DESFALCO EN LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Es innegable que, para jugar con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como lo hace José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno, hace falta ser un irresponsable integral y poseer un alto grado de ignorancia intelectual y moral. No es posible que una persona normal se atreva a meter la mano en la denominada ‘hucha de las pensiones’, para favorecer exclusivamente a alguna de sus habituales redes clientelares. No es admisible que los ministros, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza, entren a saco en la Tesorería General de la Seguridad social y dispongan del dinero que no es suyo para hacer favores a personas o instituciones amigas o muy cercanas políticamente hablando y que, encima, digan que se trata de un acto de solidaridad. Es muy loable que sean solidarios, ya lo creo, pero con lo suyo, con su propio dinero y no a costa de los demás.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social lo creó el Gobierno de José María Aznar en septiembre del año 2003, constituyendo así una especie de ‘hucha de las pensiones’ para ser utilizado por el Estado única y exclusivamente en caso de que el sistema de protección de la Seguridad Social entre en números rojos. Se trata de una caja donde el Gobierno, por ley, debe ir metiendo cada año el superávit que aporte la Seguridad Social. Y el fondo resultante no podrá ir destinado, tal como obliga la correspondiente ley, nada más que a inversiones de la “máxima calidad crediticia” y que sean totalmente seguras.
Pero la Ley tiene muy poco valor para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la obvia sistemáticamente cuando le interesa. El Estado tiene ahora enormes dificultades para colocar deuda española en los mercados internacionales. En consecuencia, al Gobierno de Zapatero se le ocurrió cambiar parte de estos fondos por papelitos de dicha deuda y seguir así manteniendo su política errática de gastos. No contestos con esto, deciden enajenar parte de la deuda pública francesa y alemana de que disponía la ‘hucha de las pensiones’ para emplear el importe recaudado por esa venta en la compra de bonos españoles. En la actualidad, la caja de pensiones ha invertido ya más de un 80% de sus fondos en deuda pública española que, en este momento, ofrece muy pocas garantías.
Vender deuda pública Francesa y Alemana para adquirir deuda española, es tanto como cambiar productos financieros de la máxima calidad, tal como indican las distintas agencias de rating, por otros con mucha menor solvencia. El Gobierno español ha sacrificado la seguridad de unos fondos en aras de una dudosa y problemática rentabilidad. Francia y Alemania no elevan el tipo de interés que abonan por la deuda que emiten porque, al tratarse de un producto seguro, les resulta muy fácil colocarla en los circuitos financieros internacionales. De ser cierto que interesa más la rentabilidad que la seguridad, tal como quieren hacernos ver desde el Gobierno, en vez deuda pública española, deberían haber adquirido deuda griega, ya que indiscutiblemente, y por motivos fáciles de comprender, tiene una rentabilidad bastante mayor.
La inversión de la mayor parte del fondo de pensiones en deuda de baja calidad no es el único problema al que se enfrentan los que dependen de una jubilación. A los pocos días del famoso decretazo, con el que desvergonzadamente se congelaban las pensiones a unos seis millones de españoles, el Consejo de Ministros del pasado día 4 de junio decide meter la mano en la caja y destinar 900.000 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social a financiar la formación de sindicalistas en Iberoamérica, y otros 500.000 euros más para las “organizaciones de empleadores” latinoamericanas.
Se trata de una aportación, posiblemente ilegal, de 1.400.000 euros que hace nuestro Gobierno, a costa de un dinero que pertenece exclusivamente a los pensionistas, para financiar a sindicatos de otros países, si es que en realidad es ese su destino. No sería de extrañar que la mayor parte de ese dinero, como previsiblemente ha ocurrido con otras subvenciones, se quede por el camino en el bolso de alguna organización afín. Es normal que el colectivo de jubilados, a quien apenas nadie hace caso, haya levantado la voz y se haya puesto de uñas, porque la política emprendida por Zapatero puede poner en riesgo la viabilidad futura del sistema de pensiones.
Esta aportación atípica, a cuenta de la Tesorería General de la Seguridad social, destinada a financiar la formación de sindicalistas en América Latina, no es nueva. Ya el 28 de julio del año 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es de suponer que a propuesta del titular de Trabajo de entonces, el inefable Jesús Caldera, autorizó una aportación financiera de 500.000 euros para el mismo fin, que se hizo efectiva en dos plazos de 250.000 euros cada uno, el primero en 2006 y el otro en el ejercicio de 2007. Y ambos plazos, claro está, a costa de la ‘hucha de las pensiones’.
Ha habido igualmente otras aportaciones de dinero sacado de dicha hucha que han seguido también el camino de Iberoamérica, aunque para otros menesteres, pretendidamente sociales, distintos a la formación de sindicalistas. Así, el 1 de agosto de 2008, el Consejo de Ministros volvió a meter la mano en la caja de los pensionistas y habilita otros 900.000 euros que destina, según dijo, “a la Extensión de la Protección Social en los países de la Subregión Andina”. Como en el caso anterior, esta cantidad se materializará en tres pagos de 300.000 euros, uno por cada año del período 2008-2010.
No nos sorprende que Zapatero regale millones a los sindicalistas iberoamericanos igual que a otros estamentos de dentro y de fuera de España. Lo que verdaderamente inquieta a los jubilados es que el Ministerio de Trabajo, con la anuencia expresa del jefe del Ejecutivo, decidiera sacar este dinero de la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que se trata de un organismo que tiene tasadas todas sus competencias y funciones, claramente incompatibles con la financiación de los agentes sociales de Latinoamérica. Para esos menesteres hay otros organismos, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende directamente del Ministerio de Exteriores y que cuenta expresamente con la competencia para ese tipo de ayudas.
Así las cosas, Zapatero demuestra tener muy poca delicadeza, ya que, a pesar de la que está cayendo, carga sobre los pensionistas una parte importante del recorte social. Se declara continuamente defensor máximo de los derechos sociales de los pensionistas, y lo que en realidad hace es utilizarlos miserablemente para sus fines políticos. Sabe sobradamente que los jubilados han ido perdiendo, año a año, buena parte de su poder adquisitivo por el sistema utilizado para la revalorización de sus pensiones. Y que, además de la devaluación continua de las mismas, sufrieron un recorte sensible al comenzar el año 2010, como consecuencia de la última variación del IRPF. Y aún así, viene Zapatero y se las congela descaradamente para que contribuyan con su esfuerzo colectivo a la reducción de un déficit enorme, en el que ellos nada tienen que ver. Sin culpa alguna, se les obliga a pagar, juntamente con los empleados públicos, los desmadrados gastos de un Gobierno desquiciado e irresponsable.

Gijón, 14 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández