ERA YA LO QUE NOS FALTABA

En los carteles publicitarios de 1948 comenzó a promocionarse el turismo en España con un slogan, creado por alguien que nos conocía muy bien y que literalmente decía: "Spain is beautiful and different" y que, poco tiempo después, derivó en  "Spain is different" o “spanish is different”. Semejante slogan, en cualquiera de las dos variantes, nos retratan  de cuerpo entero. Los españoles somos incorregibles, vamos por la vida de matones y de perdonavidas. Fanfarroneamos desmedidamente con nuestros logros, con nuestras obras y hasta con la marcha de nuestras instituciones políticas o religiosas.

Una prueba fehaciente de nuestra singularidad es que, si algo sale mal, seguirá siendo bueno y nadie osará modificarlo. Es el caso de nuestro Estado de las Autonomías. Al igual que Pandora, la mujer mitológica de la teogonía del poeta  Hesíodo, abrió su caja para que se desparramaran  libremente todas las desgracias humanas, los padres de nuestra Constitución hicieron prácticamente lo mismo creando las Comunidades Autónomas. La intención sería muy buena: diluir las aspiraciones separatistas de algunos grupos políticos del País Vasco, de Cataluña y de Galicia. Pero el resultado no pudo ser peor.

En vez de calmar a los separatistas, con el Estado de las Autonomías dieron más alas a los partidos nacionalistas para dar pasos comprometedores y de difícil vuelta atrás hacia la separación de España de sus respectivas regiones. Ahí están, para confirmarlo, las reformas estatuarias que se fueron aprobando, tendentes a consolidar los intereses caciquiles y clientelares de los nacionalistas que estaban al frente de los gobiernos autonómicos. Reformas que, por otra parte, tienden lamentablemente  a dinamitar la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas y la necesaria solidaridad entre los españoles.

Con el Estado de las Autonomías se creo una estructura administrativa tan compleja que, aparte de los inevitables problemas políticos, no hay dinero que aguante su mantenimiento. Ahora ya no tenemos un presidente, tenemos dieciocho presidentes o veinte, si tenemos en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además del Congreso y el Senado, tenemos otros diecisiete parlamentos autonómicos, uno por cada Comunidad Autónoma. Y como todos ellos tienen capacidad legislativa, cada Comunidad tiene sus propias leyes particulares que complican enormemente la apertura de nuevas empresas. No tenemos un solo tribunal supremo, tenemos diecisiete tribunales supremos, no se cuantos defensores del pueblo e infinidad de canales  públicos de televisión, algunos nacionales y otros autonómicos,  y varias  emisoras de radio.

Aunque estamos  ante una estructura administrativa completamente enrevesada y atípica, los políticos profesionales reconocen unánimemente, cuando hablan en público, que la implantación  del Estado de las Autonomías ha sido un verdadero acierto, ya que su desarrollo ha resultado altamente beneficioso para la democracia española. Aseguran incluso que fue un auténtico acierto conceder la autonomía a todas las regiones de España porque, de esta forma, se obliga a las autonomías históricas a ser moderadas a la hora de reclamar poderes, ya que saben que habría que dárselos a todas.

Esos mismos políticos, en ambientes privados, reconocen la excesiva  complejidad y hasta el desmadre de las autonomías, y que es urgente al menos la fijación clara de mecanismos de coordinación que  salvaguarden la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, siguiendo el mandato de nuestra Constitución, y que, a la vez,  limite prudencialmente las desmedidas exigencias de los poderes autonómicos. Reconocen igualmente  el desbarajuste económico que supone mantener este sistema autonómico tal como lo conocemos hoy. Pero no van más allá. Nadie se atreve  a simplificar semejante estructura administrativa haciéndola más racional,  bastante más eficaz y menos costosa.

La izquierda, con responsabilidades de Gobierno o sin ellas, está donde estuvo siempre, a su bola, pendiente exclusivamente de sus intereses particulares, de rentabilizar en beneficio propio cualquier situación que se produzca. La izquierda es muy engreída y va siempre  de sobrada. Piensa que ha sido ella la que ha traído el Estado de Bienestar y que, por lo tanto, tiene más derechos que nadie para gobernar. Y si los resultados electorales son adversos, organiza todo tipo de protestas y algaradas y busca en la calle lo que no ha conseguido en las urnas.  La izquierda siempre ha sido mucho  más insidiosa y más falaz que la derecha.

La derecha, en cambio, es bastante más timorata y asustadiza que la izquierda. Parece talmente que se acompleja cuando llega al Gobierno, y es reacia a tomar decisiones. Hasta da la sensación a veces de que pide perdón a sus adversarios políticos por haber ganado las elecciones. Nunca nadie, hasta ahora, había logrado una mayoría absoluta tan amplia como la conseguida por el Partido Popular en las últimas elecciones generales. Los ciudadanos españoles les dieron prácticamente carta blanca para gestionar el Gobierno y arreglar los estropicios  causados por Zapatero en los casi ocho años que estuvo al frente del Ejecutivo.

El Partido Popular es tremendamente reacio a tomar decisiones en solitario que signifiquen un cambio en contra de la voluntad de los socialistas. Es cierto que circunstancias extremadamente graves y urgentes les han obligado a hacer muchas cosas, alguna de ellas muy importantes, entre las que destaca la reforma laboral. Pero llevan ya cinco meses en el Gobierno y no han sido capaces de anular por decreto las subvenciones que cobran oportunamente ciertas Fundaciones y ONGs, la mayoría de ellas vinculadas al PSOE y que fueron aprobadas con toda la malicia del mundo por el Gobierno saliente cuando este  estaba ya en funciones. Las más jugosas van destinadas, como siempre, a atender los derechos sexuales y reproductivos de varios colectivos de mujeres y los consabidos grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

¿Alguien piensa que, si hubiera sido al revés, los socialistas hubieran dejado pasar cinco meses sin remover hasta los cimientos de las televisiones públicas, del Tribunal Constitucional y hasta del Banco de España y de otros organismos oficiales? Y si se encontraban con alguna norma que lo impidiera, allanarían  inmediatamente el camino con un oportuno decreto ley. El Gobierno de Rajoy, en cambio, espera pacientemente a que se le mueva el cuajo a Rubalcaba y pacte una nueva composición de los mismos.

Han pasado ya cinco meses de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, avalado por una mayoría absoluta abrumadora y Miguel Ángel Fernández Ordoñez continúa siendo el Gobernador del Banco de España, a pesar de su deficiente supervisión de las entidades de crédito. Debido a su punible pasividad y a su olvido del servicio de inspección, no se si intencionado, hemos padecido el mayor desbarajuste financiero español de la historia. No supo o no quiso frenar el insostenible crecimiento del crédito bancario que llevó a las Cajas de Ahorro al borde del colapso.

Y ahí sigue también sin renovarse el Tribunal Constitucional. Se trata de un organismo tremendamente politizado y, en consecuencia, la mayor parte de sus miembros están más preocupados de enmendar la plana al Supremo y de prestar un servicio efectivo al PSOE, que de interpretar correctamente la Constitución.

Y ahí está, sobre todo, la Corporación de RTVE esperando incomprensiblemente ese cambio que no llega. Aunque desde la renuncia de Alberto Oliart en julio de 2011, la presidencia de RTVE está vacante, el personal de la Corporación sigue fiel a los postulados marcados por los socialistas, promoviendo incansablemente, como en los mejores tiempos, el trasnochado sectarismo de izquierdas. Los socialistas procuran estirar esta bicoca para contar, durante el mayor tiempo posible,  con el extraordinario apoyo de los profesionales de medios de comunicación tan importantes como las televisiones públicas. El Partido Popular, sin embargo, respetando pasados acuerdos con el PSOE, aguanta el chaparrón y espera pacientemente algún tipo de acuerdo.

Desde que Mariano Rajoy es presidente, ha habido ya demasiados viernes de dolores para los de siempre, los trabajadores y jubilados. Casi todos los viernes ven desesperanzados como va mermando progresivamente su poder adquisitivo a base de recortes y porque sube la luz, el gas y el transporte y demás servicios básicos. Y esperan de vez cuando la llegada oportuna  de algún viernes de gloria, anunciando el cierre definitivo de los grandes agujeros negros que lastran  nuestra economía y nuestro Estado de Bienestar, por ejemplo la privatización de las televisiones públicas y la simplificación de nuestra estructura autonómica. Aunque todo apunta lamentablemente a que no va a ser así.

El desastre contable de los medios de comunicación públicos no puede ser más claro. Durante 2010, primer año sin soporte publicitario, las televisiones públicas costaron al erario español la friolera  de 2.314 millones de euros, de los cuales  1.918 fueron cubiertos con subvenciones y los 396 restantes a base de aportaciones  de los gobiernos autonómicos. Una cifra, como se  ve, muy superior a los 1.530  millones que se ahorró el Estado con la congelación de las pensiones decretada por Zapatero. Y aún así, a pesar de estas ayudas extraordinarias, cerraron el año con unas pérdidas de 536 millones de euros, que tenemos que sumar a la deuda acumulada de  1.504 millones de euros que vienen arrastrando de atrás.

La privatización de estas cadenas  solucionaría definitivamente este problema y ahorraríamos un dinero que nos vendría muy bien para tapar otros huecos. Pero está visto que ni Rajoy, ni su Gobierno, están por la labor. Prefieren mantener indefinidamente semejante hipoteca, aun que no se para qué, ya que la derecha nunca ha sabido servirse de ella con la maestría con que acostumbra a hacerlo la izquierda. Y aunque el PSOE, en circunstancias similares hubiera actuado autónomamente, el Partido Popular, demasiado tarde para sus intereses, comenzó ya a proponer nombres para consensuar al futuro responsable de RTVE.

El primer nombre propuesto fue el del gallego Francisco Campos que, como era de esperar, fue rechazado por Alfredo Pérez Rubalcaba. Y para alargar lo más posible la situación actual, rechazarán sistemáticamente cuantos vaya proponiendo el Gobierno de Rajoy. Y al final se consensuará a alguien que, de alguna manera, insinúen los socialistas.  Podía ser el caso de Manuel Campo Vidal, actual presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Todo el mundo sabe, sin necesidad de ir a Salamanca, que Campo Vidal con quien sintoniza políticamente es con los socialistas, sobre todo con el felipismo. Y aún así, corren rumores fundados de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado ya a un acuerdo con Rubalcaba para que sea este periodista el que rija en breve los destinos de la Corporación  de RTVE. Y esto era ya lo que nos faltaba.

Gijón, 12 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández