EL AGUJERO DE LAS CUENTAS SIGUE CRECIENDO

La reducción del déficit en España, con el Gobierno que padecemos, es más bien una misión imposible. El gasto sin control, el derroche disparatado, es algo innato y tan habitual en José Luis Rodríguez Zapatero que, si cerrara ahora el grifo, dejaría de ser Zapatero. Si atendemos a sus obras, es evidente que Zapatero no cree en Dios. Pero esto no es óbice para que crea en los milagros. Ahí están, si no, sus palabras del pasado día 27 de junio, en la reunión del G-20 celebrada en Toronto, que están llenas de un preocupante optimismo.
Después de oír al secretario del Tesoro norteamericano, que urgía a España a reducir el déficit, con medidas “rápidas” que tranquilicen a los mercados, Rodríguez Zapatero defendió sus recetas para salir de la crisis, en especial la reforma laboral y la nueva ley de cajas que está en estudio. El presidente del Gobierno destacó las medidas de ajuste fiscal ya aprobadas, que van a reducir significativamente el déficit y, a la vez, propiciar un nuevo impulso hacia una recuperación económica definitiva.
Una vez más, Zapatero confunde los deseos con la realidad. Trata de obviar el cariz específico de la crisis española, en la que tanto tiene que ver él con su criticable comportamiento. De ahí que insista, una y otra vez, en que se trata de una grave crisis financiera similar a la de los otros países. Por eso Zapatero defendió en el G-20 la necesidad de “poner deberes” al sistema financiero. Pero nuestra crisis, la crisis económica española, tiene otros componentes que la hacen mucho más devastadora que la del resto de países de nuestro entorno: la falta de competitividad de nuestra industria, la desorbitada deuda pública y la pasividad de un Gobierno que ha optado por no tomar medidas impopulares.
Está visto que Zapatero se comporta como un hombre anuncio, que lanza consignas a un lado y otro y, con muy buenas palabras, promete continuamente las soluciones más variadas. Soluciones que después, por desgracia, no aparecen por ninguna parte. Busca con su palabrería hueca que el FMI y la Unión Europea suelten las decenas de miles de millones que necesita para ir haciendo frente a la deuda pública, cueste lo que cueste, y así poder llegar a final de la legislatura. Y el ajuste, si hay que hacerlo, ya se hará o que lo haga quien venga detrás. Mientras tanto y no, Zapatero alardea constantemente de una austeridad de lo más exquisito en cuanto a las políticas de gasto se refiere.
Pero a pesar de todo, el despilfarro continúa y no parece tener fin. El déficit público alcanzó la no despreciable suma de 22.878 millones de euros, en términos de caja, durante los primeros cinco meses de 2010. El agujero de las cuentas públicas sigue creciendo y roza ya los 23.000 millones de euros, cifra notablemente superior a los 19.102 millones de euros que se registraron en el mismo periodo del año 2009.
El Gobierno, en cambio, eligió otra óptica para quitar hierro a estos pésimos datos y minimizar así en lo posible el agujero de las cuentas del Estado. Para ello deja de lado las cifras reales y acude a simples estimaciones, al computar los ingresos y los pagos cuando se comprometen y no en términos de caja. De este modo rebajan el déficit de esos primeros cinco meses de este año a la engañosa cifra de 18.818 millones de euros, el 1,79% del PIB. Pues los ingresos estimados de ese periodo ascienden a 51.688 millones de euros, un 15,6% más que en el mismo periodo de 2009, mientras que los gastos alcanzaron los 70.506 millones, un 9% más que en los mismos meses del año precedente.
El endeudamiento público exagerado, más que a las medidas de apoyo y al estímulo a la actividad, responde a la caída de la actividad económica. Donde más se ha notado este impacto ha sido en las Comunidades Autónomas y sobre todo en los Ayuntamientos, tan ligados unas y otros al ciclo de la construcción. El frenazo inmobiliario ha dado lugar a esos déficit tan elevados en las administraciones periféricas, tanto autonómicas como municipales. A pesar de la precaria situación en que se mueve la economía española en la mayoría de los grandes municipios y en las Autonomías, aún no se ha puesto en marcha un riguroso control del gasto tendente a frenar el crecimiento del déficit. Ni el propio Estado se ha molestado hasta ahora en controlar los suntuosos gastos municipales y autonómicos.
La deuda de los entes territoriales, en el tramo final de 2009, aumentaba ya a un ritmo endiablado del 29%. Y en el primer trimestre del año actual, no le va a la zaga y ha aumentado en un 28% para las Autonomías y en un 15% para los Ayuntamientos. En estos momentos, la deuda acumulada por las Autonomías sobrepasa ampliamente los 95.000 millones de euros, algo más de un 9% del PIB. En los Ayuntamientos, la deuda acumulada ronda el 3,5% del PIB. La deuda a proveedores de las Comunidades Autónomas, en estos momentos, es superior a la deuda griega. Como no se ha hecho nada para frenar el gasto ni por las autoridades autonómicas ni por el Gobierno central, la escalada alcista del déficit y de la deuda ha sido extremadamente elevada desde hace dos años para acá.
Nuestro Gobierno se las ve y se las desea para colocar deuda entre los inversores extranjeros y la que coloca, lo hace a base de multiplicar los costes, ofreciendo rentabilidades tan sumamente altas que resultan ya prohibitivas para el Estado. Renovar nuestra deuda, nos cuesta nada menos que 200 puntos más que a los alemanes. Y es que el agujero en las arcas públicas es de tal calibre que, sin recortes drásticos en los gastos habituales del Ejecutivo, que será poco menos que imposible la recuperación económica española. Al grave problema de los números rojos en las cuentas públicas se unen la subida generalizada de impuestos y el estancamiento del consumo, que previsiblemente se acentuará aún más con la subida del IVA, con lo que se lastrará aún más nuestro despegue económico. Con estas premisas, no será posible frenar la caída libre del Producto Interior Bruto en nuestro país.

Barrillos de las Arrimadas, 1 de julio de 2010

José Luis Valladares Fernández