miércoles, 20 de agosto de 2014

“¡NO VAMOS A SER MENOS!”


Según Groucho Marx, “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Aunque el genial humorista trataba simplemente de hacer una frase graciosa, que nos hiciera reír,  sin pretender tal cosa, nos dejó una definición exacta de lo que es la política. Nuestros políticos al menos, por su forma de actuar, confirman plenamente la descripción hecha por Groucho Marx: se equivocan casi siempre al analizar los problemas que se presentan y rara vez aplican una solución adecuada.

Acertaron de plano, es cierto, en la manera de afrontar la transición democrática, instaurando sin mayores problemas el actual sistema parlamentario, aceptado unánimemente por las diferentes sensibilidades políticas. Para que los intereses sociales y económicos de los españoles no se vieran afectados negativamente, en vez de romper bruscamente con las instituciones del régimen anterior, las reformaron adecuadamente, manteniendo así la necesaria continuidad institucional para garantizar cierta estabilidad y no hipotecar el futuro. En un poema de Antonio Machado, escrito muchos años antes, nos deja unos versos que describen casi exactamente este proceso: 
                      ¡Qué importa un día!. Está el ayer alerto
                      al mañana, mañana al infinito,
                      hombres de España, ni el pasado ha muerto,
                      ni está el mañana —ni el ayer— escrito.

Pero los aciertos iniciales de nuestros políticos y su mesura ejemplar, tan alabada por los países de nuestro entorno, desaparecieron prácticamente desde el mismo momento en que iniciaron su andadura las Cortes Constituyentes de 1977. Uno de los primeros errores políticos, que ha enturbiado de manera evidente la convivencia pacífica de los españoles, data del 29 de septiembre de 1977. En esa fecha, por decreto y sin esperar a la redacción definitiva de la Constitución, el Gobierno de Adolfo Suarez restablece formalmente la Generalitat de Cataluña y crea el Consejo General Vasco.

En el referéndum del 15 de diciembre, los españoles aprobaron por amplia mayoría la Ley para la Reforma Política, propuesta por el presidente Adolfo Suarez. Y para que no quedara nadie al margen de ese trascendental consenso para articular la Transición Política, que uniera definitivamente a las dos Españas, quiso ganarse también a los nacionalismos vasco y catalán. Pensaba sinceramente que, dando carácter oficial al autogobierno de esas dos regiones y transfiriéndoles determinadas competencias, los que amenazaban frecuentemente con el separatismo, aparcarían de inmediato todas sus aspiraciones oportunistas.


Y ese adelanto preautonómico fue francamente desafortunado. Como era de esperar, no sirvió en absoluto para que amainara ese continuo desafío separatista. Más bien, ocurrió todo lo contrario y los nacionalistas continuaron con su juego sucio. Comprobaron con plena satisfacción que esas incesantes amenazas eran política y económicamente rentables. Y esto les llevó a ser mucho más inflexibles con el Poder central y a menudear y a extremar aún más sus desvergonzadas exigencias.

Es cierto que la Constitución no pudo comenzar mejor. El primer capítulo abre unas expectativas esperanzadoras al afirmar tajantemente que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”  y al proclamar que “La soberanía nacional reside en el pueblo español”. Cierra el capítulo, indicando que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.


Pero ese optimismo inicial se volatiliza por completo, cuando pasamos al segundo capítulo y vemos que la Constitución “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las ‘Nacionalidades’ y regiones que la integran”. Detrás de esa expresión está evidentemente el nacionalismo insaciable que, abusando descaradamente de la buena voluntad de los redactores del texto constitucional, logran institucionalizar el término “Nacionalidades”, dando así un paso más hacia esa soñada independencia,  que reclaman esas dos regiones periféricas cada vez con mayor insistencia. No olvidemos que, en castellano, la palabra “Nacionalidad” equivale realmente a “Nación”.

Los responsables de la política nacional y, cómo no, los ponentes de la Constitución sabían perfectamente que, al tratar de compatibilizar la unidad incuestionable de la Nación española con el derecho a una autonomía prácticamente plena de las distintas “nacionalidades”, alteraban el auténtico significado de las palabras. En aquella ocasión, retorcer el lenguaje era lo de menos si, de este modo, se lograba amansar y domesticar a la montaraz fiera nacionalista. Pero el resultado de esas concesiones graciosas fue muy diferente al esperado: en vez de conformarse con ellas, acrecentaron considerablemente sus reivindicaciones.

El Gobierno de Adolfo Suarez estaba  excesivamente obsesionado por “consensuar” hasta los más mínimos detalles de la  futura Constitución. Y antes de tomar una decisión, consultaba a todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes, incluidas las regionalistas. No quería que la nueva Constitución pudiera ser tildada de “partidista”, como ocurrió frecuentemente en épocas pasadas. Buscaba que fuera aceptada por todos. De ahí que nuestra Constitución esté plagada de imprecisiones y ambigüedades, y que, por lo tanto, algunos artículos sean susceptibles de interpretarse de una u otra manera.

Ese afán enfermizo, por evitar cualquier discrepancia con las demás opciones políticas, condicionó también la redacción del Real Decreto sobre Normas Electorales, preparado para regular las primeras elecciones democráticas de 1977 y que después serviría también  para las elecciones de 1979 y de las que se celebraron en 1982. Para no molestar a nadie, este sistema trató de conjugar los intereses electorales de las fuerzas políticas periféricas, con la necesidad de conformar una mayoría parlamentaria que facilite la labor de gobierno. Y esto dio lugar a un problema importante, ya que, de este modo, desaparece la proporcionalidad entre votos y escaños. También hay que constatar la diferencia del valor del voto, según se trate de una provincia u otra.

Los principales protagonistas de la Transición Democrática pretendieron, como es obvio, preservar íntegramente la unidad de España, pero, eso sí, reconociendo el carácter de comunidades “históricas” de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Para que estas tres regiones se sintieran cómodas en España, se les concedió la condición de Comunidades Autónomas con su correspondiente Estatuto y su Parlamento. Pensaban que, de ese modo, acallarían las continuas exigencias y reivindicaciones de los nacionalistas catalanes y vascos y, en menor medida, de los gallegos. El resto del territorio español se agruparía formando algo así como catorce o quince mancomunidades o regiones, pero sin Parlamento y, por lo tanto, sin potestad legislativa.

Las demás regiones se sienten tremendamente perjudicadas. Andalucía es la primera en rebelarse y protesta ruidosamente contra semejante decisión y exige una equiparación plena con las demás comunidades “históricas”. Se populariza entonces aquel “No vamos  a ser menos” y se acuña la famosa expresión “café para todos” que hizo historia posteriormente en toda España. Y el día 4 de diciembre de  1977, los andaluces salen masivamente  a la calle, pidiendo también la condición de comunidad “histórica”, al mismo nivel que Cataluña y el País Vasco.  El PSOE andaluz, bajo la batuta del oportunista Alfonso Guerra, se une también a ese concierto de protestas en toda Andalucía.

La marea de protestas crece día a día en Andalucía y este descontento se  extiende paulatinamente al resto de las regiones españolas. Al ver que las cosas se complican cada vez más, tanto la UCD de Adolfo Suarez, como los encargados de redactar la nueva Carta Magna, abren un poco la mano y se inventan las dos velocidades, una “rápida” para Cataluña, el País Vasco y Galicia, y otra “lenta” para las demás regiones. Para estas regiones, incluida Andalucía, se fijaba un tiempo de espera de, por lo menos, cinco años para alcanzar el mismo grado de autonomía que las comunidades “históricas”, que accedían por la velocidad “rápida”.

Y como la bronca de los andaluces, en vez de cesar, sigue creciendo incesantemente, Suarez decide instituir mediante decreto la Junta de Andalucía, para ver si así logra pacificar los ánimos. Y va aún más lejos y accede a que se celebre el famoso referéndum para que los andaluces elijan  libremente una de las dos alternativas, la “vía rápida” o la “vía lenta” para alcanzar el tope de competencias como los vascos y catalanes.

Pero con verdadera astucia, siembra el camino de verdaderas trampas saduceas. Además de pedir el voto negativo en el referéndum, se limita al máximo el tiempo de la campaña propagandista y se redacta un texto excesivamente confuso y enigmático: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. La pregunta no puede ser más farragosa e ininteligible pues, en ningún momento se nombra la palabra “autonomía”, ni se hace referencia alguna al ámbito geográfico al que se refiere esa consulta. La discriminación de Andalucía con respecto al País Vasco y Cataluña es a todas luces insultante.

Llegó el 28 de febrero de 1980, fecha propuesta para el evento, y la UCD con Suarez a la cabeza pierde el referéndum. El ejemplo andaluz enciende la mecha de la insatisfacción generalizada y comienza a recorrer por toda España la famosa expresión “¡No vamos a ser menos!”. El fracaso del Gobierno de Adolfo Suarez  con el referéndum andaluz fue morrocotudo y precipitó la dimisión del presidente del Gobierno y sirvió, cómo no, para que comenzara a descomponerse, a velocidad de vértigo, la formación política de UCD. La situación del partido del Gobierno no podía ser más caótica, lo que propició aquel triunfo apoteósico  de Felipe González en las elecciones de 1982.

Suarez creyó que, al conceder a Cataluña, al País Vasco y a Galicia la consideración de comunidades “históricas”, los nacionalistas de estas regiones españolas aparcarían sin más sus viejas y continuas reclamaciones y que, a partir de aquí, colaborarían honestamente en el engrandecimiento de la patria común de todos los españoles. Pero esto es algo que no se puede esperar de ningún nacionalista, ya que cuando consiguen algo, elevan invariablemente el nivel de sus requerimientos. Cuando Cataluña y el País Vasco eran unas regiones más de España, eran extremadamente díscolas y exigían de manera insistente tener más privilegios que las demás.  Como consiguieron la consideración de “nacionalidades” y de Comunidades Autónomas, ahora piden sin reparo alguno la calificación de “Nación” y, por lo tanto, la independencia.

La pretensión de Suarez de conseguir sin mayores problemas la unidad definitiva de España, manteniendo intactas las peculiaridades de todas las regiones, resultó totalmente vana y dio lugar a un complejo puzle de 17 Autonomías o Comunidades Autónomas, cada una de ellas con su respectivo Parlamento, y además, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Con esta atomización de España, proliferaron las legislaciones autonómicas, acabando con algo tan importante como la unidad legislativa nacional y la necesaria unidad de mercado. Esto, como es lógico, originó enormes problemas burocráticos y financieros. Y en muchos casos concretos, como era de esperar, instauró de nuevo el antiguo poder caciquil.

Desde el punto de vista estrictamente económico y financiero, el fracaso del Estado de las Autonomías es evidente y ha causado enormes rotos y cuantiosos descosidos a nuestras cuentas públicas. Nos cuesta bastante más de 86.000 millones de euros cada año, y nuestro bolsillo no da para tanto. De ahí que haya que hacer recortes en algo tan vital como Educación, Sanidad y desatender la garantía del sistema de pensiones. Y es que gran parte de nuestros impuestos, que son de los más altos de Europa, se gastan en mantener una administración mastodóntica e innecesaria, menoscabando por consiguiente un estado de bienestar decente.

Es público y notorio que, mantener el modelo autonómico actual, está hipotecando gravemente nuestro futuro. Tenemos el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea y ninguno de los demás miembros comunitarios tiene una tasa de desempleo tan elevada como la nuestra. Seguimos manteniendo el tipo,  es verdad, pero endeudándonos bastante más allá de lo sensato. Y una de dos, o reducimos esa estructura administrativa a unos límites razonables, o no saldremos tan pronto de esta grave crisis económica que padecemos.

José Luis Valladares Fernández

12 comentarios:

  1. No se si será viable o inviable, el caso es que se nos ha vendido la transición política española como un gran logro y se trata de una de tantas falacias, aquello fue una componenda, en la que unos hicieron lo que pudieron, otros lo que les convenía y, supongo, unos pocos, miraron por el bien común, pero fue bastante chapucero, al menos en esto del estado autonómico.

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    1. Hicieron un montaje que no hay país que lo aguante económicamente. Es una bicoca, eso sí, para los políticos con mando en plaza, porque así tiene muchos comederos donde colocar a los incondicionales. Con la burbuja inmobiliaria, mal que mal, salía dinero para cubrir esos gastos. Pero ahora, para mantener el tipo, no queda más remedio que endeudarse. Y ¡a ver quién paga despues esa deuda, que es sobrepasa el 100% del PIB

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  2. Los nacionalistas jamás dejarán de estirar la soga con la que tienen anudado el cuello de España. Por mucho que les regalen, jamás conseguirán satisfacer sus necesidades. Ahora, la respuesta al acertijo parece ser el tan manoseado "federalismo", que nacerá asimétrico para, después de finalizada la siesta veraniega, dejará de ser útil y justo con los hechos diferenciales de las comunidades históricas, y vuelta a empezar, pues el nacionalismo quiere Nación, con todas sus letras, y cualquier oferta menor no sirve más que para ganar algo de tiempo.
    Poco tiempo, pero suficiente para esta lacra de políticos que llevamos padeciendo desde hace dos siglos (o más).
    Un saludo, José Luis.

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    1. La historia siempre se repite. Y los Padres de la Constitución y los que montaron todo ese lío de las Autonomías, sabían perfectamente que los nacionalistas, conseguido eso, pondrían el listón más arriba.
      Saludos

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  3. Fue el error mas gigantesco de Adolfo Suarez,el dar el pistoletazo de salida,a este lio estupido,que son las 17 Autonomias.Encima algunas con infulas de querer ser Nacion,saludos,

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    1. Fue un error morrocotudo, que ahora estamos pagando muy caro.
      Saludos

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  4. Uno de tantos errores que nos han traído hasta aquí. La cohesión nacional depende hoy en día más de la economía que de otra cosa, pues habiendo trabajo las tensiones se suavizan, en caso contrario todo ésta por explotar... Y de que modo.

    Un saludazo.

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    1. Así es. Hoy lo que hacen falta, no son políticos, y es lo que más hay. Lo que hacen falta son gestores, y buenos gestores y que sean honestos. Y entonces todo iría mejor. Pero los que están habituados a vivir de la política no quieren perder ese chollo.

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  5. Esopermos que algún día se enteren los políticos, antes de joderla de todo.

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    1. Si se enteran, sí. Pero se hacen los suecos, porque si pusieran remedio, se les acababa el chupe

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  6. Es curioso lo de las "COMUNIDADES HISTÓRICAS" y las ínfulas que se gastan ¿No es Asturias una comunidad/región/principado lo suficientemente histórica para codearse con las de "pata negra"? Sí, pero no pretende la escisión del territorio nacional y, aquí ya se sabe que tienes que ponerte farruco para que te hagan caso.
    Lo de las autonomías es un verdadero cáncer económico y social y un criadero de inútiles "políticos" que no saben hacer otra cosa mejor que medrar en la mamandurria. Nunca debieron transferirse competencias a las autonomías en cuestión de Sanidad, Educación, Justicia y otras cosas más, con el precedente tan peligroso de los sediciosos de siempre, que no son más que unos asnos flautistas por casualidad.
    Un saludo.

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  7. Amigo Jano: tienes más razón que un Santo Padre. Todos saben que la Administración que tenemos es infumable e insostenible. Pero no lo tocan porque quieren tener todos esos comederos, para toda esa tropa de vividores a costa del sudor del de enfrente. Y como no hay dinero bastante, prefieren recortar en Sanidad, Educación.
    Saludos cordiales

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