EL COPAGO SANITARIO A EXAMEN

Hace ya bastante tiempo que, de vez en cuando, tanto a nivel estatal como comunitario, aparece en los medios de comunicación el recurrente tema del copago sanitario. Es una manera maniquea de preparar el ambiente propicio para introducirlo de una vez, o para justificar una próxima subida de impuestos o la creación de alguno nuevo, que tanto más da. Quieren implicar a toda costa a los usuarios de la Seguridad Social en los problemas económicos crecientes que origina la atención sanitaria.
No podemos negar la evidencia, ya que las dificultades económicas por las que atraviesa el sistema de salud español son claramente manifiestas. Las causas principales de este progresivo encarecimiento del servicio sanitario vienen determinadas, en primer lugar, por el notable aumento de la esperanza de vida desde hace unos cuantos lustros para acá. Esto presupone un aumento constante de usuarios que precisan atenciones y, muchos de ellos, un buen número de recetas. También es muy importante el número de inmigrantes que, sin cotizar, acuden al médico cuando lo necesitan. Esto, sin olvidarnos del abundante turismo sanitario, que se ha disparado últimamente. Y en segundo lugar, como no, incide muy negativamente en el coste del sistema el continuo encarecimiento de los productos utilizados en los centros sanitarios, entre los que ocupan una principal parte los farmacéuticos. Por otro lado están los costes, cada vez más elevados, del personal que atiende estos servicios.
En la actualidad se ha vuelto a insistir, con especial denuedo, en la conveniencia de implantar el copago, ya que desde las diversas Comunidades Autónomas se considera que ésta es la mejor alternativa para garantizar nuestro sistema de salud. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, reconoce la obligación que tiene de “fortalecer el sistema y mantenerlo en el tiempo”. Tomar una medida de tanto calado, continua la ministra, es demasiado relevante. De ahí que sea obligado realizar antes un estudio previo y detallado de todas las demás alternativas posibles. De momento, a pesar del interés que tiene el Gobierno por reducir el déficit público, no es oportuno introducir el copago, pues, según explica Trinidad Jiménez, esto entrañaría “un importante coste económico para quienes más usan la sanidad”, como son las personas mayores, con rentas muy bajas la mayoría de ellas.
Ante las enormes dificultades para hacer frente a los gastos sanitarios actuales, sobre todo en el apartado farmacéutico, la ministra de Sanidad se comprometió con los consejeros correspondientes autonómicos a estudiar con detenimiento y seriedad el alcance del copago sanitario. Pues, según dice, para tomar una decisión u otra, hay que tener en cuenta la evolución de la economía y los planes de ajuste que adopte el Gobierno. Ha reconocido que los ingresos que pueda aportar el copago significan muy poco “en relación con la proporción de la deuda”.
La introducción del copago sanitario para los jubilados antiguos supone una tremenda injusticia, ya que se adquirió el derecho a esa cuestionada gratuidad a lo largo de una dilatada vida laboral, con amplias cotizaciones destinadas a ese fin. Tampoco sería racional, para ahorrar dinero, que se recortaran los servicios habitualmente prestados por la Sanidad Pública. Y menos atreverse a incitar al personal médico, como se ha hecho desde algún Gobierno autonómico, a que limiten las pruebas diagnósticas y disminuyan, en lo posible, la prescripción de recetas.
El problema económico no proviene de unas cuantas recetas gratuitas que precisan los pensionistas. El problema tiene otras raíces más profundas que no están ocasionadas por los médicos y, mucho menos, por los que han tenido la desgracia de enfermar. El mal hay que buscarlo en la pésima gestión realizada por los distintos Gobiernos Autonómicos. Para empezar, bien por precipitación o por alguna otra causa, a lo mejor se negoció mal el traspaso de las competencias del Sistema Nacional de Salud. Lo que sí es indudable es que hay consejeros autonómicos de salud que se comportan como si la Sanidad Pública fuera su cortijo particular. En consecuencia, habilitan algún que otro chiringuito, dentro de los Centros de Salud y en los Hospitales, para dar cobijo a unos cuantos amigotes suyos y donde, además, proliferan cargos políticos totalmente innecesarios, que no hacen más que encarecer el servicio. Se trata, ni más ni menos, de un dispendio gracioso e inútil, sumamente elevado, que abona religiosamente Sanidad Pública.
Sería una tremenda injusticia que se impusiera, sin más, el copago sanitario a los jubilados, sabiendo que la mayoría cobra unas pensiones muy bajas, bastante por debajo de los mil euros. Se sentirían, además, vejados y odiosamente discriminados, porque habiendo cotizado durante largos años de su vida para el mantenimiento del sistema, ahora se les cobraría un canon, mientras que los servicios de salud seguirían atendiendo gratuitamente a los inmigrantes ilegales, que han logrado entrar en España y que nunca han cotizado.
Las autoridades competentes, antes que nada, deberían tratar de localizar esos enormes agujeros, por donde se van absurdamente grandes cantidades de dinero y taponarlos. Para ello, lo primero que tendrían que hacer, utilizando una frase ya hecha, iniciar un “régimen de adelgazamiento severo” y en consecuencia, clausurar todos esos innecesarios chiringuitos en los que vegeta toda una legión de amigos y paniaguados innecesarios. Y después realizar una gestión honesta y eficiente de los diferentes medios que tienen a su alcance.
De todos es conocido el dinero que se va en abonar recargos, por retrasar el pago de las facturas. Se trata de un gasto extra perfectamente evitable. Otra fuente de ahorro notable se conseguiría centralizando todas las compras y realizando estas mediante subasta o concurso público. Para ello no habría más que atenerse a la ley de contrataciones del sector público y hacer el pedido al mejor postor. Sería la manera de ahorrar dinero y no haría falta recurrir al cobro de ninguno de los cánones que se han barajado, ni a la reducción de prestaciones sanitarias para mantener la viabilidad del sistema actual de salud.

Gijón, 17 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández