"OVERBOOKING" DE POLÍTICOS

Resulta muy raro, sobre todo cuando se habla de hostelería  y de viajes en avión,  que no aparezca el término ingles overbooking, pues es relativamente frecuente vender más servicios de los que, en realidad, pueden atenderse. La sobreventa es una práctica muy extendida en el sector turístico para asegurar la ocupación plena del espacio disponible. Hoy día, aquí en España, también podemos utilizar semejante vocablo para referirnos al exagerado número de políticos que viven de los presupuestos oficiales, bastantes más de los que tiene cualquier otro  país de Europa. Hay claramente overbooking de políticos.

El número de políticos españoles que cobran sus sueldos de los impuestos de todos los ciudadanos es prácticamente el doble de los que hay en Francia y en Italia. Llama la atención que en España haya  300.000 políticos más que en Alemania, siendo así que los alemanes nos doblan en población y, además, están mucho más descentralizados que nosotros. En total, son casi medio millón de ciudadanos, 445.568 para ser exactos, los que ocupan un cargo político en la administración pública española. Salimos aproximadamente a un político por cada 50 trabajadores. Tenemos más políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Tenemos exactamente 165.967 médicos ejerciendo y 154.000 policías, lo que quiere decir que tenemos 2,7 políticos por médico y 2,8 por policía.

La cifra de 75.864 políticos, que obtenemos sumando los 350 diputados, los 266 senadores, los 1.206 parlamentarios autonómicos, los 8.112 alcaldes y los 65.896 concejales, con ser sumamente abultada, se queda en un simple aperitivo. Hay posiblemente una inflación de Ayuntamientos, en cuyo caso sobrarían algunos  alcaldes y un número más amplio de concejales. Pero lo que sobra, sin ningún género de dudas, es el Senado y, con él, los 266 senadores. El Senado aparece por primera vez  en 1834, por decisión de la regenta de Isabel II, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Con la Constitución de 1978 resurge de nuevo el Senado, pero como cámara de representación territorial. A parte de la labor inútil de segunda lectura, el Senado tiene la atribución exclusiva, siempre que lo apruebe por mayoría absoluta, de autorizar al Gobierno adoptar medidas concretas contra alguna Comunidad Autónoma.

Después de 35 años de restaurado el Senado, una cosa queda muy clara, que estamos ante una institución perfectamente inútil y que, a lo largo de estos años, se ha convertido en el símbolo evidente del despilfarro más desvergonzado en la estructura de la administración española. En la pasada legislatura, los senadores tuvieron la desfachatez enorme de permitir el uso de las diversas lenguas cooficiales, obligando así a introducir la traducción simultanea. Da grima ver a estos representantes del pueblo, que podían entenderse perfectamente hablando castellano, que es la lengua común de todos, utilizando traductores que pagamos todos nosotros. El inefable José Montilla justificaba este hecho diciendo que “las lenguas no tienen precio”. Es absurdo mantener instituciones que, como el Senado, no tiene función alguna y, sin embargo, nos cuesta mucho dinero. Su presupuesto para el año 2011 alcanzó la respetable cifra de 55 millones de euros.

Hay otros muchos sitios donde pulula un buen número  de gorrones y vividores. Nada menos que 131.250, vegetan  en empresas públicas o con participación estatal, muchas de las cuales fueron creadas precisamente para pagar favores políticos o para colocar a familiares,  a sus propios amigotes y allegados. Tanto las Comunidades Autónomas como  los Ayuntamientos se comportan como si  fueran agencias de colocación de los partidos políticos. Se sirven para ello de las empresas municipales o autonómicas de la vivienda, de las empresas de transporte y de la proliferación de todo tipo de observatorios  y organismos varios.

Tenemos también, ahí es nada,  65.130 sindicalistas liberados que toda su labor se reduce a cobrar sin trabajar y a encarecer los costes de sus empresas. Su proverbial responsabilidad les empuja a trabajar sin descanso. De ahí que organicen constantemente todo tipo de manifestaciones y protestas callejeras. Y si les queda algo de tiempo libre, procuran mejorar sus emolumentos ejerciendo de consejeros en cualquier Caja de Ahorros, en RTVE o similar. La pauta ejemplar la marca, sin duda alguna, José Ricardo Martínez, líder indiscutible de la UGT madrileña. La patronal cuanta también con 31.210 liberados. Unos y otros realizan funciones políticas y sus organizaciones nutren sus arcas con dinero público.

No olvidemos que tenemos  40.000 políticos, desempeñando  cargos de confianza de otros políticos. Esta cifra es tan alta porque los grupos municipales y los parlamentarios autonómicos se han aficionado últimamente a nombrar por menos de nada cargos de confianza. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores personales al servicio de los políticos electos. Y hasta nos encontramos frecuentemente con  asesores que asesoran a otros asesores. Es el llamativo invento de alguna Comunidad Autónoma. Tanto los asesores como los cargos de confianza forman un buen grupo de enchufados, que ni ellos mismos saben cual es su labor.

En el sistema sanitario y en el educativo nos encontramos con 8.260  y 9.320 empleados políticos respectivamente,  dedicados de manera casi exclusiva a controlar a los demás empleados públicos. El resto de políticos contratados para cobrar y no hacer prácticamente nada útil hasta completar los 445.568 los encontramos en los lugares más variados, sean estos organismos públicos, fundaciones, consejos o cualquier otro tipo de entidad susceptible de vivir del cuento. Una muestra evidente del enchufismo  que ha proliferado profusamente entre nuestra clase política que aspira a ocupar puestos que estén, eso sí, magníficamente retribuidos pero que no exijan esfuerzos. Se aferran descaradamente a la práctica de la dulce holgazanería.

En la actualidad, son muchos los empresarios que, para mantener a flote sus empresas, acuden frecuentemente a los expedientes de regulación de empleo (ERE) para despedir a parte de sus trabajadores. Y es muy posible que la mayoría de estos despidos estén plenamente justificados. Pero nadie se acuerda de los organismos públicos, donde vegetan cada vez más vividores inútiles. Aquí si que es urgente aplicar un ERE, si es que queremos reducir el gasto público y dignificar convenientemente la profesión política.

Gijón, 30 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández