Es muy habitual que los hombres de izquierda piensen que solamente ellos están capacitados para decir quién es demócrata y quién no y quién cumple íntegramente los requisitos requeridos para ser un progresista consumado. Pero en realidad, se trata de personas que no han sido capaces de borrar totalmente los rastros que ha dejado en ellas el marxismo. Cuando menos lo esperas, dejan ver la oreja y aparecen sus comportamientos mesiánicos y totalitarios. Una conducta bastante frecuente en personajes como Cayo Lara y Gaspar Llamazares, que se han dejado cautivar por la dictadura cubana y que aún lloran la caída del Muro de Berlín.
No es normal que, a estas alturas de la película, Cayo Lara y Gaspar Llamazares tengan ese tipo de actitudes y quieran encabezar las procesiones absurdas en defensa de Baltasar Garzón. Pero aún así, es perfectamente comprensible. Sin embargo, extraña bastante más la conducta miserable del PSOE que, por lo que parece, siguen anclados en la primera mitad del siglo pasado. Todavía no han sido capaces de desprenderse de los viejos demonios que aprisionaron a su fundador Pablo Iglesias, y siguen haciendo causa común con las huestes de Cayo Lara y en perfecta armonía con los titiriteros de la ceja para atacar dialécticamente al Tribunal Supremo, por sentar en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón.
Es evidente que Pablo Iglesias no creía en la Justicia que no le diera la razón. Ahí están para confirmarlo las amenazantes palabras que soltó en las cortes el 5 de mayo de 1910: “Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones". Y los socialistas de hoy, como su fundador, tampoco creen en la Justicia si ésta no les es favorable y se adapta plenamente a sus expectativas. Por eso unen sus voces a las de Cayo Lara, Llamazares y todo su séquito, entre los que destaca Pilar Bardem y algunos jueces y fiscales, y corean juntos insultos de grueso calibre contra los jueces del Tribunal Supremo. Entre otras lindezas, gritan desaforadamente: "fuera fascistas del Tribunal Supremo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad".
Toda esta tropa se desgañita lanzando al aire furibundas consignas contra el franquismo y contra los jueces del Tribunal Supremo, entremezcladas con otras de apoyo al juez Garzón. Son incapaces de ver que Baltasar Garzón se ha pasado unos cuantos pueblos al considerar que puede impartir justicia, urbi et orbi, sin cortapisa alguna. Al tratarse de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, tiene bula para actuar como le venga en gana, venga o no venga a cuento. Los medios que se utilicen son lo de menos. Todos son útiles y justificables, siempre que ayuden a conseguir el fin propuesto. Justifica la intervención de las conversaciones de los implicados en la “trama Gürtel” con sus abogados, ya que así impedía que los miembros de esa red delictiva continuaran blanqueando dinero y evadiéndolo fuera de España.
También encuentra escusas Garzón para investigar los crímenes de la dictadura. Al no existir un censo de los desaparecidos en la Guerra Civil, ni de las fosas comunes utilizadas durante la contienda, se imponía una investigación seria y precisa para dar una satisfacción a los represaliados por el franquismo. La amnistía general de 1977, según el juez Garzón, solamente alcanza a Santiago Carrillo y a los demás responsables del Gobierno de la República. Quedan fuera de su paraguas, sin embargo, los que se levantaron en armas contra el Gobierno legítimo y el orden constitucional. Y es que para Baltasar Garzón, en los asesinatos de Paracuellos, por ejemplo, no había delito contra altos organismos de la Nación. Los asesinatos y las desapariciones provocadas por Franco y sus secuaces “eran crímenes contra la humanidad, de genocidio, que perduran en el tiempo” y que, por consiguiente, “estaban dentro de la competencia de la Audiencia Nacional”. Para justificar su actuación, aduce como jurisprudencia los juicios de Núremberg contra los nazis.
En el caso Gürtel, digan lo que digan Garzón y sus voceros, avasalló los derechos fundamentales de los inculpados al suspender sus garantías procesales con las escuchas de las conversaciones, realizadas en la cárcel con sus abogados. En el caso de la represión franquista se excedió palpablemente en sus atribuciones jurídicas. Y es precisamente por esto, por lo que está sentado en el banquillo de los acusados por segunda vez, y no por investigar los crímenes del llamado bando nacional, como quieren hacernos ver el coro mediático que le defiende y esa especie de jauría política que le jalea a diario a las puertas del Tribunal Supremo.
Y aunque no venga al caso, Baltasar Garzón quiere hacer ver a los jueces que lo juzgan que se sintió moralmente obligado a investigar esos casos que obedecían a “un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas”. Y continua impertérrito con su alegato: “No investigué crímenes políticos, sino delitos contra la humanidad. Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías, porque aquí ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y el juez tiene la obligación de investigar esos hechos y dar protección”. Garzón insiste una y otra vez, en lo que se refiere a este caso, que actuó siempre por encima de cualquier ideología. Pero esto es lo de menos. Lo que se investiga aquí es si actuó por encima o de acuerdo con la ley.
Los incondicionales del juez estrella no se conforman con arroparle con todo entusiasmo en sus entradas y salidas del tribunal que lo juzga. Entregaron además un escrito en el Supremo, solicitando la dimisión de los integrantes de la Sala de lo Penal que lo juzgan y reclamando "justicia democrática para el juez y para toda la ciudadanía española y verdad, justicia y memoria para todas las víctimas de la dictadura del general Franco". Y por si todo esto fuera poco, organizaron una manifestación intimidatoria, a la que asistieron juntamente con lo más granado de la izquierda díscola y sectaria que padecemos, algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que, por lo que parece, no tenían nada mejor que hacer.
El lema de esta manifestación no podía ser más claro e impertinente: "Contra los juicios de la vergüenza. Contra los crímenes del franquismo. En apoyo al juez Baltasar Garzón". Estaba encabezada, como no podía ser menos, por los líderes sindicalistas Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez; el coordinador de IU Cayo Lara y el diputado de esta coalición Gaspar Llamazares; los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez y, faltaría más, la impertinente Pilar Bardem, Marisa Paredes y Lola Herrera. Al mismo tiempo que la manifestación, hubo concentraciones en Granada y en la localidad malagueña de Vélez-Málaga para protestar contra los juicios abiertos al juez Garzón y para homenajear a las víctimas de la Guerra Civil.
Son significativas las declaraciones de algunos de los asistentes a esta manifestación. Según Cayo Lara, el Supremo, al juzgar a Baltasar Garzón, está "tendiendo puentes de plata a la corrupción y un muro de silencio al genocidio franquista". No ha estado menos expresiva Soraya Rodríguez, lamentando que se dude de la actuación de quien ha intentado en todo momento “ aplicar con valentía la ley de memoria histórica, que no es un ajuste de cuentas contra nadie, sino un encuentro con nuestra realidad". Según Cándido Méndez, el juez Garzón no ha hecho otra cosa que intentar hacer un "saneamiento democrático" de la sociedad española, “para cerrar las heridas del franquismo y que haya reconciliación". La inefable Pilar Bardem va aún más lejos y califica a este juez como "símbolo para los derechos humanos, que no son ni de derechas ni de izquierdas”.
Una cosa queda muy clara. Esta izquierda que padecemos solamente cree en la Justicia cuando les favorecen las resoluciones judiciales, siempre que condenen, eso sí, a los de la otra acera ideológica, a los de la derecha. Esto pone al descubierto el alto déficit democrático que padece toda esta tropa cavernícola que no ha sabido homologarse con la izquierda moderna de los países democráticos.
Gijón, 3 de febrero de 2012
José Luis Valladares Fernández
