DEL ENGAÑO A LA CRISIS

La actual crisis económica se inició en los Estados Unidos en agosto de 2007. Su comienzo viene marcado por la pérdida de liquidez del sistema bancario estadounidense que llevó a más de medio centenar de bancos y a diversas entidades financieras a la quiebra. Y eso que el Gobierno norteamericano reaccionó inmediatamente y trató de evitar la bancarrota  de las mismas inyectando cientos de miles de millones de dólares. Entre las entidades financieras involucradas están el banco de inversiones Lehman Brothers y la aseguradora AIG.

Todo este proceso sirvió para colapsar la poderosa economía americana. La situación se hizo cada vez más grave,  ocasionando la pérdida de muchos empleos,  provocando lamentablemente la caída de los valores bursátiles y destruyendo la capacidad de consumo y de ahorro de la población. No tardó  mucho esta crisis económica en dar el salto a otros países, expandiéndose rápidamente por toda Europa. Y afectó principalmente a los países más ricos, a los más desarrollados, ocasionando en ellos grandes perjuicios económicos. Y España no fue precisamente una excepción.

El país europeo que primero entró en recesión, fue Dinamarca. El pueblo danés, después de tener  los salarios más altos del mundo y  la tasa de desempleo más baja, cayó en la recesión en el primer trimestre de 2008. En dicho trimestre su PIB sufrió una contracción del -0,6% y un -0,2% en el cuarto trimestre de 2007. Ya en el segundo trimestre de 2008, la economía de la eurozona se contrae un -0,2%, destacando la contracción del -0,5% de Alemania y del -0,3% de Francia. Curiosamente en ese periodo España evita la recesión y sigue creciendo aunque muy débilmente, un +0,1% testimonial.

Algo tendría que ver el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el comportamiento de la crisis financiera en España, siendo así  que, sin estar en la “Champions League de la economía", estábamos mejor preparados que otros países para hacerla frente. Tardó efectivamente en afectarnos más que a nadie, no entrando España en recesión hasta el cuarto trimestre de 2008. Pero cuando empezó a afectarnos, lo hizo desbocadamente y no hubo manera de poner freno a la misma. En el tercer trimestre de 2008, la economía española registró una caída del -0,3%, bastante moderada aún, yéndose en el cuarto trimestre al -1,1%.

Los efectos de la crisis económica han tenido un fuerte impacto en el sector de la construcción. Durante el año 2008, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la posterior caída de las ventas, fueron muchas las empresas dedicadas a la construcción que se vieron obligadas a presentar suspensión de pagos, algunas tan importantes como Martinsa-Fadesa, con un pasivo  de más de 4.000 millones de euros. Aparte  de las inmobiliarias, hay otras muchas empresas de todo el arco productivo que, por causa de la crisis, tuvieron que cerrar ya en 2008, o se vieron obligadas  a presentar el correspondiente expediente de regulación de empleo, lo que derivó desgraciadamente  en un crecimiento desmesurado de la destrucción de puestos de trabajo.

Se discute incesantemente sobre los motivos de que el paro haya aumentado mucho más en España que en el resto de los países de nuestro entorno. Las conclusiones son muy variadas. Hay quien lo achaca a un crecimiento considerable  de la población activa y otros culpan del desaguisado a la indiscutible rigidez laboral. Pero la mayoría lo atribuye, sin más, a la propia crisis mundial, y olvidan intencionadamente que los demás países también padecieron esa misma crisis y, sin embargo, supieron mantener el desempleo dentro de unos márgenes mucho más racionales. Lo que indica que nuestro Gobierno no supo afrontar correctamente esa crisis y lo hizo tarde, mal y nunca.

La crisis económica afectó más intensamente a España que a los demás países de la Unión Europea porque Zapatero y su Gobierno la  gestionaron muy mal. Comenzaron negándola torpemente, cuando ya estaba haciendo verdaderos estragos en nuestra economía. Y en consecuencia, y para nuestra desgracia, no tomaron medida alguna para minimizarla y mantener a raya los perversos efectos de la misma. Y posteriormente, cuando ya era imposible negar la realidad de nuestra situación crítica, esperaban que llovieran del cielo las soluciones. Y las pocas medidas que tomaron, o eran insuficientes o llegaron demasiado tarde.

Al descontrol presupuestario más absoluto del Gobierno de Zapatero, hay que unir su despilfarro habitual y el de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, gastando entre todos, un año sí y otro también, bastante más de lo que se ingresaba, dando así lugar a que se disparara enormemente la deuda pública. A pesar de la magnífica herencia económica que recibió Rodríguez Zapatero de Aznar,  ya en 2007 la deuda de España era del 36,2% del PIB. Y cinco años más tarde, al finalizar 2011, nuestra deuda llega al 68,5% del PIB, alejándose notablemente  del 60% de endeudamiento máximo que permite la UE a los países que la integran.

Nuestra situación económica comenzó  a ser extremadamente preocupante e insostenible. Si además agregamos la deuda implícita contabilizando los compromisos financieros presentes y futuros, asumidos por el Gobierno central y los autonómicos, el problema adquiere tintes verdaderamente dramáticos. Y en vez de intentar buscar soluciones apropiadas, se dedicaron a camuflar y a encubrir datos, alterando las cifras definitivas y reales de las cuentas. Y de este modo engañaron miserablemente a Bruselas y a los españoles. Dijeron que habían logrado cerrar  2011 con  el déficit acordado del 6%, cuando en realidad ese déficit alcanzó el 8,51%. Si traducimos este porcentaje, vemos que se trata de algo más de 93.000 millones de euros. Que es tanto como decir que quemaron casi 30.000 millones de euros más de lo que dijeron.

La credibilidad de Zapatero y de todo su Gobierno hacía tiempo ya que había saltado por los aires como consecuencia de sus desvaríos irresponsables y de su intolerable insensatez. Los mercados financieros dejaron de confiar en nosotros y estuvimos a punto de tener que declararnos en quiebra. Se disparó peligrosamente la prima de riesgo y cayó bajo mínimos la bolsa. El resultado de esa desconfianza se traduce en un sobreprecio del dinero que nos prestan con el consiguiente riesgo de que se desestabilicen nuestras finanzas públicas. A comienzos del año 2010, por ejemplo, apenas si pagábamos un 0,5% más que el tesoro alemán por los bonos a 10 años. Nuestra prima de riesgo estaba en los 50 puntos básicos. La falta de credibilidad ha hecho que, desde entonces,  nos distanciemos considerablemente  de los alemanes. Mientras que el bono alemán se coloca a un interés  del 1,70%, el español sube hasta el 5,80%.

Es en estas circunstancias de descontrol mayúsculo cuando Mariano Rajoy se hace cargo del Gobierno. Todos los indicadores económicos y morales están en situación de alarma, la credibilidad por los suelos, las arcas del Estado vacías, el tejido empresarial deshecho y alguna de las Comunidades Autónomas en plena  rebeldía. Sabe perfectamente Rajoy que su labor debe ir bastante más allá de lo que es una simple política económica. Sabe igualmente que debe iniciar de inmediato serias y complicadas  transformaciones sociales y que, sobre todo,  debe abordar cantidad de reformas impopulares y de recortes sumamente molestos.

El Gobierno de Rajoy comenzó su labor con enorme entusiasmo de modo que, antes de cumplir los cien días de rigor, ya había hecho por España bastante más que, en casi ocho años,  los Gobiernos de Zapatero y Rubalcaba. En un principio, parecía que estábamos recuperando credibilidad y que los mercados financieros comenzaban a confiar en nosotros, ya que bajó la prima de riesgo, resultaba relativamente fácil colocar nuestra deuda a unos intereses aceptables y comenzó a recuperarse la bolsa. Todo indicaba que estábamos volviendo aceleradamente al camino de progreso y  que habíamos encontrado la manera de  salir de la crisis.

Pero todo fue un espejismo momentáneo. Volvió la desconfianza de los mercados financieros, no somos fiables para las instituciones comunitarias. Somos sospechosos para el Banco Central Europeo y para el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, ha vuelto a subir la prima de riesgo, cayó otra vez la bolsa y han vuelto nuevamente las complicaciones para colocar nuestra deuda. Alaban, eso sí,  las reformas ya hechas por Rajoy, y dicen que van por el buen camino, pero quieren que vaya más allá y que sea bastante más ambicioso. Aparte de la reforma laboral, todo lo demás se reduce a simples recortes económicos a los mismos de siempre, a los ciudadanos de a pié, a los de la clase media, reduciendo peligrosamente su capacidad de consumo.

Pero resulta que el principal sumidero por donde se van cantidades ingentes de dinero son las instituciones y no los ciudadanos corrientes. El problema es nuestro desmesurado Estado Autonómico, en el que hay cantidad de órganos y multiplicidad de cargos repetidos unas cuantas veces. Tenemos también un buen número de empresas públicas carentes de toda lógica, muchas de las cuales no tienen ni trabajadores pero sí nutridos consejos de administración, utilizados para dar cobijo a un buen número de políticos en excedencia. Sobran, cómo no, las televisiones públicas y las autonómicas. Y no digamos nada de los trasnochados sindicatos que han olvidado sus funciones y se dedican exclusivamente a vivir del cuento y del erario público. Son muchas las estructuras burocráticas y administrativas totalmente inútiles que solamente sirven para dar ocupación a una nube de políticos vulgares y mediocres.

Y Mariano Rajoy  es plenamente consciente de todo esto. Pero por cobardía o por miedo a levantar ampollas, es reacio a promover una simplificación de esta verbena autonómica. Se limita sencillamente a proponer de una manera muy vaga que hay que “repensar” el Estado autonómico para que sea más eficiente y menos costoso. Y Bruselas y los mercados financieros quieren algo más que  insinuaciones o promesas dudosas; quieren que Rajoy tenga un gesto de valentía y se comprometa seriamente a reducir esa estructura autonómica tan estrafalaria y catastrófica para hacerla plenamente operativa y moderna.

 Si  Mariano Rajoy  afrontara decididamente toda esta serie de reformas, recuperaríamos sin  problemas el prestigio de la Marca España, y no dudaría nadie en aportar todo tipo de esfuerzos y recursos para reflotar nuestra economía. Pero Rajoy es reacio a embarcarse en solitario en semejante empresa, aunque sabe perfectamente  que no puede contar con nadie de la oposición y menos con Alfredo Pérez Rubalcaba. El Secretario  General del PSOE, al que le importa un bledo la marcha titubeante de nuestra economía, busca intencionadamente hacer el mayor daño posible a España porque sabe  que así se lo hace a Rajoy. Dice que Rajoy está solo, que ningún otro partido le apoya. Pero ¡cuánto daría Rubalcaba por disfrutar de semejante  soledad, para no verse obligado a salir a la calle para que alguien pueda escuchar sus ladridos!

Y aunque Rubalcaba sabe que con su postura ocasiona un grave daño a nuestra credibilidad, huye de la prudencia y de la mesura y critica ferozmente las reformas y los recortes de Mariano Rajoy. Lo único que le preocupa es el desgaste y el desprestigio del Gobierno actual y lo busca desesperadamente, para ver si así le llega la oportunidad de optar a la Presidencia, antes de que se le pase definitivamente el arroz. Pero Rubalcaba no está solo en esa dura lucha contra la actuación del Gobierno. Además de sus mesnadas socialistas y los de izquierda unida, están también los sindicatos de clase con sus algaradas y sus luchas callejeras. También cuenta, cómo no, con sus legiones ocasionales, formadas por  los “indignados”, los “anti sistema” y un buen número de “tontos útiles” que no saben ni de qué lado están vueltos.

Y mientras tanto, y a la espera de una mejor oportunidad, sigue creciendo lamentablemente el desprestigio de la Marca España, continua siendo esquiva esa credibilidad que necesitamos y los mercados financieros siguen desconfiando de nosotros. Todo un desastre, una verdadera lástima que, sin embargo, llenará de felicidad a más de un insolidario.

Gijón, 6 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández