REHENES DE LAS RENOVABLES Y DE GREENPEACE

Para prevenir los problemas proporcionados por el cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deciden  crear un nuevo organismo que analice detalladamente la información científica, técnica y socioeconómica relevante, referida a los riesgos derivados del cambio climático, provocado por la actividad humana. Este nuevo organismo, al que dieron el nombre de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), deberá evaluar periódicamente cuantos datos vayan apareciendo sobre dicho cambio,  labor que se traducirá  en Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas tan importantes para ser utilizados por los gobernantes y responsables políticos.

En principio, nada que objetar  teóricamente. Lo malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.

No pueden ser neutrales los miembros del sector energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se nos presenta asimismo  como una "organización paraguas de la industria renovable europea, asociaciones comerciales y de investigación". Lo que quiere decir que, además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta materia.

Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio, que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y que además tiene una emisión muy baja de CO2.

El informe del gran lobby de las renovables, utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de  la Unión Europea. Y con este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia 20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema energético.

Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto, asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año y, como es evidente, el consumidor  cada vez tendrá una electricidad más cara.

El Gobierno anterior,  presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.  Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte, claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.

Es evidente que, con la política energética del Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la luz y, como no,  a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh  en el mercado mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.

El coste de generar energía eléctrica depende de la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y los detractores  de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos, no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso, bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por los 45 euros el MWh.

Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial, limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados  en el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya, Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000 millones de los euros actuales.

Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización, aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.

Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en 1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales nucleares citadas,  no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la liberalización del sector eléctrico  en 1997. Hay que tener en cuenta que necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más, cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las de ciclo combinado.

Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los arcaicos candiles de antaño o  importamos de Francia ese tipo de energía a precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este tipo de centrales sin tenerlas.  Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y algunas  muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.

Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el precio medio de la electricidad para uso doméstico está en  17,08 euros los 100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros,  y que puede subir hasta los 20,04 euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.

Gijón, 18 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández