ASÍ NO VAMOS A NINGUNA PARTE

Somos muchos los que hemos criticado duramente a José Luis Rodríguez Zapatero por su enorme torpeza a la hora de hacer frente a la crisis económica. Al intentar atajar esta crisis a base de improvisaciones y con escasas medidas, todas ellas manifiestamente ineficientes, ni siquiera fue capaz de paliar los devastadores efectos de la misma y mucho menos evitar que se convirtiera en la más grave y peligrosa de nuestra historia. El Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró frecuentemente, y sin piedad alguna,  esta actitud irresponsable del anterior presidente del Gobierno.

Rajoy mismo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le echaba en cara de vez en cuando su prolongado empecinamiento en negar la crisis y que con su falta de decisión para adoptar medidas oportunas para minimizar la crisis, no generaba confianza alguna en los mercados financieros. No andaba muy descaminado Mariano Rajoy cuando afirmaba rotundamente que el Gobierno de Zapatero, lejos de solucionar la crisis, la agravaba considerablemente con sus improvisaciones y sus “ocurrencias” ocasionales proponiendo hoy una cosa y otra muy distinta al día siguiente.

En las elecciones del pasado día 20 de noviembre, Mariano Rajoy cosechó un gran triunfo, logrando la mayoría absoluta más amplia de toda nuestra historia democrática. Tan pronto se hizo cargo del Gobierno, sorprendió a todos con una serie de reformas, todas ellas necesarias y extraordinariamente valientes, entre las que destacaba la reforma laboral. Esto hizo pensar a los españoles, a los miembros de la Unión Europea que, por fin, había un Gobierno serio y riguroso, con las ideas claras para poner en orden nuestra economía. Y como es lógico, se calmaron momentáneamente los mercados y se moderó la prima de riesgo.

Pero todo fue un espejismo pasajero. El hechizo terminó muy pronto al ver que el Gobierno se contentaba con andar por las ramas y daba muestras de que no se atrevía a taponar el principal sumidero por donde se van ingentes cantidades de dinero público. Después de su entusiasmo inicial, se arruga ante la necesidad perentoria de adelgazar nuestra elefantiásica administración, suprimiendo puestos repetidos hasta diecisiete veces, eliminando organismos inútiles que no sirven más que para gastar dinero y recuperando para el Estado aquellas competencias que son básicas para conservar la unidad y la igualdad de todos los españoles, como es el caso de la Educación, la Sanidad y la Justicia.

En vez de cortar decididamente tanto derroche privatizando las televisiones públicas y las autonómicas, acabando de una vez con la cultura de la subvención y suprimiendo los chiringuitos políticos, el exceso de asesores y los cargos de confianza inútiles, se limitan a poner paños calientes ideando auténticas “ocurrencias” que les llevan a recortar donde, en realidad,  hay muy poco que recortar. Y así hacen pagar el pato a los de siempre, a los de la sufrida clase media que, además, tienen muy poco margen de respuesta. Y encima, dando la sensación de que se les está engañando miserablemente.

En el Partido Popular, en efecto, siempre se ha estado contra la subida de impuestos, por lo menos de una manera teórica, pues, según dicen, se recauda bastante más dinero si los impuestos son moderados y no extremadamente altos. El mismo Rajoy, durante la campaña electoral, prometió solemnemente no subir ninguno de los impuestos. Pero el hachazo llegó sin que lo esperara nadie con la subida del IRPF, en una proporción que va del 0,75% al 7%, con varios valores intermedios, siempre  de acuerdo con el montante de los ingresos. Sube también  el tipo de gravamen de las rentas del ahorro un 2%, un 4% o un 6% según el volumen del ahorro. Y por último sube el IBI, la contribución urbana  que se paga simplemente por poseer algún inmueble. Y esta subida será del 4%, el 6% o el 10%, dependiendo, claro está, de la antigüedad de la revisión catastral.

Por si esto fuera poco, se encareció considerablemente la luz, el gas y el transporte. Con las subidas inesperadas de impuestos y la elevación descarada del precio de artículos básicos, no se arregla la situación pero se desestabiliza gravemente los presupuestos de muchas familias españolas. Para hacer algo diferente a José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy prometió solemnemente en  su discurso de investidura no recortar salarios y revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC previsto. Y aunque materialmente cumplió esta promesa, en realidad es como si hubiera hecho esos recortes de frente. Pues la subida de impuestos, y más si va asociada a una elevación generalizada de los artículos más utilizados por todos, supone siempre un recorte notable de los salarios y de las pensiones.

Pero aún hay más. Una vez que el nuevo Gobierno manifiesta palpablemente que no va a tocar nuestra estructura administrativa, y que renuncia a exigir que se cumpla estrictamente la ley en las taifas díscolas para poner fin a tanto desmadre autonómico, vuelve la desconfianza de los mercados financieros, se dispara otra vez la prima de riesgo y se desploma la bolsa. Está meridianamente claro que la falta de valentía del Gobierno y la actitud irresponsable de la oposición y de los sindicatos de clase nos han devuelto al borde de la intervención.

Como no hay dinero para pagar los servicios básicos, tal como ha reconocido Rajoy, el Gobierno trata de solucionar los problemas a base de parches y por entregas, que es tanto como no solucionar nada. Pervirtiendo intencionadamente el lenguaje, la ministra del ramo dice que, para que la sanidad siga siendo “pública, universal y gratuita”, los perceptores de una pensión pública contributiva tienen que costear parte de los medicamentes que utilicen.  Si abonamos algo por los medicamentos ya no estamos ante un servicio gratuito, y eso sin contar que la sanidad la hemos ido pagando a lo largo de la vida laboral. También habla de un “pago compartido”, sabiendo perfectamente que se trata de un sobrecoste decretado por decisión política, obviando otras fórmulas de ahorro mucho más efectivas y justas.

Estamos posiblemente ante la medida más injusta de cuantas ha tomado el Gobierno de Rajoy. No es de recibo que se imponga a los pensionistas un gravamen extra para mantener su salud. Hay que tener en cuenta que, durante muchos años, estuvieron cotizando religiosamente a la seguridad social y que no son culpables en absoluto de los despilfarros que han vaciado las arcas del sistema público de previsión social. No fueron ellos los que impusieron el actual sistema de reparto para cubrir eficientemente las necesidades sanitarias de quienes no cotizaron al sistema, de los extranjeros que aterrizan ilegalmente en nuestra tierra y de los que practican el turismo sanitario. No es de recibo que se  sigan cubriendo gratuitamente los caprichos excusables de algunos, como el cambio de sexo, y se exija a los jubilados que abonen un  canon por una prótesis de cadera o rodilla.

Se disculpa Mariano Rajoy, indicando que semejante medida supone muy pocos euros al mes. Va aún más lejos el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular  y actual Consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, con su insolente   afirmación de que el copago farmacéutico de los pensionistas “solo son cuatro cafés al mes”. Como se han movido siempre con sueldos de escándalo, no piensan que, una inmensa mayoría  de jubilados está viviendo al límite de sus posibilidades. Y el gasto de esos ocho euros en medicinas supone para ellos un gran sacrificio, sobre todo si se trata de enfermos crónicos. Nada que ver con el sacrificio baladí de los que así hablan  cuando se gastan alegremente 2.000 o 3.000 euros en simples banalidades.

No es de recibo la justificación de este nuevo canon dada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato. Dicen que pagamos menos impuestos que en el resto de países europeos. Ni más ni menos, la misma disculpa que han dado habitualmente los socialistas en circunstancias similares, por ejemplo, cuando subieron el IVA. Y tanto los socialistas entonces,  como ahora los responsables del Partido Popular, silencian descaradamente que nuestro poder adquisitivo es bastante inferior al de esos  países europeos que, es verdad, soportan una carga impositiva superior a la nuestra.

Como  Mariano Rajoy no entra decididamente  en el fondo de nuestro mayor  problema, continuará abierto el sumidero de nuestra desmesurada estructura administrativa, por donde se va desgraciadamente la mayor parte de nuestro dinero. Nuestros ingresos no dan para tanto. Pero aún así no hay ningún otro país que compita con nosotros en defensores del pueblo, tenemos más altos cargos y muchos más asesores y jefes de protocolo que nadie. Y esto cuesta mucho dinero. Menos mal que, aunque tarde, arregló en parte lo de RTVE, eliminando consejeros y dejando sin sueldo a los que quedan. Y digo en parte, porque debiera haber ido más lejos, poniendo en marcha su privatización y urgiendo a las distintas comunidades que hicieran lo propio con sus televisiones autonómicas.

Al no reducir drásticamente nuestros exagerados gastos corrientes, continuaremos con muchos frentes abiertos, cuya atención simultanea es poco menos que imposible porque escasea el dinero. Y querer cerrar tanto foco por entregas, por muy buena voluntad que pongan los miembros del Gobierno, no va a resultar efectivo, ya que  antes de cerrar definitivamente alguno de ellos, aparecerán otros nuevos, tan apremiantes  o más que los anteriores. La urgencia de alguno de esos problemas y la falta endémica de fondos suficientes, obligará a los ministros a romper, muy a su pesar, alguna de sus promesas, por muy sinceras y solemnes que estas sean. Y lo que es peor de todo, darán la desagradable sensación de que nos están mintiendo.

Es lo que pasó al principio de la legislatura con el IRPF y volvió a pasar ahora con el copago y con las tasas universitarias, a pesar de las famosas líneas rojas que, según decían, marcaban claramente hasta dónde se podía llegar en sanidad y en educación. Y es muy posible que, antes de lo que pensamos, ocurra lo mismo con otras tasas fiscales. Aunque el Gobierno lo niega, cada vez son más numerosos e insistentes los rumores de que está próxima una nueva subida  del IVA y de que vamos a tener que pagar peaje hasta por circular por las carreteras normales.

Gijón, 24 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández