Somos muchos los que pensábamos inocentemente que, el
uso indebido del poder público en beneficio propio o para distribuir beneficios
o cargos políticos entre familiares y
amigos, eran siempre actos claros de tráfico de influencias y de nepotismo. Con
estos hechos tan poco edificantes –y
creíamos que ilegales-, se busca invariablemente la obtención de algún tipo de
privilegio, recurriendo, cómo no, a la obtención de información privilegiada o
cualquier otro tipo de ventaja por amistad o pagando en dinero o en especie.
Siempre se han dado episodios como estos, hasta en
la más remota antigüedad. Quien no recuerda al tirano Pisístrato que, nada
menos que cinco siglos a. C., se hizo
con el poder en Atenas y, para conservarlo y protegerse, entregó casi todos los
los cargos políticos y públicos a familiares suyos y a sus amigos más leales.
De este modo, tenía prácticamente maniatados al resto de aristócratas
atenienses. Es cierto que Pisístrato gobernó con una moderación y una
benevolencia desconocida en Atenas hasta entonces. Y aunque esto favoreció
realmente a los más pobres de la ciudad, no deja de ser por eso un acto
tremendamente deshonesto.
También en la antigua Roma encontramos casos
flagrantes de tráfico de influencias, como sucedió con Pompeyo y su suegro
Metelo Escipión. Aunque Escipión carecía evidentemente de talento militar,
Pompeyo, que aspiraba a ser nombrado dictador, le cedió dos legiones romanas. El
tribuno de la plebe Marco Antonio, que era partidario de Cesar, denunció
inútilmente este hecho en el Senado, ya que este foro, en ese momento, estaba
dominado por los “boni” o hombres buenos, situación que fue ampliamente
utilizada por más de un político de aquella época conflictiva.
El proceso que se produce en todo tráfico de
influencias es siempre el mismo: alguien que disfruta de cierto poder y
autoridad en la vida pública, lo utiliza egoístamente para favorecer a sus
familiares y amigos o a cualquier otra persona de confianza a cambio de
determinadas cantidades de dinero o el pago en especies. El sentido común dice,
que los políticos jamás deben utilizar su autoridad para beneficiar a alguien con
detrimento del interés público. Y esto es lo que ha ocurrido claramente con el
ex ministro José Blanco, presunto imputado por tráfico de influencias en el
“caso Campeón” por el juez instructor José
Ramón Soriano.
La investigación abierta en relación con la llamada
“operación Campeón” fue iniciada por la juez de Lugo, Estela San José, que
apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, que apuntaban
directamente al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Entre los implicados
en un delito de fraude de subvenciones, aparecen varios empresarios, entre
ellos Jorge Dorribo y José Antonio Orozco que, según todos los indicios,
habrían recibido préstamos, subvenciones
u otro tipo de bicocas utilizando, claro está, medios ilícitos.
