EDUCACIÓN Y SENTIDO COMÚN

En Madrid y en otros muchos lugares de España, el 26 y 27 de marzo pasado, un buen número de estudiantes abandonó las aulas y se echó a la calle para protestar ruidosamente contra la política educativa del Partido Popular.  De entrada piden, cómo no, la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert y centran prácticamente todos sus reproches al Gobierno en los recortes que han hecho en Educación, dando lugar al consiguiente despido de profesores, a una subida excesiva de las tasas universitarias y al incremento de trabas y obstáculos para conseguir una beca.

El descontento de los estudiantes no es nuevo, viene ya de cuando el Partido Popular ganó las elecciones. Y en sus frecuentes revueltas, unas veces van solos como ahora, y otras hacen causa común con un núcleo determinado de padres y profesores.  Pero no nos engañemos,  es la izquierda española la que, desde la sombra, alienta y dirige impunemente todas esas grescas callejeras, utilizando al Sindicato de Estudiantes. A veces van más allá y, entonces, intervienen de manera más directa a través de los sindicatos afines FE-CCOO, FETE-UGT, y de las organizaciones  insertas en el Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) que, siendo minoritarias y con muy poca representación, suelen dar mucho ruido.

Sin que importe mucho su procedencia sociológica, la izquierda española no digiere las derrotas electorales. Y cuando sucede esto, como es el caso, prepara en la calle todos estos cirios,  a veces muy violentos, para acabar cuanto antes  con esa situación que considera totalmente anómala e injusta. Y en esto, no hay la menor discrepancia entre la “izquierda histórica” o de “masas” y la “izquierda intelectual”, e incluso, la “izquierda de los descontentos” o de los “indignados”. Por eso, cuando gobierna la derecha, la izquierda monta en cólera invariablemente porque se siente estafada y despojada de algo que le pertenece casi por Derecho Divino.  

Y no digamos nada si esa derecha pierde el pudor y promulga leyes tan irrespetuosas con la “igualdad”, como la nueva Ley de Educación, la famosa LOMCE.  No olvidemos que, desde la Revolución Francesa, la “igualdad” pasó a ser un auténtico dogma de fe para todas las gentes de izquierda. Y cuando unos intrusos ocasionales, como los de esta derecha ultramontana, la ponen en peligro, tratan de defenderla echándose a la calle y organizando continuos altercados y revueltas, a veces excesivamente graves, para crear un ambiente social lo más irrespirable posible. Piensan que, al enfrentarse a situaciones tan difíciles, la derecha fracasará irremediablemente y abandonará el Gobierno mucho antes de lo previsto.

Con independencia de su color político, aunque no sea nada más que por decencia social, el Gobierno está moralmente obligado a garantizar a todos los ciudadanos la igualdad ante la ley y, por supuesto, la “igualdad de oportunidades”. En la enseñanza, por ejemplo, además de contar todos los estudiantes con los mismos derechos políticos y civiles, deben tener también la posibilidad real de acceder a la misma educación que, sin ningún género de duda, debe ser moderna, asequible y lo más completa posible. Pero  no podemos pretender, como hace la izquierda, que todos obtengan los mismos resultados. Como es lógico, unos llegarán más lejos que otros,  dependiendo, cómo no, de su capacidad intelectual y del esfuerzo personal que ponga cada uno de ellos.

Es evidente que no todos tenemos las mismas luces. Y mientras no haya alguien que coarte nuestra libertad, todos seremos diferentes porque todos aspiramos instintivamente a ser nosotros mismos. Esto hace que la pretendida “igualdad de resultados”, no sea nada más que una quimera, una falacia, un sueño utópico de la izquierda española. En su día, el PSOE pretendió que todos los estudiantes alcanzaran metas similares en sus estudios. Con ese fin promulgó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España, de 1990, la famosa LOGSE.

Con ese fin, extendieron la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años y aplicaron un plan unificado de estudios un tanto ingenuo. Pensaron que, con una plaza escolar, un itinerario unificado, y la “igualdad de oportunidades”, quedaba sobradamente garantizada esa imposible y soñada “igualdad de resultados”. Procuraron allanar lo más posible esas forzosas desigualdades de partida entre unos alumnos y otros, tratando de conseguir las mismas o similares metas para todos ellos. Creían que la “igualdad de oportunidades” conduciría inevitablemente a la “igualdad de resultados”, pero vieron frustradas sus esperanzas. A partir de entonces, y de manera progresiva, comenzó a crecer el fracaso escolar y a generalizarse el abandono prematuro de los estudios.

La nueva Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, puesta en marcha por el Gobierno de José María Aznar, pretendía poner fin a tamaño desbarajuste educativo, utilizando simplemente el sentido común. Pero en 2004 llega inesperadamente a La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero que, como primera medida  y por medio de un Real Decreto, paraliza de inmediato la aplicación de dicha ley. Y finalmente el Gobierno de Zapatero la deroga en mayo de 2006 con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que nos devuelve  desgraciadamente a los postulados de la LOGSE de 1990.

El PSOE, y con él toda la izquierda española, sigue anclado en un imperialismo educativo totalmente aberrante y que tan malos resultados está dando. La influencia de los agentes extraescolares en el éxito o fracaso de la educación es evidente. Las diferencias sociales, por ejemplo, la familia y, cómo no, la capacidad intelectual de los alumnos son absolutamente determinantes en el resultado final de sus estudios.  La profesión de los padres, e incluso sus posibilidades económicas, generan en sus hijos actitudes francamente diferentes hacia la educación. Y si hay  actitudes diferentes entre unas familias y otras, sus hijos iniciarán su proceso educativo también desde posiciones escolares diferentes.

Esto atenta, claro está, contra el dogma de la  “igualdad de resultados”, los socialistas españoles tratan de allanar el camino homogeneizando frívolamente las condiciones iniciales de partida de cada colegial. Por eso, como primera medida, intentan usurpar a los padres el derecho inalienable a intervenir en la educación de sus hijos y, después,  negándose a diversificar los programas de estudio,  adoptándolos a las posibilidades intelectuales de los estudiantes. Y para que no sobresalga nadie,  nada mejor que mantener un itinerario escolar prácticamente idéntico para todos, por lo menos, hasta los 16 años, y prescindir de algo tan importante como es el mérito y el esfuerzo personal.

Para conseguir esa soñada e imposible “igualdad de resultados”, juntan en una misma clase a los que de verdad estudian o quieren estudiar, porque tienen aptitudes para ello, y a los que van a remolque en sus estudios, e incluso a los que no quieren estudiar. Y para no traumatizar y dejar en mal lugar a los más torpes, no les quedar más remedio que contener y frenar  precisamente a los más aventajados, a los que pueden dar mayor rendimiento. El resultado no puede ser más desastroso, ya que perjudica gravemente  a los dos grupos, a los alumnos más aventajados y a los más torpes y, además se pierde calidad en la educación.

Los últimos Informes Pisa son demoledores con el actual sistema educativo español, que está empobreciendo, cada vez más, el bagaje intelectual de nuestros jóvenes. Y algo tendremos que hacer, si queremos poner freno a semejante desastre y volver a tasas de fracaso escolar menos escandalosas.  Lo primero y lo más urgente, abandonar el itinerario unificado y recuperar íntegramente la Formación Profesional. En los países que están a años luz por delante de España en los Informes Pisa, como Finlandia y los Países Bajos, miman precisamente esta clase de estudios.

Mantener contra viento y marea el bachillerato único, para no discriminar a los que aprenden con mayor dificultad, ha sido uno de los errores más lamentables del PSOE. Y el resultado no se ha hecho esperar: se han masificado las aulas y, en consecuencia, la enseñanza ha sufrido un deterioro inmenso. Solamente saldremos de semejante  atolladero cuando dejemos de aspirar a una imposible “igualdad de resultados” y proporcionemos a cada estudiante las herramientas más adecuadas para su desarrollo integral, y premiando nuevamente, faltaría más, el esfuerzo y el mérito de cada uno de ellos, sin tener en cuenta su extracción social.

Y esto es, más o menos lo que pretende el Partido Popular con la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el pasado mes de diciembre. Intenta, ante todo, reducir significativamente la escandalosa tasa del abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos de todos los alumnos, de acuerdo siempre con criterios internacionales, y haciendo especial hincapié en la educación plurilingüe  y en la modernización de la Formación Profesional. El tiempo nos dirá si consigue o no su objetivo, y se impone otra vez el sentido común.

Gijón, 10 de abril de 2014

José Luis Valladares Fernández