ASI HOMENAJEAN Y VIOLAN LA CONSTITUCIÓN

El pasado 6 de diciembre, los políticos españoles celebraron, como de costumbre, el día de la Constitución. Como celebrábamos el 35 aniversario de su aprobación, prepararon un ceremonial algo más fastuoso y solemne que otros años. Pero aún así, la jornada  resultó un tanto desangelada por las numerosas ausencias que se produjeron. Los actos conmemorativos comenzaron, como viene siendo habitual, con las conocidas Jornadas de Puertas Abiertas, para que los ciudadanos que quisieran, puedan visitar tranquilamente las distintas estancias del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Comenzó la jornada con los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pio García-Escudero,  recibiendo conjuntamente a los invitados en la entrada principal de la Cámara Baja. Pasaron después al Salón de los Pasos Perdidos donde Jesús Posada pronunció un discurso institucional en el que, derrochando mucho optimismo, definió nuestra Carta Magna de 1978 “como un marco de valores colectivos en el que todos nos reconocemos y con los que todos nos sentimos identificados, como la concordia, la libertad, la igualdad o el pluralismo”.

En otro momento de su discurso, el presidente del Congreso dijo sin ambages que todos “los españoles tenemos que estar orgullosos de nuestra Constitución”. Y es verdad que las gentes de la calle, los ciudadanos que viven honradamente de su trabajo, la respetan y la cumplen con auténtica fidelidad y veneración. Es verdad que no somos todos iguales ante la ley y que ni siquiera disfrutamos todos de la misma libertad, pero saben perfectamente que la culpa no es de la  norma  constitucional que rige, o debiera regir nuestra democracia. Bien aplicada, hasta el último ciudadano tendría plenamente garantizados todos y cada uno de sus derechos

La culpa de semejantes desigualdades la tienen los políticos que, como no piensan más que en  multiplicar sus prebendas, interpretan la Constitución y la aplican de manera muy interesada y egoísta, pensando exclusivamente en su propio beneficio. Habituados a vivir siempre del cuento, no es de extrañar que organicen continuos homenajes a la Constitución, celebren solemnemente la fecha de su aniversario, organicen lecturas públicas de la  misma y la dediquen  calles y plazas en todos los pueblos de España. Pero cuanto más solemnes son esas celebraciones, más graves son los incumplimientos. La vulneran conscientemente, con el mismo entusiasmo o más que la agasajan.

En su momento, la Constitución sirvió eficazmente  como instrumento de convivencia entre españoles, haciendo posible aquella famosa y ejemplar Transición Democrática Española. Pero desde que el Gobierno de Felipe González mató a  Montesquieu y Alfonso Guerra, certificó su fallecimiento,  los responsables políticos comenzaron a infringir descaradamente aquellos mandatos constitucionales que no les gustaban. Desde ese momento, nuestra Carta Magna ha sido repetida y gravemente  ninguneada, repudiada y hasta “prostituida”, como dijo José Antonio Ortega Lara, en la concentración de las víctimas del terrorismo del pasado día 6 de diciembre.

En la práctica, la  soberanía nacional ha dejado de residir en el pueblo español, del que deben emanar todos los poderes del Estado, como muy bien indica el artículo 1.2 de la Constitución. Ahora son los partidos políticos en exclusiva los que, frecuentemente, manejan nuestros derechos y libertades, limitándolos a su antojo. También les debemos la peligrosa quiebra de la indisolubilidad  de la Nación española, sancionada en el artículo 2 del texto constitucional. Los 17 reyezuelos de cada taifa  han dado al traste por completo con el principio de solidaridad de unas regiones con otras.

Los aparatos de los partidos políticos olvidan que sus estructuras y su funcionamiento,  según el artículo 6 de la Constitución,  deben ser totalmente democráticos.  Pero en vez de democratizarse, han blindado sus procesos internos y, de acuerdo con los intereses inconfesables de la cúpula, laminan descaradamente las discrepancias y el pluralismo político. Si no hay alguien que se lo impida, los partidos políticos tienden a ejercer el poder absoluto, sustituyendo las mayorías más o menos cualificadas por el dedazo del jefe a la hora de decidir.

El jerarca, faltaría más, se rodeará siempre de domésticos que lo obedezcan ciegamente y  lo aplaudan y lo adulen de manera desmedida. Y estos, a su vez, se prestan voluntariamente a ese juego de servilismo absurdo, porque saben que no hay otra manera de escalar puestos dentro del partido y conseguir algún cargo  político del Estado. Aquí en España, los que logran introducirse en la política, sean jerarcas o lacayos, aspiran  a eternizarse en sus puestos y  que nadie les mueva de su silla.  Lo más importante, para unos y otros, es solucionar su vida definitivamente, llegando a ser auténticos profesionales de la política.

Los privilegios que acompañan al ejercicio de la política son otro acicate más para luchar denodadamente para mantenerse en el cargo. Tratan de conservar todas sus prerrogativas y de aumentarlas, si es posible, aunque sea a costa de los ciudadanos. Y nada mejor para conseguirlo que blindar su permanencia en la función política que desempeñan. Pero no se puede uno fiar de los políticos profesionales,  que no tienen fecha de caducidad,  que se ocupan exclusivamente de sus propios intereses y que se han convertido en casta. Y esto es desgraciadamente lo que son hoy día la mayoría de nuestros políticos.

Aunque el artículo 9 de nuestra Constitución dice claramente que los poderes públicos deben promover las condiciones  para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas, para que, sin problema alguno, puedan todos ellos participar en la vida política. Pero ya vimos que esto no se cumple. Se cierra el camino a todo aquel que discrepa, que piensa por sí mismo y que tiene iniciativas propias. No tiene posibilidad alguna el que no acate ciegamente las indicaciones dictadas por las cúpulas  de los partidos..

También se nos garantiza, en el mismo artículo, el principio de legalidad, la jerarquía normativa y, cómo no, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o que sean restrictivas de derechos individuales previamente adquiridos. Pero llegó el Gobierno de turno y, con la disculpa de la crisis económica que padecemos, violó conscientemente dicho artículo, al dictaminar con carácter retroactivo la  no actualización de las pensiones. Con arbitrariedades como esta, el Gobierno no ha hecho más que limitar nuestros derechos fundamentales, aumentando considerablemente nuestra inseguridad jurídica.

La casta política que nos explota de manera inmisericorde, se siente  muy ufana y hasta se cree artífice de la abolición de la pena de muerte con el artículo 15 de nuestra Constitución. La inconsecuencia de estos políticos de cenáculo es tan ostensible, que se rasgan sus vestiduras cuando alguien habla de implantar la cadena  perpetua para los desaprensivos que cometan alguno de esos crímenes, que son especialmente graves y odiosos. Y sin embargo, despenalizaron primero la eliminación traumática de los seres humanos más inocentes e indefensos y, más tarde, elevaron  a la categoría de derecho esas muertes horrendas de esas pobres criaturas al comienzo de su vida.

La casta política ha perdido totalmente el norte y hasta  la vergüenza y se empeña en actuar habitualmente al margen de la Constitución. Su ambición no conoce límites, y como son terriblemente avariciosos y siempre quieren más,  no se conforman con las  numerosas prebendas que disfrutan. . Por eso, en no pocas ocasiones, les puede la codicia y se dejan subyugar por la corrupción. De ahí que lleven ya unos cuantos años, desde 1985, tratando de garantizar su impunidad.

Conocedores de su fragilidad ante las tentaciones, nuestros políticos no quieren exponerse, en caso de cometer algún delito,  a que los juzgue algún tribunal que tenga el mal gusto de hacer justicia aplicando simplemente la Ley y, por supuesto, el sentido común. Es verdad que gozan de inmunidad  parlamentaria y que solamente podrá juzgarlos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siempre que  la Cámara correspondiente conceda el suplicatorio. Pero siguen corriendo un grave  riesgo, ya que ese Tribunal, si es independiente, también puede tener la desagradable ocurrencia de aplicar el sentido común en la sentencia.

El artículo 117 de la Constitución es meridianamente claro. Comienza indicando que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y estos Jueces y Magistrados, como indica el texto constitucional en el siguiente punto, “no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley”. Pero la casta política, que no quiere correr riesgo alguno, ignora sin más este  artículo.

. Así que, para estar a cubierto de cualquier sorpresa o imprevisto, los aparatos de los partidos mayoritarios eligen ellos mismos, al margen de la Constitución, a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. De este modo, al depender de los partidos, los Jueces y los Magistrados perderán irremisiblemente su independencia y, desde ese momento, actuarán teniendo en cuenta los dictados marcados por los políticos.

Así queda en muy mal lugar la obligatoria y necesaria independencia de los tres poderes clásicos, pero puede llegar a evitar que algún preboste político pague por sus desmanes punibles. Y de hecho, habrá casos importantes de corrupción en los que, los infractores, en vez de condenas ejemplares, recibieron una absolución pública y generosa.

Lo ocurrido en el bar Faisán, por ejemplo, es un caso tremendamente significativo. No hay encausados más que los policías que previsiblemente obedecían órdenes superiores.  Y aún así, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia no vio en el chivatazo a ETA ni indicios siquiera de colaboración con la organización terrorista,  aunque frustró otra operación policial, montada para detener a determinados miembros de la banda etarra. Fueron imputados simplemente por revelar secretos con la intención, según reza la sentencia, para no "entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA".

José Luis Valladares Fernández