VII.-El expolio del tesoro de los españoles
Pero sus esperanzas se evaporaron muy pronto, dando lugar a
una terrible decepción. Esperaban impacientemente, que la ‘Crisis de los Sudetes’ no tuviera solución, y que el Tercer Reich
invadiera Checoslovaquia el día 28 de septiembre, de acuerdo con la explícita
amenaza de Hitler. Y para zanjar la crisis y evitar, en última instancia, la
más que probable conflagración mundial, Benito Mussolini irrumpe en el
escenario, y propone la celebración de una conferencia entre los jefes de Gobierno de Alemania,
Italia, Francia y Gran Bretaña. Los implicados aceptaron, sin más, la propuesta
italiana, y acordaron celebrar una reunión, conocida con el nombre de
Conferencia de Múnich.
Y el día 30 de septiembre por la noche, Hitler, Mussolini,
Chamberlain y Daladier aceptan un compromiso y firman los famosos ‘acuerdos de Múnich’, reconociendo el
derecho de los alemanes a ocupar pacíficamente los Sudetes. Y de esta manera
dejaron airada a Checoslovaquia, es verdad, pero alejaron momentáneamente el
inmediato peligro de una nueva Guerra Mundial.
Cuando conoció esta noticia, Negrín sufrió una desilusión
enorme. Pero pensaba que había que seguir resistiendo, porque intuía que aquel
arreglo era muy provisional y extremadamente frágil, que retrasaría, eso sí, el
conflicto bélico mundial, pero que terminaría estallando más pronto que tarde.
Y como quería consultar con las demás fuerzas que integraban el ‘Frente Popular’, antes de tomar una
decisión definitiva, propuso a las Cortes que se reunieran el 1 de febrero de
1939, en el castillo de San Fernando de Figueras (Gerona), que estaba a muy
pocos kilómetros de la frontera francesa.
Y en esa sesión parlamentaria, la última que celebraron en
España las Cortes de la República, Juan Negrín pudo comprobar la baja
moral de los 62 diputados que acudieron
a aquella reunión parlamentaria. Y con gesto claramente cariacontecido, les
indicó que le gustaría continuar con el
enfrentamiento, pero que aceptaba sumisamente la rendición de las fuerzas
republicanas. Había que evitar, ante todo, la rendición incondicional.
Rendirse, si, pero exigiendo antes el mantenimiento de la independencia
nacional y, por supuesto, el respeto de la vida
de los perdedores.
Y como era manifiestamente imposible conseguir ese objetivo,
Negrín ordenó el repliegue ordenado de las tropas populares y el traslado
inmediato a Francia del Gobierno de la
República. También ordenó poner a buen recaudo los tesoros, incautados por el
Gobierno republicano durante la Guerra Civil, mediante el asalto a bancos y el
desvalijamiento de cajas de personas particulares. Había que poner esos fondos
a salvo del enemigo por si hacían falta para financiar adecuadamente un cómodo
exilio.
No olvidemos que los socialistas siempre han sido maestros
consumados en disfrazarse de señores probos y decentes. Ha quedado
históricamente demostrado que son capaces de crear cualquier tipo de trama
irregular para recaudar cantidad de
fondos que destinarán para remunerar suntuosamente servicios prestados, comprar voluntades y a
otros usos francamente inconfesables. Y todo ello, sin poner en peligro los
frecuentemente cacareados “100 años de
honradez”.
El expolio del tesoro español comenzó el 13 de septiembre de 19 36,
dos meses después de iniciada la Guerra Civil. En esa fecha, el ministro de
Hacienda, Juan Negrín, consiguió la autorización del presidente de la
República, Manuel Azaña, para sacar todas las reservas de oro del Banco de
España lo más rápidamente posible. Había que evitar, ante todo, que esos fondos
cayeran en manos de los alzados, cuyas fuerzas avanzaban de manera imparable.
Ya se encargaría el PSOE de justificar ese nauseabundo saqueo, diciendo que se
trataba de una simple operación para allegar fondos para reconstruir España
cuando finalice la contienda bélica.
Y sin esperar a más, y para no dar tiempo a que alguien se
arrepintiera y transcendiera el engaño, la misma madrugada del 14 de
septiembre, el ministerio de Hacienda, con el visto bueno de los comités de la
UGT y de la CNT, envió al Banco de España un grupo numeroso de socialistas, con
el encargo de evacuar el oro que se depositaba allí. En este grupo de agentes
del Gobierno, había empleados de banca,
metalúrgicos y hasta cerrajeros. Y para obviar problemas, les acompañaba un
número determinado de milicianos y
fuerzas de carabineros.
Cuando estalló la guerra, el Banco de España almacenaba en sus cámaras subterráneas una
cantidad de oro ciertamente considerable. Si nos hacemos caso de las
estadísticas internacionales de la época, en mayo de 1936, los españoles
ostentaban la cuarta reserva de oro más grande
de todo el mundo. Y se llegó ahí, por la riqueza lograda principalmente
con la neutralidad exquisita que mantuvo España durante la Primera Guerra
Mundial.
Cuando se produjo esa expoliación, la cantidad de oro almacenado en los subterráneos de la sucursal
del Banco de España de Madrid alcanzaba, al menos, los 509.287.183 kilogramos
en monedas y otros 792.346 kilogramos en lingotes y recortes. Los enviados del Gobierno tenían que extraer todo ese oro
de las cámaras acorazadas del banco y empaquetarlo cuidadosamente en cajas de
madera, como las que se utilizan para el transporte de municiones.
Y cuando todas esas cajas estuvieron llenas y cerradas,
fueron llevadas en camiones hasta la Estación del Mediodía sin ningún tipo de
identificación. Al tratarse de una operación claramente subrepticia, evitaron
especifican tanto el contenido de las cajas, como su peso. Y estando
constantemente vigiladas por la ‘Brigada Motorizada’ del PSOE, estas
cajas fueron transportadas por
ferrocarril desde la Estación del Mediodía, hasta la base naval de Cartagena,
siendo depositadas en los polvorines de La Algameca, como si se tratara de un cargamento armamentístico más.
Muy pocos días después, Juan Negrín encargó a esos mismos
personajes que volvieran al Banco de España para arramblar también con la plata
que guardaba el banco en sus cámaras acorazadas. El valor de la plata incautada
alcanzaba la respetable suma de 656.708.702,59 pesetas. Parte de esa
plata fue malvendida a Francia y a Estados Unidos, entre junio de 1938 y julio
de 1939, por muy poco más de 20 millones de dólares.
Para redondear la faena de su ministro de Hacienda y seguir
impunemente realizando desfalcos, el 23 de septiembre de 1936, el presidente
del Gobierno, Francisco Largo Caballero,
crea la famosa Caja General de Reparaciones. Esta Caja tenía la misión
de requisar y gestionar los patrimonios incautados a los miembros de la alta
burguesía y de la aristocracia española que, al estallar el conflicto bélico,
se alinearon con el Bando Nacional y tenían bienes en las zonas controladas por
el ‘Frente Popular’. Es el caso, por
ejemplo, de los Duques de Alba, de Medinaceli, de Lerma, de los Marqueses de
Urquijo y del empresario Juan March.
Los responsables de la Caja General de Reparaciones se
dedicaban a confiscar toda clase de
bienes. Entre los bienes inmuebles incautados, había fincas, casas y palacios
que dejaban inmediatamente en manos de las fuerzas populares. Les gustaba más,
sin embargo, confiscar cuadros de gran valor, vehículos de lujo y, por supuesto, toda clase de joyas y piedras
preciosas, porque eran objetos valiosos, que podían ser convertidos fácilmente
en dinero. El valor de los bienes muebles acumulados por la Caja de
Reparaciones hasta el último día de diciembre de 1937, llegaba hasta la nada
despreciable suma de los 640 millones de pesetas.
Los prebostes del PSOE comenzaron muy pronto a sospechar que
podían perder la guerra, ya que casi todas las intervenciones de las milicias
rojas y de las tropas populares se saldaban habitualmente con sonados fracasos.
Sucumbían fácilmente ante el empuje y el coraje de las tropas nacionales. Y comenzaron
a pensar, que habían impulsado ese enfrentamiento con la derecha de manera un
tanto presuntuosa e irresponsable, sin estar seguros de lograr un resultado
final plenamente satisfactorio.
Esto les llevó, cómo no, a intensificar deliberadamente los expolios
y las incautaciones indiscriminadas de oro, de joyas y de objetos de gran
valor. Realizaban esas confiscaciones, según decían, para reunir un conjunto de
bienes suficientemente amplio para reparar y restaurar la economía española,
cuando se restableciera la paz. Y eso no es verdad. Los socialistas que
iniciaron los famosos “100 años de
honradez”, seguían saqueando bancos y reventando cajas de ahorradores
particulares para garantizarse, ¡qué menos!, un exilio dorado, por si venían
mal dadas y, como era previsible, terminaba materializándose la pérdida de la
guerra.
El Gobierno socialista de la República era
tremendamente ambicioso e insaciable y no se conformaba con el oro que guardaba
el Banco de España en sus cámaras acorazadas. Y el 3 de octubre de 1936, Juan
Negrín nos sorprendía con otro decreto, avalado también por Azaña, tan
sorprendente o más que el promulgado el 13 de septiembre para justificar el
anterior saqueo del Banco de España.
En ese nuevo decreto, el ministro de Hacienda
conminaba seriamente a todas las personas españolas, tanto individuales como
colectivas, para que, en el plazo máximo de siete días, entreguen en el Banco
de España el oro, las divisas y los valor extranjeros que posean o que
custodien. Y quien no entregue voluntariamente todos esos objetos valiosos en
el plazo previsto, será considerado ‘enemigo del régimen’. Y ya se sabe
lo que, en aquellos días, significaba ser ‘enemigo del régimen’: podías dar
con tus huesos en una Checa o aparecer tirado en una cuneta, con un tiro en la
cabeza.
Y como el desarrollo de la guerra era cada vez
más preocupante, los mandos socialistas quisieron acelerar la expoliación de
los depósitos y de las cajas de seguridad, alquiladas por los bancos a personas
particulares o colectivas. Por lo tanto, el 6 de noviembre, se presentaron en
el Banco de España el Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe,
acompañado por el capitán de Carabineros, Julio López Masegosa. Y siguiendo
instrucciones concretas del propio Negrín, abrieron y desvalijaron todas las
cajas de seguridad y los depósitos, ante los ojos atónitos del responsable de
estos servicios.
Y esa misma urgencia fue determinante para que
un grupo de Carabineros, capitaneados por el comandante Federico Angulo,
irrumpiera inesperadamente en los locales de la Banca privada. Y sin atenerse a
razones, y desoyendo las justificadas
reconvenciones de los banqueros, se dedicaron a
reventar las cajas de seguridad y los depósitos, decomisando
injustamente su contenido en nombre de la República.
Como el asedio de las tropas de Franco a la
capital era cada vez más asfixiante, el 7 de noviembre de 1936, el Gobierno
republicano abandona precipitada y cobardemente Madrid y fija su sede en
Valencia. Y para evitar sorpresas desagradables, los miembros del Gobierno se
hacen acompañar, en su huida, de todo
ese inmenso botín, compuesto por cuadros de gran valor y por el oro, las joyas,
las divisas y los valores extranjeros conseguidos con el saqueo desvergonzado
de cajas de seguridad y de un buen número de depósitos bancarios. Y el Gobierno
permanecerá en Valencia hasta el 31 de octubre de 1937.
En mayo de 1937, los partidarios de Indalecio
Prieto, de común acuerdo con los comunistas, acusan a Francisco Largo Caballero
de los fracasos que sufren continuamente las milicias republicanas en sus
enfrentamientos con las fuerzas nacionales. Y le piden la ilegalización del
POUM y el cese de los ministros sindicalistas. Y Largo Caballero, que no cede
ante semejantes exigencia, presenta su dimisión el 17 de mayo de 1937. Le sustituyó,
al frente del Consejo de Ministros,
Juan Negrín, que se olvidó de la revolución social, y se entregó, atado
de pies y manos, al todopoderoso estalinismo de entonces.
Pero Negrín desconfiaba seriamente de los
nacionalistas, porque siempre han sido oportunistas y tremendamente
insolidarios. El PNV, por ejemplo, había traicionado la causa republicana,
firmando el Pacto de Santoña y entregándose después a los mandos de las fuerzas
italianas que luchaban en apoyo del
Ejército de Franco. Y para evitar que los de ERC tuvieran la tentación de
repetir la traición de los vascos, buscando por su cuenta una solución
unilateral a la guerra, el 31 de octubre de 1937 decide, sin más, trasladar la
sede del Gobierno republicano a Barcelona, lo que suponía, además, el control
gubernamental de la frontera francesa.
Y también trasladaron a Cataluña el oro, las
obras de arte y los demás tesoros valiosos, que habían robado a los españoles, para
garantizarse un futuro halagüeño en el exilio. Y escondieron todo ese inmenso y
valioso botín, en Gerona, a pocos kilómetros de la frontera con Francia, en el
Castillo de Figueras, en el Castillo de Perelada y en la mina de talco de la
Vajol. Querían tenerlo todo a mano, para ponerlo a buen recaudo cuando perdieran
la guerra y tuvieran que huir de España.
Gijón, 28 de octubre de 2018
José Luis Valladares Fernández
Cuanto ladron y chupasangre,ha tenido y signs teniendo estas gentuzas del PSOE,saludos,
ResponderEliminarEn todos los partidos hay gente aprovechada que trata de vivir del cuento. Pero el PSOE, sin duda alguna, se lleva la palma. Saludos
EliminarSi ya durante el conflicto armado, las diferencias políticas en el bando republicano fueron una constante, en los meses finales, se redoblaron y alcanzaron tintes de auténtico patetismo.
ResponderEliminarAsí es, pero en el PSOE no quieren enterarse.
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