PREOCUPACIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA

Es un hecho que  la situación económica en general y la sanidad y la educación en particular, preocupan cada vez más a los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nada menos que el 55,2% de los encuestados considera que la asistencia sanitaria empeorará a lo largo del año 2012. Fruto de esa preocupación creciente, la sanidad, figura como el quinto problema nacional más importante para los españoles, por delante   incluso de la educación, la vivienda y el terrorismo. Solamente es superada por el paro, por los problemas económicos, la clase política y la corrupción y el fraude.

A los pacientes o usuarios de la Sanidad Pública les preocupa enormemente que, como consecuencia de las crecientes dificultades económicas, se vaya degradando progresivamente la calidad tradicional de la misma. Los responsables políticos deben velar porque esto no suceda y, por lo tanto, deben procurar que se vaya adaptando a la nueva realidad, sin que el servicio público y universal que suministra sufra el más mínimo deterioro. Tarea sumamente difícil por el aumento constante del gasto sanitario, sobre todo en el capítulo farmacéutico. La deuda  originada por esto, llegará a ser tan acuciante e insostenible que, al disminuir poco a poco los  recursos de sanidad, será imposible mantener el nivel habitual de prestaciones.

Y algo habrá que hacer para solucionar adecuadamente este problema,  antes de que sea demasiado tarde. Es sabido que el precio de los medicamentos se pacta  con el Estado. Y debido a ese pacto,  el precio de los mismos se redujo  un 30%  en los últimos cinco años. Se ha generalizado, además, el uso de los genéricos. Pero ni la reducción del precio de los medicamentos ha solucionada nada, ni los genéricos han resultado ser la panacea que pensaban algunos, pues sus precios y los precios de los medicamentos de marca se están acercando de manera muy significativa. Esto ha podido aligerar la presión de la deuda sanitaria, pero nada más, ya que ésta ha seguido creciendo alocadamente, siendo cada vez más agobiante.

En Asturias, por ejemplo, que no es precisamente de las comunidades más endeudadas, la deuda de los hospitales creció en 2011 la nada despreciable cifra de 38,5 millones de euros. Como en 2010 la factura pendiente de estos centros sanitarios era de 115,1 millones de euros, a finales de 2011, la deuda del Servicio de Salud del Principado de Asturias con las farmacéuticas ascendía a 153,6 millones de euros. Esto supone un aumento de 33,5% en apenas un año, crecimiento muy similar al del resto de España, que creció un 36% de media.

Andalucía es la comunidad que mantiene la deuda más alta de España. Por el suministro de fármacos a sus hospitales, adeuda 1.523 millones de euros. Le sigue Valencia con 1.292,5 millones y Madrid con 762 millones de euros. Asturias, ocupa en ese ranking el puesto número doce. La deuda total del Sistema Nacional de Salud por el suministro  de medicinas a todos los hospitales de España, que al finalizar 2010 ascendía  a 4.684,8 millones de euros, a finales de 2011 alcanzó la elevada cifra de 6.369,3 millones. Este aumento tan brutal de la deuda durante 2011, nada menos que un 36%,  no se corresponde en absoluto con el aumento de suministros a los hospitales, que no fue más allá del 1,1%. Más bien es debido a la alta morosidad de las Comunidades Autónomas. Hay comunidades como Valencia, Baleares y Galicia que tardan más de 800 días en pagar los medicamentos.

El tamaño de semejante descalabro económico ha obligado a las comunidades autónomas a buscar desesperadamente algún tipo de solución que aminore tan elevada deuda. Y siempre aparece, cómo no, la fórmula del copago por receta o por acto médico. pero como en realidad se trata de una tasa polémica e impopular, salvo Cataluña, nadie se ha atrevido a aplicarla. La comunidad catalana comenzará a cobrar un euro por receta médica a partir del próximo día 1 de junio, liberando de semejante canon a los enfermos crónicos con pocos recursos y a los beneficiarios de una pensión no contributiva.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el gasto sanitario representa entre el 30% y el 60% de los diversos presupuestos autonómicos. Como las comunidades carecen de una financiación adecuada y, además, sus ingresos públicos disminuyen constantemente, el mantenimiento de la sanidad pública, tal como la conocemos, resulta ya prácticamente inviable. Adquirir los medicamentos para todos los hospitales de la comunidad a través de una central de compras única, puede ser una solución pasajera, aunque no definitiva. También se mejoraría la actual situación financiera de la sanidad, gestionando los hospitales bajo la modalidad de concesión administrativa. Y de hecho, ya hay comunidades que aplican sin problemas esa colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Es el caso de Madrid y la comunidad  manchega de Castilla-La Mancha.

Pero todas estas soluciones son meramente provisionales y, como ya estamos viendo, generan otro problema: se rompe el principio de  igualdad de todos los ciudadanos que garantiza nuestra Constitución. Con independencia de que el Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, hace aguas por todos los costados, las competencias de sanidad y de educación, por ejemplo, nunca debieron ser transferidas. Y para zanjar de una vez el problema que nos ocupa, hay que empezar por devolver urgentemente las competencias sanitarias al Estado central. Pues la sanidad es un servicio del Estado y, en consecuencia, es el Estado el que debe organizarlo para que resulte totalmente eficiente.

Y aún así, si el Ministerio de Sanidad pretende mantener la calidad y la universalidad del servicio, tendrá que adoptar de inmediato las nuevas fórmulas de gestión público-privada que trata de implantar en las autonomías como alternativa al copago. Así las cosas, y a pesar de la mala prensa de lo privado, la gestión sanitaria debería ser estrictamente privada, conservando la administración la capacidad íntegra de control e inspección, juntamente con la facultad de dictar normas  precisas y sancionar los posibles incumplimientos. Sería la manera de garantizar el mismo nivel de prestaciones sin que disminuyeran los recursos.

Con la creación de esa central de compras sanitaria, de gestión privada, la Administración se ahorraría al menos un 20% o más en la simple adquisición de fármacos para los hospitales de toda España. También aligeraría la carga económica la privatización de ciertos servicios como los tratamientos de residuos, cocinas, limpieza y lavandería. Podrían privatizarse incluso los análisis de sangre y  todo lo referente a radiología. Parece que no, pero con estas privatizaciones, los centros hospitalarios públicos reducirían, prácticamente a la mitad,  el coste sanitario por paciente, que hoy día oscila entre los 1.100 y los 1.600 euros. Y esto  redundaría evidentemente en una mejora de los servicios que se prestan a los usuarios. 

Gijón, 19 de marzo de 2012 

José Luis Valladares Fernández