ESTAMOS DONDE ESTÁBAMOS

Un antiguo mercader inglés, sir Thomas Gresham, que trabajó  en su momento para el rey Eduardo VI de Inglaterra, había observado que, en todas sus transacciones comerciales, la gente prefería utilizar siempre la moneda más débil como medio de pago y guardarse la que fuera de un metal más valioso, o tuviera mayor valor como divisa. Pero no fue hasta finales del siglo XIX, con el uso simultáneo del oro y la plata, cuando se formuló ese hecho como ley de Gresham. Pues es evidente que, siempre que coexisten dos tipos de moneda de curso legal y para el público una es “mala” y la otra “buena”, la mala desplaza siempre a la buena del mercado.

Y eso es, más o menos, lo que está ocurriendo actualmente en el PSOE por la manera de elegir a sus líderes. Han terminado implantando un sistema demasiado estrambótico para seleccionar a sus élites políticas que, como las monedas en la ley de Gresham, el político malo es normal que desplace al político bueno. Es cierto que los militantes de base tienen cada vez más peso, pero las federaciones o agrupaciones regionales siguen teniendo demasiado poder e influyen decisivamente a la hora de optar por unos cuadros dirigentes u otros. Y esto, claro está, condiciona después la actuación política del partido.

Es verdad que los socialistas nunca han dado muestras concluyentes de una sensatez política intachable. Pero ahora, con los nuevos líderes que dirigen los destinos del partido, han perdido totalmente la cordura y hasta el oremus. Los nuevos cuadros dirigentes actúan con tanta incoherencia, que hoy dicen una cosa y mañana hacen justamente la contraria. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez, por ejemplo, con Podemos y con sus marcas blancas y, por supuesto, con los independentistas de cualquier jaez.

Al nuevo secretario general del PSOE y a los demás miembros de la actual directiva les puede el sectarismo y, para aislar al Partido Popular, son capaces de echarse en manos de sus enemigos políticos más viscerales, pactando gobiernos con los populistas más extremos y radicales y  con los separatistas. Y perjudicando gravemente los intereses vitales de la democracia y hasta de su propio partido, aspiran a encabezar una posible coalición del PSOE con cualquier activista y con todas esas otras formaciones políticas ultras y anti sistema, de la extrema izquierda española que padecemos. Y esto, aunque a corto plazo pueda colmar la ambición desmedida de Pedro Sánchez, terminará siendo catastrófico para el PSOE a medio plazo. Si no corrigen el rumbo, les ocurrirá lo mismo que a los socialistas catalanes con el tripartito y con la firma del Pacto del Tinell.

LA CORRUPCIÓN A DEBATE

Es cierto que la corrupción afecta de manera inmisericorde a toda la clase política Pero no nos engañemos, no es un problema exclusivo de los partidos políticos y, menos aún, de un partido determinado. El mal es mucho más profundo y golpea peligrosamente a toda la sociedad española. Unos porque la practican profusamente, como los políticos, y otros porque la toleran y, si llega el caso, se aprovechan de ella. La casta política, habituada a vivir constantemente del cuento, trata de afianzar su situación política y mejorar lo más posible su situación económica.

Abusar del poder político para conseguir bienes y ventajas ilegítimas con menoscabo manifiesto del bien común o público, es un mal endémico de los pueblos con un desarrollo humano deficiente y poca madurez política. Y en España no abunda precisamente el capital social y tampoco podemos presumir de un desarrollo humano modélico. Y por otro lado, los actos delictivos, derivados de la corrupción política, quedan prácticamente impunes. De ahí que un buen número de políticos, dando muestras evidentes de su falta absoluta de escrúpulos, utilicen desvergonzadamente su función pública en busca de un beneficio personal.

Todos los partidos están saturados de gentes que aspiran a eternizarse en la vida pública y, para conseguirlo, sobornarán y extorsionarán si hace falta,  y no tendrán inconveniente alguno en prevaricar y malversar dinero público con todo descaro para mantenerse indefinidamente en un puesto representativo y oficial. Ay que tener en cuenta que muchos de ellos aterrizaron en política por enchufe, o saliendo directamente de las juventudes de cada partido, pero siempre, claro está, sin experiencia laboral alguna en la empresa privada, ni como autónomos.

Como hasta ahora han vivido extraordinariamente bien de la política, sienten verdadero pánico a que se olviden de ellos en próximos procesos electorales y prescindan de sus servicios. Entonces, tendrían que competir duramente con los demás parados para hacerse con un puesto de trabajo en la empresa privada. Para evitar tan lamentable y problemática situación, se arrastrarán vergonzosamente ante los líderes de su partido o de quienes confeccionen las listas electorales, aunque para ello tengan que cometer todo tipo de tropelías. Cualquier cosa menos perder tontamente  la bicoca del disfrute continuado de un cargo público remunerado.

Los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios y los que tienen posibilidades de llegar al Gobierno, prometen, un día sí y otro también, que van a luchar denodadamente contra la corrupción para regenerar la vida pública. Pero hasta ahora, ni socialistas ni populares han ido más allá de las palabras y de una simple declaración de buenas intenciones. Y aunque unos y otros tienen mucho qué tapar y mucho de qué arrepentirse, se empeñan absurdamente en pregonar que son los otros, los del partido adversario, y no ellos, los que deben entonar el correspondiente “mea culpa”. Y así no vamos a ninguna parte.

Hay que tener en cuenta que las prácticas de corrupción se desatan y crecen a medida que aumentan  los intereses de los grupos políticos. Y cuando la corrupción se dispara y se generaliza, como está sucediendo últimamente en España, las instituciones se tambalean con los escándalos y se desestabilizan peligrosamente perdiendo, como es lógico, toda su credibilidad y hasta su eficiencia. Y si no se remedia a tiempo el problema, la red clientelar corrupta adquirirá proporciones enormes y terminará desmandándose y poniendo en grave peligro hasta el mismo sistema político.

NO HAY CASO, NI LO HABRÁ

Somos muchos los que pensábamos inocentemente que, el uso indebido del poder público en beneficio propio o para distribuir beneficios o cargos políticos  entre familiares y amigos, eran siempre actos claros de tráfico de influencias y de nepotismo. Con estos hechos tan poco edificantes  –y creíamos que ilegales-, se busca invariablemente la obtención de algún tipo de privilegio, recurriendo, cómo no, a la obtención de información privilegiada o cualquier otro tipo de ventaja por amistad o pagando en dinero o en especie.

Siempre se han dado episodios como estos, hasta en la más remota antigüedad. Quien no recuerda al tirano Pisístrato que, nada menos que cinco siglos a. C.,  se hizo con el poder en Atenas y, para conservarlo y protegerse, entregó casi todos los los cargos políticos y públicos a familiares suyos y a sus amigos más leales. De este modo, tenía prácticamente maniatados al resto de aristócratas atenienses. Es cierto que Pisístrato gobernó con una moderación y una benevolencia desconocida en Atenas hasta entonces. Y aunque esto favoreció realmente a los más pobres de la ciudad, no deja de ser por eso un acto tremendamente deshonesto.

También en la antigua Roma encontramos casos flagrantes de tráfico de influencias, como sucedió con Pompeyo y su suegro Metelo Escipión. Aunque Escipión carecía evidentemente de talento militar, Pompeyo, que aspiraba a ser nombrado dictador, le cedió dos legiones romanas. El tribuno de la plebe Marco Antonio, que era partidario de Cesar, denunció inútilmente este hecho en el Senado, ya que este foro, en ese momento, estaba dominado por los “boni” o hombres buenos, situación que fue ampliamente utilizada por más de un político de aquella época conflictiva.

El proceso que se produce en todo tráfico de influencias es siempre el mismo: alguien que disfruta de cierto poder y autoridad en la vida pública, lo utiliza egoístamente para favorecer a sus familiares y amigos o a cualquier otra persona de confianza a cambio de determinadas cantidades de dinero o el pago en especies. El sentido común dice, que los políticos jamás deben utilizar su autoridad para beneficiar a alguien con detrimento del interés público. Y esto es lo que ha ocurrido claramente con el ex ministro José Blanco, presunto imputado por tráfico de influencias en el “caso Campeón”  por el juez instructor José Ramón Soriano.

La investigación abierta en relación con la llamada “operación Campeón” fue iniciada por la juez de Lugo, Estela San José, que apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, que apuntaban directamente al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Entre los implicados en un delito de fraude de subvenciones, aparecen varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo y José Antonio Orozco que, según todos los indicios, habrían recibido préstamos,  subvenciones u otro tipo de bicocas utilizando, claro está, medios ilícitos.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Tanto El Mundo como El País se han desmelenado últimamente y han puesto en la picota a destacados miembros de la cúpula del Partido Popular. Ambos periódicos utilizaron profusamente, y muy a la ligera, una información poco constatada, suministrada al parecer por el abogado Jorge Trías, un antiguo afiliado del partido y amigo íntimo de Baltasar Garzón. Según nos cuentan quienes le conocen, estaríamos ante un personaje excesivamente enrevesado e impredecible, muy dado a la venganza y al resentimiento y, además, quiere ser siempre protagonista.

Según datos suministrados por Luis Bárcenas, el ex diputado Jorge Trías se ofreció al Partido Popular para desempeñar el cargo de Ministro de Justicia o Defensor del Pueblo en el Gobierno de Mariano Rajoy. También pasó al partido una minuta de 50.000 euros por el asesoramiento prestado, según él, en el caso Gürtel. Al no ser atendida ninguna de sus pretensiones, montó en cólera y, siguiendo quizás el consejo del despechado ex juez Garzón,  entrega a los periódicos citados una documentación un tanto sospechosa y muy comprometida para el Partido Popular. Según esos papeles, varios dirigentes del partido, entre los que estaría el actual presidente del Gobierno, habrían cobrado sobresueldos en dinero negro.

Hasta ahora nadie ha podido probar estos hechos. Los papeles publicados, según todos los indicios, no son más que unas simples fotocopias, posiblemente amañadas para castigar de manera intencionada a esa formación política. De momento, ni El Mundo, ni El País  han podido aportar documento alguno que avale la veracidad de esos papeles, lo que ha sido determinante  para que este asunto se haya ido desinflando poco a poco. De ahí que no sepamos aún el verdadero alcance de tan grave acusación. Podemos estar ante un hecho real o ante un burdo embuste, montado y divulgado con la maliciosa idea de desacreditar al Partido Popular. Lo malo es que,  aunque se trate de un simple infundio, además de perjudicar gravemente a este partido, se pone en cuestión la credibilidad de España y se hace un daño irreparable a toda la clase política.