Es una constante en el Partido Socialista español criminalizar al Partido Popular, al que acusa constantemente de recortar el bienestar social de los trabajadores. Para los miembros del PSOE, el Partido Popular, con responsabilidades de Gobierno, es poco menos que un peligro público. Pasaba lo mismo en tiempos de Felipe González. Si el Partido Popular gana las elecciones, decían, subirá inmediatamente los impuestos, recortará salarios, quitará las pensiones y hasta privatizará la Seguridad Social.La realidad, en cambio, es muy distinta. Ya demostró el Partido Popular, con la llegada de Aznar a la Moncloa, que no es así. Son precisamente los socialistas, pésimos gestores de la cosa pública, los que hacen todas esas fechorías que atribuyen a sus adversarios políticos, subir impuestos, recortar salarios y pensiones y despilfarrar a manos llenas el dinero público. Ahora intentan alargar la edad de jubilación sin contar con el Pacto de Toledo. Con el PSOE en el Gobierno, el estado de bienestar social se deteriora progresiva y rápidamente.
Todos recordamos al inefable Pedro Solbes, ministro ya de Economía con Felipe González, recomendando de aquella a los trabajadores que suscribieran Planes de Pensiones particulares. Habían vaciado las arcas de la Seguridad Social y pensaban fundadamente que llegaría un momento que no se podría hacer frente a las jubilaciones. El estado de quiebra era tal que, cuando llegó Aznar a la Moncloa, tuvo que pedir un préstamo para hacer efectivo el pago de las pensiones correspondientes a ese mes. La buena gestión del Gobierno de Aznar, y la tijera del director de la Oficina Presupuestaria de Presidencia del Gobierno, José Barea, devolvieron de nuevo a las cuentas de España los números negros. Se volvió a hablar en Europa del milagro español.
Ahora Zapatero se encuentra en la misma disyuntiva que Felipe González en el año 1996. Al igual que González, Zapatero nos ha llevado de nuevo a la bancarrota. Ahora somos el caso español. Y de seguir así, es muy posible que, al igual que pasa con Grecia, sea Bruselas la que marque directamente las pautas de nuestro destino. Estamos en una situación tan de alto riesgo que, o corregimos el rumbo, o podemos vernos fuera del sistema monetario de la Unión Europea.
En vez de Planes de Pensiones, Zapatero y sus huestes nos proponen, además de unas pensiones más exiguas, retrasar la jubilación hasta los 67 años. Y Cándido Méndez y Fernández Toxo sí han protestado, pero con la boca pequeña, ya que no quieren que se agite y se movilice el mundo del trabajo. El pesebre gubernamental y sus canonjías para los sindicatos tienen mucha más fuerza social de atracción que las propias obligaciones sindicales.
La jubilación a los 67 años es una medida improvisada, como todas las de Zapatero, y tan poco meditada que, a la larga y sin solucionar la descapitalización de la Seguridad Social, generará paro y más paro. Contribuirá, además, innecesariamente a crear tensiones entre los jóvenes porque no encuentran trabajo y a malhumorar a los mayores porque pierden uno de sus derechos adquiridos cotizando durante muchos años. Con toda la razón del mundo, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, en su visita de este día a un polígono industrial, sentenció que esta propuesta de Zapatero es "una faena para todos los ciudadanos, ya que se ha producido una reducción en la nómina de las pensiones el pasado mes de enero y, encima, ahora se quiere aumentar la edad de jubilación". Y esto supone, añadió, “trasladar a los jóvenes que para buscar un puesto de trabajo van a tener que esperar dos o tres años más porque la edad de jubilación se retrasará dos años más".
Como en todas las decisiones de este Gobierno, Zapatero sorprende siempre a propios y extraños, anunciando por sorpresa sus ocurrencias. Ahora, ante la paliza dialéctica que recibió en Davos, quiere arreglar algún que otro de los platos rotos y, sin encomendarse a Dios ni al diablo, lanza el anuncio de que hay que alargar la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Muy ufano, porque cree haber descubierto una vez más la pólvora, acusa al Partido Popular de populista. En épocas de crisis, dice, aumentan “las tentaciones populistas de líderes y proyectos políticos que no tienen consistencia, ni una idea clara del país”. Y continúa insidioso diciendo que el principal partido de la oposición, además de incoherente con cada tema que sale a debate, se deja llevar por el populismo, poniendo de manifiesto su “falta de compromiso con las dificultades de España”.
El Gobierno en cambio, según dice Zapatero, está abierto a “todas las ideas” que se aporten en el debate de la reforma. Su proyecto, insiste, se diferencia del de otras fuerzas políticas, en que es capaz de atender las necesidades económicas y cumplir con sus compromisos de protección social. Califica de razonable retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. Más aun, piensa que era completamente necesario reformar ahora el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad. “Es más cómodo –dice- no hacer nada ni proponer nada y que el Gobierno de 2020 afronte los problemas, pero esa no es nuestra forma de ser ni nuestro carácter”.
Este plan, como tantos otros a lo largo de estos años, no lo conocieron previamente ni las centrales sindicales, ni la patronal y, mucho menos, la oposición. Cogió por sorpresa, incluso, al PSOE y hasta a los mismos miembros del Gobierno. Las ocurrencias variopintas de Zapatero irrumpen en tromba cuando menos lo esperas. Y ahora, como pasó con los 400 euros famosos, los ministros y demás tropa de la secta, salen a la palestra magnificando las bondades de tan sorpresiva medida. El jefe es siempre el jefe.
El primero que fue cogido en ‘off side’ es el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y no le ha quedado más remedio que disimular. Aún no está muy lejano el mes de julio de 2009, cuando afirmo con rotundidez en Santander, que no se tocaría la edad de jubilación. Como mucho, se acercaría la edad real de jubilación de los 63 años a la edad legal de los 65. Y que se incentivaría, eso sí, “la voluntariedad de la permanencia en el trabajo”.
Ahora cambia de disco y defiende la jubilación obligatoria a los 67 años. Evidentemente no se trata de una medida propuesta por el titular de Trabajo, pero todo son loas para la nueva ocurrencia de Zapatero. Dice que el ejecutivo ha sido “valiente” al proponer elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. Fundamenta la supuesta valentía del ejecutivo en que se trata de una medida “poco cómoda” e “impopular” y en que podía haberla diferido ya que hasta 2023 ó 2030 no se prevé ningún problema para la Seguridad Social. Hubiera sido más cómodo para el Ejecutivo no anticiparse con este tipo de planteamientos, ya que hay dinero para pagar las pensiones, un superávit suficiente y, además, un buen Fondo de Reserva. Pero el Gobierno, dice Corbacho, ha preferido valientemente adelantarse al futuro.
El titular de Trabajo ha subrayado que el Ejecutivo, con esta propuesta, no busca “meter miedo” a la sociedad española. Aunque no sea algo urgente, el Gobierno ha querido “asumir su responsabilidad” para con las futuras generaciones de pensionistas españoles. Trata de edulcorar el proyecto, afirmando que el retraso en la edad de jubilación es un debate que está ahora abierto en toda Europa.
Las aclaraciones que ya hemos visto de Celestino Corbacho y las de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, prueban de modo evidente que Zapatero cogió con el pie cambiado a casi todo el partido socialista. Para minimizar el impacto negativo de la propuesta, Elena Salgado confesó que “la reforma de las pensiones está abierta y puede ser matizada”. Y siguió insistiendo: “es una propuesta abierta, lo ha sido desde el principio” y admitió la posibilidad de discutir la “gradualidad a la hora de su aplicación. Se trata, según la vicepresidenta económica, de un documento siempre abierto al consenso y que, en todo caso, será el Pacto de Toledo quien diga la última palabra.
Es evidente, para empezar, que el sectarismo de Zapatero no le deja escuchar a nadie, ni siquiera a sus propios ministros. Ahí está, para testificarlo, su anterior ministro de Economía, Pedro Solbes, que se fue a su casa aburrido y deprimido por la sordera del jefe del Ejecutivo. Tampoco es cierto que esta propuesta de reforma de las pensiones solucione el problema esencial de la caja de la Seguridad Social, ni su viabilidad en el futuro. Trabajar dos años más no evita las dificultades que introduce en el sistema la pirámide poblacional. La tendencia de esta pirámide se invierte favoreciendo los nacimientos de niños, no facilitando su destrucción antes de nacer.
La solución a la falta de dinero para hacer frente a la paga de las pensiones pasa por crear las condiciones idóneas para crear puestos de trabajo, no destruyéndolos como hacen ahora. La salud de la Caja de Pensiones queda plenamente garantizada si hay muchas personas cotizando a la Seguridad Social. Con datos estremecedores como los del pasado mes de enero, en que dejaron de cotizar a la Seguridad Social más de 250.000 personas, no se arregla el problema ni trabajando hasta los 67 años, ni incluso tomando como base para el cálculo de las pensiones los 25 años, en vez de los 15 actuales, como quisieron pasar de matute últimamente.
Es evidente que Zapatero está radicalmente incapacitado para solucionar los problemas que se presentan. Y para colmo de males, los ministros del actual Gobierno, además de no andar sobrados de luces, carecen de la suficiente autonomía para ejercer aquellas funciones a las que, en teoría, deberían estar dedicados. Tienen bastante con esperar cada mañana a ver con qué tipo de ocurrencias se despierta el jefe del Ejecutivo. Más que ministros, son simples secretarios de Zapatero. Ya cumplen holgadamente acudiendo con celeridad a apagar los incendios que provoca con su irresponsabilidad el jefe del Gobierno.
Gijón, 4 de febrero de 2010
José Luis Valladares Fernández
Y como es natural, Zapatero no pierde la ocasión de hacer el ridículo y se va a Davos, sacando pecho, para decir a los del Fondo Monetario Internacional que España es ante todo un país serio. Les promete que, para finalizar el año 2012, España estará cumpliendo el primero de los criterios de convergencia señalados últimamente por el Tratado de Lisboa. Así, la proporción entre el déficit público y el producto interior bruto se ceñirá al 3% señalado. Lo malo es que, los reunidos en Davos conocen sobradamente hasta donde llega la credibilidad de Zapatero. Con su llegada a la Moncloa, España perdió todo atisbo de seriedad. Con él volvieron los amaños, las trampas, las mentiras y, hasta la corrupción institucional.
