Desde que Mariano Rajoy
llegó a La Moncloa, comenzaron a crecerle espontáneamente los enanos. Va a
perder muchos votos, aunque no se lo crea, por la aplicación inesperada de tantos
y tan duros recortes que ha impuesto a
los de siempre, a los que menos culpa tienen y a los que más lo necesitan. Y
para ello utiliza interesadamente la disculpa de la crisis. Pero a esa abultada
pérdida de votos, tendrá que sumar otros muchos, que se van a esfumar indudablemente
por el trato de favor de su Gobierno a los terroristas de ETA.
Entre los ministros del
actual Gobierno, hay más de uno que, en vez de Mariano Rajoy, parece que se lo
eligió la oposición o alguno de sus más recalcitrantes enemigos políticos. Y
entre estos, destaca precisamente Jorge Fernández Díaz, titular del Ministerio
del Interior. Sus actuaciones resultan excesivamente descorazonadoras para las
víctimas del terrorismo, al comprobar una y otra vez el desparpajo con que
justifica las medidas de gracia que concede frecuentemente a los presos etarras.
Como nos supone duros de mollera, justifica el trato dado a Josu Uribetxeberria Bolinaga con disculpas
de Perogrullo, retorciendo la ley a su antojo y concluyendo muy ufano: si no se
le hubiera concedido el tercer grado, el
Gobierno habría “incurrido en prevaricación”.
El artículo 104.4 del Reglamento
Penitenciario es tan meridianamente claro, que no admite dudas y
disquisiciones: “Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables,
según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el
proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por
razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para
delinquir y a su escasa peligrosidad”. La
interpretación es muy simple: las instituciones penitenciarias tienen esa potestad, pero en ningún caso están
obligadas a ejercerla. Buena prueba de ello es que, según las estadísticas, cada
tres días muere un preso en situación terminal en las cárceles españolas. Pero
nadie ha visto que el Ejecutivo se desviva para que a estas personas se las
libere con tiempo suficiente para que puedan morir en sus casas. Estos pobres penados cometieron la torpeza de no estar
vinculados a la banda terrorista vasca.
El trato de favor otorgado
al carcelero de José Antonio Ortega Lara, evidencia palpablemente que el
Gobierno de Rajoy ha decidido continuar con la política de claudicación del
Estado de Derecho frente a ETA, iniciada hace ya años por José Luis Rodríguez Zapatero. Fue
llamativo entonces el caso de Iñaki de Juana Chaos, y hoy lo es, por muchas
razones, el del sanguinario Josu Uribetxeberria Bolinaga, implicado además en
el secuestro de Julio Iglesias Zamora y en la muerte de los guardias civiles
Mario Leal Vaquero, Antonio López y Pedro Galmares.
Y José Luis de Castro, juez central
de Vigilancia Penitenciaria, contraviniendo
el criterio de la Fiscalía, decreta la libertad de esta bestia
terrorista, aduciendo “razones humanitarias y de dignidad personal”. El juez Castro tampoco quiso tener en cuenta
que Bolinaga jamás se ha arrepentido de ninguno de sus crímenes, y que nunca ha
pedido perdón a sus víctimas ni ha tenido con ellas el menor gesto de buena
voluntad. Pero como se trata de un miembro destacado de ETA, Mariano Rajoy y
sus ministros se empeñan –ellos sabrán por qué- en seguir ciegamente la hoja de
ruta pactada por Zapatero para reintegrar supuestamente a semejantes monstruos
en la sociedad.
Es inconcebible que el
ministro de Interior afirme rotundamente que con la concesión del tercer
grado “se ha cumplido la ley, aunque nos duela haber tenido que tomar esta
iniciativa, si no la hubiéramos tomado hubiéramos recaído en prevaricación”.
Decir esto antes de que el forense
examinara a Bolinaga y antes de que se pronunciara la Fiscalía es, cuando
menos, una temeridad insensata, y un terrible sarcasmo para las víctimas del
terrorismo. Es incomprensible que se diga esto desde el Gobierno actual, cuando
todo mundo recuerda las enormes diatribas y los improperios con que el Partido
Popular obsequió a Zapatero cuando el caso de Juana Chaos. Y ahora terminan
claudicando ante ETA de una manera absolutamente
bochornosa y humillante. ¿Para esto dejaron morir inútilmente a Miguel Ángel
Blanco?
Por supuesto que Mariano
Rajoy intenta salvar la cara del Ejecutivo y, de paso, justificarse a sí mismo
por la excesiva consideración que han tenido con Josu Uribetxeberria Bolinaga.
Dice que “siempre se ha actuado igual, gobernara el PP o el PSOE”, pero asegura
tajantemente que no hay cambio alguno en la política antiterrorista. Va aún más
lejos en su intento de calmar a las víctimas del terrorismo y asegura que es él
el primero al que le repugna que este asesino salga de prisión. “Hay cosas que
no se hacen con gusto, como es natural, y esta no la hacemos con ningún gusto”.
Pero últimamente al jefe del Gobierno todo le sale mal. Hay tanta contradicción
entre lo que dijo y lo que hace, que ya no logra convencer a nadie. De ahí que
sigua en pleno auge la tormenta política generada con el despropósito de esa
excarcelación.
Para empezar, resulta
tremendamente sospechoso que, estando Bolinaga cumpliendo su condena en León,
se le traslade provisionalmente al Hospital Donostia de San Sebastián para que
determinen allí el alcance real de su enfermedad. ¿No había un hospital más a
mano, tan competente al menos como el de
San Sebastián? Que no se extrañen los responsables del Gobierno que se desesperen
hasta las bases de su partido y que recelen de la intencionalidad de semejante
traslado temporal al hospital donostiarra. De hecho, ya afloraron las primeras
suspicacias por la posibilidad de que la izquierda aberzale haya interferido
realmente en el diagnóstico que llegó al juez central de Vigilancia
Penitenciaria.
Ahí está el mosqueo
monumental que se ha desatado porque tal diagnóstico está firmado simplemente
por una supuesta “comisión médica” del servicio vasco de salud, sin que
aparezcan los nombres concretos de los doctores que avalan semejante estudio. Se
da además la circunstancia de que ese diagnóstico ha sido desmontado por la
forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, y que incluso va más allá al
afirmar terminantemente que el terrorista Bolinaga “en la actualidad no se
encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos”.
El Ministerio Público,
fundándose en el informe médico de la forense de la Audiencia Nacional,
discrepa profundamente de las tesis que llevaron al juez José Luis de Castro a
decretar la libertad de Bolinaga. Según el fiscal, los precedentes utilizados
por el juez de Vigilancia Penitenciaria son cuando menos inexactos, ya que no
es terminal y, por lo tanto, puede ser tratado correctamente de su dolencia en
prisión. Además, ha demostrado fehacientemente que no se ha arrepentido de sus
actos, ya que sigue con toda fidelidad dentro de la cárcel las consignas que le
llegan de ETA.
Aunque Mariano Rajoy optó
inicialmente por sortear esta tormenta política de la manera que más le gusta,
guardando silencio, no ha tenido más remedio que hablar para respaldar a su
ministro Jorge Fernández Díaz ante las críticas fundamentadas de Jaime Mayor
Oreja. Y como no podía ser menos, también salió a la palestra Alberto Ruiz
Gallardón, otro de los ministros atípicos de este Gobierno. Continuaremos sin
conocer los entresijos del atentado del 11M, no sabremos nada del chivatazo del
bar Faisán, pero el ministro de Justicia nos aclara puntualmente que la
libertad de este etarra se justifica, porque “No somos como ellos”.
Ni el presidente del
Gobierno, ni sus ministros, son conscientes del daño que están haciendo al
Partido Popular. Eso de que digan una cosa y hagan después la contraria, saca
de quicio a cualquiera. Cuando reaccionen adecuadamente va a ser demasiado
tarde y habrán perdido buena parte de la base electoral más firme del partido,
pues la firmeza contra ETA es algo irrenunciable para las víctimas del
terrorismo. Y las torpezas que se están cometiendo va a llevar a muchos a
repetir lo que dijo Gabriel Elorriaga en mayo de 2008: "lo que ahora se necesita es un liderazgo
renovado e integrador, y eso es algo que, aunque me pese, Mariano Rajoy no está
en condiciones de ofrecer".
Gijón, 3 de septiembre de
2012
José Luis Valladares
Fernández
