¡TODOS A TOMAR CERVEZAS Y A VIVIR!

En una leyenda mitológica de la antigua Grecia, nos encontramos con las  extraordinarias hazañas de un gigante tan singular, que no encontraba competidores entre los demás héroes de su tiempo. Se llamaba Orión y destacaba precisamente por su fuerza y por su estatura. Había crecido tanto, que podía vadear el mar Egeo sin que las aguas le cubrieran más arriba de los hombros. Su intrepidez y su valentía no tenían límites cuando llevaba a cabo alguna misión difícil. Orión era, además, un cazador tan infatigable y tan famoso, que Diana, la diosa de la caza, lo eligió para formar parte de su séquito, distinguiéndole continuamente con sus favores y con su protección.

Pero además de todas estas virtudes, Orión tenía también sus defectos. Era muy fanfarrón y extremadamente vanidoso. Un día, al finalizar brillantemente una de sus cacerías, mientras sus amigos le colmaban de elogios, él se jactaba de sus extraordinarias gestas y proezas. Decía muy ufano que no había monstruo alguno, ni en la selva, ni en el monte y ni en el desierto, al que él no pudiera vencer con suma facilidad. Ni siquiera los tigres más furiosos, ni las panteras, ni los leones más fieros y poderosos le metían miedo alguno. Todas estas bravuconadas incomodaron seriamente a la Madre Tierra, porque pensaba que el Gigante Orión la estaba desafiando. Y decide castigar su irrespetuoso atrevimiento, enviándole un simple escorpión que le pica  causándole la muerte.

Los sindicatos de clase UGT y CC OO llevan años comportándose como el mítico Orión. Cada vez que sus responsables abren la boca es para vanagloriarse de sus actuaciones y para pregonar pública y desvergonzadamente que, sin ellos, los trabajadores serían auténticos esclavos de los poderosos, que estarían trabajando de sol a sol por un salario de miseria y sin opción alguna al más mínimo estado de bienestar social y material. Se presentan como los auténticos redentores de la clase trabajadora. Todo lo que tienen hoy día los que trabajan, se lo deben precisamente a la UGT y a CC OO.

Y al menos hoy,  la realidad es completamente diferente a como nos la pintan los que viven de esas siglas. En realidad, les preocupan muy poco los trabajadores. Más bien los utilizan como simple coartada y los pastorean interesadamente para mantener su privilegiado status actual y, por qué no, para mejorarlo si se presenta la ocasión. Y con todo descaro, dejan en la estacada a los parados. Como no aportan ningún beneficio, no quieren saber nada de los que se han quedado sin trabajo, y menos aún si ven que ya no tienen posibilidad  real alguna de conseguir un empleo.

ASÍ ACTÚAN LOS SINDICATOS DE CLASE

El pasado 25 de noviembre, la periodista Ana Pastor entrevistó, ante las cámaras de la Sexta Televisión, a Cándido Méndez, Secretario general de la UGT. A lo largo de la conversación, salieron a relucir, cómo no, las conductas poco edificantes del sindicato socialista y sus numerosos casos de corrupción, aireados profusamente por distintos medios periodísticos. El líder sindical  procuró en todo momento lanzar balones fuera y quitar hierro a esas acusaciones, que considera sumamente excesivas. Por lo menos, trató de lavar su cara afirmando: "Tengo la conciencia tranquila a nivel personal, pero lo veo con gran preocupación en relación con los afiliados”.

El máximo responsable de la UGT dice que su sindicato es meridianamente transparente en todas sus actuaciones. Y para dar mayor credibilidad a sus palabras, confiesa algo muy llamativo: le gustaría  que la Ley de Transparencia, impulsada por el Partido Popular, fuera mucho “más exigente”. Ha olvidado ya las continuas y ruidosas protestas, organizadas por los socialistas contra esta Ley, desde que comenzó a tramitarse en el Congreso. También sorprende, que, en vista de la gravedad de las acusaciones que hacen esos periódicos, no se querelle contra ellos y se limite simplemente a calificarlas de infundios y calumnias desmedidas.

Piensa Cándido Méndez, que la sociedad española valora muy positivamente el trabajo desarrollado por UGT. Pero aún así, dice, procuran esforzarse cada día para optimizar la imagen del sindicato y “mejorar la percepción que tienen los ciudadanos  de nosotros”. Y lleno de optimismo,  se atreve  a confesar que “los sindicatos tenemos un papel insustituible y ese papel está en la empresa”. Es cierto que los sindicatos fueron sumamente útiles para los trabajadores, pero en otras épocas y, por supuesto,  con otros líderes.

Desde que Ignacio Fernández Toxo pasó a encabezar CC. OO y Cándido Méndez la UGT, estos dos sindicatos se burocratizaron de tal manera, que dejaron de ser auténticas organizaciones sindicales y pasaron a ser una casta sindical, preocupada casi exclusivamente de sus propios beneficios. Ya no es la defensa del  mundo del trabajo lo prioritario para estas centrales sindicales. Ahora les interesa bastante más la cuenta de resultados, porque lo que de verdad persiguen es vivir muy bien, aunque sea a costa del resto de los ciudadanos.

Estas centrales sindicales hace tiempo que perdieron el norte y ya  no tienen  el comportamiento típico de los sindicatos que se preocupaban, ante todo, de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ahora actúan como si fueran auténticos partidos políticos y viven opíparamente de la mamandurria que proporciona el sistema como cualquier otra organización de representación popular. Participan descaradamente en todos los repartos de bienes, llevándose continuamente jugosas subvenciones y ocupando con demasiada frecuencia las codiciadas poltronas de los consejos de administración de las empresas públicas y de las antiguas Cajas de Ahorros.

CÁNDIDO MÉNDEZ SE RETRATA

Acaba de celebrarse en Madrid el 41 Congreso Confederal de la UGT y, como era de esperar, volvió a ser reelegido, cómo no, el inevitable Cándido Méndez para continuar al frente de la Secretaria General del sindicato socialista. Los delegados que asisten a dicho congreso, además de criticar duramente la austeridad y la política económica del Gobierno del Partido Popular, acuerdan hacer una llamada a los afiliados para que defiendan  “con ahínco la honestidad y el compromiso de nuestros cuadros y dirigentes sindicales”. Quieren que se les desvincule del cobro de comisiones ilegales en las regulaciones de empleo de Andalucía.

Deciden igualmente, y también por unanimidad, limitar a tres los mandatos a los que pueden optar los distintos cargos de la organización sindical. Acto seguido proceden a la elección de la Comisión Ejecutiva que se ocupará de dirigir la UGT durante los próximos cuatro años. Y por lo que parece, se olvidan inmediatamente de los acuerdos que acaban de adoptar, ya que la mayor parte de los que forman la directiva elegida, sobrepasa con creces el número de mandatos sucesivos, fijados previamente en dicho Congreso. Cándido Méndez, por ejemplo, es elegido por sexta vez consecutiva como responsable máximo del sindicato de la UGT.

Entre el 10 y el 13 de abril, era francamente irrespirable el ambiente en el número 25 de la Avenida de América, sede actual del sindicato socialista. Y es que todos los allí reunidos, y muy especialmente los aspirantes a formar parte de los distintos órganos confederales, atufaban todos ellos  a naftalina o al alcanfor utilizado por la abuela. Y el que más apestaba era precisamente el propio Cándido Méndez, que viene practicando impunemente un rancio caciquismo sindical, desde su cargo de secretario general de la UGT, nada menos que desde el año 1994. Y, ¡faltaría mas!, como hubiera hecho Felipito Tacatún, volvió a decir “yo sigo”.

Cándido Méndez nació en Badajoz en enero de 1952 y se afilió al PSOE y a la UGT en el año 1970. Su ascenso en la estructura sindical fue meteórico. En 1978 fue elegido secretario de Acción Reivindicativa de la Comisión Ejecutiva Provincial, pasando a ocupar la Secretaría General de la UGT-Jaén en 1980 y secretario general de la UGT-Andalucía en 1986. Ocupó este cargo hasta que, en 1994 sustituyó a Nicolás Redondo en la Secretaría General de la UGT a nivel nacional. Fue también diputado por el PSOE en el Parlamento Nacional entre 1980 y 1986 y parlamentario en la Cámara de Andalucía entre 1986 y 1987.

La manera de actuar sindicalmente del actual secretario general de la UGT y la de sus más directos colaboradores, es plenamente coincidente con la del sindicato amarillo o vertical, al que no se cansan de denostar. Y es normal que sea así, ya que fue en la Organización Sindical Española de la Falange, donde muchos de ellos dieron sus primeros pasos y algunos llegaron incluso a ser miembros aventajados. No les falta nada más que participar en alguna exhibición majestuosa como las que celebraban  entonces todos los 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.

LOS NEGOCIOS DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS

Las organizaciones de CC.OO, y de la UGT, más que Centrales Sindicales al servicio prioritario e incondicional de los trabajadores, son empresas dedicadas ante todo a rentabilizar convenientemente todos sus activos, que no son precisamente pocos. Pues no es tan fácil combinar adecuadamente objetivos financieros con estrictos valores sociales. Son varios los sectores económicos, donde los máximos responsables de ambos sindicatos se convierten en auténticos patronos, decantándose preferentemente  por el ladrillo. Aunque para rentabilizar mejor su labor empresarial, exploran todas las posibilidades que están a su alcance. De ahí que se asocien con grandes multinacionales, buscando intencionadamente los suculentos réditos que suelen dar estas alianzas.

Ambas centrales sindicales resultan, eso sí, mucho más beneficiadas que las demás empresas con las que compiten y, por supuesto, más que el resto de sindicatos. Al figurar como agrupaciones sindicales, los fondos que reciben  de los impuestos de los ciudadanos se ven libres de cualquier tipo de control  y de la fiscalización  exhaustiva que sufren las demás empresas. Cuentan además con un buen número de fundaciones que les reportan alrededor de 500 millones de euros en dinero público. Al figurar como fundaciones sin ánimo de lucro, no están obligados a presentar cuentas pormenorizadas, aunque se trata de dinero público. Les basta con recoger someramente las partidas, sin entrar en detalles, resultando así difícil su fiscalización.

Las centrales sindicales capitaneadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez controlan un buen número de sociedades entre limitadas y anónimas, cuyos activos superan con creces los 240 millones de euros. La Confederación Sindical de CC.OO., por ejemplo, es dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, líder en número de viviendas gestionadas en régimen  de cooperativa. Es sin duda alguna la primera empresa en número de viviendas protegidas entregadas. Solamente en  2010, generó un beneficio de unos 4,8 millones de euros. También es propietaria de las empresas Deinco Inmobiliaria y Habitatge Entorn, ambas relacionadas claramente con el ladrillo. La organización de CC.OO, es asimismo  la propietaria de un grupo importante de promotoras en Aragón.

Las inversiones inmobiliarias  de la UGT, aunque notablemente más modestas que las de CC.OO., alcanzan también cuotas dignas de mención. El sindicato de Cándido Méndez controla el 70% del capital de la empresa Gestión Social Inversiones S.L., propietaria a su vez del 82% de Plazaola Gestión Integral S. L. Este grupo de empresas, participadas un tanto disimuladamente por la UGT, produce unos beneficios muy cercanos al millón de euros. La  empresa inmobiliaria Qualitat Habitatge Social S.A. es quizás la más importante del sindicato socialista. Controlada al 100% por la UGT de Cataluña, cuenta  con más de 15 millones de euros en la casilla de activos y se dedica plenamente  a la ejecución del programa de viviendas sociales.

También se han embarcado estas dos centrales sindicales en el campo empresarial de las consultorías. La empresa Grupo de Proyectos Sociales de Madrid S.A. es quizás la mayor empresa dedicada a la consultoría y está en manos de CC.OO. Ambos sindicatos participan al 50% en la empresa Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L., dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios  de dirección, administración y gestión de empresas.

Otro capítulo importante al servicio de la actividad empresarial de los sindicatos de clase es el de las fundaciones. Gracias a las fundaciones,  las centrales sindicales de la UGT y CC.OO. venían gestionando hasta ahora alrededor de los mil millones de euros al año. La organización controlada por Fernández Toxo trabaja al menos con cuatro fundaciones que, entre todas ellas, aportan al sindicato más de 250 millones de euros. La mayor parte de este dinero provenía del presupuesto que el Ministerio de Trabajo destinaba a la formación para el empleo. Las cuentas con las fundaciones en la UGT son prácticamente idénticas a las de Comisiones Obreras.

Pero el afán de los sindicatos mayoritarios por hacer caja les lleva a asociarse activamente con multinacionales del porte del BBVA y de la Telefónica. Entre CC.OO. y la UGT suman el 40% de las acciones de Gestión de Previsión y Pensiones S.A., la gestora del BBVA. Cada sindicato se llevó 853.000 euros a cuenta de los beneficios generados por esta gestora durante el ejercicio de 2010. Esta sociedad gestiona varios planes de pensiones, pero el más importante por su volumen es el de la Administración del Estado con un montante de 537 millones de euros. Por la administración de este plan, la gestora del BBVA, participada por CC.OO. y la UGT, se embolsó en 2011 un  millón y medio de euros en comisiones.

Los sindicatos liderados por Fernández Toxo y Cándido Méndez también son socios de Telefónica, participando cada uno de ellos con el 15% en Fonditel Pensiones. Se trata de la cuarta mayor gestora de España con una proyección enorme, pues además de llevar los planes de pensiones privados de Telefónica, gestiona también los de otras empresas. La participación de cada central sindical en Fonditel Pensiones sobrepasa los once millones de euros en activos, y sindicato se ha embolsado medio millón de  euros de beneficios durante el ejercicio fiscal del año 2010.

Como lo que priva a los sindicatos de clase es el dinero, no podían dejar desatendido  el sector de las aseguradoras. El negocio de los seguros siempre ha dado buenos resultados, por lo que CC.OO. y la UGT, que se apuntan a todas,  entran a formar parte de la multinacional de seguros Atlantis. Atlantis  es filial de tres grandes grupos aseguradores que se dedican a ofrecer otras alternativas al seguro tradicional, subordinando siempre la propia economía al servicio de las personas.

El accionista mayoritario del grupo Atlantis es la aseguradora francesa MAIF, que tiene asegurado al 90% del profesorado francés. Le sigue en importancia la mutua MACIF, también francesa, que engloba a una buena parte de los asalariados de la industria y el comercio. Viene después el grupo UNIPOL nacido inicialmente para asegurar el movimiento cooperativo italiano, pero que hoy ofrece una amplia gama  de seguros y productos financieros. Estas tres aseguradoras protegen a más de 15 millones  de personas en toda Europa.

Los sindicatos de la UGT y CC.OO. participan  en el capital de la aseguradora Atlantis con un 5% cada uno. Y los activos proporcionales que maneja cada uno de ellos alcanzan los cinco millones. La relación de CC.OO y la UGT con Atlantis es tan alta, que la aseguradora  se anuncia en las páginas Web de dichos sindicatos dentro del apartado de servicios, en las que los sindicatos aparecen claramente como entidades vinculadas al grupo. Se da además la circunstancia de que entre los miembros del consejo de la aseguradora Atlantis nos encontramos con cargos de una y otra central sindical.

Habría que agregar a todo este entramado empresarial los departamentos jurídicos de ambas centrales sindicales que atienden gratuitamente a sus afiliados, pero que admiten clientes ajenos a dichos sindicatos, cosechando notables beneficios. Así que, tanto la UGT como CC.OO., funcionan como dos gigantescas empresas, disfrutando pródigamente de ciertas prebendas que no tienen las demás empresas. Para empezar, a estas entidades sindicales no se las  obliga a detallar sus cuentas públicas y nunca han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. Disfrutan gratuitamente de los inmuebles donde tienen sus sedes, edificios que proceden, en su inmensa mayoría, de la sospechosa restitución del patrimonio histórico sindical. Otros muchos edificios fueron cedidos gratuitamente por los poderes públicos y son muy pocos los adquiridos directamente. Pero no pagan renta por ninguno de ellos y ni siquiera abonan el correspondiente IBI, a pesar de que se trata un  patrimonio sumamente  abultado e importante.

Han puesto, eso sí, el grito en el cielo por la reforma laboral elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Achacan a semejante reforma un aberrante e inadmisible abaratamiento del despido. Más aún, para los líderes de la UGT y CC.OO, el nuevo contrato indefinido descrito en la nueva reforma laboral para empresas de menos de 25 trabajadores, permite sin más “el despido libre y gratuito” durante un año. De ahí que pidan insistentemente  la retirada inmediata de semejante reforma y el comienzo de una negociación abierta con las fuerzas sindicales. Por eso los sindicatos, con el apoyo incondicional del PSOE e IU, se han lanzado a la calle organizando ruidosas manifestaciones y montando la huelga general del 29 de marzo pasado.

Hasta aquí todo normal. Normales son las protestas, los alborotos callejeros y hasta la misma huelga general para intentar cambiar el rumbo de la reforma laboral propuesta por Fátima Bañez, actual ministra de Empleo y Seguridad Social. Pero lo que ya no es normal es la incoherencia de los responsables sindicales de CC.OO. y de la UGT, ya que predican una cosa y hacen exactamente la contraria. Protestan airadamente de que las demás empresas puedan despedir trabajadores, pero ellos, en vez de dar ejemplo adoptando medidas menos drásticas, utilizan el despido sin contemplaciones. No se a quien quieren engañar, pero la mayoría de los despidos de los sindicatos son simplemente por  “causas organizativas, técnicas y de producción”.

El pasado año, los sindicatos dirigidos por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez despidieron a más de 500 trabajadores. Y lo han hecho incluso hasta con veinte días de indemnización  por año trabajado, tal y como recoge la nueva reforma laboral que tanto atacan. Sus despidos son a veces tremendamente injustos, teniendo que intervenir la autoridad judicial competente para corregir tamaños desafueros.  Es llamativo el caso de una trabajadora de CC.OO. de Gijón, que con casi diez años de servicio,  fue despedida por dos veces por dicha central sindical y otras tantas veces los tribunales obligaron al sindicato a readmitirla. Y son los mismos, o similares, los pecados laborales de la UGT. Está visto que no es lo mismo predicar que dar trigo.

Gijón, 19 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández

¿SINDICALISTAS O APROVECHADOS?

Los sindicatos, tal como los conocemos hoy día,  tienen su origen  en las asociaciones que se fueron creando en Gran Bretaña a raíz de la denominada Revolución industrial, que comenzó en 1776. A este tipo de asociaciones, entonces ilegales, que buscaban colectivamente la manera de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, se les dio el nombre de Movimiento obrero. Cuando Inglaterra reconoció en 1824 el derecho de los obreros a formar este tipo de asociaciones, aparece ya el nombre de ‘sindicato’.

Se dio el nombre de ‘sindicato’ a estas asociaciones por analogía con la actividad de los síndicos de la antigua Grecia. La palabra ‘síndico’, procede del vocablo griego Συνδηκου (sindico), utilizado para designar a los que se encargaban de defender a otros ciudadanos en los juicios. Con el paso de los años, la palabra síndico termina por adjetivarse cambiando sensiblemente su significado ampliando la defensa a conjunto de personas o a la propia comunidad. La  palabra  síndico con esta nueva acepción conserva el prefijo Συν (syn) y cambia δηκου por δηκι (dike), lo que vendría a decir “con-justicia”.

Desde el principio, los sindicatos han procurado garantizar el bienestar, los intereses sociales, económicos e incluso profesionales del colectivo obrero. En esa defensa, solían estar incluidos todos los trabajadores, incluso los que no habían querido sindicarse. Y este debiera ser también el objetivo primordial de CC.OO. y la UGT. Lo malo es que no es así. Estas dos centrales sindicales se olvidan frecuentemente  de la defensa de los trabajadores para ocuparse de manera casi exclusiva de sus propios intereses. En realidad, se parecen bastante más a una formación política que a un sindicato. A la vista está, que su comportamiento no es el mismo con un gobierno que con otro.

Tanto Ignacio Fernández Toxo, máximo responsable de CC.OO., como Cándido Méndez, mandamás de la UGT, durante los casi ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, más que líderes sindicales, parecían ministros sin cartera. Aunque el número de parados comenzó a crecer vertiginosamente, aunque se congelaron las pensiones y se recortó el salario de los trabajadores públicos y aunque hubo una subida generalizada de impuestos, estos dirigentes sindicalistas guardaron un escrupuloso e imperdonable silencio que talmente parecían tumbas etruscas. Pero eso si, la llegada del Partido Popular al Gobierno les sacó inmediatamente de tan profundo letargo.

Ante semejante comportamiento, es normal que los trabajadores españoles desconfíen manifiestamente de estas  centrales sindicales mayoritarias. Su descrédito es cada día mayor, pues dan la sensación de que estas organizaciones se han olvidado de su labor sindical y se han convertido en auténticas y enormes burocracias que viven cada vez mejor a base de privilegios y de subvenciones cada vez más generosas. Motivo más que suficiente para que, los trabajadores que quedan,  desconfíen abiertamente de estos sindicatos de clase. Y si así reaccionan los que aún conservan su trabajo, ¿qué no harán los trabajadores autónomos, los que llevan tiempo en el paro y los que buscan infructuosamente su primer empleo.

A pesar de las críticas y los recelos de unos y de otros, los dirigentes de la UGT y de CC.OO. son inconmovibles, preocupándose exclusivamente de sus abundantes chollos y de sus negocios. Utilizan  desvergonzadamente la crisis económica para hacer caja y engrosar de manera considerable sus cuentas. Su indecencia llega hasta el extremo de hacer negocios hasta con el desempleo, ya que cuanto más para haya, más dinero ingresan. Sin el menor rubor se aprovechan descaradamente de la mayor estafa social al cobrar un 10% de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores cuando se les obliga a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Para más INRI, los trabajadores desconocen frecuentemente que los porcentajes que se llevan estas centrales sindicales se les descuentan  de las minutas de la indemnización que reciben al ser afectados por el ERE, ya que se trata de una cantidad que no aparece en ningún recibo  ni factura. Y a veces la cantidad detraída de la compensación recibida puede ser importante, ya que la organización sindical se lleva una cantidad extra de entre un 10% y un 15% de cada uno de los trabajadores cuando estos cobran más de  20 días por año trabajado. Y no es normal que se pacten ERE con los 20 días que establece la Ley como mínimo. Como fruto de las negociaciones, habitualmente los ERE aprobados están entre 30 y 40 días por año trabajado y a veces llegan hasta los 45 días.

Los cursos de formación continuados constituyen por sí solos todo un pingüe y suculento negocio del que participan inmerecidamente, a través de la Fundación Tripartita, la UGT y CC.OO. Dicha Fundación  está formada por estas dos centrales sindicales  y por la CEOE. Los recursos financieros, que posibilitan esa formación continuada,  proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional realizada por la Seguridad Social, de las ayudas aportadas por el Fondo Social Europeo, además del 3% de los Presupuestos Generales. Y para mayor despropósito, estas cuantiosas subvenciones se les reparten lamentablemente antes de que se impartan esos cursos y sin que exista una fiscalización posterior.

A la animosidad y la animadversión propias de los sindicatos de clase contra toda opción política conservadora cuando gana las elecciones, se une ahora una belicosidad atroz para chantajear deliberadamente a los responsables del Gobierno para que no les toquen sus prebendas  particulares. A los sindicatos de la UGT y  CC.OO. les preocupan  muy poco la nueva  reforma laboral y, menos aún, los nuevos Presupuestos para 2012. Lo que de verdad les saca de quicio es que, con  esta reforma laboral y con estos Presupuestos, pierden parte de su poder tradicional y pierden también mucho dinero.

Saben perfectamente que una reforma electoral como ésta, o muy similar,  era totalmente necesaria para abrir un camino de esperanza a los parados de larga duración y a los jóvenes, incapaces de encontrar su primer empleo. Podrá fracasar, pero de momento está en la onda de las normas laborales que rigen en los países de nuestro entorno y en ninguno de ellos se ha desmadrado el paro como en España. La crisis ha sido igual para todos y, sin embargo, doblamos en paro a la mayoría de ellos. Capitaneamos las listas de desempleados en todo el mundo civilizado. Hasta Irlanda, Portugal e incluso Grecia, que ya es decir,  tienen un porcentaje de parados inferior al nuestro. Y algo tendrá que ver en ello la norma laboral que rige en cada uno de ellos.

Pero ni la UGT ni CC.OO. ha querido esperar a ver los resultados de la reforma laboral. Sin esperar a la redacción definitiva  que saldrá de Las Cortes, se han lanzado a la calle con huelga general incluida  porque, según dicen, acabará con los puestos de trabajo que quedan. Quieren hacernos creer que se movilizan ahora para defender los derechos laborales de los trabajadores. Y ¿por qué no se movieron durante los duros años del zapaterismo, cuando se disparó el paro y se llegó incluso a recortar sensiblemente el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores? La respuesta es muy sencilla. A parte de sintonizar políticamente con el Gobierno de entonces, el  paro les daba pingües beneficios con los famosos ERE.

El problema por el que los sindicatos de clase han declarado la guerra al Gobierno de Mariano Rajoy y se han echado a la calle, es la pérdida de parte de sus propios derechos. Que la nueva normativa  laboral reduzca su capacidad de negociación y que pierdan  el monopolio de la formación de trabajadores es lo que ha hecho saltar todas las alarmas sindicalistas. La reforma laboral propuesta por el Gobierno liberaliza el mercado de la formación laboral, con lo que es muy posible que los sindicatos pierdan esta fuente de ingresos que venían percibiendo tradicionalmente y que ahora pueden esfumarse. Solamente en 2011, la engañifa de estos cursos aportaron a las arcas de estas centrales sindicales casi 500 millones de euros

Otro punto extremadamente sensible lo tenemos en los ERE. Con la nueva normativa laboral, las empresas ya no pactarán los ERE con los sindicatos. La nueva norma permite a las empresas los despidos colectivos cuando se den ciertas circunstancias, previstas en la legislación, prescindiendo de las negociaciones sindicales. Y en caso de conflicto, será un juez y no los sindicatos ni la autoridad laboral la que tenga la última palabra. Y con esto, claro está, se cierra definitivamente otra fuente de financiación notable que aportaba a los sindicatos varios cientos de millones de euros al año.

Ni CC.OO. ni la UGT han digerido aún la pérdida de poder social al reducir sensiblemente su papel en la negociación colectiva. A partir de ahora, prima el convenio de empresa sobre el convenio colectivo. Con la reforma laboral se amplían notablemente las causas que permiten a las empresas descolgarse de los pactos colectivos y tomar ciertas decisiones, como ajustar salarios,  la movilidad laboral y hasta y, si las circunstancias lo requieren, extinguir contratos laborales. Y todo esto, por supuesto, sin previo acuerdo con los sindicatos.

Está muy claro que defienden descaradamente sus propios privilegios como el poder de intermediación y todas aquellas actuaciones que les propiciaban buena parte de sus ingresos extraordinarios y todo ello, sin mucho esfuerzo. Pero esto no lo reconocerán jamás y seguirán quejándose con la torpe escusa de los intereses de la clase trabajadora. Pregonarán que la marginación de los sindicatos deja a los asalariados desprotegidos ante los ajustes de los empresarios en crisis y en la más tremenda de las indefensiones al encarar su despido inmediato sin posibilidad de réplica alguna. Debieran, eso sí, dar ejemplo con sus propios trabajadores que frecuentemente son los más expuestos  a todo tipo de arbitrariedades. 

Gijón, 9 de abril de 2012 

José Luis Valladares Fernández

BATALLAS SINDICALES ABSURDAS

Es sobradamente conocido  que, los sindicatos de clase que padecemos,  disfrutaron de  una auténtica luna de miel viviendo de la “sopa boba”, a la sombra del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aficionados desde hace tiempo a la mamandurria y al mamoneo más desvergonzado, en vez de plantar cara al Gobierno por el alarmante aumento del paro, miran al tendido y se convierten voluntariamente en un apéndice doméstico del mismo. Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez, más que líderes sindicales, parecían  ministros sin cartera del Ejecutivo presidido por  Zapatero.

En una  intervención ante el Congreso Federal de la UGT, celebrado el 1 de abril de 2009, Zapatero, dirigiéndose a los sindicalistas en general, esboza una sonrisa bobalicona,  y les dice pausadamente: “necesito vuestro apoyo. Necesito vuestro cariño”. No necesitaba pedir ni apoyo ni cariño a CC.OO y menos a la UGT. Lo tenía de antemano. Ya hacía tiempo que habían firmado la paz social con el Gobierno, a cambio  unas suculentas y jugosas subvenciones. Cerraron, es verdad, cantidad de empresas y se destruyeron innumerables puestos de trabajo, pero los sindicatos, preocupados exclusivamente por hacer caja,  guardaron el silencio más absoluto. Y si abrían la boca, era contra Esperanza Aguirre.

De hecho, durante el complicado mandato de Zapatero, se cerraron más de 900 mil empresas y se destruyeron más de tres millones de puestos de trabajo, sin que los sindicatos de clase levantaran la voz. Era evidente que entonces, ni estaban, ni se les esperaba. Tuvo que ganar Mariano Rajoy las pasadas elecciones para que Cándido Méndez y Fernández Toxo despertaran, por fin, de su prolongado y punible letargo. Para ellos ha sido una desfachatez enorme que, el nuevo Gobierno, iniciara su mandato poniendo en marcha una reforma laboral sumamente perjudicial, según dicen, para la clase trabajadora.

No es precisamente la suerte de los  trabajadores lo que preocupa a los líderes sindicales. Pasan olímpicamente de ellos y desprecian sin el menor complejo a los parados. Los utilizan, sin más, en beneficio propio. Como son tan egoístas, viven preocupados exclusivamente porque esta reforma laboral les resta parte de su capacidad de influencia en las empresas, pierden protagonismo y pierden además bastante dinero. Dejarán de controlar, a partir de ahora, muchos convenios colectivos, pues las empresas podrán negociar directamente con sus propios trabajadores nuevas condiciones laborales. Dejarán también de impartir muchos cursos de Formación, lo que supondrá una pérdida considerable de dinero. Y por si fuera esto poco, va el Gobierno  -a quién se le ocurre-  y les reduce un 20% las subvenciones.

Quienes han vivido siempre del cuento, ante una pérdida tan considerable de poder y de emolumentos, montan en cólera y declaran, sin más, la guerra al Gobierno. Sin dar tiempo al tiempo, tocan a rebato para congregar a los suyos y, de acuerdo con Rubalcaba,  los mandan a ocupar la calle. Piensan, además,  que ésta es la mejor manera para incendiar el ambiente de cara a la huelga del próximo día 29 de marzo. Del resto, ya se encargarán los tradicionales piquetes violentos para lograr que se siga masivamente esa huelga. Los aburguesados líderes de los sindicatos de clase, sin la menor reflexión, atribuyen obscenamente  a esta reforma laboral toda clase de desastres, incluidos, por supuesto, los provocados por la impericia y la inanición del Gobierno de Zapatero.

Para los sindicalistas Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, para Rubalcaba y sus mesnadas, la reforma laboral promulgada por el Partido Popular merece todos los reproches habidos y por haber. Para empezar, al abaratarse  el despido,  los empresarios no tendrán problema alguno para despedir abusivamente a sus trabajadores. La golfería  que practican habitualmente no les deja ver que el despido más barato se produce cuando las empresas fracasan, tienen que cerrar sus instalaciones y, en consecuencia, todos  sus trabajadores se van al paro. Ni más ni menos, lo que ha venido ocurriendo profusamente con los socialistas en el Gobierno.

Sorprende enormemente que tanto Fernández Toxo como Cándido Méndez se lamenten ahora del supuesto aumento del paro que previsiblemente ocasionará esta reforma laboral. Mientras estuvieron morreando con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que era cuando de verdad crecía el paro, se callaban como muertos porque ese paro era para ellos una fuente inagotable de ingresos. No  representan ni al 15% de los trabajadores pero, al gestionar en exclusiva los ERE, cobraban un porcentaje determinado a todos los que se quedaban en paro, fueran afiliados o no. Por ejemplo, con los Expedientes de Regulación de Empleo de la empresa Delphi, los sindicatos se embolsaron, ahí es nada, 2,4 millones de euros.

En realidad, ha sido la política trasnochada de Zapatero, irresponsablemente bendecida por los líderes de CC.OO y de la UGT, la que, en buena parte,  más ha contribuido a la destrucción de nuestro tejido empresarial y, en consecuencia, a un deterioro más que notable del Estado de bienestar. Y ahora esos mismos líderes, auténticos parásitos sindicales, rematan la jugada negando al Gobierno de Mariano Rajoy autonomía para reparar tal desaguisado, ni más ni menos que siguiendo la pauta marcada por aquellos países que ya están saliendo de la crisis. Para Fernández Toxo y para Cándido Méndez los culpables de todo, además de la derecha, son los empresarios. Esa inquina de los sindicatos de clase hacia todo el empresariado inspiró a Cándido Méndez la siguiente simpleza o sandez: “hay  muchos empresarios que se sienten atraídos por el desempleo como las polillas se sienten hacia la luz”.

Cargan las tintas contra los empresarios y resulta que no hay en España empresa más grande, ni industria  más rentable y boyante que la del sindicalismo de clase. Tienen garantizados unos ingresos fijos, sumamente elevados, inalcanzables para las demás empresas aún en tiempos de vacas gordas. Y por si fuera esto poco, apenas si tienen costes de producción, gozan  de exenciones fiscales extraordinarias y, ni siquiera, tienen que rendir cuentas ante algún organismo fiscalizador. Como todo fiel cristiano, con el dinero que les llueve de todas partes, realizan inversiones en los distintos mercados financieros; pero maldito que pagan impuestos por los dividendos e intereses que consiguen. Les salen gratis, hasta los locales donde desarrollan su actividad sindical. El único coste al que han de hacer frente es el de sus plantillas, y aún así, lo que es más inaudito, despiden gente como las demás empresas.

Aunque para CC.OO y la UGT todo son ganancias limpias, aún quieren más y son incapaces de ejercitar la más mínima solidaridad con los que se han quedado sin trabajo y sin nada. Como la reforma laboral dictada por el Gobierno merma en parte su poder y aminora levemente sus ingresos, montan un cirio mayúsculo ocupando la calle y convocan  una jornada de huelga general. Saben sobradamente que nuestra situación económica no está para bromas y menos para afrontar los enormes gastos que esto ocasiona. Saben igualmente que a quien de verdad perjudican con esa inoportuna huelga es a España y a todos los españoles, al dar una imagen de helenización, que no es precisamente lo más apropiado para que los inversores extranjeros inviertan aquí sus dineros.

Con esa incalificable actitud de los sindicatos y con ellos, de todo el PSOE, insultan gravemente a los millones de personas que han perdido su empleo y que, de esta manera, ven que se va a prolongar su duro calvario hasta Dios sabe cuando. Es posible que la reforma laboral del nuevo Ejecutivo sea muy mala, que pueda precarizar incluso algunos tipos de trabajo. Pero aunque así sea, siempre será mejor un empleo precario que eternizarse en esas interminables listas del paro. La extrema rigidez del mercado laboral que propugna nuestra legislación laboral, tiene mucho que ver con  esas cotas tan altas de desempleo que padecemos.

 Las normas laborales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, vigentes hasta ahora y que defienden denodadamente Fernández Toxo y Cándido Méndez, están enraizadas en el Fuero del Trabajo de Franco. Y la nueva reforma laboral, al menos, es más moderna. Rompe ese encorsetamiento  nocivo del mercado laboral y aunque no les guste, puede homologarse –ya era hora- a las normas laborales de los países avanzados de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Tanto CC.OO como UGT, corresponsables evidentes de la desastrosa gestión de Zapatero, conservan ese tufo de corte fascista que copiaron de los sindicatos verticales de Franco. Desempeñan consciente o inconscientemente el papel de “agentes sociales” otorgado por el Estado y que no tiene nada que ver con la voluntad de los trabajadores. Y casi, casi, como en el Cara al sol, se esfuerzan por mantener “impasible el ademán”. 

Gijón, 10 de marzo de 2012 

José Luis Valladares Fernández

DINERO PARA LA MEMORIA HISTÓRICA

Es cierto que el presidente del Gobierno español, en todos sus viajes al extranjero, no se cansa de lanzar faroles sobre nuestra situación económica. Comenzó aquí en España un 11 de setiembre  de 2007, al hacer balance económico ante el Grupo Parlamentario socialista. Fue entonces cuando José Luis Rodríguez Zapatero, sin el menor rubor, lanzó al aire aquella frase tonta de que  “el Gobierno ha situado a España en la Champions league de las economías del mundo”. Desde entonces y de manera recurrente, ha ido paseando esta idea, para choteo de quienes le escuchan, por todos los países extranjeros que visita. Sin el menor sentido del ridículo, va a Nueva York en septiembre de 2008, y ante un público entendido que fue incapaz de disimular sus carcajadas, anuncia sin más que ya habíamos dejado atrás a la Italia de Berlusconi y que teníamos muy nervioso a Sarkozy, porque le estábamos pisando los talones.

Por si acaso nos quedaba alguna duda, Zapatero ha vuelto a insistir nuevamente en la misma idea, en cada una de las ciudades visitadas durante su reciente viaje oficial por Asia. Buscando desesperadamente inversiones asiáticas para infraestructuras y, sobre todo, para regularizar la marcha de nuestras cajas de ahorro, insiste una y otra vez en la solidez de la economía española. No se cansará de repetir que el sector financiero español es “fuerte, solvente y resistente”. Y es en Singapur donde se lanza nuevamente al ruedo de la exageración y compara la economía española con un “poderoso trasatlántico”. “Aunque en los dos últimos años –dice- hemos dado malas noticias, pidiendo esfuerzos y sacrificios, el barco va a seguir navegando con fortaleza, porque España es un poderoso transatlántico. Estad tranquilos”.

La realidad es muy distinta. No hay ningún dato en nuestra economía que avale ese optimismo tan desmedido, mostrado por Rodríguez Zapatero y por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado. El Fondo Monetario Internacional se ha encargado de devolvernos a la cruda realidad, pronosticando negros nubarrones para la economía española, por lo menos, hasta el año 2017. Señala, además, que España aún no está fuera de peligro y que puede seguir otros países periféricos como, por ejemplo, la vecina Portugal. Seguimos destruyendo empleo y estamos ya muy próximos al 21% de tasa de paro. El consumo está por los suelos y la economía sigue peligrosamente estancada. Para salir de semejante atolladero definitivamente, harían falta unas medidas mucho más drásticas que las  descafeinadas que ha puesto en marcha el Gobierno de Zapatero.

Nuestra economía sigue perdiendo  fuelle. Aún no hemos sido capaces de detener el preocupante proceso de destrucción del tejido industrial y empresarial y cada vez son más amplias las bolsas de pobreza. Nos ahoga económicamente nuestra elevada deuda, pero  para continuar viviendo o malviviendo, no nos queda más remedio que seguir endeudándonos. Y el  Gobierno lo sabe, pero se empecina en gastar más dinero del que tiene, a sabiendas de que así, lejos de solucionar nuestros acuciantes problemas económicos, los complicará aún bastante más. Sustraerse a estos dispendios absurdos debe ser tarea harto difícil para Zapatero y para sus acólitos, sobre todo cuando los destinatarios de ese dinero son grupos ideológicos afines. Un ejemplo claro lo tenemos  en el dinero que, desde el Ministerio de la Presidencia, se habilita cada año para realizar actividades teóricamente relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Una prueba evidente  la tenemos en el Boletín Oficial del Estado  del pasado día 7 de abril. En dicho Boletín el Ministerio de la Presidencia anuncia la convocatoria del concurso de ayudas destinadas a dar cumplimiento a lo previsto  en la Ley de Memoria Histórica. Es una convocatoria que se viene realizando todos los años, por estas fechas, desde 2006.  La cuantía anual de estas ayudas asciende a los 5.681.000 euros. Con este dinero pretenden dignificar los sufrimientos y las calamidades de los del Frente Popular, que cayeron durante la Guerra Civil y de todos los represaliados por la dictadura de Franco. Cada proyecto que se acoja a esta subvención, según se indica en el BOE referenciado, recibirá 60.000 euros, cuando se trate de indagar, localizar, exhumar, identificar y volver a inhumar a las personas que hubieran desaparecido violentamente durante la Guerra Civil o durante la represión política posterior. En los demás casos, el importe asignado serían 40.000 euros.

Aunque se trata de una subvención claramente sectaria, ya que va destinada, de manera exclusiva, a uno solo de los bandos contendientes, hay otros aspectos que llaman más nuestra atención. Por principio, semejante dinero debería ir destinado a la localización, identificación y exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil. Y vemos que esto no es así, ya que solamente se destina el 28,2% para tales fines. En la convocatoria de 2010, solamente se destinó el 25,46% a la recuperación de restos de las víctimas republicanas de la guerra. La mayor parte, el 74,54%, se dedicó  a la propaganda ideológica.

En realidad la norma exige destinar la mitad del dinero de la subvención a exhumar e identificar los cadáveres que, en su día, fueron enterrados en fosas comunes. Pero, hasta ahora, nunca ha habido solicitudes suficientes para completar los 2,8 millones de euros, que es la mitad aproximada del dinero previsto. Y a pesar de semejante circunstancia,  el Gobierno sigue manteniendo el importe de 5.681.000 de euros para esta subvención que después, sin mayores remilgos, repartirá entre sus amigos. Las actividades tenidas en cuenta para el reparto, como veremos, nada tienen que ver con las víctimas de la Guerra Civil, ni con la persecución franquista. No es otra la experiencia que tenemos, desde que, en 2006, se realizó la primera convocatoria.

Es ilustrativo y poco edificante, por ejemplo, el reparto del dinero sobrante de la convocatoria de 2010, en el que participan, como no podía ser menos, los sindicatos habituales. Estas son algunas de las organizaciones que, de manera bastante impúdica, fueron agraciadas con cantidades importantes del dinero destinado durante 2010 a la “memoria histórica”. La Fundación 1º de mayo fue agraciada con 27.103 euros, por aportar unos “Testimonios de la resistencia antifranquista en CC.OO.”. Las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero recibieron 26.275 y 28.649 euros respectivamente, la primera por “Identificación de dirigentes socialistas en la clandestinidad” y la segunda por “Archivo oral del sindicalismo socialista”.

La UGT y CC.OO.no podían faltar en este vergonzoso festín. Y así tenemos a la UGT de Madrid recibiendo 14.286 euros, por una “Historia de vida de militantes de UGT durante el Franquismo”. A la Fundación Anastasio de Gracia (UGT) lucrándose con 21.726 euros por la “Recuperación de la memoria histórica y la dignificación moral de los líderes sindicalistas del metal y la construcción de UGT”. También recibe 11.586 euros la Federación de Industria de la UGT por la “Recuperación de la documentación de la federación de la construcción y del metal de la UGT. La Federación de Enseñanza de CC.OO. y CC.OO de Andalucía reciben, la primera 27.626 euros por una “Exposición y conferencia sobre la Escuela en la II República” y la segunda 24.426 euros por “La memoria de los abogados”.

Todos estos casos que hemos citado, y otros muchos de similar catadura, omitidos para no ser pesados, no tienen evidentemente nada que ver con la exhumación de los restos de los republicanos que perdieron su vida durante la guerra civil, ni con la dignificación de los que sufrieron el acoso de la represión en la posguerra. Se trata simplemente, con la disculpa de la mal llamada memoria histórica, de repartir, de manera poco decente y nada ética, casi 6 millones de euros entre los amigos. Y según todos los indicios, no será muy distinto lo que ocurra con el dinero  de la convocatoria actual.

Gijón, 19 de abril de 2011

José Luis Valladares Fernández    

EL EJEMPLO DE LA UGT

El ejemplo que nos da la UGT no puede ser más nefasto. Todavía no se han calmado los ánimos de los trabajadores públicos ni de los pensionistas, a quienes el Gobierno esquilmó  una parte significativa de sus ingresos,  no se si de motu proprio, o a instancias de Ángela Merkel. La disculpa que dio José Luis Rodríguez Zapatero, no fue otra que la terrible crisis económica que nos afecta y que él no supo atajar a tiempo. Aunque fue ya en mayo del año pasado, son muchos los que aún recuerdan su comparecencia extraordinaria en el Congreso, para anunciar públicamente el mayor recorte social de la historia reciente española.

Desde el restablecimiento de la democracia, ningún Ejecutivo había osado reducir la nómina  de los funcionarios. Zapatero fue el primero en hacerlo y en congelar las pensiones. Se habían, eso sí, congelados los sueldos en 1994 por el Gobierno de Felipe González y en 1997 por el de José María Aznar, pero nada más y así y todo a Aznar le contestaron con una huelga general. En esa comparecencia ante el pleno del Congreso del pasado año, Zapatero reconoció que los problemas de la economía española "se llaman 11,2% de déficit y 20% de desempleo".  Y comenzó a desgranar una serie de medidas, todas ellas sumamente graves, formando parte del paquete de iniciativas para situar nuestro desbocado  déficit en el 3% en el año 2013, tal como se nos exigía en Bruselas.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo y los sindicatos tenían pactado, desde septiembre del año anterior, una subida en los sueldos de un 0,3% de media. Pero Zapatero, sin previo aviso, rompe unilateralmente ese acuerdo y se descuelga con el anuncio de que, a partir de junio de ese año, los emolumentos de los trabajadores públicos sufrirían una rebaja media de un 5% y que serían congelados durante todo el año 2011. Y no fue ésta solamente la sorpresa anunciada en esa comparecencia extraordinaria. Había más. Indicó también que se suprimiría el famoso cheque-bebé desde el día 1 de enero de 2011. Y además, para que los jubilados no se fueran de rositas, sentenció que se anulaba la actualización pertinente de las pensiones contributivas en 2011, de acuerdo con el comportamiento del IPC.

El propio presidente del Gobierno, como no, trató de justificar medidas tan drásticas, proclamando que se trata exclusivamente de un “esfuerzo especial, singular y extraordinario”. Y  pide que todos los ciudadanos asuman semejantes o parecidos sacrificios para salir cuanto antes de la crisis económica. De ahí que haya dado un toque a los sindicatos y a los empresarios, urgiéndoles, entre otras cosas, que se pongan cuanto antes de acuerdo sobre la reforma del mercado de trabajo. También ha buscado insistentemente un acuerdo, lo más amplio posible, para poder reformar el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Aunque la crisis es general y afecta cruelmente a todos los sectores habidos y por haber, la UGT sobre todo no quiere darse por enterada de las recomendaciones dramáticas de Zapatero. Las huestes que dirige Cándido Méndez no quieren dar ejemplo y solidarizarse con los auténticos paganos de esta crisis, los pensionistas y los trabajadores públicos. Y como las subvenciones recibidas a costa de los contribuyentes españoles han sido extremadamente generosas, les sobra el dinero y, en consecuencia, quieren darse el gustazo obsceno de subirse los  sueldos de una manera un tanto exagerada. 

Mediante la aprobación de su nuevo convenio, los empleados de la UGT verán como, durante el año 2011, aumentan sustancialmente sus salarios, con subidas que oscilan entre un 4,5% y un 7% anual. Una cantidad notablemente muy superior al IPC que aumentó un 3,6% en el mes de febrero. Los trabajadores de CC OO tampoco se han descuidado y también han mejorado sus percepciones salariales, no tanto, es cierto, como los de UGT, pero compensan esta diferencia con más dietas. Ambas centrales sindicales han adoptado en sus propias plantillas una subida de salarios, nada acorde con el concepto de austeridad que predica ahora el Gobierno y que ha impuesto por la brava a los trabajadores públicos. La situación laboral de España es ciertamente catastrófica, pero aún así los trabajadores de la UGT cuentan ya, desde el pasado 21 de marzo,  con el nuevo convenio, donde se les reconocen esas extraordinarias mejoras.

Para escándalo del resto de trabajadores y muy lejos de las medidas de austeridad con que se ha despachado ahora Zapatero, la UGT sigue recibiendo cuantiosas sumas de dinero público. Y comisiones obreras también. Al cierre del ejercicio de 2010, el Ejecutivo tenía comprometido con los sindicatos una cifra superior a 15,86 millones de euros, 1,2 millones más que durante 2009. Mientras que a los funcionarios se les recortaba el sueldo, se eliminaba el cheque-bebé, se congelaban las pensiones y se reducían las ayudas comprometidas con las personas dependientes, a los sindicatos se les mimaba económicamente con ayudas directas. Tanto UGT como CC OO crecieron durante 2010 en torno a un 0,8% aproximadamente.

Gijón, 29 de marzo de 2011

José Luis Valladares Fernández