LOS SUEÑOS DEL NACIONALISMO CATALAN

VII – La guerra de sucesión a la Corona en Cataluña

El último rey español de la casa de Austria, Carlos II, llamado ‘el  Hechizado’, murió en Madrid el 1 de noviembre de 1700, a la edad de 40 años. Se había casado en 1679 con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia, que muere en 1689 sin dejar descendencia. Volvió a probar fortuna en 1690, casándose  con Mariana de Neoburgo, hija del elector  Felipe Guillermo del Palatinado y duque de Neoburgo, con la que tampoco logró tener hijos.

Y como pasaban los años, y la salud de Carlos II empeoraba visiblemente, comenzaron las intrigas palaciegas. Contar lo antes posible con el sucesor adecuado, se convirtió sin más en una cuestión de Estado. Comenzaron las intrigas palaciegas para condicionar al Monarca a la hora de elegir uno de los candidatos posibles. El bando de cortesanos que dirigía el arzobispo de Toledo, el cardenal Luis Fernández Portocarrero, hostigaba al Rey para que se decantara, de una vez,  por Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV de Francia y de la hermana de Carlos II, la infanta  María Teresa de Austria, hija mayor  de Felipe IV.

La esposa de Carlos II, la reina Mariana de Neoburgo, que contaba con el apoyo de otro grupo importante de notables del Reino, apoyaba decididamente las pretensiones de su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I. Esta opción contaba, cómo no, con el apoyo de Austria para mantener la herencia de los Habsburgo y, por supuesto, con el beneplácito internacional de Inglaterra y Holanda, tradicionales enemigas de España y que, por añadidura, desconfiaban seriamente de las intenciones secretas del  rey Luis XIV de Francia.

Y en esa lucha abierta para condicionar la voluntad del hechizado Rey de España, como era de suponer, también tomaron parte activa los distintos embajadores europeos, especialmente el que representaba al Rey francés. Cansado de tanta presión, Carlos II decide, ya era hora, poner fin a semejante incertidumbre, y el 3 de octubre, un mes escaso antes de su muerte, hace testamento, dejando el Trono de España a Felipe de Anjou, un Borbón, nieto de Luis XIV y segundo hijo del Gran Delfín Luis de Francia, que ya había muerto.  Le obliga, eso sí, a que se contente con ser Rey de España y renuncie a la sucesión de Francia.

Tras la apertura del testamento real, casi todas las cancillerías europeas aparentaban aceptar respetuosamente la voluntad del Monarca que acababa de morir. Pero esa era una falsa percepción, ya que ese testamento reavivó nuevamente la discordia y el enfrentamiento entre casi todas esas naciones, dando lugar a la Guerra de Sucesión española. A pesar de todo, Felipe V entra en España el 23 de Enero de 1701. Y nada más llegar a Madrid, expulsa de la Corte al virrey de Cataluña, el príncipe  Jorge de Darmstadt, por ser partidario de los Austrias.

II.-LA GUERRA DE SUCESIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

El día 1 de noviembre de 1700, moría sin descendencia Carlos II el Hechizado, el último rey español de la casa de Austria. Poco antes de morir, hace testamento, en el que designa a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como su único sucesor y pide a todos sus súbditos y vasallos que le “tengan y reconozcan por su rey y señor natural”.

A pesar de este testamento, tan pronto muere Carlos II, comienzan las intrigas palaciegas en las que intervenían interesadamente cortes extrajeras tratando de imponer a su candidato.  Así empieza en 1701 la larga  Guerra de Sucesión. La coalición formada por Austria, Inglaterra, Holanda, que defendía las aspiraciones del archiduque Carlos de Austria, se enfrenta violentamente a Francia, que se posicionó a favor de Felipe de Anjou. A esta coalición se unieron más tarde Saboya, Prusia y Portugal.  La contienda bélica se libró inicialmente en el Rin, en Flandes y en Italia,  y no se extendió a la península hasta agosto de 1704  con el desembarco en Cádiz de tropas aliadas.

Los enfrentamientos entre los partidarios de uno y otro aspirante al trono adquirieron rápidamente naturaleza de guerra civil. Aunque esto no guste a los apóstoles del soberanismo, nunca hubo confrontación entre regiones o territorios. Todo se reducía a una lucha enconada entre los que querían por rey al archiduque Carlos de Habsburgo y los que apostaban por Felipe de Anjou. El  miedo a perder la libertad y a que se instaurase el absolutismo borbónico indujo a los vasallos de la Corona de Aragón, con la excepción de Cataluña, al apoyo incondicional del Archiduque Carlos. También hubo ciudades castellanas, como Madrid, Toledo o Alcalá que se inclinaron por el pretendiente de la Casa de Austria.

Cataluña, en cambio, estuvo inicialmente de parte de Felipe de Borbón. En vista de que Felipe V se comprometió solemnemente  a respetar sus fueros históricos, tanto el clero, como la nobleza y la  burguesía urbana le juraron plena lealtad. Pero la lealtad fue muy efímera, ya que la oligarquía barcelonesa, equivocándose una vez más, consumó su traición y el 16 de noviembre de 1705 reconoce como rey de España al archiduque con el nombre de Carlos III. Solamente el valle de Arán y las poblaciones  de Cervera y Vic permanecieron fieles a  Felipe V.

Tras varios años de guerra con diversas alternativas de los bandos contendientes, en 1713 se produce un hecho de suma transcendencia, la promesa de evacuar Cataluña y la firma, a los pocos días,  del Tratado de Utrecht. Felipe V renuncia al trono de Francia, entrega a los ingleses el peñón de Gibraltar y, a cambio, se le reconoce como rey de España y de las Indias. Para terminar con el conflicto de la mejor manera posible, Felipe V concede a los catalanes una amnistía y las mismas leyes que regían en Castilla. Pero los catalanes, aunque su suerte ya estaba echada con el Tratado de Utrecht, deciden seguir la guerra en solitario y mantener su obediencia a Carlos III de Austria.

Esta decisión de los oligarcas catalanes demorará la finalización de la Guerra de Sucesión, acentuará las penalidades de los contendientes y aumentará la severidad del monarca cuando se haga cargo de esos territorios. Las tropas borbónicas, tan pronto llegan ante las murallas de Barcelona, exigen en vano la rendición de la ciudad. Entonces cercan la ciudad para que no pueda llegar a los defensores ni comida, ni suministros bélicos y centran todos sus esfuerzos en la conquista de un punto clave, la fortaleza de Montjuic. Pero no resultó tan fácil como se esperaba. Los soldados catalanes luchaban denodadamente complicando la situación  a las tropas de Felipe V. Habían jurado derramar “hasta la última gota de sangre, en defensa de la C. y C. Magestad del Emperador, y Rey nuestro Señor, (que Dios guarde) y del Fidelísimo Principado de Cataluña”, juramento que recogía oportunamente  la Gazeta de Barcelona.

El día de San Andrés Apóstol, 3º de noviembre de 1713, tal como mandaba la tradición, se procede al nombramiento de nuevos cargos, entre los que destaca  el de conseller en Cap de Barcelona que, en esa fecha recayó en Rafael Casanova. Este cargo, dadas las circunstancias bélicas,  llevaba aparejado el grado de coronel de los Regimientos de la Coronela, la milicia ciudadana más numerosa de la guarnición que defendía la ciudad. A Rafael Casanova, contestado  por el gobernador militar de la fortaleza de Montjuic,  le costó hacerse con el mando total de la plaza. Tuvo que hacer frente incluso a una especie de golpe de estado, que algún historiador calificó como “golpe de estado concejil”. Pero una vez afianzado su poder militar, logro que los enfrentamientos bélicos comenzaran a ser favorables para los defensores de la ciudad, haciendo que resultara inútil su bloqueo

Las tropas partidarias de Felipe V tuvieron que cambiar de estrategia y piden ayuda a Francia. Se hace cargo de la situación el mariscal francés duque de Berwick, que llegó a Barcelona con 20.000 soldados galos y pone inmediatamente sitio a la ciudad. A pesar de la enorme superioridad de las fuerzas atacantes, los asediados se defendían heroicamente y no se rendían. Tuvo que emplearse a fondo la artillería para doblegar a aquellos bravos defensores de los derechos dinásticos de Carlos III, entonces ya emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos VI, cuya capitulación tuvo lugar el 12 de septiembre de 1714.

Los irredentos soberanistas catalanes seguirán vendiendo desvergonzadamente que Castilla acabó con la soberanía secular de Cataluña invadiéndola al día siguiente de su rendición. Por mucho que estos popes prediquen incansablemente el cuento de su colonización violenta por parte de los castellanos, Cataluña nunca fue una nación independiente, ni ha tenido Estado propio, ni se constituyó en reino jamás. No hay más que leer detenidamente la historia para darnos cuenta perfecta de que estamos ante un enfrentamiento dinástico, una guerra de sucesión entre los partidarios de la elevación al trono de un rey o de otro, de Carlos III o de Felipe V. Triunfaron las tropas borbónicas y eso fue todo.

Los soberanistas catalanes se han inventado el bulo de la colonización de Cataluña por parte de Castilla. Han reescrito la historia como hubieran querido que fuese y no como realmente fue. Por eso no dudan  en ocultar  los hechos molestos borrándolos de un plumazo o convirtiéndolos en una impostura imposible. Para mantener sus tesis catalanistas, se lanzan sin complejos a crear una nación virtual, la adornan de todo tipo de virtudes y, acto seguido la ponen al servicio exclusivo de sus intereses particulares y muchas veces inconfesables. Como los distintos Gobiernos del Estado no se imponen, los separatistas catalanes llevan ya treinta años tergiversando indecentemente los hechos pasados y creando una historia oficial que no tiene nada que ver con la historia real.

Ante la incuria manifiesta  del Gobierno central, Artur Mas sale del armario y vende públicamente su moto. Y por lo que se ve, hay mucha gente decidida a comprársela. Falsifican descaradamente los hechos y pretenden hacernos creer que Rafael Casanova y Antonio Villarroel defendieron con arrojo y valentía el supuesto Estado catalán. Y no es así. Uno y otro lucharon denodadamente a favor del archiduque Carlos de Austria. Pensaban que este garantizaba mejor que Felipe V las tradiciones, las inmunidades y las concesiones reales de que disfrutaba Cataluña. Pero nunca contra España.

No hay más que leer las arengas que estos dos defensores heroicos lanzaban a sus gentes, entre las que estaba nada menos que el aguerrido Tercio de Castellanos,  en los momentos más críticos de la batalla. Las palabras de Villarroel, el jefe militar de la defensa de la ciudad, no pueden ser más claras: “Por nosotros y por toda la nación española peleamos. Hoy es el día de morir o vencer, y no será la primera vez que con gloria inmortal fuera poblada de nuevo esta ciudad defendiendo la fe de su religión y sus privilegios”.

Lo escrito por Rafael Casanova para animar a los defensores de la ciudad asediada, nos descubren a un Casanova radicalmente distinto del que homenajean los separatistas en la Diada del 11 de septiembre. El verdadero Casanova no luchaba por una Cataluña independiente, luchaba contra Francia y por España. Así animaba a los sitiados para que repelieran a los asaltantes: “Se hace también saber que siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus empleos explican, declaran y protestan a los presentes, y dan testimonio a los venideros, de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida patria, y del exterminio de todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás españoles engañados, y todos en esclavitud del dominio francés; pero se confía, con todo, que como verdaderos hijos de la patria y amantes de la libertad acudirán todos a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España”.

Los que se han echado al monte en busca de una Cataluña independiente se afanan torpemente en inventarse una historia romántica para un pueblo que siempre formó parte de otras realidades  más amplias: Aragón, España e incluso Francia. Por eso Josep Pla dice que “La historia romántica es una historia falsa”, y pide a las nuevas generaciones de historiadores catalanes, que sean fieles a la verdad. Y leyendo a Rafael Casanova, no deja lugar a dudas: la guerra que asoló a España entre 1704 y 1714 no tuvo cariz nacionalista alguno, fue simplemente una Guerra de Sucesión. El enemigo no era España, era el nieto de Luis XIV y los franceses.

La alineación con el archiduque Carlos tuvo sus consecuencias para todo el reino de Aragón, y especialmente para Cataluña. Aunque Felipe V había prometido respetar todas sus prerrogativas y concesiones reales, la aventura tuvo unos costes  extraordinariamente elevados. Así el 9 de octubre de 1715 se dicta un decreto en el que se anulan todos los fueros y privilegios del Principado catalán: quedan abolidas las Cortes y el Consejo de Ciento; en vez de un virrey pasan a depender  de un capitán general; desaparecen igualmente  las tradicionales vegueries, sustituyéndolas por las usuales corregidurias de Castilla. Se prohíben los famosos somatenes.

Además de los diversos gravámenes sobre las propiedades  urbanas y rurales, y los tributos sobre los beneficios del trabajo, el comercio y la industria, se impuso el castellano como lengua oficial de la administración, aplicándose obligatoriamente  en las escuelas y en los juzgados.  A Artur Más y a todo el clan Pujol, les conviene meditar detenidamente lo que pueda suceder si siguen adelante con sus planes secesionistas. Como ha sucedido otras veces, puede tener un coste muy elevado para ellos y para el resto de catalanes. Aún están a tiempo para recapacitar y olvidar semejante delirio separatista.

Gijón, 14 de octubre de 2012

José Luis Valladares Fernández

ASÍ ACTUA LA CASTA POLÍTICA

Las monarquías medievales fueron evolucionando paulatinamente hacia un absolutismo cada vez más intenso, concentrando cada vez más poder en la figura del rey. Culminó este proceso absolutista, a finales de la Edad Media, con la llegada al trono de Francia del rey Sol Luis XIV. Las decisiones de este monarca francés eran sentencias inapelables. Ahí está para atestiguarlo su famosa frase, que hizo también famoso a todo su reinado: "L'état, c'est moi". No había nada más que un poder y éste era ejercido exclusivamente por el rey. Hubo, es cierto, intentonas revolucionarias de burgueses y liberales para acabar con ese poder omnímodo de los reyes. Pero éste se mantuvo hasta la Revolución francesa de 1848 que, además de acabar con la mal llamada Santa Alianza, depuso al rey de Francia Luis Felipe I e instauró la Segunda República Francesa.

A España llegó también la fiebre del absolutismo de la mano del rey Felipe V, que era nieto del rey francés Luis XIV. Una vez consolidado en el trono, Felipe V se dedicó a la reorganización del aparato del Estado, imponiendo una mayor centralización y el absolutismo. Los episodios más sonados que el absolutismo monárquico provocó en España tuvieron lugar durante el reinado de Fernando VII en  su enfrentamiento violento con los liberales de las Cortes de Cádiz, sobre todo durante el período que conocemos como la década ominosa.

La ilustración del denominado Siglo de las Luces fue sentando las bases para poner límites al absolutismo o despotismo ilustrado de aquella época. Los intelectuales de entonces se ocupaban prioritariamente de hacer saber a los gobernantes absolutistas que, parte de los derechos del hombre nacen de su condición humana y no de la organización estatal. Explica Juan Jacobo Rosseau que, antes de existir la sociedad, los hombres eran libres y completamente felices. Y como querían aún ser más felices decidieron de común acuerdo ceder voluntariamente parte de sus derechos para crear esa sociedad. Lo que implica que el soberano es el pueblo aunque se de ese nombre al encargado de regir los destinos de esa sociedad. Son, por tanto, los ciudadanos, los que pueden pedir cuentas al que abuse del poder.

Detrás vino Charles-Louis de Secondat, el famoso barón de La Brède y de Montesquieu y elaboró una teoría que, para aquella época, era absolutamente revolucionaria. En su obra describe perfectamente la manera de vigilar al poder del Estado mediante la separación o división de poderes para que éste no se corrompa. Según  Montesquieu, los poderes fundamentales del Estado son tres: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder o función legislativa correspondería a los Parlamentos, el ejecutivo a los Gobiernos y el judicial a los Tribunales de Justicia.

Para que estos tres poderes o funciones salvaguarden eficientemente los derechos de las personas,  deben implicar una independencia escrupulosa entre uno y otro poder. Doctrina que cautivó al liberalismo político y que, además, pasó a ser un elemento básico del Constitucionalismo moderno. Esa división de funciones y la no subordinación de unos poderes a los otros acabó con el absolutismo y es, cuando en realidad, se puede hablar con toda propiedad del Estado de Derecho.

Lo malo es que, a lo largo de la historia, los políticos de vía estrecha, que hemos padecido frecuentemente,  han adulterado considerablemente el valioso legado dejado por los intelectuales de la ilustración.  A nuestros políticos no les valía el absolutismo por razones obvias: tenían un protagonismo excesivamente limitado.  Como siempre han querido estar en la procesión sin dejar de repicar  las campanas, tampoco les solucionaba mucho la independencia real de los poderes propuesta por Montesquieu. No quieren ni frenos, ni contrapesos que limiten su actuación en alguno de los poderes clásicos y menos que se les reduzca a simples menestrales de la política del Estado.

Hay dos tipos de políticos, los que se dedican ocasionalmente a la política  y los profesionales que eligieron esta ocupación como único  modus vivendi. Los verdaderamente peligrosos son éstos últimos, los profesionales, los que integran esa nueva casta política, porque no saben hacer otra cosa. Estos últimos tienen algo de autistas y son desmedidamente autocráticos. Aisladamente ya son peligrosos por su manifiesta incompetencia, pero lo son mucho más si llegan a la cúpula de los partidos. Entonces, para ser más poderosos, tratarán de controlar hasta el más mínimo movimiento social. Y así, en vez de ayudar a los ciudadanos, a los que pagan sus platos rotos, les crearan  abundantes  problemas y asfixiaran impunemente a la sociedad. Y a la vista está que, sin representarnos ni consultarnos, nos suplantan y deciden desvergonzadamente por nosotros.

Los líderes políticos debieran ser simplemente meros ejecutores de la voluntad popular. Pero ellos van siempre más allá y rompen cualquier tipo de amarra con el ambiente que les rodea. Como saben perfectamente que no podrían ganarse la vida de otra manera, buscan con verdadero ahínco su propia autonomía ya que no quieren verse condicionados por las ataduras de la sociedad a la que pertenecen. Anteponen sus propios intereses a las necesidades que pueda tener el pueblo, aunque estas sean muy acuciantes. De ahí que su divorcio con la sociedad sea cada vez mayor y crezca desesperadamente el ya enorme desprestigio social con que cuentan.

Como la sociedad no es muy dada a movilizarse, los políticos han aprovechado esta contingencia para burocratizarse y convertir a su partido en una institución oligárquica.  Hacen todo lo que pueden para que sean las propias leyes las que respalden de manera eficaz sus intereses y así perpetuarse indefinidamente en la política, dominando el mayor número posible de parcelas del poder. Los de la casta política buscan afanosamente, como primera medida, ampliar lo más posible sus derechos y por supuesto garantizar su blindaje. Y para eso, nada mejor que colonizar debidamente las instituciones y ahormarlas a su propio interés y al de sus amigos y familiares, aunque se corra el riesgo  de volverlas inoperantes.

De una manera un tanto insolente, se han apropiado del poder popular y lo ejercen de manera prepotente, sin dar ningún tipo de explicación de sus actos a los ciudadanos que les dieron su confianza. Y abusará desvergonzadamente de ese poder, hasta que encuentre un límite que se lo impida y le haga entrar en razón. Lo dijo muy bien Montesquieu en El Espíritu de las Leyes: “para que nadie pueda abusar del poder, es necesario conseguir, mediante la adecuada  ordenación de las cosas que el poder frene al poder”.

La política hoy día está llena de paracaidistas. Es la única ocupación a la que se accede directamente sin someterte a un examen previo y sin oposiciones. El inefable José Bono lo explica muy bien y lo justifica diciendo que sabe bien de lo que habla. Fue al programa de Telecinco “El Gran Debate”, más que nada para hacer propaganda de su libro, y allí afirmó rotundamente que, para alcanzar una plaza de diputado o senador, no hacía falta nada extraordinario. Bastaba con afiliarse a un partido con posibilidades y dedicarse concienzudamente a hacer la pelota al jefe.

La mayor parte de los que integran hoy las inacabables listas de políticos son unos advenedizos, que llegaron ahí de la mano de algún preboste por enchufe o porque ingresaron de jovencitos en las Juventudes del partido y supieron dar jabón en toda regla al jefe. Son muchos los que, con una capacidad intelectual normalmente escasa y sin experiencia alguna en el sector privado, optan por la política para seguir viviendo del cuento y porque saben perfectamente que no valen para otra cosa. Y hoy abundan ejemplares de estos en todos los partidos que, hasta sin estudios y sin preparación alguna, tratan de regir nuestros destinos.

No harán otra cosa bien, pero son maestros en cultivar nuestros favores para perpetuarse en el mundo de la política y no harán nada que les perjudique. Por eso, que nadie espere que los políticos se embarquen en reformas que puedan dar al traste con sus expectativas. Y eso, aunque estas sean absolutamente imprescindibles y las demande el pueblo. Estos políticos suelen perder la vergüenza y, como dijo hace mucho tiempo el profesor alemán Georg C. Liechtenberg, “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

Gijón, 8 de octubre de 2012

José Luis Valladares Fernández

LA AMENAZA DEL SEPARATISMO CATALÁN

La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V decide suprimir el autogobierno de Cataluña

Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV,  provoca que los reinos de Aragón, de Valencia y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia  y de Aragón en 1707 y los del Principado de Cataluña ocho años más tarde. 

Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887, cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y político  el primero que acuñó ese término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional; Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.

La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa. Fue secretario de la Asamblea constitutiva   de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa,  en las que se exigía, entre otras cosas,  la restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y el reconocimiento de la oficialidad  del catalán como única lengua propia  del país. Dentro de Unió Catalanista, desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba,  a la constitución de un Estado catalán federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente ese movimiento independentista.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes.

Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el  Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta entonces de la Generalidad. Las autoridades  de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.

Con la restauración democrática, Cataluña recupera el autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad, comenzó a  rodar y a crecer nuevamente la bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que  no hilaron muy fino los padres de la Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a la vista está, que  siempre quieren ir más allá.

Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez,  Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran  y se animaran a plantear reivindicaciones nuevas,   reivindicaciones cada vez más atrevidas y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas  ventajas políticas.

Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas cumplir,  se ponen voluntariamente de perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan  a la inmersión lingüística. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras que haya”.

Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible, añade seguidamente:  "Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones".

A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum popular con el consentimiento del Gobierno central  o sin él. Sabe perfectamente que carece de competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual. Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del resto de España.

Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales. La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias.  Pero Zapatero, para congraciarse con el nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.

No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura".

La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente: ‘El tsunami de Barcelona’. Los separatistas de esta región española están ahora tremendamente  exultantes y venden descaradamente que Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que, al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de Europa,  como rezaba el lema de la manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Espero que los Gobiernos,  que se dedicaron a repartir alegremente competencias,  se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde, de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente debieran recapacitar y proceder inmediatamente  a posibilitar la recuperación de  las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.

En Cataluña tenemos hoy  millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han enseñado  a despreciar la cultura de sus suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se construye a base de astucia y maledicencia.

Gijón, 28 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández