TRAS LOS PASOS DE LA SGAE

Las diversas Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual que funcionan en España, por definición, debieran ser simples organizaciones asociativas dedicadas a la gestión de esos derechos, pero siempre, sin ánimo de lucro. Deben estar siempre, eso sí, sometidas a la tutela administrativa y, lógicamente, con la debida autorización ministerial.
Entre las funciones básicas de su cometido, está el administrar los derechos de propiedad intelectual que les sean cedidos por los propios titulares; establecer contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio en celebraciones masivas; hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria y realizar el reparto de las recaudaciones netas. Tampoco deben olvidarse de promocionar y de prestar los servicios asistenciales necesarios a los autores e intérpretes o ejecutantes asociados que lo necesiten.
De las ocho Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual que existen en España, la SGAE, de la mano de Teddy Bautista, ha sido tradicionalmente la más beligerante. Hasta ahora, ninguna de las otras sociedades había igualado en celo recaudatorio desorbitado e ilógico a la SGAE. Pero ahora, una de ellas, la Asociación de Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE), por lo que parece, quiere ganar el tiempo perdido y emular a la propia SGAE.
Está visto que la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena, quiere olvidarse de los duros inicios que tuvo que soportar al comenzar su andadura en 1990, y se ha subido al carro de las entidades millonarias y trata de cobrar cánones absurdos como la SGAE. Pilar Bardem, presidenta de AISGE no quiere ser menos que su colega Teddy Bautista, rivalizando con él en inventar nuevos cánones completamente ilógicos e irracionales.
Y ahí tenemos a Pilar Bardem intentando cobrar derechos de autor a los hospitales por poner la televisión a los pacientes hospitalizados. Ya en 2008, en nombre de los actores, dobladores y demás patulea cuyos derechos de autor administra, reclamó una indemnización a la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada.
La entidad gestora AISGE que dirige Pilar Bardem, este verano pasado y después de la carta de reclamación enviada a la Federación de Clínicas Privadas, ha tenido la osadía de interponer una demanda contra la Clínica Santa Isabel de Sevilla, exigiendo el pago de ese canon.
Es demencial que Pilar Bardem, en nombre de AISGE, exija con esta demanda el abono de la remuneración que, según dice, corresponde a los artistas intérpretes del audiovisual, “como consecuencia de todos los actos de comunicación pública en la modalidad de transmisión y/o retransmisión de grabaciones audiovisuales, que realizan los centros de hospitalización privada” en las habitaciones destinadas a los pacientes.
Pilar Bardem, como si se tratara de una deferencia con sus interlocutores, ofrece a los centros sanitarios la posibilidad de negociar las distintas tarifas aplicables a estos centros. Eso sí, no pueden diferir mucho de las indicadas por ella misma y que vemos en el siguiente párrafo. “Por actos de comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en zonas comunes del establecimiento de hospedaje, 45 euros trimestrales por cada local o zona común o acceso público: por actos similares en el interior de las habitaciones del establecimiento asimilado, una tarifa de 1,5 euros al trimestre por habitación ocupada, y de 1,12 euros al trimestre por habitación disponible; y por actos de visionado o consumo unitario de grabaciones audiovisuales en las habitaciones del establecimiento, 0,30 euros por cada visionado”.
Los hospitales privados, como es normal, se oponen al abono de dicho canon. Los responsables de estos centros sanitarios dicen, con toda la razón del mundo, que “El hecho de que un enfermo vea la televisión no significa que asista a la difusión de una actuación". Si logran cobrar a las clínicas privadas ¿cual sería el siguiente paso? ¿Intentar aplicar este canon a los domicilios privados? No olvidemos que, de personas así, puede esperarse cualquier cosa.
De no dejar las cosas como están, sería más normal, creo yo, que los propios actores y comparsa abonaran ese canon a los televidentes. Los actores y comediantes hispanos, si es que han conseguido cierta nombradía, se lo deben a los telespectadores españoles por aguantar impávidos ante la pequeña pantalla tanta chabacanería y zafiedad. Los titiriteros patrios, en su inmensa mayoría, aunque presumen de consumados artistas, no pasan de vulgares y mediocres comediantes. Tal es así, que sus actuaciones entran, casi todas, en lo que se conoce como simple españolada.
La talla de tanto saltimbanqui de la comedia como anda suelto por ahí, a pesar de la promoción gratuita que se les hace, deja mucho que desear. De ahí que muchas de sus actuaciones se salven por las subvenciones que les concede el Gobierno. Porque Zapatero, con el dinero que no es suyo, es sumamente magnánimo. Y más con aquellas personas afectas a alguna de las plataformas afectas al jefe del Ejecutivo. Sin la subvención con dinero público, muchos de ellos se verían obligados a abandonar el mundo de la farándula y dedicarse a otra cosa. Da pena decirlo, pero es así. No dan para más.

Gijón 9 de octubre de 2009

José Luis Valladares Fernández

LA VORACIDAD DESVERGONZADA DE LA SGAE

El niño Juanma, que padece el síndrome de Alexander

Hoy ha saltado a los medios de comunicación una noticia sorprendente por su contenido. La SGAE cobró el pasado día 25 de abril el 10% de lo recaudado en un concierto benéfico para intentar salvar la vida a un niño de 5 años que padece el síndrome de Alexander.
El concierto estuvo a cargo de David Bisbal que actuó completamente gratis. Hasta el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar cedió gratuitamente sus instalaciones. Vendido todo el aforo en un solo día, se recauda la bonita cifra de 50.000 euros. Hasta aquí todo muy bonito y normal. Pero, para aguar la fiesta y acabar angustiando a unos padres, tremendamente atribulados por que apenas les queda tiempo para salvar la vida de su hijo, llega la SGAE para poner el cazo y llevarse un dinero tan necesario para la investigación de esa enfermedad.
Ya el día 16 de abril, el delegado de la SGAE de Almería, obligó a la madre a firmar un documento, donde, además del 10% de lo recaudado, le arrancó también unas lágrimas muy amargas. Es más, el Delegado de la SGAE llegó hasta el extremo desvergonzado de exigir a la pobre madre, una señal o adelanto para que el concierto fuera viable. Con el agravante de que al delegado de la SGAE le urgía hacer caja, hasta tal punto, que no pudo esperar a que madre e hijo estuvieran en casa. Acudió a la clínica, donde Juanma estaba siendo sometido a unos ejercicios de rehabilitación, para apremiar a la madre a que firmara el compromiso de abonar ese 10% sobre lo recaudado en taquilla. La SGAE justifica el cobro de esos 5.000 euros apelando a la Ley de Propiedad Intelectual y que se ha limitado a cumplir con su obligación.
La Ley de Propiedad Intelectual dirá lo que quiera. Pero respetando al máximo los justificados Derechos de Autor, ese cobro repugna a la conciencia de cualquier ser humano. Es algo injustificable si atendemos al más elemental sentido común.
La SGAE, consciente de la mala fama que se ha ganado a pulso, y ante las reacciones adversas a su postura, adoptada por los medios que se hicieron eco de tan sorprendente noticia, ha reflexionado y, por fin, ha decido devolver ese importe ligeramente aumentado. Con esta reacción, llevada a cabo muy a su pesar, la SGAE parchea en parte su deleznable acción anterior. Se rehabilita estéticamente, aunque la mancha moral y ética es muy difícil de borrar, y reincidirá, ya lo veremos, en la próxima oportunidad que tenga. Su desvergonzado afán recaudatorio ha marcado indeleblemente a esta organización de por vida, y no son capaces de abandonar ese desmesurado ánimo de lucro.

José Luis Valladares Fernández

EL CANON DIGITAL Y LA SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene ya más de 100 años de historia. En teoría, se trata de una organización encargada de gestionar tanto los intereses de los autores como los de los propios editores. Y toda esta gestión, según sus estatutos, debería realizarla sin el más mínimo ánimo de lucro.
Hasta 1987, gestionó, más o menos correctamente, el cobro y la distribución de los derechos de autor, lo que le proporcionaba cierto prestigio y el respeto unánime de los diversos estamentos de la sociedad implicada en el tema. A partir de esa fecha ese prestigio y respeto se fue perdiendo gradualmente, a medida que la SGAE aumentaba su voracidad recaudatoria.
Fue en 1987 cuando comenzó a declinar el crédito de esta organización al imponer una nueva remuneración compensatoria o canon por copia privada, que comenzó a aplicarse a ciertos medios de grabación. Esta tasa fue introducida por la Ley 22/1987, del 11 de noviembre. Dicha Ley fue desarrollada y regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, dictado por el último gobierno en funciones de Felipe González. Esta Ley de Propiedad Intelectual española obliga a que ese cobro se realice a través de entidades de gestión colectiva.
La degradación de la imagen de la SGAE aumentó en picado en el año 2003. En esta fecha se ganó el rechazo unánime de toda la sociedad al tratar de incluir el cobro más polémico, el cobro del llamado canon digital. Esta cuesta debajo por la que va cayendo la buena imagen de la SGAE se acelera con la actuación del presidente del Consejo de Dirección Teddy Bautista. Su campaña a favor de ese canon por copia privada en los distintos soportes audiovisuales, ha sido tremendamente agresiva. Llegó a calificar de "indispensable" esta remuneración. Y agregó: retribución "a la que tienen derecho todos los creadores y productores y que se viene cobrando desde 1992.
Son significativas, también las palabras de Pilar Bardem. De una manera provocadora nos dice que ese canon hay que defenderlo con uñas y dientes. Es más, nos recuerda que la remuneración por copia privada es “una cuestión de justicia y de principios” y que si se eliminara, tal como ha propuesto el Partido Popular en el Senado, se pondrían en juego 70 millones de euros anuales. Y, para hacer más fuerza, nos dice que parte de ese dinero recaudado se destina a programas culturales, asistenciales y de promoción. Se nota a la legua que han banalizado por completo el concepto de cultura. Para estas personas la cultura, en realidad, no tiene nada que ver con conocimiento, erudición, sapiencia y otros sinónimos parecidos
El establecimiento de esta tasa indiscriminada a todos los soportes audiovisuales se negoció sin tener en cuenta a los consumidores y sin la presencia de las autoridades. Y basan su postura en que, al tratarse de particulares, no es posible controlar ni el título, ni el número de copias realizadas. Esto les llevó a adoptar ese cobro o penalización generalizada e indiscriminada.
La Ley de Propiedad Intelectual, desde 2004, ha sufrido varias reformas o actualizaciones más o menos interesadas, y todas tendentes a la ampliación de ese canon digital. De este modo, han ampliado esta a todo tipo de soportes que sean idóneos para reproducir y almacenar cualquiera de los contenidos protegidos por derechos de autor. Consideran que los autores tienen pérdidas económicas por las copias privadas de sus obras realizadas por particulares.
Ante este estado de cosas, nada más norma que los usuarios de internet y la Asociación de Internautas en cabeza hayan protestado enérgicamente por el nombramiento de la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Todo el mundo sabe lo aficionada que es a controlar los contenidos que protegen los derechos de autor. Es precisamente este motivo lo que llevó a la SGAE a voltear las campanas de su organización y a pregonar que se trataba de un nombramiento excelente.
Los nuevos conceptos por los que se cobran actualmente derechos de autor, supone una pasta considerable, pasta que en realidad nadie controla. Y no digamos el reparto de este dinero entre los diversos autores. De ahí que haya personas ajenas al sindicato de la ceja, involucradas en generar esos ingresos, que se quejen amargamente de que no entran en ese reparto. Es público el dato de que en 2007 la SGAE repartió el 75% de sus fondos entre el 1,73% de los autores. Todo un ejemplo.


José Luis Valladares Fernández