DESBORDADOS POR LA CORRUPCIÓN

Uno de los mayores problemas que tiene actualmente España es la corrupción política. Las medidas coyunturales, adoptadas hasta ahora por los distintos Gobiernos, han sido siempre demasiado descafeinadas. Y al ser, de manera intencionada o no, tan livianas, han resultado ser totalmente ineficaces y baldías, no logrando  nunca el objetivo pretendido. En consecuencia, la corrupción no ha hecho más que crecer durante todos estos años de manera imparable, pervirtiendo así hasta el mismo sistema democrático y debilitando aún más,  la poca confianza que los ciudadanos sienten  hacia sus representantes públicos.

El clima de corrupción se ha generaliza tanto, que afecta desgraciadamente, en mayor o menor medida, a todas las regiones de España y a todos los partidos políticos del arco parlamentario. Los casos de corrupción política se producen, con excesiva frecuencia, en todas las Administraciones públicas, la Central, las Autonómicas y, cómo no, las Municipales. Se trata de un mal endémico, extremadamente serio y peligroso, que perturba el funcionamiento normal de las instituciones públicas. No hay día que no se destape algún caso nuevo de corrupción, así que, al hacerse eco de semejante peste, los medios de comunicación nos dibujan  un escenario sumamente preocupante y deprimente.

Los casos de corrupción que vamos conociendo día a día, son cada vez más graves y frecuentes y, por si esto fuera poco, crece constantemente la sensación de impunidad de los sinvergüenzas que se lucran con el mayor descaro de su cargo público. No es de extrañar que, con semejante comportamiento, provoquen en la clase media trabajadora claros síntomas de hastío y de rebelión. Esto es lo que muestra, al menos, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  al constatar que la inquietud y la preocupación de los ciudadanos de a pié ha repuntado últimamente 5,8 puntos en un solo mes. Y todo,  por culpa de la corrupción y del fraude que nos invade. Después del paro, el  problema más acuciante para los españoles es, sin lugar a dudas, la corrupción política.

En un informe de la Comisión Europea, publicado el pasado día 3 de febrero, se dictamina que "España es el país más corrupto de la UE", que es tanto como decir que los políticos españoles son los más trincones y desvergonzados de Europa. Y para mayor bochorno, somos el país que, por estas cuestiones, más veces ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, también, el que acumula un mayor número de sentencias sin cumplir. En dicho informe, la Comisión Europea recomienda encarecidamente a España, que vigile más de cerca la financiación de los partidos políticos y que refuerce el régimen de sanciones para combatir más eficazmente los posibles actos irregulares. Aunque pide que se preste una "mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado", los responsables políticos españoles aún no se han dado por enterados.

A finales de 2013, la Comunidad Andaluza se llevaba la palma en casos de corrupción con más de 650 sumarios abiertos o vistos para sentencia. Viene después la Comunidad de Valencia con casi 300, seguida por Cataluña con 215 y Madrid con otros 110 casos. Son especialmente obscenos los ERE fraudulentos  de Andalucía, protagonizados por la propia Junta y por los sindicatos de clase, ya que cometieron la incalificable indecencia de malgastar cantidades respetables de dinero de los parados. Con la mayor desfachatez del mundo y sin remordimiento alguno, o se lo repartían entre sí, o lo distribuían alegremente entre sus familiares y amigos y hasta se lo gastaban  en comilonas, en drogas y hasta en otras cosas peores.

Los ERE o fondos de reptiles andaluces resultan especialmente escandalosos e impactantes por la procedencia misma del dinero defraudado. Pero hay otros muchos casos de corrupción, igualmente lamentables y que, por desgracia, afectan a todos los partidos. En Madrid, por ejemplo, tenemos los casos Gürtel y Bárcenas, y el sospechoso caso Campeón. En Cataluña nos encontramos con varios casos de corrupción, urdidos desde los aledaños del Poder, como es el caso del Palau de la Música de Barcelona y la participación de Oriol Pujol Ferrusola en la trama de las ITV y la compra de Puerto Rosario en Argentina con dinero público. En Palma de Mallorca, destaca el caso Palma Arena y, sobre todo, el caso Nóos, tan aireado últimamente por los medios de comunicación por el rango de alguno de los implicados.

También es importante la corrupción que se produce a nivel municipal y que está relacionada principalmente con las contratas de limpieza y la recogida de basuras y, de una manera muy especial, con los negocios inmobiliarios. En corrupción inmobiliaria hizo historia el caso Malaya de Mallorca, capitaneado por Juan Antonio Roca, que fue condenado a 11 años de prisión. En dicho caso, se entremezclaban delitos de cohecho y de blanqueo de dinero.

La recomendación de la Unión Europea es extremadamente clara: si España quiere luchar de manera eficaz contra semejante plaga de corrupción política, tiene que "prestar mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado". Como los cargos electos se olvidan con relativa frecuencia de la decencia y de la moral para satisfacer  su propio interés personal, es totalmente imprescindible controlar y fiscalizar con la mayor minuciosidad posible el gasto público realizado por las distintas Administraciones.

Las medias adoptadas hasta ahora por los diferentes Gobiernos han sido francamente insuficientes o, por lo menos, no han sido tan eficaces como se esperaba. En 2004, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió de manera solemne a luchar contra la corrupción. Y comenzó a hablarnos de la próxima puesta en marcha  de una Ley de Transparencia, que permitiera a los ciudadanos tener acceso libre a la información de los poderes públicos. Pero nunca más se supo de su proyecto estrella.

Con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, se vuelve a desenterrar ese viejo proyecto de Ley de Transparencia para controlar eficazmente la actividad de la Administración, prevenir la corrupción y posibilitar la regeneración democrática. En dicho proyecto de Ley, se reconoce el derecho a la información pública de las personas y la obligación de las  instituciones a dar esa información.

La denominada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se aprueba, por fin, después de un largo proceso parlamentario. Esta nueva Ley impone  a todos los responsables públicos obligaciones muy concretas, y les insta a actuar siempre, respetando ciertos principios éticos y morales. A partir de ahora, los políticos deberán informar  ineludiblemente de los gastos realizados donde se utilice dinero público. Y los ciudadanos tendrán acceso  a todos esos datos, incluidos los contratos, las subvenciones y hasta el sueldo recibido por los cargos públicos.

Como indica la Unión Europea, estamos ante un "importante paso adelante", pero francamente insuficiente por la manifiesta falta de independencia de los mecanismos de control. Para empezar, según la Ley de Transparencia, el organismo encargado de la supervisión depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, convirtiéndose así en juez y parte a la hora de decidir sobre los conflictos que se presenten. Y por si esto fuera poco, el mandato del Director de dicho organismo de supervisión empieza y termina con la legislatura. Esto, por supuesto, debilitará aún más la necesaria fiabilidad de los controles que pueda realizar.

Es cierto que los cargos electos, al iniciar su mandato, cumplen escrupulosamente con la obligación de declarar su patrimonio.  Y tanto a nivel nacional como regional, existen unas comisiones encargadas de verificar la exactitud de esos datos. Pero los miembros de esas  comisiones, ni son independientes por cuestiones obvias, ni tienen obligación alguna de entrar en mayores detalles. En cuanto a los cargos de libre designación, que tanto abundan en las  Administraciones regionales y locales, también están obligados a declarar su patrimonio, pero no existe  mecanismo alguno que controle si son veraces o no los datos de su manifestación.

Por si todo esto fuera poco, en España falla también la justicia. Las instancias judiciales se quejan frecuentemente, y con razón, de la escasez de sus medios para ejercer de manera satisfactoria su delicada función. Falta, además, una adecuada especialización  para perseguir con garantías los frecuentes delitos de blanqueo de dinero, cohecho, fraude y malversación. Pero aún hay más: los órganos judiciales españoles están demasiado mediatizados por los partidos políticos, careciendo así de la necesaria independencia para afrontar los casos de corrupción política

La proclamada independencia de los jueces queda  muy tocada al ser precisamente los políticos los que, de una manera muy directa, nombran a los miembros del Poder Judicial y a los del Tribunal Constitucional. De ahí que la composición del órgano jurisdiccional, y la del constitucional, sean un reflejo exacto de la que tenemos en el Parlamento español. Y para completar tan sombrío cuadro, los políticos que nos representan y los altos cargos de la Administración gozan de inmunidad parlamentaria por su condición de aforados. Esto supone, en caso de cometer un delito, ser procesado por un tribunal distinto al que le correspondería objetivamente si no tuviera ese privilegio procesal. Sería encausado, faltaría más, por uno de los jueces que han sido promocionados por los políticos.

Aunque la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno supone un verdadero hito en la lucha contra la lacra de la corrupción, tiene indudablemente notables carencias por la falta de independencia de los organismos encargados de controlar y fiscalizar las actuaciones de los cargos públicos. Sería bastante más efectiva si hubiera impuesto a todos estos privilegiados una fecha de caducidad. Por ejemplo, dos legislaturas y a casa. Con una limitación inflexible de los mandatos de los políticos, disminuiría significativamente  la corrupción y comenzaría a regenerarse la vida pública. Y con la regeneración de la vida pública, recuperaríamos, ahí es nada, la confianza de  nuestros vecinos y, con la confianza, volvería nuevamente la inversión, el empleo y el desarrollo que tanto necesitamos.

Gijón, 18 de febrero de 2014

José Luis Valladares Fernández