REMIENDOS EN LA REFORMA LABORAL

En la Unión Europea tiemblan ante la posibilidad de que España siga el camino de Grecia. Y hasta en Estados Unidos temen semejante eventualidad. El tamaño de nuestra economía, incomparablemente mayor que la griega, en caso de quiebra económica, desestabilizaría tanto al euro como al dólar, y arrastraría consigo a otros países de nuestro entorno. Ese temor es lo que llevó a Ángela Merkel, a Nicolás Sarkozy y hasta al propio Barack Obama a intervenir nuestra economía y a imponer a José Luis Rodríguez Zapatero unos deberes ineludibles para prevenir semejante peligro.
Como aperitivo, en el primero de esos deberes, le obligaban a recortar los gastos en la significativa cifra de 15.000 millones de euros a lo largo de los próximos 20 meses. Para salir del paso de la manera más fácil, no caviló mucho y optó por reducir el sueldo a los empleados públicos, a la vez que se lo congela y congelar igualmente las pensiones. La reforma del mercado laboral es el otro recado o segundo de los deberes a que ha de hacer frente Rodríguez Zapatero. Y que conste, que no será el último.
La terquedad del jefe del Ejecutivo le lleva a andarse por las ramas y no descender al verdadero problema de nuestra economía, que no es otro que la excesiva magnitud de la estructura del Estado. La reducción del salario de los empleados públicos en una media del 5% y la congelación posterior de su salario y de las pensiones, no hace más que malhumorar a estos colectivos por la reducción de su poder adquisitivo y dejar que el problema siga agravándose continuamente. Para que semejante traba quede definitivamente resuelta, no queda más remedio que aligerar el peso del sector público de una vez y para siempre y reducir las cargas tributarias que pesan sobre el sector privado. Pues es evidente que la enorme deuda pública que lastra nuestra economía es debida al déficit fiscal que ocasiona el disparatado nivel de gasto público. Y es absurdo tratar de solucionar esto con nuevo endeudamiento, pues lo único que hacemos es acentuar el problema.
No tenemos más que echar un vistazo al presupuesto del Estado para este año de 2010 para darnos cuenta de dónde está la raíz del problema. Sin contar el gasto público de las Comunidades Autónomas y de los municipios, el Estado central tiene presupuestado un gasto de 350.000 millones de euros y solamente hay previsto recaudar unos 274.000 millones de euros. Con esto nos metemos en un déficit fiscal nada menos que de 76.000 millones de euros. Si el PIB español para dicho año anda por poco más de un billón de euros, el gasto público del Gobierno central se comería el solito, en términos del PIB, bastante más del 35 %. A esta cifra habría que agregar los 74.000 millones de euros que se gastan las Comunidades Autónomas, más el importe de los gastos municipales, que no son pocos. Con la congelación de las pensiones, cuyo importe total de las mismas anda por poco más de los 100.000 millones de euros, y la rebaja y congelación del salario de los trabajadores públicos, que apenas llega a los 33.000 millones de euros, es pacata minuta lo que se reduce el gasto público que, éste sí, alcanza cifras demenciales. La reforma del mercado laboral, presentada en el Parlamento por José Luis Rodríguez Zapatero, ha quedado demasiado descafeinada. Para evitar el enfado de los sindicatos CC.OO y UGT, ha quedado en el tintero algo tan esencial como es la regularización del alcance de los Convenios Colectivos. Está claro que los sindicatos se opondrán frontalmente a la delimitación de los ámbitos de aplicación, ya que perderían buena parte de su poder de influencia. Pero en las circunstancias actuales, si es que queremos evitar el cierre de muchas empresas, no queda más remedio que fijar límites a la negociación colectiva. Es preciso que desaparezcan las negociaciones colectivas por sectores, tanto si se trata de convenios con carácter estatal como los de carácter autonómico o provincial. Se impone subordinar las negociaciones colectivas a cada una de las empresas en particular. Y si el Estatuto de los Trabajadores en su título III no admite este tipo de negociación, habrá que afrontar previamente la reforma de dicho Estatuto.
Además, yo no se por qué, desde que se comenzó a hablar de la reforma laboral, se identificó ésta con el abaratamiento de los despidos. Y en realidad la mini reforma que defiende ahora el Ejecutivo, tiene bastante más que ver con el despido que con el empleo de los trabajadores. No cabe duda de que, si esta reforma, en su tramitación parlamentaria, no se modifica sustancialmente, va a continuar aumentando el paro y no habrá en consecuencia recuperación económica posible. No tiene razón el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando dice que “esta reforma es la que precisamos ahora para impulsar la recuperación económica”.
Esta reforma laboral, tal como ha sido expuesta por Zapatero, es todo un brindis al sol con un doble objetivo: no desairar a los sindicatos mayoritarios españoles por un lado y, por otro, hacer creer a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional que estamos en plena faena, luchando a brazo partido contra la crisis económica. A estas alturas de la película, y dada nuestra situación económica actual, hasta Zapatero debiera saber que ni con una reforma laboral integral sería suficiente para enderezar medianamente el rumbo de nuestra situación. Y mucho menos con esa aparente reforma con que se han despachado.
Para solucionar nuestra falta de crecimiento industrial y nuestra falta de competitividad, necesitamos una reforma laboral en toda regla y devolver a nuestro ordenamiento jurídico esa unidad fiscal que hemos perdido y la unidad de mercado, disgregado ahora en España, y que es sumamente necesario para la buena marcha de empresas y consumidores. Solamente así llegaríamos a ser plenamente competitivos y tendríamos acceso a la exportación de nuestros productos. Si por falta de competitividad las empresas no logran colocar en el mercado sus productos, no habrá posibilidad de que estas generen puestos de trabajo. De momento, mientras no cambie nuestra situación, todo lo que pueda producir la economía española no alcanza ni para cubrir el elevado gasto público de las instituciones estatales.

Gijón, 24 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández