6.-Sin consumo no hay recuperación

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su triunfo en las elecciones de 2008, una buena parte de la sociedad española estaba plenamente convencida de que había traspasado la puerta,  donde, según Dante,  había un letrero que rezaba así: “¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”. Empezó aquí una legislatura que parecía interminable, en la que Zapatero, emulando al mítico Dédalo, se dedicó preferentemente a construir su laberinto particular. Y condenó a toda la clase media a vagar perdida por sus innumerables pasillos sin más alternativas que ser devorada por el Minotauro de la crisis económica.

Con la convocatoria de elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011, renació nuevamente la esperanza y los ciudadanos se volcaron sin reservas con Mariano Rajoy, creyendo que habían encontrado por fin al Teseo que necesitaban para que se enfrentara y venciera definitivamente a la bestia de la crisis. Todos pensábamos que utilizaría el ovillo de hilo proporcionado por Ariadna para sacarnos de tan terrible laberinto, eliminando gastos absurdos y no imponiendo nuevas cargas fiscales, ni recortes, a quienes ya no daban más de sí.

Pero la euforia duró muy poco. Unos días después de que el nuevo Gobierno se hiciera cargo de la situación, los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, sumieron en la desesperanza y en el desánimo a la mayor parte del electorado. Mariano Rajoy había prometido reiteradamente bajar los impuestos y aplicar el programa que tan buenos resultados dio con José María Aznar. Pero nada más acceder a la Presidencia del Gobierno, cambió inesperadamente de planes, aparcó su propio programa y asumió la política de recortes y subida de impuestos iniciada en mayo de 2010 por Zapatero.

Además de otras muchas medidas, congela el sueldo de los funcionarios e incrementa el horario laboral de los mismos, que pasa de 35 a  37,5 horas semanales. Se crea igualmente un gravamen complementario destinado, al parecer, a la reducción del déficit público. Este inesperado incremento del IRPF fue calificado de temporal, ya que, en principio, se iba a aplicar solamente en los ejercicios de 2012 y 2013. Hoy sabemos que se mantendrá también durante todo el año 2014. Los porcentajes aplicables van del 0,75% para las rentas más bajas, hasta el 7% para las más altas.

CAMBIEMOS DE UNA VEZ

Uno de los filósofos presocráticos más destacados de la antigua Grecia fue, sin duda alguna, Parménides. Una de sus enseñanzas estrella era que nuestros sentidos nos engañan, ya que nos transmiten sensaciones erróneas que provocan en nosotros la ilusión de que nos movemos y de  que también se mueve todo lo que nos rodea. Y el movimiento no existe, es una falacia sensorial porque, según su doctrina básica, lo que es, es eterno, ingente e imperecedero, ya que de nada carece, es integro y por lo tanto inmóvil.  De ahí que, según Parménides, todo lo que los mortales pensaron que era verdadero, se queda en un simple conjunto de nombres para designar cambios y mutaciones que en realidad  no existen.

Y Zenón de Elea, uno de sus discípulos directos, para explicar debidamente las tesis de su maestro, elaboró una serie  de paradojas o sofismas, entre las que sobresale la que presenta al corredor  Aquiles compitiendo en una carrera nada menos que contra una tortuga. Aquiles, que era muy ligero, confiaba ciegamente en sus posibilidades y no tuvo inconveniente alguno en dar inicialmente una gran ventaja a la tortuga. Cuando la tortuga había ya hecho una buena parte del camino, sale Aquiles y en poco tiempo recorre la distancia que los separaba, pero se encuentra con la sorpresa de que la tortuga ya no estaba allí, pues  había avanzado otro pequeño trecho. Sigue corriendo, pero al llegar de nuevo donde está la tortuga, ésta ha avanzado un poco más. Y así una y otra vez, hasta que Aquiles se da cuenta de que  no puede ganar la carrera, porque la tortuga siempre estará por delante de él.

Esta aporía de Zenón podemos aplicarla tranquilamente a los esfuerzos más o menos desesperados que hace Mariano Rajoy y su Gobierno para reducir significativamente  nuestra disparatada deuda y mantener el déficit público dentro de unos márgenes razonables y como Aquiles, va siempre detrás de la tortuga. Cuando recoge lo recaudado con el incremento del IRPF y con la subida del IVA para amortizar deuda y mejorar nuestro déficit, se encuentra con que ha habido nuevos gastos y se ha complicado aún más nuestra situación económica. Los gastos, como la tortuga, siguen en cabeza de carrera. Y todo porque hemos preferido aumentar los impuestos sin ocuparnos de racionalizar adecuadamente  los gastos.

Los datos no pueden ser más descorazonadores. Desde enero hasta julio, se desboca el déficit de la Administración Central, alcanzando la cifra  de 48.517 millones de euros, nada menos que un 25,8% más con respecto al año pasado. Esto representa ya el 4,62 del PIB y nos hemos comprometido solemnemente con Bruselas a no superar el 4,5% de déficit al finalizar el año 2012. Llevamos contabilizados hasta julio un gasto de 100.694 millones de euros y los ingresos totales no han sobrepasado los 52, 177 millones de euros. Dicen que todo esto es debido a las transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social. Será verdad, pero el abultado desfase entre ingresos y gastos está ahí y, además, no es precisamente pequeño.

Además de las complicaciones provocadas por la constante subida del déficit público, la deuda también es motivo de preocupación. Durante ese mismo período de tiempo, los gastos financieros se dispararon llegando hasta los 20.030 millones de euros, lo que supone un aumento del 115,9%.  Y todo esto porque la deuda pública, lo mismo que los intereses, no  han parado de crecer en todo lo que va de año. El calendario de vencimientos también contribuye notablemente a ese incremento desmedido de gastos financieros.

Es tan complicada nuestra situación que las medidas de medio pelo son absolutamente inútiles y hasta contraproducentes. Es cierto que la salida de la crisis es posible, pero el Gobierno de Mariano Rajoy está complicando innecesariamente nuestra recuperación económica y, si cabe, agravando aún más nuestros problemas. Es un error de bulto fiarlo todo a unos duros recortes y a una elevación desmesurada de impuestos. A los ciudadanos de segunda se les está esquilmando, al confiscarles descaradamente la mayor parte del fruto de su trabajo. Entre IRPF, IVA y otros impuestos determinantes del alza de los precios de la luz, del gas y de otros muchos artículos, la clase media ha tenido que soportar una subida de las cargas fiscales de nada menos que 12 puntos.

Y el Gobierno de Mariano Rajoy, entre tanto,  sesteando tranquilamente y observando al pie de la letra aquello de que “En tiempos de crisis no hacer mudanzas”, que dijo San Ignacio de Loyola. Es cierto que han hecho algunas reformas, pero buscando siempre salvaguardar los exagerados privilegios de la casta política. Urge la reforma energética, y ya es hora de completar la reforma del sistema financiero, despidiendo sin miramiento alguno a los malos gestores que llevaron a la ruina a las entidades bancarias. Pero ante todo, abordar decididamente  y sin miedo la reforma de las administraciones públicas. 

El Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, en la actualidad es absolutamente insostenible. Con la burbuja inmobiliaria en su auge, mal que bien, se iba manteniendo el sistema con las mordidas de los permisos,  los cambios de clasificación de terrenos y otros ingresos atípicos que tenían el mismo origen. Pero todo esto se volatilizó al estallar dicha burbuja. A pesar de todo, y para mayor gloria de la casta política, se mantiene contra viento y marea nuestro modelo administrativo, que es sumamente caro, ineficiente y que, para más INRI, es una fuente inagotable de deslealtad constitucional y generadora  de grandes dosis de desconfianza de nuestros socios europeos.

Para sanear las cuentas públicas no hay más que un camino, que no es otro que el de ajustar rigurosamente los gastos, sin incidir demasiado en los impuestos. Los responsables políticos, hasta ahora, han optado equivocadamente por aumentar la recaudación en vez de reducir convenientemente los gastos corrientes derivados, sobre todo, de nuestra desmesurada estructura administrativa. Una fiscalidad extremadamente alta, en tiempos de crisis, estrangula el consumo y, por lo tanto, dificulta la recuperación económica. Acertaba  Mariano Rajoy cuando, en 2010, protestaba porque Rodríguez Zapatero subía el IVA y aseguraba rotundamente  que “subir el IVA es un  disparate”, porque “la subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados”.  Pero no acierta cuando el mismo decide subir el IVA contra todo pronóstico, y nos coloca entre los países de la Unión Europea que más impuestos pagan, por delante de Alemania y Francia.

Está visto que los responsables de los partidos políticos, incluidos los del Partido Popular, antes que tocar el Estado de las Autonomías, prefieren recortar el estado de bienestar. Y esto no es lógico, ya que la mayor parte de nuestros problemas económicos se deben a esa mastodóntica administración que padecemos. Así como José Luis Rodríguez Zapatero se durmió en los laureles y no hizo prácticamente nada a derechas para revertir la situación, Mariano Rajoy efectuó  unas reformas valientes y decididas, pero que no han surtido el efecto esperado. El motivo principal de la ineficiencia de tales medidas hay que buscarlo en el tamaño y en la complejidad de nuestro sistema de administración que suscita entre nuestros socios europeos y en los mercados internacionales toda clase de suspicacias y ninguna esperanza de que, sin un cambio drástico, salga a flote nuestra economía.  También es causante de enormes recelos la actitud beligerante de las autonomías de Cataluña y Andalucía que prácticamente se declaran en rebeldía. Cataluña, como berrinche por no conseguir el Pacto Fiscal, se decanta ahora por la secesión y Andalucía se niega a reducir el déficit.

Es urgente simplificar y racionalizar nuestra administración y recobrar por parte del Estado competencias que nunca debieron ser transferidas como Justicia, Sanidad y Educación. Más que en la recaudación para reducir deudas, hay que poner el énfasis en la eliminación de gastos inútiles para recuperar la economía. Son muchos los gastos superfluos invertidos tontamente en mantener artificialmente muchos órganos absurdos que no sirven nada más que para consumir superfluamente cantidades ingentes de dinero. Hay que acabar, hoy mejor que mañana, con las duplicidades administrativas, las empresas públicas, las agencias, las fundaciones y los distintos comederos creados intencionadamente para repartir toda clase de prebendas entre los familiares y amigos más cercanos.

Nadie nos gana a gastar estúpidamente el dinero que no tenemos. El multilingüismo absurdo del Senado nos cuesta 6,000 euros por sesión, quemados estúpidamente para mantener la traducción simultánea en un foro donde todos hablan el español. Para empezar, hasta el mismo Senado es una institución tan perfectamente inútil e igual de cara que las Autonomías. Pero a pesar de todo mantenemos esta Cámara, como mantenemos las Autonomías, para dar cobijo a un buen número de santones de la política, porque no han aprendido a ganarse la vida de otra manera. Esperemos que algún día cambie esto.

Gijón, 15 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

MEJOR ESTARÍAN CALLADOS

La política de tierra quemada, practicada insensatamente por José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno, sumió a España en la miseria más estricta. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, el actual secretario general del partido socialista, es uno de los máximos responsables de que hayamos llegado a esta situación tan desesperada. Con despotricar incesantemente contra todo lo que dice y hace Mariano Rajoy, no se resuelve el problema que contribuyó a crear desde su posición de todopoderoso vicepresidente de aquel Gobierno de ineptos.

Aunque ahora se haga el sueco, Rubalcaba es responsable directo del descabellado derroche de dinero público y de la mala gestión de la crisis, lo que fue determinante para el hundimiento económico de España, dejándola prácticamente al borde mismo de la quiebra más absoluta. La situación económica dejada por el Gobierno de Zapatero fue tan extremadamente caótica que, sin medidas extraordinarias, no habría modo de solventarla. El déficit de 90.000 millones de euros y la deuda pública rondando nada menos que el billón de euros, es un lastre poco menos que insalvable para una economía tan poco competitiva como la nuestra.

El panorama que nos dejó el PSOE cuando abandonó el Gobierno, fue de lo más catastrófico y desolador que se pueda imaginar. En vista de esto, si los responsables de ese partido tuvieran un mínimo de decoro y de decencia política, se callarían como muertos y se abstendrían de criticar tan ácidamente las actuaciones acertadas o erróneas del nuevo Gobierno. Y el menos indicado para levantar la voz es precisamente Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque es evidente que es sumamente fácil hundir a un país en la ruina más absoluta. Lo verdaderamente difícil y complicado es sacarnos de esa situación tan angustiosa.

El incombustible ex vicepresidente está totalmente inhabilitado para levantar la voz, primero, por su responsabilidad directa en las decisiones adoptadas por el Gobierno de Zapatero y que fueron determinantes para meternos de lleno en la debacle económica que padecemos. También debe callarse, cómo no, por haber formado parte de los Gobiernos de Felipe González que, entre otras cosas, contribuyeron delictivamente a la proliferación  de empresas tapadera para autofinanciar ilegalmente al partido, como Filesa, Malesa y Time Sport. Los responsables de aquellos Gobiernos cesaristas, se las daban de proletarios que sintonizaban perfectamente con los descamisados, pero se transmutaron rápidamente en la flor y nata de la beautiful people de entonces. Y además de endeudarnos hasta las cejas, abusaron desmedidamente de los fondos reservados y, lo que es aún peor, practicaron profusamente el terrorismo de Estado con los GAL, cuya existencia negó una y otra vez Rubalcaba. Se le ha visto demasiado el plumero.

Aunque no sea nada más que por vergüenza torera, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de haber entonado un sincero mea culpa, debiera haberse ido a su casa a expiar en silencio sus muchos pecados políticos. Y ya que no lo hizo a su debido tiempo, que se calle ahora la boca, y que se entere de una vez que las más chapuzas más gigantescas son las suyas. Es cierto que Mariano Rajoy no ha estado, quizás, a la altura de las circunstancias y ha defraudado ampliamente a muchísimos de sus votantes, entre los que hay un buen número de afiliados al Partido Popular. Pero hay que reconocer, sin embargo, que estamos en una situación económica tan sumamente complicada que, a la vista está, es poco menos que insuperable, especialmente si nos empeñamos en mantener intacto el Estado megalómano y faraónico de las autonomías que nos hemos dado.

El problema que nos acucia es extremadamente grave y muy difícil de alambrar y, además, no admite ni esperas ni dilaciones. Así que  Rajoy no va a tener más remedio que mojarse y actuar a la mayor brevedad posible. Aunque sea éste su método preferido, no podrá guardar este problema en un cajón y esperar a que se solucione solo. Y es que en España tenemos ya el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea. Hay ya más de 11 millones de españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Somos incluso más pobres que Grecia y Portugal. También somos el país de la Europa comunitaria que soportamos la mayor tasa de desempleo, superando ampliamente a Grecia y, sobre todo, a Portugal. En cuanto a déficit público, solamente nos ganan Grecia e Irlanda. A los demás países les ganamos por goleada. Por el contrario, con la única excepción de Bélgica, Dinamarca y Suecia, somos los que más impuestos pagamos.

Pero al revés que en Bélgica, en Dinamarca y en Suecia, los impuestos de los españoles apenas si llegan para proteger  y consolidar el estado de bienestar y para reducir nuestro abultado déficit. Se gastan casi todos para mantener intacta la sobredimensionada estructura autonómica para disponer  del mayor número posible de comederos abiertos para la casta política.  El mantenimiento de una Administración de semejantes características exige ingentes cantidades de dinero, bastante más del que podamos recaudar. Así que necesitamos urgentemente, y de manera continuada, de la financiación extranjera. Pero los inversores de fuera no se fían de nosotros. Nos creen insolventes y, por consiguiente, son tremendamente reacios a prestarnos su dinero.

Los inversores foráneos y nuestros socios europeos comenzaron a dudar de nuestra seriedad y solvencia con las necedades y los despropósitos de José Luis Rodríguez Zapatero y continúan haciéndolo porque ven que Mariano Rajoy contemporiza demasiado y es tremendamente reacio a simplificar y racionalizar nuestro sistema autonómico. Contribuyen también a ahondar considerablemente esa desconfianza, los caprichos y las salidas de tono  –por no decir algo más fuerte-  de alguno de los  virreyes circunstanciales, que aspiran a disgregar, aún más, las regiones españolas. Y es que la dimensión de la Administración española es excesiva y está tan repleta de cargos públicos que contribuyen desgraciadamente a que ésta sea mucho más complicada y, en consecuencia, bastante menos  operativa.

El Gobierno de Mariano Rajoy piensa que se resuelve nuestro problema económico, mejorando simplemente la gestión de las autonomías y suprimiendo alguna de las duplicidades más llamativas. Y así no se soluciona nada, ya que el problema de la Administración es estructural. La existencia de 17 legislaciones diferentes rompe, por supuesto, la unidad de mercado y entorpece manifiestamente la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo.  Pero esto no es todo. El dinero que nos cuestan las autonomías sobrepasa los 86.000 millones de euros al año, que salen de nuestros esquilmados bolsillos en forma de impuestos.

Aunque el tamaño del Estado español es relativamente pequeño, se procedió absurdamente a su disgregación, creando otras estructuras administrativas más pequeñas, que se encargan  de gobernar cada una en su región. Buscando su operatividad, se traspasa a estas nuevas entidades autonómicas competencias que, hasta ahora, gestionaba exclusivamente el Estado, y con las competencias, el personal correspondiente, 821.357 empleados. Pero a partir de entonces, los operarios de las autonomías comenzaron a crecer exponencialmente, y muy pronto contaban ya con 1.740.000 empleados, nada menos que 920.000 trabajadores más para hacer lo mismo que hacían los 821.357 empleados transferidos inicialmente.

Esto indica que, de esos 920.000 asalariados, una inmensa mayoría al menos son lisa y llanamente personal enchufado en fundaciones, agencias y empresas públicas, creadas ex profeso  por las autonomías y ayuntamientos precisamente para eso, para colocar a dedo a los familiares, a los amigos más cercanos y, cómo no, para facilitar la  comisión de los tradicionales enjuagues y chanchullos. En vista de esto, Mariano Rajoy y los responsables políticos de los demás partidos no quieren ni oír hablar de la supresión de las autonomías, porque sería tanto como dejar a la casta política sin su  juguete más preciado y a muchos de sus amigos en el paro.

Para mantener el tipo ante nuestros socios europeos, u obligado por ellos, Zapatero comenzó  a exprimir a los paganos de siempre, a los más débiles,  hasta dejarlos totalmente exhaustos. Siguió, eso sí, con sus desorbitados gastos, pero congeló las pensiones,  redujo el salario a los trabajadores públicos y, para colmo de males, nos subió el IVA. Y todo esto, sin tomar una sola medida que pudiera reactivar la economía y favorecer la creación de empleo.

Con la llegada de Mariano Rajoy cambian muy pocas cosas ya que practica una política claramente continuista. Recorta algunos gastos superfluos, eso sí, pero mantiene intactos los gastos de administración. Como los ingresos normales no dan para tanto, imita a Zapatero, recurriendo tranquilamente al expolio de los que más lo necesitan, aumentando considerablemente la fiscalidad.  No sabemos si fue una decisión personal de Rajoy o una imposición de  Bruselas; el caso es que nos subió el IRPF, subió también el IVA y hasta se atrevió a dejar a los funcionarios sin la paga extraordinaria de Navidad. Y para colmo de males, como ya es tradicional en la derecha, falla aquí la comunicación, lo que da lugar a que los ciudadanos sigan con la sensación de que el Gobierno se limita a parchear torpemente la situación para cubrir el obligado expediente.

No cabe duda Mariano Rajoy se equivocó de estrategia en la campaña electoral del pasado 20 de noviembre. Al parecer, la totalidad de ciudadanos, que seguían con  preocupación los vaivenes de nuestra tambaleante economía, sabían perfectamente  que las afirmaciones del equipo económico del Gobierno de Zapatero no eran más que solemnes bravatas. Estaban todos plenamente convencidos de que, cuando salieran del Gobierno, España quedaría sumida prácticamente en la quiebra y sometida a los caprichos de Bruselas.

Pero Mariano Rajoy, según parece, se fio, se dejó engañar lamentablemente por las fanfarronadas de Elena Salgado, al frente entonces del Ministerio de Economía. De otro modo, no hubiera hecho las promesas que hizo en la campaña electoral, porque sería tanto como prometer algo que sabe no va a poder cumplir. Y esto sería algo imperdonable en alguien que aspira a dirigir los destinos de todos los españoles. De todos modos, Rajoy cometió un fallo inexcusable al hacer esas promesas, a pesar de los indicios claros del hundimiento total de nuestra economía. Prometió alegremente reducir algunos impuestos, o al menos no subirlos, a lo que no habría nada que objetar en unas circunstancias normales. Pero esas mismas promesas son realmente infumables cuando, como es el caso, se hacen en una situación manifiesta de quiebra. Toda una inconcebible y disparatada metedura de pata.

Excusarse  con la herencia recibida, a estas alturas,  resulta totalmente absurdo. Mariano Rajoy tenía que saber, o al menos sospechar, la situación real de nuestra economía.  Debió prometer sangre sudor y lágrimas de todos los colectivos, incluidos los de la casta política. El desprestigio del zapaterismo era de tal envergadura, que hubiera ganado igualmente las elecciones y, ahora, no se encontraría con esa contestación tan generalizada.

Barrillos de Las Arrimadas, 29 de agosto de 2012

José Luis Valladares Fernández

EL DESPILFARRO DE LAS AUTONOMÍAS

Cuenta Suetonio que Julio Cesar, en la exhortación dirigida a sus soldados tras cruzar el Rubicón, pronunció esta frase, que pasó a ser una de las más famosas pronunciadas por el general romano: “Vayamos a donde nos llaman los presagios de los dioses y la inequidad de nuestros enemigos. Que la suerte lo decida”. Tras el fracaso de Cesar en sus reiterados intentos para alcanzar la cúpula del poder, optó por enfrentarse directamente al Senado, a Pompeyo y a todos  los  que se empeñaban en cerrarle el camino.

Algo así está pasando con los desesperados intentos del Gobierno parar salir de esta crisis insistente que se resiste a dejar paso a una recuperación económica tan deseada. Todos los intentos por superarla están resultando inútiles. Ni los recortes, ni las imposiciones fiscales han dado resultados positivos. Más bien todo lo contrario. Dichas medidas nos han hecho más pobres y han dado al traste con una parte considerable de nuestro estado de bienestar. Y a pesar de la aparente buena voluntad del Gobierno para buscar soluciones, nuestra credibilidad está por los suelos, la prima de riesgo por las nubes y arden nuestras calles. Las empresas están al borde de la quiebra por falta de financiación y los capitales foráneos huyen precipitadamente de España. Y por si todo esto fuera poco, los mercados financieros desconfían de nuestra solvencia.

La apelación constante a la herencia recibida resulta tan baldía como los tímidos intentos desplegados hasta ahora por Mariano Rajoy para cuadrar las cuentas y transmitir una imagen de país que cumple fielmente con todos sus compromisos. Nada de esto ha logrado frenar la espiral de incertidumbre que nos ha llevado al borde del rescate. Y ya se sabe, el rescate o la intervención completa nos convertiría en un país súbdito, sin soberanía y sin libertad. Y el Banco Central Europeo no quiere saber nada de esa perentoria necesidad que tenemos de que compre masivamente deuda española para aliviar el acoso al que nos someten los mercados financieros. Así que, como hizo Julio Cesar en su momento, Mariano Rajoy debe dejar a un lado sus  complejos para dedicarse a buscar la suerte sin tapujos para que  ésta deje de ser esquiva.

Nuestra situación es extremadamente grave. No olvidemos que desde 2007 hasta finales de 2011 hemos gastado cantidades ingentes de dinero, unos 352.000 millones de euros más de lo que ingresamos. El desfase durante el año 2011 es especialmente significativo, ya que despilfarramos más de 90.000 millones de euros por encima de lo recaudado. Este aumento brutal del déficit ha multiplicado desmesuradamente nuestra deuda pública hasta representar el 80% del PIB. Deuda que, por otra parte, nos cuesta mucho colocar y siempre a un coste cada vez más alto.

Para enjugar semejante desfase, el Gobierno de Rajoy impone unos recortes, demasiado duros para el que los soporta, pero extremadamente mojigatos e insuficientes para el volumen de la deuda contraída. En el mejor de los casos, con la aplicación del copago y otras gaitas, podemos ahorrarnos en Sanidad unos 7.000 millones de euros. Las subidas de las tasas académicas podrían reportarnos, como mucho, alrededor de 3.000 millones de euros. Con estas dos cantidades, a las que habría que sumar aproximadamente otros 4.500 millones de euros, procedentes de la supresión absurda de la paga extra de los funcionarios, apenas si lograríamos dar un mordisco imperceptible a la deuda pública. Ni agregando lo que se pueda recaudar a mayores por las intempestivas subidas del IVA y del IRPF, lograríamos reducir significativamente nuestros números rojos.

Dada la magnitud de nuestra deuda, no es de recibo que se impongan unos duros recortes a los de siempre, a los que menos culpa tienen de la situación creada, con el agravante de que se sabe de antemano que no va a servir de nada. Se trata  de unos simples parches ocasionales que solo sirven para prolongar inútilmente la agonía. Otra cosa muy distinta es que, con semejantes recortes, reiniciáramos claramente la recuperación económica y financiera. Entonces estarían plenamente justificados, siempre que el esfuerzo alcanzara a todos los ciudadanos de manera proporcional a sus posibilidades económicas, algo que tampoco se tuvo en cuenta. Este tijeretazo ha sido absurdo y contraproducente, ha hecho un daño desproporcionado al ciudadano medio, lo acosa y lo empobrece indebidamente y deja a España sin liquidez. Y todo ello, como hemos visto, para nada.

El desmadre económico y financiero es de tal envergadura que España requiere una catarsis total, que hasta es preciso incluso cambiar la mentalidad económica de todos. Hay que empezar reajustando y dinamizando la economía, si es que queremos amortizar la disparatada cantidad de deuda que hemos acumulado. Y querer solucionar esto con una simple subida de impuestos, además de inútil, resulta francamente suicida. De este modo dejamos al descubierto nuestra manifiesta incapacidad para rebajar significativamente nuestra deuda. Y esto es algo que siempre tienen en cuenta los inversores.

Y una de dos, o ponemos los puntos sobre las íes y simplificamos considerablemente nuestra administración para reducir los gastos estructurales que ahogan  nuestra economía, o el rescate será inevitable. Los últimos esfuerzos exigidos a los ciudadanos medios no impiden en absoluto que sigamos gastando, al menos este año, unos 70.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Y aplicando los correspondientes intereses, llegamos al consabido desfase de 90.000 euros. Más o menos, el doble de lo que ingresamos aplicando los últimos recortes. Solamente evitaremos el rescate total reduciendo inteligentemente el gasto público. Y para eso, no tenemos nada más que un camino: eliminar el Estado de las autonomías o, cuando menos, dejarlas reducidas a su mínima expresión.

Pero Mariano Rajoy, lleno de complejos, sigue empeñado en ponerse de perfil y espera que, sin hacer prácticamente nada,  se produzca el milagro de nuestra recuperación económica. Y aunque nuestro modelo autonómico es muy ruinoso, no quiere tocarlo, porque acabar con las Comunidades Autónomas, sería tanto como cerrar definitivamente una interesante agencia de colocación al servicio de los partidos políticos. No importa que nos asfixien financieramente con sus despilfarros, sus duplicidades y su descomunal  endeudamiento. Pero es que si desaparecieran las Autonomías, se evaporaría simultáneamente la principal bicoca con que cuentan los políticos. Y muchos de ellos, entonces,  tendrían que ganarse la vida fuera de la política, tendrían que trabajar. Y esto es algo a lo que no están dispuestos.

Si queremos recuperar nuestra credibilidad y volver a ocupar el puesto que nos corresponde, dentro del concierto europeo y mundial, debemos derribar sin contemplaciones muchas ciudadelas particulares y muchos de los tinglados creados con toda la mala intención por una casta política, para así poder vivir perennemente del cuento, a costa del sudor ajeno. Sobran por lo tanto los reinos de taifas y sobran todos sus virreyes, alguno de los cuales se empeña torpemente en restablecer, a estas alturas, el sistema feudal. Y con estos virreyes, sobra toda su tropa y su exótica colección de escuderos. Sobra también el Senado con todo su boato, su piscina y sus absurdos pinganillos. Sobran televisiones públicas y autonómicas y sobran, por supuesto,  infinidad de pesebres y comederos varios donde se solazan descaradamente tantos vividores como produce la clase política española.

No es hora de reclamar competencias y privilegios que nos singularicen y nos distingan de otras regiones españolas. Y como no es de recibo que, dentro de la Unión Europea, haya Gobiernos que se financien al 0% y otros, como es ahora el caso de España, tengan que hacerlo incluso por encima del 7%. Para evitar semejantes despropósitos, en vez de exigir pactos fiscales particulares  como hace ahora Cataluña, hay que tratar de conseguir una unión bancaria, fiscal y presupuestaria común para todos los que formamos parte de esa Unión Europea.

Barrillos de Las Arrimadas, 26 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández

LOS RECORTES DE MARIANO RAJOY

Las hemerotecas son tremendamente fatídicas, sobre todo para los políticos, ya que, cuando menos lo esperan, les deja con sus vergüenzas al aire. Es lo que le está pasando a Mariano Rajoy. En un acto del Partido Popular, celebrado en marzo de 2010, se atrevió a descalificar y a abroncar abiertamente a José Luis Rodríguez Zapatero por su decisión de subir el IVA. En dicho acto de partido, sin titubeo alguno, soltó aquello de que el incremento de este impuesto era “el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas”.

Y mira por dónde aquella subida del IVA, decretada inesperadamente por Zapatero, era mucho más moderada que la dictada ahora por Rajoy. En 2010, Rodríguez Zapatero optó por penalizar el consumo de bienes y servicios en el tipo general con una subida de dos puntos, y el reducido en un punto. Y al lado de otras medidas puramente cosméticas, congeló las pensiones y redujo una media del 5% el salario de los trabajadores públicos.

Mariano Rajoy ha ido bastante más lejos. El pasado día 11, para tratar de cuadrar las cuentas públicas, presentó en el Congreso el mayor programa de ajustes desde que recuperamos la democracia. Con estos recortes, además de birlar la paga extra de Navidad a los empleados públicos, suprime la deducción por compra de la primera vivienda y recorta el subsidio de desempleo a partir del sexto mes. No contento con esto, anuncia una subida de tres puntos del tipo de IVA general y dos el reducido. Y completa el paquete de ajuste fiscal, pasando al tipo general varios artículos y servicios que hasta ahora habían tributado en el tipo reducido, como las gafas, lentillas, los servicios funerarios, las peluquerías, las salas de espectáculos y determinado instrumental sanitario y agrícola. Artículos y servicios que suben, ahí es nada, 13 puntos de golpe, pasando de un plumazo del 8% actual a tributar al 21%. Y más grave aún: el material escolar, que hasta ahora se despachaba con un 4%  de IVA por pertenecer al tipo súper reducido, pasará en septiembre a tributar el 21% al pasar al grupo general.

Para Mariano Rajoy y para su guardia de corps, las subidas de IVA o de cualquier otro impuesto para salir de una crisis eran algo aberrante y sacrílego. De ahí que no se ahorraran descalificaciones de grueso calibre, cuando Zapatero desoyó las recomendaciones y subió precipitadamente el impuesto del valor añadido. Llegó a calificarle de “mal gobernante”, sin pensar que, semejante baldón, cae ahora merecidamente sobre sus espaldas. Pero ha demostrado claramente que, como dicen en mi pueblo, no es lo mismo predicar que dar grano.  Rajoy decreta ahora una subida considerable del IVA y trata de justificar su actuación diciendo que “hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios”. Dice que ya no podemos permitirnos el lujo de escoger.

Este inesperado gravamen fiscal deja en nada el programa electoral del Partido Popular y resulta altamente perjudicial para los consumidores y hasta para los empresarios, que verán disminuidas sus ventas una vez trasladen este incremento fiscal a los precios de sus productos. Pero, como siempre, la peor parte se la lleva evidentemente el que menos culpa tiene, el ciudadano medio, que es el que en realidad paga el pato de los despilfarros obscenos de Zapatero ya que, cuando hay que realizar un ajuste, es del primero que se acuerdan, pero solo para estrujarle y exprimirle injustamente.

Todos esperábamos que Mariano Rajoy, al revés que Rodríguez Zapatero, aportara algo de cordura y sensatez a la vida pública,  abordando adecuadamente nuestros problemas económicos, reduciendo el excesivo gasto administrativo corriente y cortando de raíz el uso habitual del dinero público al servicio de fines estrictamente políticos. Pero por comodidad, o para no incomodar a la exigente clase política, se  deja llevar y son los ciudadanos de a pie, los asalariados, los que siguen cargando indebidamente con el mochuelo, lo que supone un deterioro constante de su estado de bienestar.

Mariano Rajoy aplica aquí, quizás sin saberlo, la doctrina de marcado carácter masónico, expuesta en 1732 por Bernard Mandeville, en su libro La fábula de las abejas. Para Bernard Mandeville, lo mismo que para muchos responsables políticos actuales, no es conveniente que los trabajadores se enriquezcan y lleven una vida cómoda, ya que para que sean útiles y trabajen deben tener necesidades, necesidades que, por otra parte, “es prudente mitigar, pero absurdo eliminar”. En esta misma línea está también el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton  que dice que es completamente disparatado universalizar  los beneficios del bienestar para todos los que lo necesiten.

Y nada mejor para mantener a raya a los ciudadanos medios que cargarles continuamente con elevados impuestos y abundantes recortes para que  no puedan sentirse satisfechos con el nivel económico alcanzado. Es la manera más sutil de obligarles a pedir árnica y a que busquen en el trabajo mejorar su nivel de vida y la de los suyos. Vana ilusión, porque vendrá detrás el fisco y, como ha sucedido siempre, se llevará descaradamente una buena parte del fruto de su trabajo. Y nos guste o no nos guste, es la política que está aplicando, con toda crudeza, el Gobierno del Partido Popular.

Repiten una y otra vez en todos los tonos posibles que, para salir de la crisis, se necesita la colaboración unánime de todos los ciudadanos, Todos deben asumir el enorme sacrificio de renunciar resueltamente a cuotas de bienestar social, si es que queremos salir de este atolladero. Es cierto que, como dijo Rajoy en el Congreso, "los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas". Pero, para no variar, el mayor esfuerzo es siempre para el más débil, el asalariado e incluso para el que ha perdido su trabajo.

El sacrificio de los demás es puramente simbólico y testimonial. Los que no viven de una nómina, disponen normalmente de suficientes recursos y no se enteran de las dificultades. Los políticos, como de costumbre, tampoco saben lo que cuesta un peine. Algunos cobran más de un sueldo y la mayoría de los que cobran un solo sueldo -y no precisamente pequeño- suelen tener otros ingresos atípicos que ocultan celosamente a los profanos. Los políticos y los banqueros, además de mantener íntegros todos sus privilegios, son los únicos profesionales españoles que disfrutan de unos ingresos perfectamente homologables con los de la Unión Europea.

La sangre, el sudor y las lágrimas son para los currantes, para los que de verdad dejan girones de su vida intentando arreglar lo que estropean otros, principalmente los que viven holgadamente de la política. Y el Gobierno de Mariano Rajoy ha cometido la enorme torpeza de anunciar simultáneamente el reparto de 33 millones de euros entre los partidos y el endurecimiento notable de los recortes que va a aplicar. No es de recibo que proclamen por activa y por pasiva que las arcas públicas están vacías y no hay dinero ni para pagar los sueldos de los funcionarios y a la vez que  se repartan una cantidad importante de dinero.

Tampoco resulta tranquilizador para los verdaderos paganos de la crisis, enterarse de que el lendakari vasco, Patxi López se ha garantizado un sueldo vitalicio de 97.519 euros anuales al mismo tiempo que conocían el enorme esfuerzo fiscal que se les pide y de los nuevos recortes que les van a imponer. Tampoco digieren fácilmente que Zapatero, que es el responsable máximo de todo este tiberio económico y financiero, se lleve a casa dos sueldos de escándalo y totalmente inmerecidos.

Todo esto encrespa considerablemente a los que pagan los platos rotos y que, una vez más, tendrán que hacer frente a esta nueva serie de recortes, que no estaban previstos en el programa electoral del Partido Popular, y que no servirán nada más que para hacer más pobres a los que ya lo son. Y por otra parte, los sacrificios que se les pide ahora no van a servir de nada. Son unos simples parches que, a pesar de la buena voluntad con que se imponen,  no harán otra cosa que prolongar indebidamente esta situación agónica y retardar más de la cuenta la salida definitiva de la crisis económica.

Y es que España ya no da más de sí. La estructura fragmentada de nuestra administración es económicamente inviable. Entre todos hemos ido creando este monstruo autonómico que nos devora y que nos lleva necesariamente a la pobreza. Nos hemos pasado unos cuantos pueblos y, como escribió  Baltasar Gracián, “todo exceso daña” y el exceso de gastos no es una excepción. Ahora no contamos con fondos estructurales, como en tiempos de Aznar, que tanto ayudaron entonces para dar carpetazo a aquella crisis. Así que al Gobierno actual, si es que quiere enderezar esta complicada situación, no le queda otra alternativa. Tendrá que armarse de valor y preparar meticulosamente el pase a mejor vida del Estado de las Autonomías.

Barrillos de Las Arrimadas, 18 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández

SUBIDAS FISCALES Y DÉFICIT PÚBLICO

Los ingresos del Estado proceden mayoritariamente de los impuestos, que pueden ser directos e indirectos. Y una buena parte de ellos corren a cargo de los simples ciudadanos, y se recaudan principalmente  a través del IRPF y del IVA. Hay veces que  el Gobierno de turno necesita hacer caja inmediatamente para mantener equilibradas las cuentas públicas. Entonces, si la urgencia de dinero es perentoria, opta casi siempre por subir la presión fiscal, pero eso si, después de preparar debidamente el ambiente. Y suelen hacerlo, indicando que se trata de una subida de impuestos temporal y afirmando sin el menor recato que nuestra presión fiscal es de las más bajas y que, en consecuencia, pagamos menos impuestos que los vecinos de los países de nuestro entorno.

Semejante falacia fue utilizada profusamente por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando subió el IVA dos puntos, eliminó la deducción anual de los 400 euros en el IRPF, suprimió sin más la deuda hipotecaria en la vivienda y aumentó los impuestos especiales a la gasolina o el tabaco. ¿Quién no recuerda la expresión de José Blanco: "si queremos unos servicios públicos y unas infraestructuras que estén a la altura de los países más avanzados, no podemos seguir teniendo el IVA más bajo de Europa", que pronunció en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia, en el transcurso de una conferencia?

Y fue el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro el que, sin ponerse colorado, repitió la misma memez de Blanco. Fue el pasado día 16 de mayo, en unas jornadas sobre presupuestos cuando Montoro aseguró descaradamente que “el nivel de presión fiscal en España es realmente absurdo”. Quizás busque con semejante frase, preparar debidamente a los de siempre, a los asalariados y a los pensionistas, para exprimirles un poco más, exigiéndoles un nuevo esfuerzo fiscal, ya que los ingresos procedentes de los impuestos siguen desplomándose continuamente.

Claro que, como escribió Calderón de la Barca, “En la vida todo es verdad y todo es mentira”; o, como afirmó más tarde  Ramón de Campoamor, “nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Si no entramos en otras consideraciones y comparamos sin más los tipos de IVA que soportamos en España, está muy claro que somos uno de los países que menos pagamos por este concepto. Solamente Chipre y Luxemburgo, con un tipo general del 15%,  estarían por debajo de nosotros. El tipo general de España es del 18%, mientras que Alemania, los Países Bajos y Grecia están en el 19%; en el Reino Unido se despachan  con el 20% y en Bélgica con el 21%; en Francia hasta ahora estaban en el 19,6%, pero subirán al 21,1% a partir del próximo día 1 de octubre.

Vistas así las cosas, estamos un 2,9% por debajo de la media europea que alcanza actualmente  el 20,9% para el tipo máximo. De todas maneras, el termino “presión fiscal” no guarda relación alguna con los tipos impositivos que pueden ser más altos o más bajos. Pues la recaudación tributaria estará siempre en consonancia con el estado de la actividad económica. Cuando esta actividad está deprimida, esa recaudación se reducirá de acuerdo con la reducción que experimenten  las bases imponibles sobre los que se aplican dichos tipos. Y esas bases imponibles han venido cayendo sistemáticamente desde el año 2008.

Hay que tener en cuenta que la presión fiscal no guarda relación alguna con el esfuerzo fiscal. Se puede tener una presión fiscal relativamente baja y, sin embargo,  soportar un esfuerzo fiscal demasiado alto. Todo depende del poder adquisitivo de cada país. Y está muy claro que el esfuerzo fiscal de los españoles es uno de los más elevados de Europa. El lugar que ocupamos en la lista de los países que cuentan con un salario mínimo fijado por ley es buena muestra de ello. Entre los países más representativos de Europa, tenemos a Dinamarca con 2.000 mensuales de salario mínimo; a Luxemburgo con 1.682,76, a Francia con 1.398,37 y al Reino Unido con 1.070 euros. Ese salario mínimo interprofesional en España se queda en 641,40 euros. La diferencia  con los países de nuestro entorno es francamente notable.

El ejemplo  de Dinamarca es paradigmático. La presión fiscal de Dinamarca es 49,24% más alta que la de España, pero el esfuerzo fiscal que soporta es un 19,4% más baja que la española.  Encontraríamos casos similares en Luxemburgo, en Austria, en los Países Bajos y en Noruega. El caso contrario lo encontraríamos en Bulgaria y en Rumania. La presión fiscal en estos países es inferior a la de España y, sin embargo, su esfuerzo fiscal es considerablemente más alto que el de los españoles.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al que hemos de hacer frente todos los españoles, rompe todos nuestros esquemas fiscales y tributarios, ya que es superior al que se paga en Francia, en Alemania o en Italia. Con la última e inesperada  subida, el tipo marginal máximo de nuestro IRPF pasa del 45 al 52% y se convierte en el tercero más alto de toda Europa, por detrás  de Suecia y Bélgica y empatando con Holanda. Todavía son más escandalosos, claro está, los casos de los españoles  que cumplen con el fisco en las Comunidades Autónomas de Cataluña, cuyo tipo máximo  es del 56%,  en Asturias que es del 55,5%, en Andalucía, Extremadura y Cantabria que es del 55% o el de Valencia que es del 54%, superadas solamente por Suecia.

Hay que señalar que el número de españoles obligados a apechugar con el tipo marginal más alto del IRPF no pasará de ser meramente testimonial. Pero es exactamente lo mismo si nos atenemos al tipo marginal medio que, con toda seguridad, afecta a muchos más españoles. Mientras que la media de la Unión Europea, para este tipo, está en el 37%, en España llegamos al 45,8%. Podemos extender la comparación a otros países, alguno tan importante como Estados Unidos, y el resultado no es en absoluto más halagüeño. El tipo marginal medio de España estaría siete puntos por encima de Norteamérica y unos diecisiete puntos por encima de Brasil, Rusia, India y China.

Algo parecido ha pasado con las rentas del capital y del ahorro. Hasta el 31 de diciembre de 2009, tributábamos por los ahorros al tipo único del 18%. En esa fecha, José Luis Rodríguez Zapatero subió este impuesto y lo hizo en dos tramos, el primero de ellos hasta 6.000 euros y el segundo de 6.000 euros en adelante. El tipo aplicado durante los años de 2010 y 2011 fue del 19% para rentas de capital del primer tramo y de 21% para el segundo.

Al menos para los años 2012 y 2013, por decisión del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se modifica también al alza la tributación sobre las rentas del capital y del ahorro y se añade un tramo más. Para las rentas inferiores a 6.000 euros se establece un tipo impositivo del 21%. Entre los 6.000 y los 24.000 euros, ese tipo será del 25%. Para las rentas del capital que superen los 24.000 euros se establece el tipo impositivo del 27%.  Con esta nueva imposición fiscal al ahorro, dejamos de tener unos tipos impositivos relativamente competitivos frente a los países de nuestro entorno y pasan a ser similares a los del Reino Unido y Alemania. Por lo que será poco menos que imposible atraer el ahorro y las inversiones exteriores que necesitamos imperiosamente para iniciar nuestra recuperación.

Con esta subida de impuestos se exprime otra vez más a la clase media, ya que va a cargar ella solita con el  85% del  incremento fiscal, destinado según parece a enjugar nuestro déficit público.  Y esto se va a notar claramente en el consumo interno que empeorará hasta límites insospechados y sin consumo no va a ser fácil salir de la crisis, ya que las economías privadas están prácticamente al límite de sus posibilidades. Hay que tener en cuenta, además,  que el déficit público proviene de un gasto público extremadamente alto y no porque los ingresos fiscales fueran demasiado bajos. Por lo tanto, esta considerable subida de nuestras cargas fiscales servirá exclusivamente para seguir manteniendo ese Estado tan sobredimensionado y tan ineficiente como  es el nuestro.

Gijón, 23 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

ASÍ NO VAMOS A NINGUNA PARTE

Somos muchos los que hemos criticado duramente a José Luis Rodríguez Zapatero por su enorme torpeza a la hora de hacer frente a la crisis económica. Al intentar atajar esta crisis a base de improvisaciones y con escasas medidas, todas ellas manifiestamente ineficientes, ni siquiera fue capaz de paliar los devastadores efectos de la misma y mucho menos evitar que se convirtiera en la más grave y peligrosa de nuestra historia. El Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró frecuentemente, y sin piedad alguna,  esta actitud irresponsable del anterior presidente del Gobierno.

Rajoy mismo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le echaba en cara de vez en cuando su prolongado empecinamiento en negar la crisis y que con su falta de decisión para adoptar medidas oportunas para minimizar la crisis, no generaba confianza alguna en los mercados financieros. No andaba muy descaminado Mariano Rajoy cuando afirmaba rotundamente que el Gobierno de Zapatero, lejos de solucionar la crisis, la agravaba considerablemente con sus improvisaciones y sus “ocurrencias” ocasionales proponiendo hoy una cosa y otra muy distinta al día siguiente.

En las elecciones del pasado día 20 de noviembre, Mariano Rajoy cosechó un gran triunfo, logrando la mayoría absoluta más amplia de toda nuestra historia democrática. Tan pronto se hizo cargo del Gobierno, sorprendió a todos con una serie de reformas, todas ellas necesarias y extraordinariamente valientes, entre las que destacaba la reforma laboral. Esto hizo pensar a los españoles, a los miembros de la Unión Europea que, por fin, había un Gobierno serio y riguroso, con las ideas claras para poner en orden nuestra economía. Y como es lógico, se calmaron momentáneamente los mercados y se moderó la prima de riesgo.

Pero todo fue un espejismo pasajero. El hechizo terminó muy pronto al ver que el Gobierno se contentaba con andar por las ramas y daba muestras de que no se atrevía a taponar el principal sumidero por donde se van ingentes cantidades de dinero público. Después de su entusiasmo inicial, se arruga ante la necesidad perentoria de adelgazar nuestra elefantiásica administración, suprimiendo puestos repetidos hasta diecisiete veces, eliminando organismos inútiles que no sirven más que para gastar dinero y recuperando para el Estado aquellas competencias que son básicas para conservar la unidad y la igualdad de todos los españoles, como es el caso de la Educación, la Sanidad y la Justicia.

En vez de cortar decididamente tanto derroche privatizando las televisiones públicas y las autonómicas, acabando de una vez con la cultura de la subvención y suprimiendo los chiringuitos políticos, el exceso de asesores y los cargos de confianza inútiles, se limitan a poner paños calientes ideando auténticas “ocurrencias” que les llevan a recortar donde, en realidad,  hay muy poco que recortar. Y así hacen pagar el pato a los de siempre, a los de la sufrida clase media que, además, tienen muy poco margen de respuesta. Y encima, dando la sensación de que se les está engañando miserablemente.

En el Partido Popular, en efecto, siempre se ha estado contra la subida de impuestos, por lo menos de una manera teórica, pues, según dicen, se recauda bastante más dinero si los impuestos son moderados y no extremadamente altos. El mismo Rajoy, durante la campaña electoral, prometió solemnemente no subir ninguno de los impuestos. Pero el hachazo llegó sin que lo esperara nadie con la subida del IRPF, en una proporción que va del 0,75% al 7%, con varios valores intermedios, siempre  de acuerdo con el montante de los ingresos. Sube también  el tipo de gravamen de las rentas del ahorro un 2%, un 4% o un 6% según el volumen del ahorro. Y por último sube el IBI, la contribución urbana  que se paga simplemente por poseer algún inmueble. Y esta subida será del 4%, el 6% o el 10%, dependiendo, claro está, de la antigüedad de la revisión catastral.

Por si esto fuera poco, se encareció considerablemente la luz, el gas y el transporte. Con las subidas inesperadas de impuestos y la elevación descarada del precio de artículos básicos, no se arregla la situación pero se desestabiliza gravemente los presupuestos de muchas familias españolas. Para hacer algo diferente a José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy prometió solemnemente en  su discurso de investidura no recortar salarios y revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC previsto. Y aunque materialmente cumplió esta promesa, en realidad es como si hubiera hecho esos recortes de frente. Pues la subida de impuestos, y más si va asociada a una elevación generalizada de los artículos más utilizados por todos, supone siempre un recorte notable de los salarios y de las pensiones.

Pero aún hay más. Una vez que el nuevo Gobierno manifiesta palpablemente que no va a tocar nuestra estructura administrativa, y que renuncia a exigir que se cumpla estrictamente la ley en las taifas díscolas para poner fin a tanto desmadre autonómico, vuelve la desconfianza de los mercados financieros, se dispara otra vez la prima de riesgo y se desploma la bolsa. Está meridianamente claro que la falta de valentía del Gobierno y la actitud irresponsable de la oposición y de los sindicatos de clase nos han devuelto al borde de la intervención.

Como no hay dinero para pagar los servicios básicos, tal como ha reconocido Rajoy, el Gobierno trata de solucionar los problemas a base de parches y por entregas, que es tanto como no solucionar nada. Pervirtiendo intencionadamente el lenguaje, la ministra del ramo dice que, para que la sanidad siga siendo “pública, universal y gratuita”, los perceptores de una pensión pública contributiva tienen que costear parte de los medicamentes que utilicen.  Si abonamos algo por los medicamentos ya no estamos ante un servicio gratuito, y eso sin contar que la sanidad la hemos ido pagando a lo largo de la vida laboral. También habla de un “pago compartido”, sabiendo perfectamente que se trata de un sobrecoste decretado por decisión política, obviando otras fórmulas de ahorro mucho más efectivas y justas.

Estamos posiblemente ante la medida más injusta de cuantas ha tomado el Gobierno de Rajoy. No es de recibo que se imponga a los pensionistas un gravamen extra para mantener su salud. Hay que tener en cuenta que, durante muchos años, estuvieron cotizando religiosamente a la seguridad social y que no son culpables en absoluto de los despilfarros que han vaciado las arcas del sistema público de previsión social. No fueron ellos los que impusieron el actual sistema de reparto para cubrir eficientemente las necesidades sanitarias de quienes no cotizaron al sistema, de los extranjeros que aterrizan ilegalmente en nuestra tierra y de los que practican el turismo sanitario. No es de recibo que se  sigan cubriendo gratuitamente los caprichos excusables de algunos, como el cambio de sexo, y se exija a los jubilados que abonen un  canon por una prótesis de cadera o rodilla.

Se disculpa Mariano Rajoy, indicando que semejante medida supone muy pocos euros al mes. Va aún más lejos el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular  y actual Consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, con su insolente   afirmación de que el copago farmacéutico de los pensionistas “solo son cuatro cafés al mes”. Como se han movido siempre con sueldos de escándalo, no piensan que, una inmensa mayoría  de jubilados está viviendo al límite de sus posibilidades. Y el gasto de esos ocho euros en medicinas supone para ellos un gran sacrificio, sobre todo si se trata de enfermos crónicos. Nada que ver con el sacrificio baladí de los que así hablan  cuando se gastan alegremente 2.000 o 3.000 euros en simples banalidades.

No es de recibo la justificación de este nuevo canon dada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato. Dicen que pagamos menos impuestos que en el resto de países europeos. Ni más ni menos, la misma disculpa que han dado habitualmente los socialistas en circunstancias similares, por ejemplo, cuando subieron el IVA. Y tanto los socialistas entonces,  como ahora los responsables del Partido Popular, silencian descaradamente que nuestro poder adquisitivo es bastante inferior al de esos  países europeos que, es verdad, soportan una carga impositiva superior a la nuestra.

Como  Mariano Rajoy no entra decididamente  en el fondo de nuestro mayor  problema, continuará abierto el sumidero de nuestra desmesurada estructura administrativa, por donde se va desgraciadamente la mayor parte de nuestro dinero. Nuestros ingresos no dan para tanto. Pero aún así no hay ningún otro país que compita con nosotros en defensores del pueblo, tenemos más altos cargos y muchos más asesores y jefes de protocolo que nadie. Y esto cuesta mucho dinero. Menos mal que, aunque tarde, arregló en parte lo de RTVE, eliminando consejeros y dejando sin sueldo a los que quedan. Y digo en parte, porque debiera haber ido más lejos, poniendo en marcha su privatización y urgiendo a las distintas comunidades que hicieran lo propio con sus televisiones autonómicas.

Al no reducir drásticamente nuestros exagerados gastos corrientes, continuaremos con muchos frentes abiertos, cuya atención simultanea es poco menos que imposible porque escasea el dinero. Y querer cerrar tanto foco por entregas, por muy buena voluntad que pongan los miembros del Gobierno, no va a resultar efectivo, ya que  antes de cerrar definitivamente alguno de ellos, aparecerán otros nuevos, tan apremiantes  o más que los anteriores. La urgencia de alguno de esos problemas y la falta endémica de fondos suficientes, obligará a los ministros a romper, muy a su pesar, alguna de sus promesas, por muy sinceras y solemnes que estas sean. Y lo que es peor de todo, darán la desagradable sensación de que nos están mintiendo.

Es lo que pasó al principio de la legislatura con el IRPF y volvió a pasar ahora con el copago y con las tasas universitarias, a pesar de las famosas líneas rojas que, según decían, marcaban claramente hasta dónde se podía llegar en sanidad y en educación. Y es muy posible que, antes de lo que pensamos, ocurra lo mismo con otras tasas fiscales. Aunque el Gobierno lo niega, cada vez son más numerosos e insistentes los rumores de que está próxima una nueva subida  del IVA y de que vamos a tener que pagar peaje hasta por circular por las carreteras normales.

Gijón, 24 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández