésta sea mucho más complicada y, en consecuencia, bastante menos  operativa.

El Gobierno de Mariano Rajoy piensa que se resuelve nuestro problema económico, mejorando simplemente la gestión de las autonomías y suprimiendo alguna de las duplicidades más llamativas. Y así no se soluciona nada, ya que el problema de la Administración es estructural. La existencia de 17 legislaciones diferentes rompe, por supuesto, la unidad de mercado y entorpece manifiestamente la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo.  Pero esto no es todo. El dinero que nos cuestan las autonomías sobrepasa los 86.000 millones de euros al año, que salen de nuestros esquilmados bolsillos en forma de impuestos.

Aunque el tamaño del Estado español es relativamente pequeño, se procedió absurdamente a su disgregación, creando otras estructuras administrativas más pequeñas, que se encargan  de gobernar cada una en su región. Buscando su operatividad, se traspasa a estas nuevas entidades autonómicas competencias que, hasta ahora, gestionaba exclusivamente el Estado, y con las competencias, el personal correspondiente, 821.357 empleados. Pero a partir de entonces, los operarios de las autonomías comenzaron a crecer exponencialmente, y muy pronto contaban ya con 1.740.000 empleados, nada menos que 920.000 trabajadores más para hacer lo mismo que hacían los 821.357 empleados transferidos inicialmente.

Esto indica que, de esos 920.000 asalariados, una inmensa mayoría al menos son lisa y llanamente personal enchufado en fundaciones, agencias y empresas públicas, creadas ex profeso  por las autonomías y ayuntamientos precisamente para eso, para colocar a dedo a los familiares, a los amigos más cercanos y, cómo no, para facilitar la  comisión de los tradicionales enjuagues y chanchullos. En vista de esto, Mariano Rajoy y los responsables políticos de los demás partidos no quieren ni oír hablar de la supresión de las autonomías, porque sería tanto como dejar a la casta política sin su  juguete más preciado y a muchos de sus amigos en el paro.

Para mantener el tipo ante nuestros socios europeos, u obligado por ellos, Zapatero comenzó  a exprimir a los paganos de siempre, a los más débiles,  hasta dejarlos totalmente exhaustos. Siguió, eso sí, con sus desorbitados gastos, pero congeló las pensiones,  redujo el salario a los trabajadores públicos y, para colmo de males, nos subió el IVA. Y todo esto, sin tomar una sola medida que pudiera reactivar la economía y favorecer la creación de empleo.

Con la llegada de Mariano Rajoy cambian muy pocas cosas ya que practica una política claramente continuista. Recorta algunos gastos superfluos, eso sí, pero mantiene intactos los gastos de administración. Como los ingresos normales no dan para tanto, imita a Zapatero, recurriendo tranquilamente al expolio de los que más lo necesitan, aumentando considerablemente la fiscalidad.  No sabemos si fue una decisión personal de Rajoy o una imposición de  Bruselas; el caso es que nos subió el IRPF, subió también el IVA y hasta se atrevió a dejar a los funcionarios sin la paga extraordinaria de Navidad. Y para colmo de males, como ya es tradicional en la derecha, falla aquí la comunicación, lo que da lugar a que los ciudadanos sigan con la sensación de que el Gobierno se limita a parchear torpemente la situación para cubrir el obligado expediente.

No cabe duda Mariano Rajoy se equivocó de estrategia en la campaña electoral del pasado 20 de noviembre. Al parecer, la totalidad de ciudadanos, que seguían con  preocupación los vaivenes de nuestra tambaleante economía, sabían perfectamente  que las afirmaciones del equipo económico del Gobierno de Zapatero no eran más que solemnes bravatas. Estaban todos plenamente convencidos de que, cuando salieran del Gobierno, España quedaría sumida prácticamente en la quiebra y sometida a los caprichos de Bruselas.

Pero Mariano Rajoy, según parece, se fio, se dejó engañar lamentablemente por las fanfarronadas de Elena Salgado, al frente entonces del Ministerio de Economía. De otro modo, no hubiera hecho las promesas que hizo en la campaña electoral, porque sería tanto como prometer algo que sabe no va a poder cumplir. Y esto sería algo imperdonable en alguien que aspira a dirigir los destinos de todos los españoles. De todos modos, Rajoy cometió un fallo inexcusable al hacer esas promesas, a pesar de los indicios claros del hundimiento total de nuestra economía. Prometió alegremente reducir algunos impuestos, o al menos no subirlos, a lo que no habría nada que objetar en unas circunstancias normales. Pero esas mismas promesas son realmente infumables cuando, como es el caso, se hacen en una situación manifiesta de quiebra. Toda una inconcebible y disparatada metedura de pata.

Excusarse  con la herencia recibida, a estas alturas,  resulta totalmente absurdo. Mariano Rajoy tenía que saber, o al menos sospechar, la situación real de nuestra economía.  Debió prometer sangre sudor y lágrimas de todos los colectivos, incluidos los de la casta política. El desprestigio del zapaterismo era de tal envergadura, que hubiera ganado igualmente las elecciones y, ahora, no se encontraría con esa contestación tan generalizada.

Barrillos de Las Arrimadas, 29 de agosto de 2012

José Luis Valladares Fernández