El comportamiento decepcionante del Gobierno de Mariano
Rajoy ha incrementado desmesuradamente el descontento y la insatisfacción de
los ciudadanos por la falta continuada de perspectivas económicas fiables. Se
habían hecho muchas ilusiones al constatar que el Partido Popular concurría a
las elecciones de noviembre de 2011 prácticamente con el mismo programa que en
1996 y que tan buenos resultados dio entonces.
Pero Rajoy falló estrepitosamente y no cumplió ninguna
de sus esperanzadoras promesas. En vez de desarrollar su propio programa, lo
archiva inesperadamente y, como si no hubiera habido cambio de Gobierno, sigue
practicando la política socialista de los recortes y
subidas de impuestos. La frustración sufrida por los ciudadanos fue enorme y sirvió para que creciera
considerablemente el descontento y la protesta callejera. La desafección hacia
la clase política adquirió rápidamente caracteres alarmantes, y aunque con
demasiado retraso terminó por preocupar a los de la casta.
Es muy posible que el Gobierno haya decidido efectuar,
por fin, alguna reducción de la administración pública, a costa de los
políticos, por miedo a que esa desafección política adquiera proporciones
incontrolables. Fue Soraya Sáenz de Santamaría la que comunicó los detalles de tan
interesante iniciativa el pasado 22 de
junio, con estas palabras: llegó la hora del "sacrificio de los políticos”. Se trata de acabar con las duplicidades administrativas
y, esta vez, tienen que ser los políticos los que sumen su esfuerzo al que, por
exigencias de la crisis, vienen realizando últimamente los ciudadanos de a pie,
los que menos culpa tienen del desaguisado económico.
Pero esta reforma de las administraciones, además de
llegar demasiado tarde, es claramente insuficiente. Como la mayoría de las
reformas pilotadas por Mariano Rajoy nace ya descafeinada y van a eliminar muy
pocos comederos de los utilizados por las cúpulas de los partidos para pagar
favores y colocar a familiares, amigos y conmilitones. Van a desaparecer simplemente
algunas entidades regionales, no muchas, y fusionará otras pocas con distintos
organismos estatales que ofrezcan los mismos o parecidos servicios, siempre y
cuando las Comunidades Autónomas no decidan lo contrario.
El recorte sobre el gasto público total, derivado de
esta sombra de reforma administrativa, será necesariamente muy exiguo, ya que
las instituciones que desaparecerán con ella tienen muy poca entidad. No se
suprimen, sin embargo otras que comportan gastos cuantiosos y que, además, son
perfectamente inútiles, como el Senado, ese majestuoso cementerio de elefantes,
donde se entretienen unos y otros hablándose a través de intérpretes, aunque
todos ellos sepan perfectamente el español.


