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viernes, 30 de agosto de 2013

LA CORRUPCIÓN A DEBATE

Es cierto que la corrupción afecta de manera inmisericorde a toda la clase política Pero no nos engañemos, no es un problema exclusivo de los partidos políticos y, menos aún, de un partido determinado. El mal es mucho más profundo y golpea peligrosamente a toda la sociedad española. Unos porque la practican profusamente, como los políticos, y otros porque la toleran y, si llega el caso, se aprovechan de ella. La casta política, habituada a vivir constantemente del cuento, trata de afianzar su situación política y mejorar lo más posible su situación económica.

Abusar del poder político para conseguir bienes y ventajas ilegítimas con menoscabo manifiesto del bien común o público, es un mal endémico de los pueblos con un desarrollo humano deficiente y poca madurez política. Y en España no abunda precisamente el capital social y tampoco podemos presumir de un desarrollo humano modélico. Y por otro lado, los actos delictivos, derivados de la corrupción política, quedan prácticamente impunes. De ahí que un buen número de políticos, dando muestras evidentes de su falta absoluta de escrúpulos, utilicen desvergonzadamente su función pública en busca de un beneficio personal.

Todos los partidos están saturados de gentes que aspiran a eternizarse en la vida pública y, para conseguirlo, sobornarán y extorsionarán si hace falta,  y no tendrán inconveniente alguno en prevaricar y malversar dinero público con todo descaro para mantenerse indefinidamente en un puesto representativo y oficial. Ay que tener en cuenta que muchos de ellos aterrizaron en política por enchufe, o saliendo directamente de las juventudes de cada partido, pero siempre, claro está, sin experiencia laboral alguna en la empresa privada, ni como autónomos.

Como hasta ahora han vivido extraordinariamente bien de la política, sienten verdadero pánico a que se olviden de ellos en próximos procesos electorales y prescindan de sus servicios. Entonces, tendrían que competir duramente con los demás parados para hacerse con un puesto de trabajo en la empresa privada. Para evitar tan lamentable y problemática situación, se arrastrarán vergonzosamente ante los líderes de su partido o de quienes confeccionen las listas electorales, aunque para ello tengan que cometer todo tipo de tropelías. Cualquier cosa menos perder tontamente  la bicoca del disfrute continuado de un cargo público remunerado.

Los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios y los que tienen posibilidades de llegar al Gobierno, prometen, un día sí y otro también, que van a luchar denodadamente contra la corrupción para regenerar la vida pública. Pero hasta ahora, ni socialistas ni populares han ido más allá de las palabras y de una simple declaración de buenas intenciones. Y aunque unos y otros tienen mucho qué tapar y mucho de qué arrepentirse, se empeñan absurdamente en pregonar que son los otros, los del partido adversario, y no ellos, los que deben entonar el correspondiente “mea culpa”. Y así no vamos a ninguna parte.

Hay que tener en cuenta que las prácticas de corrupción se desatan y crecen a medida que aumentan  los intereses de los grupos políticos. Y cuando la corrupción se dispara y se generaliza, como está sucediendo últimamente en España, las instituciones se tambalean con los escándalos y se desestabilizan peligrosamente perdiendo, como es lógico, toda su credibilidad y hasta su eficiencia. Y si no se remedia a tiempo el problema, la red clientelar corrupta adquirirá proporciones enormes y terminará desmandándose y poniendo en grave peligro hasta el mismo sistema político.

viernes, 23 de agosto de 2013

NO HAY CASO, NI LO HABRÁ

Somos muchos los que pensábamos inocentemente que, el uso indebido del poder público en beneficio propio o para distribuir beneficios o cargos políticos  entre familiares y amigos, eran siempre actos claros de tráfico de influencias y de nepotismo. Con estos hechos tan poco edificantes  –y creíamos que ilegales-, se busca invariablemente la obtención de algún tipo de privilegio, recurriendo, cómo no, a la obtención de información privilegiada o cualquier otro tipo de ventaja por amistad o pagando en dinero o en especie.

Siempre se han dado episodios como estos, hasta en la más remota antigüedad. Quien no recuerda al tirano Pisístrato que, nada menos que cinco siglos a. C.,  se hizo con el poder en Atenas y, para conservarlo y protegerse, entregó casi todos los los cargos políticos y públicos a familiares suyos y a sus amigos más leales. De este modo, tenía prácticamente maniatados al resto de aristócratas atenienses. Es cierto que Pisístrato gobernó con una moderación y una benevolencia desconocida en Atenas hasta entonces. Y aunque esto favoreció realmente a los más pobres de la ciudad, no deja de ser por eso un acto tremendamente deshonesto.

También en la antigua Roma encontramos casos flagrantes de tráfico de influencias, como sucedió con Pompeyo y su suegro Metelo Escipión. Aunque Escipión carecía evidentemente de talento militar, Pompeyo, que aspiraba a ser nombrado dictador, le cedió dos legiones romanas. El tribuno de la plebe Marco Antonio, que era partidario de Cesar, denunció inútilmente este hecho en el Senado, ya que este foro, en ese momento, estaba dominado por los “boni” o hombres buenos, situación que fue ampliamente utilizada por más de un político de aquella época conflictiva.

El proceso que se produce en todo tráfico de influencias es siempre el mismo: alguien que disfruta de cierto poder y autoridad en la vida pública, lo utiliza egoístamente para favorecer a sus familiares y amigos o a cualquier otra persona de confianza a cambio de determinadas cantidades de dinero o el pago en especies. El sentido común dice, que los políticos jamás deben utilizar su autoridad para beneficiar a alguien con detrimento del interés público. Y esto es lo que ha ocurrido claramente con el ex ministro José Blanco, presunto imputado por tráfico de influencias en el “caso Campeón”  por el juez instructor José Ramón Soriano.

La investigación abierta en relación con la llamada “operación Campeón” fue iniciada por la juez de Lugo, Estela San José, que apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, que apuntaban directamente al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Entre los implicados en un delito de fraude de subvenciones, aparecen varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo y José Antonio Orozco que, según todos los indicios, habrían recibido préstamos,  subvenciones u otro tipo de bicocas utilizando, claro está, medios ilícitos.

martes, 5 de febrero de 2013

LO SERÁN, PERO NO LO PARECEN


Antes de asumir la más alta magistratura de la antigua República de Roma, el entonces edil Julio Cesar fue nombrado Pontifex Maximus. Esta distinción, además de una enorme autoridad, le confería una dignidad extraordinaria en la vida religiosa romana. Esta designación de Cesar implicaba también que Pompeya Sila, con la que llevaba casado cuatro años, pasaba a ser la responsable de organizar los ritos secretos del 4 de diciembre a favor de la Bona Dea, diosa de la fertilidad, la castidad y la salud. En semejante labor festiva y religiosa, la mujer del Pontifex Maximus era ayudada por las Vírgenes Vestales.  

En realidad, se trataba de una ceremonia litúrgica, exclusivamente femenina, a la que los hombres no podían asistir. Pero en el año 62 a. C., en los primeros ritos presididos por la mujer de Julio Cesar, ocurrió algo imprevisible. Un joven patricio, llamado Publio Clodio Pulcro, se había enamorado de Pompeya y con la intención de seducirla, entró en la casa donde se festejaba a la Bona Dea disfrazado de mujer. Fue oportunamente descubierto y juzgado por la doble acusación de engaño y sacrilegio. Tuvo que sobornar al jurado para librarse de una condena segura.

Es casi seguro que Pompeya no tuvo culpa alguna de que este intruso se colara subrepticiamente en la celebración de los actos festivos de ese año. Y Julio Cesar, aunque estaba plenamente convencido de la honorabilidad de Pompeya, la reprueba y se divorcia inmediatamente de ella. Justificó su acción, según nos cuenta Plutarco en su obra ‘Vidas paralelas’, porque le molestaba que su mujer pudiera ser sospechosa de infidelidad. Fue entonces cuando dijo: “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha”. Esta frase, a través de los años, se transformó en esta otra que, a base de ser repetida miles y miles de veces, se ha hecho extremadamente famosa: “La mujer de Cesar no solo debe ser honrada; además debe parecerlo”.

Pero por lo que vemos a diario, esta sabia máxima no es aplicable a los que se encargan de gestionar los dineros públicos,  a nuestros políticos. Y es que hoy día, a muchos de ellos, les importa un bledo comportarse honestamente, y mucho menos el aparentarlo. Se ha generalizado tanto la corrupción que salpica prácticamente a todos los grupos de poder y, de una manera muy especial,  a la clase política y a la sindical. La abulia de unos y la golfería continuada de otros, apropiándose indebidamente de lo que no es suyo, ha terminado por insensibilizar a la sociedad española. Ya no es capaz de reaccionar de manera automática ante hechos tan escandalosos como los que nos cuentan  diariamente los periódicos.