NO ES VIABLE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Con la creación del Estado de las Autonomías y el posterior traspaso de competencias a las mismas, comienza la multiplicación alocada de políticos. De no haber sido por la grave crisis económica que padecemos, esa lista de políticos hubiera seguido creciendo desmesuradamente hasta límites insospechados. Pues son muchos los que buscan con ahínco la manera de vivir desvergonzadamente de la sopa boba  y a costa del sudor ajeno. Un poco más de bonanza económica y la multiplicación de los políticos hubiera rivalizado con aquella otra multiplicación de los panes y los peces que se narra en el Nuevo Testamento.

Y como los políticos sin cortesanos son muy poca cosa, aprovechan cualquier circunstancia para rodearse de funcionarios y de asimilados. Hasta nos hemos encontrado con políticos autonómicos que han tenido la desfachatez de crear empleo de manera totalmente artificial para combatir eficazmente, según dicen, las abultadas estadísticas de desempleo. De este modo, a la vez que crecían de manera escandalosa las listas de políticos, aumentaban correlativamente los funcionarios de las Autonomías bastante más de lo necesario. Abusaron tanto las Comunidades Autónomas con la creación de funcionarios y asimilados, que llegaron a disponer de más del triple de empleados que los utilizados por el Estado antes de las transferencias. Y todo para realizar exactamente el mismo trabajo.

Con las competencias, se traspasaron también  821.357 empleados del Estado a las Comunidades Autónomas. Por decisión estrictamente política, este número de empleados públicos no ha parado de crecer constantemente desde enero de 1990. En marzo de 2011, los trabajadores públicos de las Autonomías alcanzaban ya la cifra de 1.748.160, un 56% del total de los asalariados públicos. El clientelismo de los partidos políticos y su inveterado afán por mantener cuotas de poder autonómico por si falla el central, ha hecho que los Gobiernos regionales dejen de ser pequeños y eficaces para convertirse en auténticas maquinarias desmesuradas para gestionar simplemente las competencias que se han ido transfiriendo desde el Estado.

En 1976, la administración española contaba aproximadamente con un total de 800.000 empleados públicos. En marzo de 2011, ese número alcanzaba ya la cifra de 3.136.000 trabajadores sumando, claro está, las tres administraciones. Y no ha sido precisamente el número de médicos o de profesores los que han desequilibrado tan peligrosamente esa cantidad. Sí se han multiplicado en cambio, y de manera desmesurada, los puestos meramente burocráticos. Estamos prácticamente ante el único sector que crea empleo de manera más destacada. En 2011, se crearon en este sector público 98.000 puestos de trabajo, frente a los 299.000 que se perdieron en el sector privado.

 Estamos pues ante un desarrollo de la actividad pública insostenible, cuyo coste salarial supone, ni más ni menos, que el 15% del PIB. Y así, con semejante carga burocrática, no es viable en absoluto nuestra economía. Y aquí está precisamente el verdadero agujero en nuestras cuentas públicas y donde se necesita meter la tijera sin contemplaciones. Este desmadre burocrático de las Autonomías tiene un sobrecoste de unos 86.000 millones de euros improductivos que salen de nuestro bolsillo, dinero que birlamos sin mucho miramiento a la Educación, a la Sanidad o incluso al mantenimiento del sistema de pensiones.

Pero no se por qué, los Gobiernos españoles, antes el de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el de Mariano Rajoy, pasan de puntillas sobre estos despilfarros y se oponen claramente a eliminar los excesos autonómicos. Es más, les molesta analizar detalladamente si en España hay o no demasiados funcionarios. Y como mínimo, para ofrecer los mismos servicios sociales que se prestaban antes de las transferencias, las Autonomías cuentan con unos 920.000 empleados de más, que han accedido a ese puesto a dedo por ser simplemente amigos o  familiares de algunos políticos o por ser militantes de los principales partidos.

Han sido las Autonomías las que crearon expresamente ese conglomerado ingente de fundaciones, agencias e institutos de observación y toda esa caterva  de empresas públicas para pagar distintos favores políticos y evitar simultáneamente la fiscalización de las cuentas y disimular de este modo el evidente despilfarro público. Quizás sea este el motivo que lleve a los políticos a rehuir cualquier tipo de recorte en las autonomías. Saben perfectamente que, a base de legislación y de recortes, no se consigue nada. Pueden incluso eliminar tanto enchufado como pulula en las diversas administraciones, pero si no desaparecen esos 17 reinos de taifas, subsistirá el problema y continuará siendo inviable nuestro sistema administrativo.

El nivel de competencias y el gasto que tiene la administración autonómica española es más alto que el que podamos encontrar en cualquier otro país del mundo. En España alcanza el 56% del total, mientras que la administración central gestiona el 18 % y la administración local el 26%. Contrastan estos datos con los de Alemania, donde el 65% del gasto público corresponde al Estado, mientras que las regiones o Landers solamente cuentan con el 20,3% y un 14,5% los Ayuntamientos. Los datos alemanes son muy similares a los de  Suiza. En Suiza, la mayor parte del gasto, el 51,5% corresponde al Estado helvético, el 27,6% a las regiones y el 20,9% a la administración local.

Querámoslo o no, la descentralización española adoptada en la transición democrática y bendecida por los padres de La Constitución es un solemne disparate que debemos corregir urgentemente si queremos huir del colapso económico, salir de la crisis y competir en igualdad de condiciones con los demás países europeos. Tratar de reconducir la situación crítica que vivimos introduciendo más recortes y nuevas subidas de impuestos, conservando tal cual nuestro Estado Autonómico, es perder miserablemente el tiempo, agravar nuestra situación y prolongar deliberadamente en el tiempo nuestra ya larga y dura agonía. Se da además la circunstancia de que nuestro sistema autonómico genera muchas dudas y desconfianza en los demás países y, lo que es peor, en los inversores que podrían ayudarnos con su dinero.

Nuestro sistema administrativo es manifiestamente inasumible hasta para los países que son mucho más grandes y más ricos que el nuestro. Los políticos que se empeñan en mantener semejante estructura administrativa en un país pequeño y tan poco competitivo como España cometen, cuando menos, una solemne torpeza. Les pierde su corporativismo absurdo que les lleva a favorecer descaradamente a los de su casta a costa, claro está, de la clase media. Ya es hora de que el Gobierno de Mariano Rajoy se deje de cuentos y se dedique de verdad a sanear las cuentas públicas de la única manera que puede hacerlo, buscando la manera de suprimir radicalmente las autonomías. Para eso le dio la ciudadanía española esa mayoría absoluta tan aplastante.

Hasta la fecha, Mariano Rajoy no ha querido o no ha sabido cortar con esa política insolidaria que ha venido practicándose habitualmente en España desde hace tiempo. Cuando se produce algún desequilibrio escandaloso en las cuentas públicas, en vez de reducir drásticamente  los gastos, se despachan con nuevos recortes sociales y con alguna que otra subida de impuestos. Y todo esto no sirve nada más que para incomodar seriamente a los ciudadanos y limitar aún más el ya escaso consumo. Y esto se traduce de manera inmediata en una menor recaudación fiscal.

El sistema autonómico, además de innecesario, es totalmente ineficiente e insostenible. Urge volver cuanto antes a los dos niveles de administración, propios de los países pequeños y medianos entre los que se encuentra España. La administración central gestionaría directamente Sanidad, Educación, Justicia, Ciencia y Tecnología, Economía y todo lo que se refiera a las grandes infraestructuras. La administración local debe hacerse cargo del resto de las competencias ahora en poder de las autonomías, servicios sociales y pequeñas infraestructuras. Ganaríamos en eficiencia y, por si esto fuera poco, se conseguiría, según dicen algunos expertos, un ahorro de 86.000 millones de euros.

A  la desaparición de las autonomías, habría que unir la fusión de Ayuntamientos pequeños o cesión de sus competencias a las Diputaciones y, por supuesto, la eliminación de las mancomunidades, con lo que sobrepasaríamos con creces los 90.000 millones de euros de ahorro. Con esta cantidad, quedaría sobradamente compensado el déficit que nos viene ahogando y abandonaríamos en inmejorables condiciones la enorme crisis que padecemos.

Sería la solución definitiva a nuestros acuciantes problemas económicos. Pero, una de dos,  o nos imponen esa simplificación administrativa desde Bruselas, o todo continuará igual y las clases medias tendrán que seguir bailando con la más fea y  pasarán finalmente a engrosar la ya larga lista de los  pobres. Los responsables políticos procurarán que nada cambie, porque saben perfectamente que a un buen número de los de su casta, de la casta política, se les acabaría el chollo y tendrían que hacer algo que nunca han hecho: trabajar de verdad.

Barrillos de Las Arrimadas, 23 de junio de 2012

José Luis Valladares Fernández