AHORRAR REDUCIENDO GASTO PÚBLICO

Los que hemos tenido profesionalmente algo que ver con el mundo de la electrónica, estamos habituados a realizar todo tipo de ajustes en los distintos circuitos. Para cada ajuste se cuenta normalmente con dos potenciómetros, uno para ajuste grueso y otros para lo que llamamos ajuste fino. Por pura lógica, comenzamos la operación poniendo el potenciómetro de ajuste fino en el punto medio. Actuamos seguidamente sobre el otro potenciómetro, el del ajuste grueso, para que el valor predeterminado de salida quede dentro de unos márgenes de referencia. Es después de esta operación cuando maniobramos sobre el potenciómetro de ajuste fino, para fijar exactamente el valor de salida requerido.

Hay cierta analogía entre ese ajuste electrónico y el ajuste económico que deben realizar los Gobiernos cuando, por la circunstancia que sea, escasean las tostadas. Es el caso de Mariano Rajoy que recibió de José Luis Rodríguez Zapatero una herencia económica catastrófica y extremadamente complicada. Pero  Rajoy, una vez que se hizo cargo de la complicada situación, obvió el ajuste grueso y pasó directamente al ajuste fino. En vez de reducir gastos públicos para controlar el déficit, optó por sacar más dinero a los ciudadanos particulares, a la sufrida clase media, con recortes inoportunos y subiendo inesperadamente el IRPF.

Antes de acudir a los de siempre, a los que cobran un salario o una pensión, el nuevo Gobierno debió hacer una composición de lugar y analizar con detenimiento todos los gastos que se producen constantemente, ver los que son imprescindibles, los que son simplemente suntuosos o estrictamente graciosos y los que no tienen justificación posible. Y comenzar el ajuste grueso para reducir el déficit eliminando los gastos injustificables, que son muchos, y todos aquellos otros que  no son rigurosamente necesarios.

En esa composición de lugar podrán cerciorarse de que estamos manteniendo más de 4.000 empresas públicas o con participación estatal, alguna de las cuales fueron creadas precisamente para pagar favores políticos o para colocar familiares o amigos. Hay cantidad de empresas municipales y autonómicas que, más que empresas, son agencias de colocación de los partidos y somos nosotros los que las mantenemos con nuestros impuestos.

Tenemos más políticos que los demás países de nuestro entorno, 445.568 exactamente. Es escandaloso el número de liberados, unos 65.130 sindicalistas y 31.210 de la patronal que consumen cantidades ingentes de dinero público en forma de subvenciones. Están también  los 40.000 políticos que, sin ser cargos electos, desempeñan cargos de confianza de otros políticos. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores personales de los políticos electos y también asesores que asesoran a otros asesores. Están después la televisión pública y las televisiones autonómicas que tiran constantemente  del presupuesto público. Hasta dentro del sistema sanitario y educativo se han montado chiringuitos, que dan trabajo respectivamente a 8.260 y 9.320 empleados, cuya misión se reduce exclusivamente a controlar a los demás empleados.

Lo que demuestra fehacientemente que el nuevo Gobierno tenía un amplio campo para eliminar gastos y reducir así el asfixiante déficit, aunque quizás le faltó voluntad y atrevimiento. Podía haberse dedicado, como primera providencia, a racionalizar el gasto público desmontando tanto pesebre inútil como existe, cerrando alguna de esas empresas públicas y vendiendo otras, privatizando la televisión pública y las autonómicas, suprimiendo las subvenciones a sindicatos, a la patronal y a los partidos políticos. Y si todo esto no es suficiente para adaptar nuestro elevado déficit a las exigencias de Bruselas, entonces, y  solo entonces se podría acudir a la socorrida vía recaudatoria. Pero eso sí, imponiendo a los políticos, a los que viven del presupuesto público, las mismas cargas fiscales y los mismos esfuerzos y sacrificios que soportan los demás ciudadanos de a pie.

Pero no ha sido así. Los políticos siguen siendo una casta protegida y conservan todos  sus privilegios. Como son tremendamente corporativistas, se defienden unos a  otros sin complejo alguno. Todo sigue en pie. No se ha eliminado ninguno de los comederos tradicionales, se mantienen intactos todos los chiringuitos que venían de atrás y se respetan escrupulosamente hasta los acuerdos tomados por el Gobierno anterior cuando ya estaba en funciones. No se han atrevido a suprimir ni las subvenciones sospechosas de amiguismo, concedidas in extremis  a distintas  Fundaciones y ONGs de filiación socialista. Y los sindicatos, lo mismo que la patronal, conservan prácticamente intactas todas sus prerrogativas y exenciones y siguen cobrando sus millonarias subvenciones.

Los verdaderos paganini de la crisis son siempre los mismos, los ciudadanos corrientes, los que viven honradamente de su trabajo o de su pensión. Son también los que tendrán que apechugar con las consecuencias que inexcusablemente se deriven  de los recortes en Sanidad y Educación. No se si es porque ya están acostumbrados a recibir continuos sablazos y a que se les pida constantemente que se aprieten el cinturón que, aunque pierdan parte de su pelo en la gatera de la salida de la crisis, aceptan estoicamente su lamentable situación y ya ni siquiera se molestan en protestar. Para qué, si saben que nadie les hace caso.

Con la subida imprevista del IRPF, se han empobrecido las clases medias, se han quedado sin capacidad de ahorro y no han tenido más remedio que restringir drásticamente  su consumo. Esa reducción tan evidente de renta disponible en los hogares españoles ha dado lugar a que cayera un 1% el consumo familiar durante el primer trimestre de 2012 y, por consiguiente a una recaudación fiscal menor de lo esperado. Para complicar aún más las cosas, a la inevitable caída de la demanda interna tenemos que agregar el recorte del 5,2% en el consumo público y la contracción del 8,2% soportada por la inversión.

La caída notable del consumo de las familias afecta gravemente al comercio, sobre todo al comercio minorista. Si comparamos el volumen de ventas del pasado mes de abril con el mismo mes del año 2011, nos encontramos con un descenso en las ventas del 9,8%. A este respecto, es revelador el descenso del tráfico en las carreteras de pago que, en los cinco primeros meses del año, descendió un 11% en relación con el mismo periodo del año anterior.

La subida de impuestos, sobre todo los imprevistos, provocan en las familias una sensación de miedo, lo que se traducirá forzosamente en una restricción aún mayor de su consumo. Y ya sabemos que el consumo privado juega un papel muy importante  en el comportamiento del PIB. Hay otros factores  que influyen decididamente en la marcha negativa de nuestra economía. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2012 cayeron las exportaciones de servicios un 5%, con relación al último trimestre de 2011 y se contrajo también un 3,8% el gasto que los no residentes suelen hacer en España.

Para rizar aún más el rizo, ya solo nos faltaba que tuviera razón Rubalcaba y se cumplieran sus malintencionados vaticinios. Este personaje insidioso pronostica descaradamente que seremos los ciudadanos corrientes los que devolvamos a la Unión Europea esos 100.000 millones  de euros concedidos a España para reflotar las antiguas Cajas de Ahorros. Con otras palabras, que seremos los mismos de siempre los avalistas involuntarios de ese préstamo, que ha abierto Europa,  como línea de crédito,  para recuperar la solvencia de las Cajas reconvertidas en Bancos. Claro que, para Rubalcaba y para Joaquín Almunia, se trata de un  rescate financiero en toda regla que “lleva  aparejado unas obligaciones  y compromisos” y “algún otro tipo  de condiciones”.

Se trate de un rescate financiero o de una simple línea de crédito como dice Mariano Rajoy, es un dinero que necesitábamos urgentemente para recuperar esas entidades bancarias. Es una buena noticia, aunque supone un incremento del 10% de nuestra deuda. Y esto, en consecuencia, si no se racionaliza adecuadamente nuestra estructura administrativa para reducir de una manera drástica el gasto público, puede ocasionarnos algún trastorno negativo más adelante. Aunque el actual Gobierno no quiera verlo, el Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos,  desborda por completo nuestra capacidad económica para financiarlo.

Gijón, 12 de junio de 2012

José Luis Valladares Fernández