¿SINDICALISTAS O APROVECHADOS?

Los sindicatos, tal como los conocemos hoy día,  tienen su origen  en las asociaciones que se fueron creando en Gran Bretaña a raíz de la denominada Revolución industrial, que comenzó en 1776. A este tipo de asociaciones, entonces ilegales, que buscaban colectivamente la manera de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, se les dio el nombre de Movimiento obrero. Cuando Inglaterra reconoció en 1824 el derecho de los obreros a formar este tipo de asociaciones, aparece ya el nombre de ‘sindicato’.

Se dio el nombre de ‘sindicato’ a estas asociaciones por analogía con la actividad de los síndicos de la antigua Grecia. La palabra ‘síndico’, procede del vocablo griego Συνδηκου (sindico), utilizado para designar a los que se encargaban de defender a otros ciudadanos en los juicios. Con el paso de los años, la palabra síndico termina por adjetivarse cambiando sensiblemente su significado ampliando la defensa a conjunto de personas o a la propia comunidad. La  palabra  síndico con esta nueva acepción conserva el prefijo Συν (syn) y cambia δηκου por δηκι (dike), lo que vendría a decir “con-justicia”.

Desde el principio, los sindicatos han procurado garantizar el bienestar, los intereses sociales, económicos e incluso profesionales del colectivo obrero. En esa defensa, solían estar incluidos todos los trabajadores, incluso los que no habían querido sindicarse. Y este debiera ser también el objetivo primordial de CC.OO. y la UGT. Lo malo es que no es así. Estas dos centrales sindicales se olvidan frecuentemente  de la defensa de los trabajadores para ocuparse de manera casi exclusiva de sus propios intereses. En realidad, se parecen bastante más a una formación política que a un sindicato. A la vista está, que su comportamiento no es el mismo con un gobierno que con otro.

Tanto Ignacio Fernández Toxo, máximo responsable de CC.OO., como Cándido Méndez, mandamás de la UGT, durante los casi ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, más que líderes sindicales, parecían ministros sin cartera. Aunque el número de parados comenzó a crecer vertiginosamente, aunque se congelaron las pensiones y se recortó el salario de los trabajadores públicos y aunque hubo una subida generalizada de impuestos, estos dirigentes sindicalistas guardaron un escrupuloso e imperdonable silencio que talmente parecían tumbas etruscas. Pero eso si, la llegada del Partido Popular al Gobierno les sacó inmediatamente de tan profundo letargo.

Ante semejante comportamiento, es normal que los trabajadores españoles desconfíen manifiestamente de estas  centrales sindicales mayoritarias. Su descrédito es cada día mayor, pues dan la sensación de que estas organizaciones se han olvidado de su labor sindical y se han convertido en auténticas y enormes burocracias que viven cada vez mejor a base de privilegios y de subvenciones cada vez más generosas. Motivo más que suficiente para que, los trabajadores que quedan,  desconfíen abiertamente de estos sindicatos de clase. Y si así reaccionan los que aún conservan su trabajo, ¿qué no harán los trabajadores autónomos, los que llevan tiempo en el paro y los que buscan infructuosamente su primer empleo.

A pesar de las críticas y los recelos de unos y de otros, los dirigentes de la UGT y de CC.OO. son inconmovibles, preocupándose exclusivamente de sus abundantes chollos y de sus negocios. Utilizan  desvergonzadamente la crisis económica para hacer caja y engrosar de manera considerable sus cuentas. Su indecencia llega hasta el extremo de hacer negocios hasta con el desempleo, ya que cuanto más para haya, más dinero ingresan. Sin el menor rubor se aprovechan descaradamente de la mayor estafa social al cobrar un 10% de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores cuando se les obliga a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Para más INRI, los trabajadores desconocen frecuentemente que los porcentajes que se llevan estas centrales sindicales se les descuentan  de las minutas de la indemnización que reciben al ser afectados por el ERE, ya que se trata de una cantidad que no aparece en ningún recibo  ni factura. Y a veces la cantidad detraída de la compensación recibida puede ser importante, ya que la organización sindical se lleva una cantidad extra de entre un 10% y un 15% de cada uno de los trabajadores cuando estos cobran más de  20 días por año trabajado. Y no es normal que se pacten ERE con los 20 días que establece la Ley como mínimo. Como fruto de las negociaciones, habitualmente los ERE aprobados están entre 30 y 40 días por año trabajado y a veces llegan hasta los 45 días.

Los cursos de formación continuados constituyen por sí solos todo un pingüe y suculento negocio del que participan inmerecidamente, a través de la Fundación Tripartita, la UGT y CC.OO. Dicha Fundación  está formada por estas dos centrales sindicales  y por la CEOE. Los recursos financieros, que posibilitan esa formación continuada,  proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional realizada por la Seguridad Social, de las ayudas aportadas por el Fondo Social Europeo, además del 3% de los Presupuestos Generales. Y para mayor despropósito, estas cuantiosas subvenciones se les reparten lamentablemente antes de que se impartan esos cursos y sin que exista una fiscalización posterior.

A la animosidad y la animadversión propias de los sindicatos de clase contra toda opción política conservadora cuando gana las elecciones, se une ahora una belicosidad atroz para chantajear deliberadamente a los responsables del Gobierno para que no les toquen sus prebendas  particulares. A los sindicatos de la UGT y  CC.OO. les preocupan  muy poco la nueva  reforma laboral y, menos aún, los nuevos Presupuestos para 2012. Lo que de verdad les saca de quicio es que, con  esta reforma laboral y con estos Presupuestos, pierden parte de su poder tradicional y pierden también mucho dinero.

Saben perfectamente que una reforma electoral como ésta, o muy similar,  era totalmente necesaria para abrir un camino de esperanza a los parados de larga duración y a los jóvenes, incapaces de encontrar su primer empleo. Podrá fracasar, pero de momento está en la onda de las normas laborales que rigen en los países de nuestro entorno y en ninguno de ellos se ha desmadrado el paro como en España. La crisis ha sido igual para todos y, sin embargo, doblamos en paro a la mayoría de ellos. Capitaneamos las listas de desempleados en todo el mundo civilizado. Hasta Irlanda, Portugal e incluso Grecia, que ya es decir,  tienen un porcentaje de parados inferior al nuestro. Y algo tendrá que ver en ello la norma laboral que rige en cada uno de ellos.

Pero ni la UGT ni CC.OO. ha querido esperar a ver los resultados de la reforma laboral. Sin esperar a la redacción definitiva  que saldrá de Las Cortes, se han lanzado a la calle con huelga general incluida  porque, según dicen, acabará con los puestos de trabajo que quedan. Quieren hacernos creer que se movilizan ahora para defender los derechos laborales de los trabajadores. Y ¿por qué no se movieron durante los duros años del zapaterismo, cuando se disparó el paro y se llegó incluso a recortar sensiblemente el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores? La respuesta es muy sencilla. A parte de sintonizar políticamente con el Gobierno de entonces, el  paro les daba pingües beneficios con los famosos ERE.

El problema por el que los sindicatos de clase han declarado la guerra al Gobierno de Mariano Rajoy y se han echado a la calle, es la pérdida de parte de sus propios derechos. Que la nueva normativa  laboral reduzca su capacidad de negociación y que pierdan  el monopolio de la formación de trabajadores es lo que ha hecho saltar todas las alarmas sindicalistas. La reforma laboral propuesta por el Gobierno liberaliza el mercado de la formación laboral, con lo que es muy posible que los sindicatos pierdan esta fuente de ingresos que venían percibiendo tradicionalmente y que ahora pueden esfumarse. Solamente en 2011, la engañifa de estos cursos aportaron a las arcas de estas centrales sindicales casi 500 millones de euros

Otro punto extremadamente sensible lo tenemos en los ERE. Con la nueva normativa laboral, las empresas ya no pactarán los ERE con los sindicatos. La nueva norma permite a las empresas los despidos colectivos cuando se den ciertas circunstancias, previstas en la legislación, prescindiendo de las negociaciones sindicales. Y en caso de conflicto, será un juez y no los sindicatos ni la autoridad laboral la que tenga la última palabra. Y con esto, claro está, se cierra definitivamente otra fuente de financiación notable que aportaba a los sindicatos varios cientos de millones de euros al año.

Ni CC.OO. ni la UGT han digerido aún la pérdida de poder social al reducir sensiblemente su papel en la negociación colectiva. A partir de ahora, prima el convenio de empresa sobre el convenio colectivo. Con la reforma laboral se amplían notablemente las causas que permiten a las empresas descolgarse de los pactos colectivos y tomar ciertas decisiones, como ajustar salarios,  la movilidad laboral y hasta y, si las circunstancias lo requieren, extinguir contratos laborales. Y todo esto, por supuesto, sin previo acuerdo con los sindicatos.

Está muy claro que defienden descaradamente sus propios privilegios como el poder de intermediación y todas aquellas actuaciones que les propiciaban buena parte de sus ingresos extraordinarios y todo ello, sin mucho esfuerzo. Pero esto no lo reconocerán jamás y seguirán quejándose con la torpe escusa de los intereses de la clase trabajadora. Pregonarán que la marginación de los sindicatos deja a los asalariados desprotegidos ante los ajustes de los empresarios en crisis y en la más tremenda de las indefensiones al encarar su despido inmediato sin posibilidad de réplica alguna. Debieran, eso sí, dar ejemplo con sus propios trabajadores que frecuentemente son los más expuestos  a todo tipo de arbitrariedades. 

Gijón, 9 de abril de 2012 

José Luis Valladares Fernández