FINAL DE UNA PESADILLA

Son muchos los que ven en la tan traída y llevada burbuja inmobiliaria una de las principales causas de nuestra actual situación económica. Y es cierto que la crisis crediticia e hipotecaria, originada en Estados Unidos en el año 2007 como consecuencia de las hipotecas subprime, se agravó considerablemente en 2008 con la bancarrota del banco de inversión Lheman  Brother, y de otras compañías hipotecarias. El colapso financiero fue de tal envergadura que, no lograron frenarlo ni los cientos de miles de millones de dólares inyectados por el Gobierno norteamericano. Y como era de esperar, se generalizó de tal manera, que terminó extendiéndose al resto de los demás países.

Lo malo es que en España tenemos  esa misma crisis financiera y, asociada a ella,  tenemos otra crisis bastante más complicada y peligrosa, que los socialistas no quieren reconocer. Según ellos, nuestra crisis económica no difiere en nada de la crisis que afecta a los demás países de la Unión Europea, un poco más agravada porque, según dicen, José María Aznar se extralimitó en el tratamiento al boom de la construcción. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni ninguno de sus más directos colaboradores, admitirán jamás que la mayor complejidad de nuestra crisis radica en que nuestro sistema económico es escasamente productivo y competitivo y en que no se adoptaron, desde un principio, las medidas estructurales oportunas que hubieran minimizado sus perniciosos efectos.

A esto debemos añadir  que nuestra economía está soportando un modelo autonómico sumamente pernicioso. El famoso “café para todos” con el que se pensaba ahogar las conocidas aspiraciones de los separatistas vascos y catalanes, más que descentralizar servicios, los multiplicó innecesariamente por diecisiete, dando así lugar a una especie de burbuja autonómica, tan peligrosa o más que la burbuja inmobiliaria. Y como no hay nada gratis, ni en Economía ni en ninguna otra cosa, al juntarse el disparate autonómico con la baja productividad y la falta de medidas estructurales para hacer frente a la crisis financiera incipiente, se tradujo en una destrucción masiva de empleo y en un desmoronamiento imparable del tejido empresarial español.

Si analizamos la marcha de nuestra economía desde los comienzos mismos de nuestra democracia hasta nuestros días, veremos que casi siempre, sobre todo con Gobiernos socialistas, nuestra aproximación a esa deseada convergencia con Europa es más aparente que real. Lo normal es que esa brecha que nos separa de la media  europea, se agrande cada vez más, salvo en contadas excepciones. Pues no cabe duda de que los parámetros macroeconómicos que miden nuestra convergencia nominal, como la inflación, el déficit público o las tasas de interés han sido casi siempre más elevados que en Europa. Otro tanto ocurre con la convergencia real, ya que el aumento experimentado por la renta per cápita en España suele ser habitualmente más bajo que la media europea.

La evolución del déficit público en los primeros años de la democracia ya evidencia claramente que en vez de converger, hemos iniciado un proceso de divergencia que nos aleja cada vez más de la media europea. En 1975, por ejemplo, año en que se cierra la etapa de Franco, se cierra el ejercicio con superávit. Unos pocos años después, en 1981, el déficit público representaba ya el 3,7% del PIB, para pasar al 7,5% del PIB en 1993. Este aumento progresivo del déficit público se dejó sentir, y de qué manera, en el volumen de nuestra deuda. En consecuencia, la deuda pública española, que a la muerte de Franco en 1975, representaba el 12,8% del PIB, en 1981 suponía ya el 20,6%, para subir en 1996 al 68,1% del PIB.

Con la llegada de José María Aznar a La Moncloa se pone fin al desmadre del gasto público socialista, que a punto estuvo  de llevarnos directamente a la quiebra estatal. Reduciendo simplemente el gasto público de manera sustancial, fue posible contener la deuda pública, bajar la inflación y reducir considerablemente  los intereses que se abonaban por el dinero. De estar prácticamente desahuciados, el tesón del nuevo Gobierno y la tijera del profesor Barea lograron, por fin, el estupendo milagro económico de cumplir con todos los requisitos exigidos por Maastricht para ingresar en el primer grupo de la Unión Monetaria. De este modo, dimos pasos de gigante hacia una plena convergencia nominal con Europa y nos acercarnos también bastante a la convergencia real al mejorar sustancialmente  nuestros niveles de renta.

Pero con la vuelta de los socialistas al Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del mismo, se frustró nuestro sueño de que la renta per cápita de los españoles fuera igual o incluso algo superior a la de los demás países de Europa. Es cierto que, por inercia, se mantuvo el ritmo de crecimiento durante sus primeros años de gobierno. Fue precisamente en este contexto en el que soltó, muy ufano, aquello de que España estaba en  la  "Champions League de la economía europea" y otras muchas perlas por el estilo que al final, muy a su pesar, ha tenido que tragarse.

Jamás reconocerá Zapatero que se va de la Presidencia del Gobierno, dejando a España al borde de la ruina. Aún piensa que cerraremos 2011 con el aceptable déficit del exigido 6% del PIB y puntualiza que la deuda pública española está 20 puntos  por debajo de la media europea y, según dice, muy por debajo de la deuda de Francia y Alemania. Señala además, que contamos con activos suficientes para garantizar nuestra estabilidad financiera y para abordar, sin mayores problemas, la creación de empleo. Se olvida Rodríguez Zapatero que mientras Francia y Alemania siguen creciendo y creando empleo, España ha estado perdiendo competitividad y destruyendo puestos de trabajo. Desde el año 2008, el PIB per cápita ha caído en España nada menos que tres puntos. Es evidente, por lo tanto, que Francia y Alemania pueden asumir su deuda más fácilmente que nosotros la nuestra.

El pasado día 20 fue nombrado nuevo presidente del Gobierno Mariano Rajoy que tendrá que enfrentarse al espeluznante entuerto que le deja José Luis Rodríguez Zapatero. No va a ser nada fácil salir del pozo en que  nos ha metido la torpeza y la ineptitud del Gobierno saliente. Se puede repetir el milagro de 1996, pero tendrá que ser  a base de sudor y lágrimas de todos los ciudadanos. Además de racionalizar responsablemente el gasto público, Rajoy y sus nuevos ministros tendrán que sopesar la viabilidad de la España autonómica actual. Al menos, tendrán  que adelgazar su sobredimensionada estructura, unificando criterios y eliminando decididamente los servicios duplicados que tanto han proliferado últimamente. No es de recibo que vaya cada uno a su aire y todos quieran tener aeropuertos o Líneas de Ave sin que haya pasajeros.

Gijón, 24 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

YO TAMBIÉN QUIERO SER POLÍTICO

Hay un artículo en nuestra Constitución que dice textualmente: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Se trata del artículo 14, donde con claridad se nos dice, faltaría más, que todos somos iguales ante la ley. Pero esta afirmación, si nos atenemos a la cotidiana realidad, tiene un carácter puramente relativo. Si tuviera un valor absoluto, no habría grupos de personas con privilegios, a veces escandalosos, que no están al alcance de todos los mortales. Los políticos y los cargos públicos disfrutan de muchos más privilegios que la gente de “a pie”.

Los ciudadanos corrientes, a lo largo de su vida laboral, tienen que tributar por el total de los ingresos percibidos. En cambio los diputados y los senadores solamente lo hacen por dos tercios  de su sueldo. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional. Aún hay más. Los ciudadanos corrientes, los que no hemos sido agraciados con una magistratura, ni llamados a desempeñar el honroso cargo de senador o diputado, estamos obligados a cotizar durante 35 largos años, si es que queremos cobrar la pensión máxima. Los que han tenido la suerte de ser tocados por el hada madrina, con dos legislaturas o siete años de cotización ya adquieren el derecho a esa pensión máxima de jubilación.

 Donde más se nota esta injusta discriminación entre un colectivo y otro, es en la jubilación. Los cargos institucionales, los parlamentarios, los ministros y los secretarios de Estado tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones, algo que es impensable para el resto de ciudadanos. Los demás ciudadanos solamente pueden cobrar una, o en el mejor de los casos, podrán tener derecho a dos, siempre y cuando la suma de ambas no lleve a la cuantía máxima establecida. Por una disposición de fecha 11 de junio de 2006, recogida en el Reglamento, se reconoce a los Diputados y senadores el derecho a la pensión parlamentaria, siempre que hayan rebasado los 7 años en el cargo. Se trata de que cuando los parlamentarios no lleguen  al límite máximo de las pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia hasta que los diputados y senadores alcancen la base máxima de jubilación. Ni más ni menos, según se explica en el Reglamento, se procura que los parlamentarios españoles se homologuen con los de los demás países de nuestro entorno.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan además en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Esta indemnización, que percibirán mensualmente, equivale a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales, hasta un límite de 24 mensualidades. El objeto de semejante dádiva, según dicen, no es otro que la compensación de los servicios prestados, ya que no tienen cobertura por desempleo al abandonar el cargo y, además, para equipararlos  a la media de los países de la Unión Europea.  Un diputado o un senador que viene cobrando una media mensual de 4.000 euros, tienen motivos más que sobrados para estar nervioso por no percibir la prestación de desempleo, así que necesita perentoriamente esa suculenta indemnización por cese. Esto, claro está, sin que peligre la base máxima de la pensión, siempre que haya estado en el cargo parlamentario al menos durante siete años. Normal que quieran perpetuarse en el cargo. Se ríen del dicho del  escritor británico George Bernard Shaw, el autor de Pygamalion: "los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo,...y por los mismos motivos".

Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando un ministro cesa en su cargo, cobrará una indemnización del 80% de su salario durante dos años y la podrá compaginar con la remuneración como diputado o senador. Más aún. Cuando deje el cargo parlamentario, también tendrá derecho a la indemnización correspondiente, que podrá compatibilizar con la que recibía por dejar de ser ministro. Ese es, por ejemplo, el caso de Pedro Solbes que estuvo simultaneando su indemnización  por dejar el escaño del Parlamento Europeo, su cargo de ex comisario europeo y su pensión de ex ministro del Gobierno  durante dos años.

Es descorazonador que, a los jubilados que no han disfrutado de las mieles de la política, se les congelen las pensiones y se recorte el sueldo de los trabajadores públicos y no se toquen los emolumentos de los parlamentarios y de los cargos institucionales. Y mientras se carga el peso de la crisis sobre los más débiles, los ex parlamentarios y los ex ministros siguen acumulando y simultaneando  pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales a costa del dinero de los contribuyentes. También está previsto, que la reforma del sistema de pensiones solamente afecte a los ciudadanos de a pie. Los privilegios de nuestros diputados y senadores, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, aunque escandalosos, son intocables. Un político tiene un plus de valor sobre los demás ciudadanos. Por eso yo también quiero ser político.

Gijón, 12 de enero de 2011

José Luis valladares Fernández

LA POLÍTICA COMO PROFESIÓN Y SUS VENTAJAS

Desde muy antiguo, la religión que se profesa, la comunidad o el territorio en que se vive,  el tipo de matrimonio que se realice y hasta la misma ocupación profesional, son elementos que han servido para clasificar a los individuos por el conocido sistema de castas. Dicho sistema de castas, en la práctica, ha impuesto un orden basado prácticamente en la desigualdad étnica de las personas, donde se ha tenido en cuenta hasta el color de la piel, la pureza de la sangre y otras consideraciones sociológicas por el estilo. La aristocracia en Occidente, sobre todo la aristocracia colonial, debe su origen a la aplicación rigurosa de este sistema de castas.

En la lejana India y en todos aquellos países donde prendió el hinduismo, pasando a ser su religión hegemónica, se ha impuesto un sistema de castas, basado en factores heredados o de nacimiento de los individuos para clasificarlos socialmente. Según esta doctrina, que desde hace miles de años predica el hinduismo, no todos los seres humanos proceden de la misma parte del cuerpo del ser supremo al que denominan Brahma. Como pueden provenir de la boca de Brahma, de sus hombros, de las caderas o de los pies, tenemos cuatro varnas o castas básicas: los brahmanes, los chatrías, los vaishías y los shudrás. Cada varna o casta cuenta con sus propias reglas de vida, lo que se denomina senda del deber.

Los brahmanes o sacerdotes, al ser creados de la boca de Brahma, forman la casta más alta. Les siguen los  chatrías o guerreros creados a partir de los hombros del ser supremo. Detrás  vienen los vaishías o comerciantes y artesanos, salidos de las caderas de dicha divinidad. Y por último tenemos a los  shudrás o esclavos. Esta es la casta más baja por haber sido creados de los pies de Brahma. Este sistema de castas determina el estatus social de cada una de ellas, especificando claramente con quién se puede casar cada uno de ellos y hasta el trabajo que puede realizar. Como este es un orden sagrado, ningún mortal puede aspirar a pasar de una casta a otra en el trascurso de la vida. Para eso hay que morirse, y en una nueva reencarnación ya es posible entrar en otra casta.

En España, gracias a la tenaz labor de los políticos, hemos superado sobradamente tanto el sistema antiguo de castas occidental cómo el que ha impuesto en la India el hinduismo y hemos alumbrado una nueva casta, la casta política. Es cierto que nuestra Constitución, en su artículo 14, dictamina con meridiana claridad que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Pero el celo excesivo de los políticos por sus privilegios ha terminado prácticamente con esa igualdad defendida por la Constitución. Y en consecuencia, hay unos ciudadanos que son más iguales que otros y que, por lo tanto, disfrutan de ciertas prerrogativas vetadas a los ciudadanos de “a pie”.

Las ventajas de los políticos sobre los demás ciudadanos son escandalosamente notables. El ciudadano corriente, por ejemplo, tendrá que tributar por el total de los ingresos percibidos a lo largo de toda su vida laboral,  mientras que los políticos, que se sientan en el Congreso o en el Senado,  solamente lo hacen por dos tercios de su sueldo. Pero aún hay más detalles que marcan la diferencia entre los ciudadanos de primera y los de segunda. Mientras que los currantes que viven exclusivamente de su trabajo necesitan cotizar durante 35 largos años para poder cobrar la pensión máxima, los que han sido tocados por el hada madrina con el honroso encargo de representar o dirigir a los españoles, ya tienen derecho a esa pensión máxima solamente con dos legislaturas en el cargo o siete años de cotización o incluso menos.

Y no es esto todo. Los cargos institucionales, los parlamentarios, los ministros y hasta los secretarios de Estado pueden compatibilizar dos y hasta tres pensiones diferentes, con independencia del importe de las mismas. Los demás mortales, lo más normal es que no tengan derecho más que a una o, como mucho, a dos, siempre y cuando la suma de ambas no llegue a la cuantía máxima establecida. Los que se dedican profesionalmente a la política tienen además otras prebendas, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Indemnización que percibirán mensualmente y que equivale a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales, hasta un límite de 24 mensualidades.

Y si hablamos de los miembros del Gobierno, las canonjías son aún superiores. Cuando un ministro cesa en su cargo, no queda en la calle. Durante dos años cobrará una indemnización del 80% del sueldo asignado al cargo de ministro. Indemnización que es perfectamente compatible con la remuneración que percibirá, si es que es diputado o senador. Tenemos un ejemplo muy claro en Pedro Solbes, que ilustra perfectamente estos extremos. Pedro Solbes estuvo simultaneando su pensión de ex ministro del Gobierno con las indemnizaciones que percibía, una por dejar  el escaño del Parlamento  Europeo y  otra por dejar el cargo de ex comisario europeo. Más sangrantes aún son los casos de María Teresa Fernández de la Vega y Bibiana Aído. Sin perder ninguno de sus otros derechos adquiridos, a la ex vicepresidenta primera del Gobierno  se la nombra consejera de Estado de por vida con un extraordinario sueldo y a Bibiana Aído se la premia con un puesto en la ONU, para el que se ha habilitado  una dotación presupuestaria sumamente jugosa, que sale de nuestros bolsillos.

Pero si vienen mal dadas, como es el caso, por culpa de la crisis brutal que padecemos, son siempre los más débiles los que sufren las consecuencias. Mientras que a los jubilados se les congelan las pensiones y a los trabajadores públicos se les recorta significativamente el sueldo, los emolumentos de los parlamentarios y de los cargos institucionales no sufren variación alguna. Mientras que la casta política, aumenta sus privilegios, la situación de los ciudadanos de “a pie” se deteriora progresivamente. Y de seguir así, acabaremos como los intocables en la India. Para el hinduismo, los dalits o intocables son de una clase tan baja que  no se les admite en el mundo de las castas tradicionales. Según la conocida doctrina hindú, los dalits o intocables ni siquiera pueden acceder a un trabajo normal. Para sobrevivir tienen que dedicarse exclusivamente a labores denigrantes que ni los  shudrás o esclavos  de la casta más baja quieren realizar. Lo normal es que se dediquen  a limpiar letrinas  y a recoger excrementos con sus propias manos.

Barrillos de Las Arrimadas, 5 de julio de 2011

José Luis Valladares Fernández

GASTANDO DINERO HASTA EL FINAL

Desde tiempo inmemorial se nos viene advirtiendo que si algo funciona, no lo toques. Pero la experiencia nos enseña que este viejo aforismo no tiene nada que ver con los socialistas o gentes de izquierda. Estas personas son muy dadas a controlarlo todo, a hurgar incluso en la vida de los ciudadanos y, como es natural,  suelen hacer buena esta otra máxima no menos antigua: cuando algo va mal, siempre puede ir peor. Que se lo pregunten si no a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que nos deja una España hundida en la miseria y pavorosamente endeudada.

Será francamente difícil encontrar a alguien tan aficionado a intervenir en todo como Rodríguez Zapatero. Y lo hace además, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, plenamente convencido de su superioridad intelectual y moral, pensando que, solamente con su presencia, ya es suficiente para que cambie sin más la suerte de los más humildes. No hubo asunto que no tocara y con su intervención, como si se tratara de un rey Midas al revés, todo lo que marchaba más o menos bien, dejó de funcionar y lo que ya iba mal, empeoró notablemente. Lejos de mejorar las condiciones  sociales de los pobres, los que aparentemente eran sus protegidos, agravó considerablemente su situación y elevó su número hasta límites insospechados.

Aunque el paro en 2008  ya estaba haciendo estragos, Zapatero quería trasmitir optimismo a toda costa, y eludiendo intencionadamente la palabra “crisis”, comenzó a hilvanar discursos hueros y comprometidos. El 13 de diciembre de ese mismo año decía sin el menor rubor: "Nadie quedará a su suerte ante el drama del desempleo. Mi prioridad, es que no haya una sola familia en este país que pueda tener una situación de grave angustia o preocupación por la pérdida del puesto de trabajo".  El 21 de febrero de 2010 cuando ya se vio obligado a pronunciar la palabra maldita de “crisis”, continuó con sus atrevidas promesas: "Mientras yo sea presidente las políticas sociales no se recortarán".

A pesar de sus buenas intenciones, llenó a tope los comedores sociales de la Iglesia y, apenas tres meses después, nos sorprende con una subida generalizada de impuestos y con el mayor recorte social de la historia. Lo que nadie se había atrevido a hacer, lo hace Zapatero,  congelando las pensiones y recortando un 5% de media el salario de los trabajadores públicos. Como el gasto público y el despilfarro sigue en su apogeo, el resultado inevitable es que se salven de la quema los ricos y se condene a una mayor pobreza a los pobres. Con semejante política, la desigualdad entre pobres y ricos ha crecido exponencialmente, llegando a alcanzar un preocupante 30% en estos momentos.

Con su retórica de niñato caprichoso, su palabrería vana y su talante tonto, José Luis Rodríguez Zapatero,  en solo dos inacabables legislaturas, ha hecho más daño en España que Atila en sus ataques a los territorios del Imperio Romano. Además de hipotecar gravemente nuestro futuro, deja detrás de sí más de cinco millones de parados y una economía prácticamente irrecuperable. Con su laicismo fanático, su desprecio reiterado hacia nuestros valores tradicionales y su agresión permanente a la propia familia, nos ha hundido también en la miseria social y moral más absoluta. Por si fuera esto poco, ha vuelto a dividir a la sociedad española en buenos y malos y, por consiguiente a enfrentar otra vez a los españoles. Y todo esto haciendo gala de su talante y sin perder su sonrisa bobalicona.

Y aunque el pasado 20 de noviembre las urnas sancionaron claramente y con todo rigor su comportamiento suicida, Zapatero aún sigue en la inopia y piensa que ni él, ni todo su muestrario de ministros ineptos, merecían un trato así. Pero a pesar de todo, y de lo injustos que han sido los españoles con ellos, seguirán "manteniendo la coherencia de la responsabilidad con España". En vista de los resultados electorales tan catastróficos, lo normal es que hubiera habido dimisiones en el equipo responsable y que Zapatero hubiera hecho algún tipo de autocrítica postelectoral. Ni lo uno, ni lo otro. Aunque sabe que se le ha acabado el tiempo y que debiera limitarse escrupulosamente a diligenciar los asuntos de trámite, su nada recomendable catadura moral lo empuja a seguir actuando como si tuviera por delante toda una legislatura.

Así es que,  estando en funciones, sigue utilizando el Boletín Oficial del Estado sin el menor pudor para repartir dinero del erario público entre sus amigos. Ahí están por ejemplo las últimas subvenciones concedidas por los Ministerios de la Presidencia y el de Cultura. El Ministerio de la Presidencia, con la disculpa de subvencionar proyectos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, regala 5.630.524,09 euros, fuera de tiempo, a diversas Fundaciones afines al PSOE y a los sindicatos de clase. Otro tanto ha hecho Ángeles González Sinde, la actual ministra de Cultura en funciones, con los del sindicato de la ceja y los titiriteros.

Ocurre lo mismo con las colocaciones de los amigos y de aquellos que le han prestado alguna ayuda política durante estos últimos años. Antes de que el Partido Popular asuma el Poder, quiere dejar bien situados al mayor número posible de sus adeptos. Ha recolocado ya, entre otros muchos,  a su amigo Bernardino León, que pasará a ser un alto cargo de la Unión Europea para la ribera sur del Mediterráneo. Carlos Ocaña pasó a ser director general de la  Fundación de las Cajas de Ahorros. Alberto Lafuente dirigirá la Comisión Nacional de la Energía. Hasta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, encontró acomodo como miembro del Consejo de Estado. No menos llamativa ha sido la marcha a la ONU Mujeres de Bibiana Aido, como asesora de la actual directora Michele Bachelet.

Es de vergüenza ajena que el Gobierno, en un Consejo de Ministros celebrado después de las elecciones de noviembre, decida indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz había sido condenado por el Tribunal Supremo a pena de prisión y de inhabilitación por presentar, a sabiendas,  una denuncia falsa cuando era presidente de Banesto. También fueron  indultados los directivos principales de Azucarera Ebro, Guillermo D'Aubarede Paya y Fernando Pérez López, que habían sido condenados en 2005 por fraude a la Unión Europea. Con este impensable indulto, se les conmuta todas las penas privativas de libertad y la multa, que superaba los 10 millones de euros, queda reducida ahora a 79.000 euros.

Y no son menos obscenos los viajes turísticos de algunos ministros, con cargo al presupuesto público. La ministra de Cultura en funciones, Ángeles González Sinde, después despilfarrar millones de euros entre sus amigos, cuando ya no le queda ni un suspiro en el Ministerio, organiza un viaje, “oficial y cultural” según ella,  por distintos países. Comienza su periplo en México, pasa después a Nueva York y, desde aquí, se fue a Moscú, donde protagonizó el bochornoso affaire de su alojamiento. Tenía reservada habitación en un lujoso hotel de cinco estrellas, pero le pareció demasiado poco y se cambió a una suite de lujo de otro hotel.

También viajó a México con cargo al erario público la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.  La titular de Economía y Hacienda, en vez de dedicarse a preparar la trascendental  Cumbre Europea del pasado fin de semana, emprendió viaje a México, según dice ella, para asegurar la continuidad del papel de España  en la próxima cumbre del G-20. Si es cierto que, en este viaje relámpago de solamente 48 horas, aunque realizado sin agenda oficial, se reunió con dos altos cargos del Gobierno mexicano, pero sin la presencia del embajador español. Esto nos hace pensar que fue su futuro personal  y no los intereses de España lo que llevó a Elena Salgado hasta México.

El capítulo de viajes con cargo al presupuesto del Estado lo completa Manuel Chaves González. El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaces, viajó a Qatar para asistir al IV Foro de la Alianza de Civilizaciones, que comenzó ayer domingo en Doha. Para que nos salga más barato el evento, acompañarán a Manuel Chaves la embajadora española en misión especial para la Alianza, Belén Alfaro, y el director general de asuntos multilaterales, Fernando Riquelme. Según los organizadores, se trata de "emplear el diálogo intercultural como herramienta clave para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad, poniendo en contacto la misión de la Alianza de Civilizaciones con la agenda de los Objetivos del Milenio". Para completar la faena, el Gobierno de Zapatero destinó, como remate final, unos 3,30 millones de dólares americanos, para sufragar las distintas actuaciones de la Alianza del II Plan Nacional, que va desde el año 2010 al año 2014.

Gijón, 12 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

QUIEREN REESCRIBIR LA HISTORIA

Es innegable que José Luis Rodríguez Zapatero, durante su etapa como presidente del Gobierno, cometió varios errores garrafales, no se si por impericia e ineptitud o plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Uno de esos errores es tratar de deshacer con la disparatada ley de Memoria Histórica lo que, con gran acierto, hicieron o trataron de hacer los que prepararon la transición. A la muerte de Franco, las fuerzas políticas de entonces se ponen de acuerdo y, con buen criterio, deciden dar carpetazo a todo un pasado conflictivo, enterrando esas dos Españas para  mirar juntos y unidos al futuro.

La transición española a la democracia, a pesar de su enorme complejidad,  fue muy efectiva al permitirnos recuperar buena parte del tiempo perdido. Sin apenas traumas, pasamos pacíficamente de una dictadura a una democracia plena. Dejamos a un lado nuestro aislamiento tradicional y nos incorporamos plenamente a Europa y hasta comenzamos a ser tenidos en cuenta en el concierto internacional. Es cierto que, para lograr esa transición ejemplar, todos tuvieron que renunciar generosamente a alguna de sus exigencias, logrando así  una amnistía política sin exclusiones, la legalización de todos los partidos políticos y la celebración, por fin, de unas elecciones libres. Una mayoría amplia de españoles aprobó también nuestra Constitución.

Aquel acuerdo trascendental entre las diferentes fuerzas políticas hizo posible que España fuera plenamente homologable a los países de nuestro entorno y que indistintamente se pudieran constituir gobiernos formados por centristas, socialistas o conservadores. Es cierto que nuestra democracia, como la de los demás países, tiene sus luces y sus sombreas, pero es innegable que se ha pasado de gobiernos de derechas a otros de izquierda y viceversa sin ningún problema. Con independencia de su color político, solamente se les ha exigido tener votos suficientes para configurar una mayoría capaz de gobernar.

Pero llegó José Luis Rodríguez Zapatero, y dando rienda suelta a sus caprichos y desvaríos personales, pone en marcha su ley de Memoria Histórica, abriendo así nuevamente  las viejas heridas, que creíamos ya  cicatrizadas. Con su afán de remover tumbas de hace 70 años, ha resucitado otra vez el fantasma de la Guerra Civil y ha vuelto a la clásica división de los ciudadanos en “rojos” y “fachas”, enfrentando a unos contra los otros. Antaño los “fachas” eran los buenos y los “rojos” los malos, ahora es al revés. Ahora son los “rojos”, los vencidos,  los que exigen cuentas a los “fachas”, a los que se alzaron con la victoria de la Guerra Civil española.

A Rodríguez Zapatero le importan muy poco los muertos de la Guerra Civil, sean de un bando o del otro. Los utiliza simplemente para demonizar a los que él considera “fachas”  a los que quiere dejar fuera de las instituciones. Y para eso, nada mejor que la gresca y la división. De ahí que, imitando a la Revolución francesa, utilice como jacobinos a los titiriteros, a los del sindicato de la ceja y a los sindicalistas para preparar todo tipo de algaradas. Tanto Zapatero como sus mesnadas pretorianas quieren hacernos ver que los culpables de todos los males son Franco y los que con él propiciaron la desaparición traumática de la Segunda República. Y esto demuestra o que no saben historia o que tratan descaradamente de alterarla a medida de su conveniencia. Según ellos, fue Franco, con su levantamiento militar, el que enfrentó cruelmente a unos españoles contra otros, dando así lugar a las dos Españas irreconciliables entre sí. Esa trágica división entre las dos Españas se acentuó aún más durante los cuarenta años de dictadura y ha sobrevivido hasta nuestros días porque no se depuraron a su debido tiempo las graves responsabilidades cometidas por el franquismo.

No se puede culpar a Franco del fracaso estrepitoso de la Segunda República. La culpa de su hundimiento definitivo hay que achacársela a los propios dirigentes republicanos por su negativa actitud ante la democracia. La Segunda República ya nació de manera irregular. Se proclamó en el contexto de unas elecciones municipales que, por añadidura, perdieron los republicanos. Y fue la izquierda revolucionaria, la izquierda que no sentía ni el menor respeto por la democracia y las instituciones la que se apropió de la República desde el primer momento.  Por eso, cuando la derecha ganó limpiamente las elecciones en 1934, la izquierda se levantó en armas. Querían ganar por la fuerza lo que les negaban las urnas.

Y en este ambiente de extrema violencia llegan las elecciones de febrero de 1936. Aunque volvieron a ganar los partidos de la derecha, la izquierda revolucionaria agrupada en la coalición del Frente Popular, se valió de la extorsión y la fuerza para adulterar fraudulentamente los resultados del escrutinio. La Comisión de Validez de las Actas Parlamentarias, que presidía Indalecio Prieto, se encargó de los oportunos pucherazos, anulando los resultados de algunas mesas electorales, invalidando numerosas actas, para dar así el triunfo al Frente Popular. Ni siquiera respetaron las formas, constituyendo el Gobierno, sin que se celebrara la segunda vuelta electoral.

Desde el primer momento, la coalición del Frente Popular se adueñó de la calle, para acabar de una vez por todas con las tradiciones de mayor arraigo en el pueblo, como es la fe  y nuestra  cultura milenaria. Y para eso, nada mejor que la violencia, la quema de Iglesias y conventos y hasta el crimen generalizado. Les urgía, además, importar cuanto antes la revolución soviética, de acuerdo con los planes establecidos por Largo Caballero que, por cierto, aspiraba a convertirse en el Lenin español. En consecuencia, la República nacida en 1931 ya no les servía. Había que sustituirla por otra de corte popular y totalitaria, donde se pudiera implantar la Dictadura del Proletariado.

La intolerancia política y el sectarismo alocado de la izquierda republicana acabaron con la seguridad más elemental y, por supuesto, con todo atisbo de libertad. Para el 18 de julio de 1936, la extorsión más abyecta y el crimen generalizado hacían inviable la paz y cualquier tipo de convivencia social. La situación en España llegó a ser tan crítica que el enfrentamiento bélico fue inevitable. Y esa Guerra Civil la ganó quien la gano, no se si por méritos propios o por deméritos de los republicanos. ¿Hubo represión después de finalizada la contienda? Normal. En una guerra fratricida como aquella se genera tal cantidad de odio y animadversión, que es muy difícil que quien se alce con la victoria no quiera exigir cuentas a su enemigo.

Si la victoria hubiera caído del lado del Frente Popular, es muy posible  que la represión hubiera sido mayor y más inhumana ya que, a los motivos estrictamente políticos, habría que añadir la persecución ideológica por cuestiones puramente religiosas y culturales. La prueba es evidente, ya que las únicas personas que, después de tantos años, mantienen vivo cierto grado de prevención contra los del bando opuesto, son los de izquierdas, aunque no hubieran nacido cuando se desató la contienda bélica. Hasta el mismo Franco fue mucho más benévolo que algunos de esa izquierda rancia, ya que a los 30 años de finalizada la guerra, mediante el Decreto-Ley 10/1969 del 31 de marzo, declara prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, fecha en que finalizó la guerra.

Más aún: aunque la Fundación del Valle de los Caídos nació inicialmente para albergar los caídos del llamado bando nacional, a partir de 1960 los objetivos fundacionales del monumento se orientaron ya hacia una reconciliación clara y decidida y se dispuso que durmieran allí en paz los muertos de uno y otro bando. En la izquierda sin embargo son más reacios a olvidar y a perdonar, e incluso quieren que la consensuada Ley de Amnistía de 1977 preste cobertura a los desmanes del Frente Popular, pero no a los del franquismo. Recuérdese, por  ejemplo, la querella criminal presentada en 1998 por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, y el Estado. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la rechazó sin más, amparándose precisamente en dicha Ley de Amnistía. Este mismo magistrado, sin embargo, jaleado ampliamente por buen número de esa progresía contumaz, se olvida de esa amnistía y trata de investigar, a toda costa, los crímenes del franquismo.

Con esta Ley de Memoria Histórica, con la que Zapatero pretendía establecer la legitimidad democrática en 1931, aparece esa fiebre revisionista de nuestra historia pasada, que no ha servido nada más que para abrir viejas y dolorosas heridas. Aunque hace ya 36 años que murió Franco y lleva enterrado desde entonces bajo una gruesa losa, Zapatero lo ha convertido en un cadáver totalmente indigesto y no sabe como deshacerse de él. Le ha faltado muy poco para imitar a Esteban VI,  que tras ser elegido papa, mandó desenterrar a su antecesor el papa  Formoso que llevaba nueve meses muerto, para someterle a juicio en un concilio, convocado a tal efecto, y que pasó a la historia con el nombre  de  “Concilio Cadavérico”.

Es cierto que a Rodríguez Zapatero apenas si le queda un suspiro al frente del Gobierno. Pero no es menos cierto que, su aversión manifiesta a una etapa de nuestra historia, ha encontrado adeptos que se han integrado en distintos foros y que, como  Zapatero, han puesto su principal diana en la monumental obra del Valle de los Caídos. Como buenos alumnos de la LOGSE, además de desconocer nuestra historia, no tienen ni idea del significado de ese monumento y menos del significado real de esa gran cruz que se eleva majestuosamente a los cielos. Para ellos esa cruz es simplemente un “símbolo de muerte y venganza”. De ahí que el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social de la Sierra del Guadarrama pidan insistentemente la voladura de la cruz que preside la basílica del Valle de los Caídos, culminando así “un gran acto público nacional de desagravio a las víctimas del franquismo".

Como la Federación Estatal de Foros por la Memoria considera que el conjunto del Valle de los Caídos es, hoy día, “el único parque temático mundial del fascismo”, piden al nuevo Gobierno que, además de desmantelar la gran cruz, se desacralice la basílica, que los monjes que la atienden sean trasladados a otro sitio y que se exhumen los restos del General y de José Antonio. Y dando una vez más muestras de su ignorancia, piden que se investigue la identidad de los allí sepultados y que todo el conjunto, ya sin la cruz, sin Franco y sin José Antonio, se reconvierta en un "memorial dedicado a las víctimas del fascismo y a los presos políticos que lo construyeron como trabajadores forzados". Esta sería, según ellos, una “solución justa” para el Valle de los Caídos.

Gijón, 7 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

IRRESPONSABLE HASTA EL FINAL

Parece ser que este Gobierno aún no se ha enterado de que ha llegado al final de su mandato y, aunque está en funciones, se comporta como si tuviera toda una legislatura por delante. Cuatro días después de las elecciones generales que han sentenciado su salida definitiva del Gobierno, da muestras una vez más de su falta de dignidad y se embarca en una nueva distribución de dinero público, esta vez para la Memoria Histórica. En realidad es lo que ha hecho profusamente  desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa: repartir dinero a espuertas, y sin el menor pudor, entre las más insospechadas ONGs y Fundaciones de todo tipo, casi siempre, eso sí,  afines al partido socialista.

Y si es un auténtico disparate repartir dinero público a manos llenas en circunstancias normales, resulta tremendamente obsceno hacerlo cuando la crisis económica nos golpea de manera tan despiadada y nos coloca al borde de la quiebra nacional. Pero esto a Zapatero no le dice nada. Antes que dejar a sus amigos sin ese millonario maná, prefiere hipotecar, por otros muchos años, el futuro de todos los españoles, como en su día prefirió entrar a saco en las pensiones de los jubilados y en el salario de los trabajadores públicos. Y da a entender que seguirá con estas adjudicaciones importantes, de un dinero que  no tenemos, hasta el mismo día de la investidura del nuevo presidente del Gobierno.

Como si no fuese con él, Rodríguez Zapatero  lleva ya  dos legislaturas, que parecen eternas, saqueando impunemente las arcas públicas, para dar pábulo a su trasnochada idea de España. Y ese dinero,  que proviene de los impuestos de todos nosotros, lo utiliza sin el menor reparo, entre otras cosas,  para dividir a los españoles con su desdichada Memoria Histórica, para comprar la paz a los sindicatos, para la entelequia de la Alianza de Civilizaciones o para promocionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del mundo subdesarrollado, que es tanto como exportar a otros países la cultura del aborto.

En este caso concreto, Zapatero prescinde de toda decencia moral y política, y a pesar de haber cesado ya oficialmente y estar su Gobierno en funciones, utiliza el Boletín Oficial del Estado del 25 de noviembre, para regalar 5.630.524,09 euros a varias asociaciones que están ocupadas en sacar adelante  distintos proyectos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Se trata de un último y desleal esfuerzo para ahondar aún más la división de los españoles con la  Memoria Histórica y desprestigiar lo más posible el espíritu  de la transición. Hasta ahora y desde que en 2008 se concedieran las primeras subvenciones, el Gobierno ha destinado la nada despreciable cifra de 25.100.000 de euros a proyectos relacionados directamente con la Memoria Histórica.

Lo más llamativo de esta adjudicación es que se produce 24 horas después de que en el Boletín Oficial del Estado apareciese el cese del presidente del Gobierno y de todos sus ministros y cuatro días después de las elecciones generales que determinaron el descalabro del partido socialista. Y por si esto fuera poco, los proyectos subvencionados se ejecutarán a lo largo de 1912, por lo tanto bajo la Presidencia de Mariano Rajoy. Es en el Boletín Oficial del Estado del 25 de noviembre, donde aparece la resolución definitiva, dictada por el Ministerio de la Presidencia, sobre las subvenciones correspondientes al año 2011. En dicho Boletín, como es lógico, aparecen también los beneficiarios, los proyectos subvencionados y las cantidades concedidas a cada uno de ellos.

Como ha venido sucediendo desde que José Luis Rodríguez Zapatero abrió la espita de las subvenciones, con esta última entrega del Gobierno en funciones, se ha beneficiado principalmente a entidades vinculadas a la izquierda, como es el propio Partido Socialista, el Partido Comunista y varias ONGs y Fundaciones afines. Y como no podía ser menos, también están entre los agraciados los sindicatos de UGT, CC.OO y la CGT. Es más, se ha creado alguna que otra ONG y alguna fundación “ad hoc” para recibir las ayudas concedidas a las actividades destinadas a la exhumación y  dignificación de fosas que guarden alguna relación con la Guerra Civil y el franquismo. Esta vez se premia también la recopilación de documentos referidos al mismo tema.

Antes de abandonar definitivamente La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero ha querido rubricar un  último servicio a su ley fetiche de la recuperación de la Memoria Histórica, con la adjudicación de estas subvenciones. La cantidad más importante de dinero de esta convocatoria, 100.000 euros, se los lleva el proyecto 267.1, presentado por la Asociación contra el Silencio y el Olvido. Se trata de construir un panteón para depositar en él, los restos exhumados en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga. La Fundación Largo Caballero se lleva 28.800 euros para el estudio de varios testimonios orales.

Otras dos fundaciones, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso que dirige el ínclito Jesús Caldera, recibieron 40.000 euros cada una, para identificar y recuperar la memoria de los órganos de dirección de las organizaciones socialistas entre los años 1939 a 1955. No se quedó corto Rodríguez Zapatero a la hora de gratificar a organizaciones leonesas afines, como son, entre otras, la Fundación Cultural Miguel Hernández a la que concede 27.000 euros,  la Asociación Manuel Azaña, que se alza con 29.200 euros y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de León, que se embolsa 59.754,91 euros, por “diversos trabajos de investigación y exhumación de tres fosas comunes en la provincia de León.

También la Universidad de León es premiada con 55.388,50 euros para realizar un estudio sobre  la represión y la clandestinidad en el noroeste de la península Ibérica entre 1945 y 1953 y para confeccionar un mapa digital de la represión franquista. Como no podía ser menos, también los sindicatos de clase han tenido parte importante a la hora de repartir este pastel. CC.OO se embolsa  la nada despreciable suma de 80.998,67 euros por tres proyectos relacionados con los represaliados del franquismo. La UGT se hace con 43.964,70 euros para estudiar las penurias padecidas por el magisterio español en la Guerra Civil y para recuperar las publicaciones periódicas de FMCA-UGT. También la CGT se llevó un pellizco de 49.950 euros por dos proyectos relacionados con la Memoria Histórica. Y así hasta completar los 5.630.524,09 euros, que es la cifra concedida in extremis por el Gobierno en funciones de Zapatero.

Es tremendamente absurdo, a estas alturas de la película, tratar de desenterrar otra vez las dos Españas felizmente enterradas con la transición. Sería tanto como volver a instaurar el odio que, en la década de los años 30 del siglo pasado, dividió irreconciliablemente a los españoles y que desembocó en nuestra trágica  y fratricida Guerra Civil. Ahora necesitamos más que nunca estar unidos para salir de esta colosal crisis económica que nos mantiene al borde del precipicio. Hace falta estar mentalmente enfermo para ocuparse preferentemente de los muertos, dejando en un segundo plano los acuciantes problemas que afectan a los vivos, como es el caso del paro con  más de cinco millones de parados y más de un 50% de jóvenes que no ven manera de acceder al mundo del trabajo, además de la deuda soberana y el elevado déficit que hipotecan nuestro futuro económico inmediato.

Solamente el odio, el sectarismo, y la animadversión ideológica más absurda, ruin y mezquina, pueden hacer que el presidente del Gobierno tenga entre sus prioridades la supuesta recuperación de la memoria de una parte de los muertos de la Guerra Civil y, sobre todo,  sacar a Franco del complejo del Valle de los Caídos. Como no es posible dinamitar semejante obra sin que se produzca un gran escándalo a nivel internacional, puso todo su afán en quitar de allí al anterior jefe de Estado y transformar la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en una especie mastaba o, como mucho en una simple capilla u oratorio laico. Y para que este lugar, una vez secularizado, no resulte demasiado frio y desangelado, colocaría allí algún busto de Pablo Iglesias, de Francisco Largo Caballero o de algún otro santón del martirologio socialista.

Gijón, 2 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

LOS REGALOS DE GONZÁLEZ SINDE

Parece ser que Ángeles González Sinde tiene asumido que “el dinero público no es de nadie”, tal como dijera una antecesora suya en el Ministerio de Cultura, la inefable Carmen Calvo Poyato. Eso da a entender al menos su manifiesta prodigalidad a la hora de repartir dinero, incluso ahora que no es más que una simple Ministra ‘en funciones’. Ni corta ni perezosa, casi con nocturnidad y alevosía, utilizó el Boletín Oficial del Estado para alegrar el ánimo de sus antiguos compañeros de profesión, incrementando notablemente unas ayudas públicas concedidas con anterioridad al mundo del cine. Y lo hace incluso ahora que sabe que, a su estancia en este Ministerio de Cultura, apenas si le queda un suspiro,  ya que, tras el desastre electoral de su partido, un nuevo Gobierno se hará cargo en breve de la situación.

Siempre había sido magnánima con sus colegas profesionales del sector de la cinematografía, tanto si eran cineastas españoles, como si eran iberoamericanos o del resto de Europa. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de Cultura, había decidido en febrero pasado habilitar 2.900.000 euros de subvención para películas de procedencia española, comunitaria e iberoamericana. Y esto sin obligar, como sería lógico, a que las películas o reportajes subvencionados que no lleguen a exhibirse en salas comerciales, devuelvan el dinero recibido graciosamente.

Aunque la crisis económica debía imponer criterios claros de austeridad en el gasto público, González Sinde no quiso que el mundo del cine estuviera sujeto a los mismos rigores financieros que estaban sufriendo gravemente otros sectores productivos. Así que la titular del Ministerio de Cultura juzgó que esos 2.900.000 euros era una cantidad de dinero muy exigua para premiar adecuadamente a esos cineastas y, mediante una nueva resolución, habilitó otros 2.600.000 euros con el mismo destino. Así que la partida total, destinada a financiar estas películas con criterio territorial,  aumentó casi al doble de lo que se había previsto inicialmente, alcanzando la bonita cifra de 5.500.000 euros de nada.

Se trata evidentemente de una decisión difícilmente justificable. No es de recibo que los españoles, tan castigados por la persistente y dura crisis económica y financiera, regalemos dinero a los cineastas de otros países, para financiar películas extranjeras. No  lo ve así, en cambio, Ángeles González Sinde, cuando dice, refiriéndose a las productoras cinematográficas beneficiadas que "el esfuerzo que realizan para poder competir con las grandes distribuidoras hace aconsejable que, dentro de las posibilidades presupuestarias actuales, se apoye su labor ya que se considera imprescindible dentro del mundo del cine".

Un desaguisado similar ocurrió con dos Resoluciones del 28 de julio pasado y publicadas  en el Boletín Oficial del Estado del día 5 de agosto. Para la primera Resolución, en la que se efectuó la convocatoria de ayudas para el fomento de la realización de largometrajes en régimen de coproducción internacional, se reservó una dotación presupuestaria de 2.200.000 euros. Para la segunda Resolución en la que, por segunda vez en el año de 2011, se convocaban ayudas para la amortización de largometrajes, se reservó la cantidad de 9.200.000 de euros. Cantidades ambas sumamente importantes, si tenemos en cuenta nuestra complicada situación económica, aunque para la ministra de Cultura resultaron igualmente insuficientes.

Como en el caso anterior, González Sinde consideró insuficientes estas cantidades. Y aunque por cuestiones puramente éticas, ya que estábamos en plena campaña electoral,  debiera haberse abstenido de programar nuevos gastos, la todavía ministra de Cultura decide aumentar esas asignaciones. Con la disculpa malintencionada de que han sido muchas las solicitudes presentadas a la convocatoria, dice que es imprescindible aumentar significativamente las dotaciones para así lograr una efectividad mayor de las subvenciones. De ahí las dos nuevas Resoluciones del pasado día 11 de noviembre, cuando ya había empezado la campaña electoral, y que fueron publicadas en el BOE del 22 de noviembre, dos días después de las elecciones generales.

Aunque se trata evidentemente de un hecho obsceno e injustificable,  Ángeles González Sinde, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales, dictó la primera de estas Resoluciones, ampliando con  1.000.000 de euros adicionales la cantidad inicialmente reservada de 2.200.000 euros para la realización de largometrajes en régimen de coproducción internacional. Mediante la segunda Resolución del 11 de noviembre, amplió igualmente los 9.200.000 euros reservados para contribuir a la amortización de distintos largometrajes, con otros 2.800.000 euros  adicionales. Como, por lo visto, se trata de dinero que no tiene dueño, lo gastan sin remordimiento alguno de conciencia.

Gijón, 25 de noviembre de 2011

José Luis Valladares Fernández