LA EVOLUCIÓN DEL NACIONALISMO EN ESPAÑA

IV.- La explosión del independentismo catalán 

En octubre de 1886, el político catalán Josep Narcís Roca i Farreras ya intentó crear  un movimiento popular de izquierdas, que aceptara sin más que Cataluña era un Estado propio e independiente. Pero ni consiguió adeptos, ni logró convencer a ninguno de sus colegas republicanos que, de momento, siguieron todos ellos manteniendo plenamente la tradicional vinculación de Cataluña con España. 

Tendríamos que esperar unos años más, para poder contar con una asociación de nacionalistas radicales que se posicionara claramente a favor de la independencia de Cataluña. Pero ese primer grupo histórico de catalanes inconformistas no nace en Cataluña, como sería lógico, sino en Santiago de Cuba, cuando la isla consiguió emanciparse de España. Y fue ahí, en el Centro Catalán de esa ciudad, donde ondeo por primera vez la estelada, que creó Vicenç Albert Ballester, un catalán que, en 1898, seguía residiendo en Cuba.

Hay que reconocer, por lo tanto, que esa aspiración a la independencia de Cataluña está íntimamente ligada a la famosa Guerra de la Independencia Cubana, que tuvo lugar entre el 24 de febrero de 1895 y el 24 de agosto de 1898. Con la rendición incondicional del Gobierno colonial español y la firma del Tratado de París, España perdió de una tacada Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, que eran los últimos restos del viejo imperio español.

Era extraordinariamente  numerosa la colonia de catalanes que vivía en Cuba, cuando estalló la guerra que propició la independencia de esta isla caribeña. Casi todos ellos lograron amasar una gran fortuna, comerciando simplemente con el tabaco, el azúcar y también, cómo no, con la esclavitud. Muchos de ellos, es verdad, mantuvieron fielmente su lealtad al Gobierno colonial español durante todo el conflicto bélico. Al finalizar la guerra, claro está, tuvieron que regresar nuevamente a Cataluña.

Pero otros muchos emigrados catalanes, los más lanzados y resueltos, optaron por contemporizar con los cubanos rebeldes y luchar contra la corona de España. Y una vez conseguida la soñada independencia de la isla, vieron que era posible reproducir esos mismos hechos en Cataluña, la tierra que abandonaron años atrás. Y comenzaron inmediatamente a organizar grupos o clubs de nacionalistas radicales, tanto en La Habana, como en Santiago de Cuba y, por supuesto, en Guantánamo, que abogaban, de forma directa y sin ambages, por la independencia de Cataluña, que era su verdadera patria chica.

A partir de ese momento, las organizaciones independentistas que surgieron en Cuba, cuando esta isla logró emanciparse de España, se dedicaron a promover toda clase de propaganda separatista, utilizando, sin reparo alguno, revistas y todos los medios publicitarios que estaban al alcance de sus manos. Y como no podía ser menos, además de izar esteladas en los balcones de sus propios centros, empezaron a financiar una serie de eventos o programas que defendían abiertamente la segregación o la independencia de Cataluña.

A pesar de la intensa actividad propagandística desarrollada en Cuba por los emigrantes catalanes, Cataluña tendría que esperar pacientemente hasta julio de 1918 para contar con la primera organización manifiestamente independentista. Fue entonces cuando surgió el Comité Pro Cataluña, que presidiría el creador de la estelada, Vicenç Albert Ballester, que había regresado a su Barcelona natal.

LA EVOLUCIÓN DEL NACIONALISMO EN ESPAÑA

I.- Aparición y desarrollo del nacionalismo en España

Hasta el año 1760, en Gran Bretaña se vivía, como en los demás países, de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y en el comercio. A partir de esa fecha, los británicos comenzaron a industrializar las fábricas textiles y la extracción del carbón, iniciando así la famosa Primera Revolución Industrial que, años más tarde, se extenderá básicamente a toda Europa Occidental y a la parte anglosajona de América.

Con esa industrialización, la economía de Gran Bretaña pierde ese carácter rural tradicional y adquiere un perfil mucho más urbano, aumentando considerablemente la producción. Al introducir la maquinaria en los procesos de fabricación, aparecen las grandes industrias, se desarrolla la clase burguesa y se consolida el capitalismo. Y como la nueva burguesía es partidaria de la soberanía popular, defiende resueltamente la libertad económica y la libertad individual. Así las cosas, no es de extrañar que entre en escena el liberalismo, surja el proletariado y afloren las primeras reivindicaciones  de las clases obreras.

Unos años más tarde, con la ayuda de algunos ciudadanos de Virginia, Thomas Jefferson escribe la que será futura Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que será aprobada en julio de 1776 por los congresistas norteamericanos. En esa Declaración de Independencia, además de valorar específicamente los derechos del hombre, se adopta la república como forma de Gobierno y señala al pueblo como única fuente del poder. Y esto se traduce precisamente en el primer empuje que reciben los distintos nacionalismos.

Por si todo esto fuera poco, el 5 de mayo de 1789 estalla la Revolución Francesa y, unas semanas más tarde,  el pueblo de París asalta la fortaleza de la Bastilla. La Asamblea Nacional Constituyente, que asume íntegramente los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Ilustración francesa, aprueba la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y acepta que la burguesía francesa pueda ocupar el poder político.

Con la convulsión social y política provocada por la Revolución Francesa, desaparece la monarquía absoluta y el clero y los miembros de la nobleza tradicional pierden totalmente sus privilegios feudales. Se normaliza igualmente la separación entre Iglesia y Estado y se hace efectiva la división de poderes, que caracteriza a las democracias actuales. Situación que utilizan los regionalismos y los nacionalismos europeos para afianzarse aún más y seguir creciendo. En España, los nacionalismos más agresivos han sido, sin duda alguna, el catalán y el vasco.

LAS ANDANZAS DEL PSOE

IX.-El tesoro del Vita

Los responsables del ‘Frente Popular’ perdieron claramente las Elecciones Generales de Febrero de 1936. Pero supieron sobreponerse y, utilizando descaradamente el fraude y la violencia, amañaron el resultado de las urnas y se apoderaron del Gobierno. Y eso les envalentonó y llegaron a pensar que había llegado el momento propicio de olvidarse para siempre de la derecha. Y para lograr semejante propósito,  no tenían nada más que obligar a esa molesta y acomplejada derecha a rebelarse y a levantarse en armas para aplastarla definitivamente desde el Poder.

Y comenzaron, sin más, a atosigarla insistentemente con provocaciones constantes, organizando un proceso revolucionario muy especial, en el que predominaban  los incendios provocados, los desórdenes y todo tipo de algaradas callejeras. Y por si todo esto era poco, se realizaban ocupaciones de fincas, se confiscaban propiedades particulares y, además, se practicaba la violencia política de manera indiscriminada. La derecha, claro está, no aguantó el envite y, como se esperaba, reaccionó violentamente, lanzando a una parte muy importante del Ejército contra las instituciones republicanas.

El levantamiento militar, es verdad, fracasó prácticamente en casi todas las ciudades españolas y, como es lógico, derivó en una cruenta y prolongada Guerra Civil. Pero quedó muy claro, desde un principio, que aquella insurrección era algo mucho más serio que la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932. El ‘Frente Popular’ había sobrevalorado excesivamente sus propias posibilidades y, en consecuencia, había lanzado retos sumamente envenenados a la derecha y, ahora, era ya demasiado tarde para volverse atrás.

Tras los primeros enfrentamientos bélicos con los sublevados, el pesimismo y la desesperanza se fueron apoderando de los distintos Gobiernos de la República. El alzamiento militar, que desembocaría en la Guerra Civil Española, se produjo el 17 de julio de 1936. Y el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, dimite el 19 de julio, porque fue incapaz de contener la rebelión. Ese mismo día, le sustituyó el sevillano Diego Martínez Barrio, que intentará formar un Gobierno de conciliación para evitar el inicio de la guerra. Habló con varios militares rebeldes y, como no logró nada positivo, dimitió el día 20 de julio.

A CADA UNO LO SUYO

IV –El Golpe de Estado de octubre de 1934

Los militantes de la derecha y del centro republicano llegaron a las elecciones generales de junio-julio de 1931 totalmente divididos y desorganizados y sin la más mínima opción de obtener un resultado decoroso. Fueron ampliamente derrotados por la llamada Conjunción Republicano-Socialista que, en un principio, estuvo formada por los socialistas,  los radicales de Alejandro Lerroux, los radical-socialistas de Juan Botella, la Derecha Liberal Republicana  de Niceto Alcalá-Zamora y la Acción Republicana de Manuel Azaña.

La abultada derrota de los conservadores les obligó a desarrollar un papel meramente secundario y testimonial en las reñidas discusiones constitucionales que se abrían con aquellas elecciones. Y esta situación fue aprovechada despiadádamente por la flamante Conjunción Republicano-Socialista para rechazar, sin remilgo alguno, su participación en el proyecto de la Constitución de 1931 que se comenzaba a elaborar.

Y aunque esa Conjunción Republicano-Socialista comenzó a redactar la nueva Constitución con ilusión y entusiasmo, el carácter sectario y revanchista de los socialistas del PSOE y de la UGT terminó chocando con la Derecha Liberal Republicana, liderada por Alcalá-Zamora y, más tarde, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Y esas disensiones, como es lógico, acabaron con el idilio republicano inicial de la coalición.

Tanto Niceto Alcalá-Zamora como Miguel Maura se opusieron rotundamente a la disolución de las Órdenes Religiosas y a que se nacionalizaran sus bienes. Pretendían, cómo no, elaborar una Constitución en la que cupieran todos los españoles, una Constitución, por lo tanto, sin el menor rastro de radicalismo o sectarismo ni de la derecha, ni de la izquierda. Y como no fue posible el acuerdo, Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno, siguiendo su ejemplo, poco tiempo después, los radicales de Lerroux, dando paso así al llamado bienio reformista, en el que los socialistas tenían un amplio margen de maniobra.

Es verdad que Alcalá-Zamora y Miguel Maura fueron incapaces de constituir una derecha republicana competitiva y con cierto gancho o predicamento entre los electores. Y esto sirvió, como era de esperar, para que se frustraran totalmente sus expectativas de organizar un grupo con posibilidades reales de exigir cuentas a la coalición izquierdista del Gobierno, que encabeza Manuel Azaña.

Y AHORA ¿QUÉ...?

El diputado del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna, en su afán de defender la indefendible, pretende hacernos creer que la jornada del 9N en Cataluña había sido “un fracaso absoluto”. En ese acto, según dice, hubo muy poca participación y “no ha habido garantías democráticas”, porque no había un censo fiable, ni interventores, ni neutralidad y ni tan siquiera unas urnas precintadas. Y en vista de esto, sin ponerse colorado, continuó su perorata afirmando solemnemente que el 9N se parecía más “a una manifestación de democracia orgánica” que a un acto cualquiera de los que se celebran en las distintas democracias occidentales.

Es verdad que se trata de un proceso participativo muy poco fiable y sin validez jurídica alguna. Pero, como reconoció María Dolores de Cospedal, se celebró “al margen de la legalidad”, tratando vanamente, eso sí, de privar a todos los españoles del derecho inalienable que tienen de decidir sobre su presente y sobre su futuro y sobre cualquier parte de España. En consecuencia, diga lo que diga Gómez de la Serna, fracasó de manera estrepitosa y lamentable el Estado de Derecho y, por supuesto, fracasamos todos los españoles.

No podemos entender que se organizara un simulacro de referéndum ilegal tan trapacero y felón como este y que Mariano Rajoy estuviera desaparecido durante toda la jornada y no hiciera nada para evitarlo. No podemos entender que se vulneraran tan claramente derechos fundamentales nuestros y que no encontráramos amparo en la Fiscalía. No podemos entender que se trasgredieran flagrantemente dos resoluciones recientes del Tribunal Constitucional y que éste no solicitara el auxilio jurisdiccional necesario para hacerlas cumplir. No podemos entender que  distintos jueces, ante un posible caso de desobediencia, de prevaricación e incluso de malversación de fondos, se negaran a tomar medidas cautelares para suspender la votación del 9N porque, según ellos, retirar las urnas sería una medida desproporcionada. No podemos entender que la policía o Mossos d’Escuadra no cumplimentaran la orden que tenían de identificar a los responsables de la apertura de los locales públicos donde tenían instaladas las urnas para la votación del 9N. No nos defendió absolutamente nadie.

LA AMENAZA DEL SEPARATISMO CATALÁN

La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V decide suprimir el autogobierno de Cataluña

Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV,  provoca que los reinos de Aragón, de Valencia y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia  y de Aragón en 1707 y los del Principado de Cataluña ocho años más tarde. 

Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887, cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y político  el primero que acuñó ese término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional; Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.

La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa. Fue secretario de la Asamblea constitutiva   de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa,  en las que se exigía, entre otras cosas,  la restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y el reconocimiento de la oficialidad  del catalán como única lengua propia  del país. Dentro de Unió Catalanista, desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba,  a la constitución de un Estado catalán federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente ese movimiento independentista.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes.

Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el  Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta entonces de la Generalidad. Las autoridades  de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.

Con la restauración democrática, Cataluña recupera el autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad, comenzó a  rodar y a crecer nuevamente la bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que  no hilaron muy fino los padres de la Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a la vista está, que  siempre quieren ir más allá.

Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez,  Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran  y se animaran a plantear reivindicaciones nuevas,   reivindicaciones cada vez más atrevidas y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas  ventajas políticas.

Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas cumplir,  se ponen voluntariamente de perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan  a la inmersión lingüística. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras que haya”.

Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible, añade seguidamente:  "Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones".

A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum popular con el consentimiento del Gobierno central  o sin él. Sabe perfectamente que carece de competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual. Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del resto de España.

Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales. La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias.  Pero Zapatero, para congraciarse con el nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.

No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura".

La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente: ‘El tsunami de Barcelona’. Los separatistas de esta región española están ahora tremendamente  exultantes y venden descaradamente que Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que, al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de Europa,  como rezaba el lema de la manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Espero que los Gobiernos,  que se dedicaron a repartir alegremente competencias,  se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde, de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente debieran recapacitar y proceder inmediatamente  a posibilitar la recuperación de  las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.

En Cataluña tenemos hoy  millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han enseñado  a despreciar la cultura de sus suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se construye a base de astucia y maledicencia.

Gijón, 28 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández