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jueves, 16 de enero de 2014

ASÍ ACTÚAN LOS SINDICATOS DE CLASE



El pasado 25 de noviembre, la periodista Ana Pastor entrevistó, ante las cámaras de la Sexta Televisión, a Cándido Méndez, Secretario general de la UGT. A lo largo de la conversación, salieron a relucir, cómo no, las conductas poco edificantes del sindicato socialista y sus numerosos casos de corrupción, aireados profusamente por distintos medios periodísticos. El líder sindical  procuró en todo momento lanzar balones fuera y quitar hierro a esas acusaciones, que considera sumamente excesivas. Por lo menos, trató de lavar su cara afirmando: "Tengo la conciencia tranquila a nivel personal, pero lo veo con gran preocupación en relación con los afiliados”.

El máximo responsable de la UGT dice que su sindicato es meridianamente transparente en todas sus actuaciones. Y para dar mayor credibilidad a sus palabras, confiesa algo muy llamativo: le gustaría  que la Ley de Transparencia, impulsada por el Partido Popular, fuera mucho “más exigente”. Ha olvidado ya las continuas y ruidosas protestas, organizadas por los socialistas contra esta Ley, desde que comenzó a tramitarse en el Congreso. También sorprende, que, en vista de la gravedad de las acusaciones que hacen esos periódicos, no se querelle contra ellos y se limite simplemente a calificarlas de infundios y calumnias desmedidas.

Piensa Cándido Méndez, que la sociedad española valora muy positivamente el trabajo desarrollado por UGT. Pero aún así, dice, procuran esforzarse cada día para optimizar la imagen del sindicato y “mejorar la percepción que tienen los ciudadanos  de nosotros”. Y lleno de optimismo,  se atreve  a confesar que “los sindicatos tenemos un papel insustituible y ese papel está en la empresa”. Es cierto que los sindicatos fueron sumamente útiles para los trabajadores, pero en otras épocas y, por supuesto,  con otros líderes.

Desde que Ignacio Fernández Toxo pasó a encabezar CC. OO y Cándido Méndez la UGT, estos dos sindicatos se burocratizaron de tal manera, que dejaron de ser auténticas organizaciones sindicales y pasaron a ser una casta sindical, preocupada casi exclusivamente de sus propios beneficios. Ya no es la defensa del  mundo del trabajo lo prioritario para estas centrales sindicales. Ahora les interesa bastante más la cuenta de resultados, porque lo que de verdad persiguen es vivir muy bien, aunque sea a costa del resto de los ciudadanos.

Estas centrales sindicales hace tiempo que perdieron el norte y ya  no tienen  el comportamiento típico de los sindicatos que se preocupaban, ante todo, de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ahora actúan como si fueran auténticos partidos políticos y viven opíparamente de la mamandurria que proporciona el sistema como cualquier otra organización de representación popular. Participan descaradamente en todos los repartos de bienes, llevándose continuamente jugosas subvenciones y ocupando con demasiada frecuencia las codiciadas poltronas de los consejos de administración de las empresas públicas y de las antiguas Cajas de Ahorros.

viernes, 3 de mayo de 2013

CÁNDIDO MÉNDEZ SE RETRATA


Acaba de celebrarse en Madrid el 41 Congreso Confederal de la UGT y, como era de esperar, volvió a ser reelegido, cómo no, el inevitable Cándido Méndez para continuar al frente de la Secretaria General del sindicato socialista. Los delegados que asisten a dicho congreso, además de criticar duramente la austeridad y la política económica del Gobierno del Partido Popular, acuerdan hacer una llamada a los afiliados para que defiendan  “con ahínco la honestidad y el compromiso de nuestros cuadros y dirigentes sindicales”. Quieren que se les desvincule del cobro de comisiones ilegales en las regulaciones de empleo de Andalucía.

Deciden igualmente, y también por unanimidad, limitar a tres los mandatos a los que pueden optar los distintos cargos de la organización sindical. Acto seguido proceden a la elección de la Comisión Ejecutiva que se ocupará de dirigir la UGT durante los próximos cuatro años. Y por lo que parece, se olvidan inmediatamente de los acuerdos que acaban de adoptar, ya que la mayor parte de los que forman la directiva elegida, sobrepasa con creces el número de mandatos sucesivos, fijados previamente en dicho Congreso. Cándido Méndez, por ejemplo, es elegido por sexta vez consecutiva como responsable máximo del sindicato de la UGT.

Entre el 10 y el 13 de abril, era francamente irrespirable el ambiente en el número 25 de la Avenida de América, sede actual del sindicato socialista. Y es que todos los allí reunidos, y muy especialmente los aspirantes a formar parte de los distintos órganos confederales, atufaban todos ellos  a naftalina o al alcanfor utilizado por la abuela. Y el que más apestaba era precisamente el propio Cándido Méndez, que viene practicando impunemente un rancio caciquismo sindical, desde su cargo de secretario general de la UGT, nada menos que desde el año 1994. Y, ¡faltaría mas!, como hubiera hecho Felipito Tacatún, volvió a decir “yo sigo”.

Cándido Méndez nació en Badajoz en enero de 1952 y se afilió al PSOE y a la UGT en el año 1970. Su ascenso en la estructura sindical fue meteórico. En 1978 fue elegido secretario de Acción Reivindicativa de la Comisión Ejecutiva Provincial, pasando a ocupar la Secretaría General de la UGT-Jaén en 1980 y secretario general de la UGT-Andalucía en 1986. Ocupó este cargo hasta que, en 1994 sustituyó a Nicolás Redondo en la Secretaría General de la UGT a nivel nacional. Fue también diputado por el PSOE en el Parlamento Nacional entre 1980 y 1986 y parlamentario en la Cámara de Andalucía entre 1986 y 1987.

La manera de actuar sindicalmente del actual secretario general de la UGT y la de sus más directos colaboradores, es plenamente coincidente con la del sindicato amarillo o vertical, al que no se cansan de denostar. Y es normal que sea así, ya que fue en la Organización Sindical Española de la Falange, donde muchos de ellos dieron sus primeros pasos y algunos llegaron incluso a ser miembros aventajados. No les falta nada más que participar en alguna exhibición majestuosa como las que celebraban  entonces todos los 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.

domingo, 22 de abril de 2012

LOS NEGOCIOS DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS

Las organizaciones de CC.OO, y de la UGT, más que Centrales Sindicales al servicio prioritario e incondicional de los trabajadores, son empresas dedicadas ante todo a rentabilizar convenientemente todos sus activos, que no son precisamente pocos. Pues no es tan fácil combinar adecuadamente objetivos financieros con estrictos valores sociales. Son varios los sectores económicos, donde los máximos responsables de ambos sindicatos se convierten en auténticos patronos, decantándose preferentemente  por el ladrillo. Aunque para rentabilizar mejor su labor empresarial, exploran todas las posibilidades que están a su alcance. De ahí que se asocien con grandes multinacionales, buscando intencionadamente los suculentos réditos que suelen dar estas alianzas.

Ambas centrales sindicales resultan, eso sí, mucho más beneficiadas que las demás empresas con las que compiten y, por supuesto, más que el resto de sindicatos. Al figurar como agrupaciones sindicales, los fondos que reciben  de los impuestos de los ciudadanos se ven libres de cualquier tipo de control  y de la fiscalización  exhaustiva que sufren las demás empresas. Cuentan además con un buen número de fundaciones que les reportan alrededor de 500 millones de euros en dinero público. Al figurar como fundaciones sin ánimo de lucro, no están obligados a presentar cuentas pormenorizadas, aunque se trata de dinero público. Les basta con recoger someramente las partidas, sin entrar en detalles, resultando así difícil su fiscalización.

Las centrales sindicales capitaneadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez controlan un buen número de sociedades entre limitadas y anónimas, cuyos activos superan con creces los 240 millones de euros. La Confederación Sindical de CC.OO., por ejemplo, es dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, líder en número de viviendas gestionadas en régimen  de cooperativa. Es sin duda alguna la primera empresa en número de viviendas protegidas entregadas. Solamente en  2010, generó un beneficio de unos 4,8 millones de euros. También es propietaria de las empresas Deinco Inmobiliaria y Habitatge Entorn, ambas relacionadas claramente con el ladrillo. La organización de CC.OO, es asimismo  la propietaria de un grupo importante de promotoras en Aragón.

Las inversiones inmobiliarias  de la UGT, aunque notablemente más modestas que las de CC.OO., alcanzan también cuotas dignas de mención. El sindicato de Cándido Méndez controla el 70% del capital de la empresa Gestión Social Inversiones S.L., propietaria a su vez del 82% de Plazaola Gestión Integral S. L. Este grupo de empresas, participadas un tanto disimuladamente por la UGT, produce unos beneficios muy cercanos al millón de euros. La  empresa inmobiliaria Qualitat Habitatge Social S.A. es quizás la más importante del sindicato socialista. Controlada al 100% por la UGT de Cataluña, cuenta  con más de 15 millones de euros en la casilla de activos y se dedica plenamente  a la ejecución del programa de viviendas sociales.
También se han embarcado estas dos centrales sindicales en el campo empresarial de las consultorías. La empresa Grupo de Proyectos Sociales de Madrid S.A. es quizás la mayor empresa dedicada a la consultoría y está en manos de CC.OO. Ambos sindicatos participan al 50% en la empresa Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L., dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios  de dirección, administración y gestión de empresas.

Otro capítulo importante al servicio de la actividad empresarial de los sindicatos de clase es el de las fundaciones. Gracias a las fundaciones,  las centrales sindicales de la UGT y CC.OO. venían gestionando hasta ahora alrededor de los mil millones de euros al año. La organización controlada por Fernández Toxo trabaja al menos con cuatro fundaciones que, entre todas ellas, aportan al sindicato más de 250 millones de euros. La mayor parte de este dinero provenía del presupuesto que el Ministerio de Trabajo destinaba a la formación para el empleo. Las cuentas con las fundaciones en la UGT son prácticamente idénticas a las de Comisiones Obreras.

Pero el afán de los sindicatos mayoritarios por hacer caja les lleva a asociarse activamente con multinacionales del porte del BBVA y de la Telefónica. Entre CC.OO. y la UGT suman el 40% de las acciones de Gestión de Previsión y Pensiones S.A., la gestora del BBVA. Cada sindicato se llevó 853.000 euros a cuenta de los beneficios generados por esta gestora durante el ejercicio de 2010. Esta sociedad gestiona varios planes de pensiones, pero el más importante por su volumen es el de la Administración del Estado con un montante de 537 millones de euros. Por la administración de este plan, la gestora del BBVA, participada por CC.OO. y la UGT, se embolsó en 2011 un  millón y medio de euros en comisiones.

Los sindicatos liderados por Fernández Toxo y Cándido Méndez también son socios de Telefónica, participando cada uno de ellos con el 15% en Fonditel Pensiones. Se trata de la cuarta mayor gestora de España con una proyección enorme, pues además de llevar los planes de pensiones privados de Telefónica, gestiona también los de otras empresas. La participación de cada central sindical en Fonditel Pensiones sobrepasa los once millones de euros en activos, y sindicato se ha embolsado medio millón de  euros de beneficios durante el ejercicio fiscal del año 2010.

Como lo que priva a los sindicatos de clase es el dinero, no podían dejar desatendido  el sector de las aseguradoras. El negocio de los seguros siempre ha dado buenos resultados, por lo que CC.OO. y la UGT, que se apuntan a todas,  entran a formar parte de la multinacional de seguros Atlantis. Atlantis  es filial de tres grandes grupos aseguradores que se dedican a ofrecer otras alternativas al seguro tradicional, subordinando siempre la propia economía al servicio de las personas.

El accionista mayoritario del grupo Atlantis es la aseguradora francesa MAIF, que tiene asegurado al 90% del profesorado francés. Le sigue en importancia la mutua MACIF, también francesa, que engloba a una buena parte de los asalariados de la industria y el comercio. Viene después el grupo UNIPOL nacido inicialmente para asegurar el movimiento cooperativo italiano, pero que hoy ofrece una amplia gama  de seguros y productos financieros. Estas tres aseguradoras protegen a más de 15 millones  de personas en toda Europa.

Los sindicatos de la UGT y CC.OO. participan  en el capital de la aseguradora Atlantis con un 5% cada uno. Y los activos proporcionales que maneja cada uno de ellos alcanzan los cinco millones. La relación de CC.OO y la UGT con Atlantis es tan alta, que la aseguradora  se anuncia en las páginas Web de dichos sindicatos dentro del apartado de servicios, en las que los sindicatos aparecen claramente como entidades vinculadas al grupo. Se da además la circunstancia de que entre los miembros del consejo de la aseguradora Atlantis nos encontramos con cargos de una y otra central sindical.

Habría que agregar a todo este entramado empresarial los departamentos jurídicos de ambas centrales sindicales que atienden gratuitamente a sus afiliados, pero que admiten clientes ajenos a dichos sindicatos, cosechando notables beneficios. Así que, tanto la UGT como CC.OO., funcionan como dos gigantescas empresas, disfrutando pródigamente de ciertas prebendas que no tienen las demás empresas. Para empezar, a estas entidades sindicales no se las  obliga a detallar sus cuentas públicas y nunca han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. Disfrutan gratuitamente de los inmuebles donde tienen sus sedes, edificios que proceden, en su inmensa mayoría, de la sospechosa restitución del patrimonio histórico sindical. Otros muchos edificios fueron cedidos gratuitamente por los poderes públicos y son muy pocos los adquiridos directamente. Pero no pagan renta por ninguno de ellos y ni siquiera abonan el correspondiente IBI, a pesar de que se trata un  patrimonio sumamente  abultado e importante.

Han puesto, eso sí, el grito en el cielo por la reforma laboral elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Achacan a semejante reforma un aberrante e inadmisible abaratamiento del despido. Más aún, para los líderes de la UGT y CC.OO, el nuevo contrato indefinido descrito en la nueva reforma laboral para empresas de menos de 25 trabajadores, permite sin más “el despido libre y gratuito” durante un año. De ahí que pidan insistentemente  la retirada inmediata de semejante reforma y el comienzo de una negociación abierta con las fuerzas sindicales. Por eso los sindicatos, con el apoyo incondicional del PSOE e IU, se han lanzado a la calle organizando ruidosas manifestaciones y montando la huelga general del 29 de marzo pasado.

Hasta aquí todo normal. Normales son las protestas, los alborotos callejeros y hasta la misma huelga general para intentar cambiar el rumbo de la reforma laboral propuesta por Fátima Bañez, actual ministra de Empleo y Seguridad Social. Pero lo que ya no es normal es la incoherencia de los responsables sindicales de CC.OO. y de la UGT, ya que predican una cosa y hacen exactamente la contraria. Protestan airadamente de que las demás empresas puedan despedir trabajadores, pero ellos, en vez de dar ejemplo adoptando medidas menos drásticas, utilizan el despido sin contemplaciones. No se a quien quieren engañar, pero la mayoría de los despidos de los sindicatos son simplemente por  “causas organizativas, técnicas y de producción”.

El pasado año, los sindicatos dirigidos por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez despidieron a más de 500 trabajadores. Y lo han hecho incluso hasta con veinte días de indemnización  por año trabajado, tal y como recoge la nueva reforma laboral que tanto atacan. Sus despidos son a veces tremendamente injustos, teniendo que intervenir la autoridad judicial competente para corregir tamaños desafueros.  Es llamativo el caso de una trabajadora de CC.OO. de Gijón, que con casi diez años de servicio,  fue despedida por dos veces por dicha central sindical y otras tantas veces los tribunales obligaron al sindicato a readmitirla. Y son los mismos, o similares, los pecados laborales de la UGT. Está visto que no es lo mismo predicar que dar trigo.

Gijón, 19 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández

martes, 10 de abril de 2012

¿SINDICALISTAS O APROVECHADOS?

Los sindicatos, tal como los conocemos hoy día,  tienen su origen  en las asociaciones que se fueron creando en Gran Bretaña a raíz de la denominada Revolución industrial, que comenzó en 1776. A este tipo de asociaciones, entonces ilegales, que buscaban colectivamente la manera de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, se les dio el nombre de Movimiento obrero. Cuando Inglaterra reconoció en 1824 el derecho de los obreros a formar este tipo de asociaciones, aparece ya el nombre de ‘sindicato’.
Se dio el nombre de ‘sindicato’ a estas asociaciones por analogía con la actividad de los síndicos de la antigua Grecia. La palabra ‘síndico’, procede del vocablo griego Συνδηκου (sindico), utilizado para designar a los que se encargaban de defender a otros ciudadanos en los juicios. Con el paso de los años, la palabra síndico termina por adjetivarse cambiando sensiblemente su significado ampliando la defensa a conjunto de personas o a la propia comunidad. La  palabra  síndico con esta nueva acepción conserva el prefijo Συν (syn) y cambia δηκου por δηκι (dike), lo que vendría a decir “con-justicia”.
Desde el principio, los sindicatos han procurado garantizar el bienestar, los intereses sociales, económicos e incluso profesionales del colectivo obrero. En esa defensa, solían estar incluidos todos los trabajadores, incluso los que no habían querido sindicarse. Y este debiera ser también el objetivo primordial de CC.OO. y la UGT. Lo malo es que no es así. Estas dos centrales sindicales se olvidan frecuentemente  de la defensa de los trabajadores para ocuparse de manera casi exclusiva de sus propios intereses. En realidad, se parecen bastante más a una formación política que a un sindicato. A la vista está, que su comportamiento no es el mismo con un gobierno que con otro.
Tanto Ignacio Fernández Toxo, máximo responsable de CC.OO., como Cándido Méndez, mandamás de la UGT, durante los casi ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, más que líderes sindicales, parecían ministros sin cartera. Aunque el número de parados comenzó a crecer vertiginosamente, aunque se congelaron las pensiones y se recortó el salario de los trabajadores públicos y aunque hubo una subida generalizada de impuestos, estos dirigentes sindicalistas guardaron un escrupuloso e imperdonable silencio que talmente parecían tumbas etruscas. Pero eso si, la llegada del Partido Popular al Gobierno les sacó inmediatamente de tan profundo letargo.
Ante semejante comportamiento, es normal que los trabajadores españoles desconfíen manifiestamente de estas  centrales sindicales mayoritarias. Su descrédito es cada día mayor, pues dan la sensación de que estas organizaciones se han olvidado de su labor sindical y se han convertido en auténticas y enormes burocracias que viven cada vez mejor a base de privilegios y de subvenciones cada vez más generosas. Motivo más que suficiente para que, los trabajadores que quedan,  desconfíen abiertamente de estos sindicatos de clase. Y si así reaccionan los que aún conservan su trabajo, ¿qué no harán los trabajadores autónomos, los que llevan tiempo en el paro y los que buscan infructuosamente su primer empleo.
A pesar de las críticas y los recelos de unos y de otros, los dirigentes de la UGT y de CC.OO. son inconmovibles, preocupándose exclusivamente de sus abundantes chollos y de sus negocios. Utilizan  desvergonzadamente la crisis económica para hacer caja y engrosar de manera considerable sus cuentas. Su indecencia llega hasta el extremo de hacer negocios hasta con el desempleo, ya que cuanto más para haya, más dinero ingresan. Sin el menor rubor se aprovechan descaradamente de la mayor estafa social al cobrar un 10% de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores cuando se les obliga a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Para más INRI, los trabajadores desconocen frecuentemente que los porcentajes que se llevan estas centrales sindicales se les descuentan  de las minutas de la indemnización que reciben al ser afectados por el ERE, ya que se trata de una cantidad que no aparece en ningún recibo  ni factura. Y a veces la cantidad detraída de la compensación recibida puede ser importante, ya que la organización sindical se lleva una cantidad extra de entre un 10% y un 15% de cada uno de los trabajadores cuando estos cobran más de  20 días por año trabajado. Y no es normal que se pacten ERE con los 20 días que establece la Ley como mínimo. Como fruto de las negociaciones, habitualmente los ERE aprobados están entre 30 y 40 días por año trabajado y a veces llegan hasta los 45 días.
Los cursos de formación continuados constituyen por sí solos todo un pingüe y suculento negocio del que participan inmerecidamente, a través de la Fundación Tripartita, la UGT y CC.OO. Dicha Fundación  está formada por estas dos centrales sindicales  y por la CEOE. Los recursos financieros, que posibilitan esa formación continuada,  proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional realizada por la Seguridad Social, de las ayudas aportadas por el Fondo Social Europeo, además del 3% de los Presupuestos Generales. Y para mayor despropósito, estas cuantiosas subvenciones se les reparten lamentablemente antes de que se impartan esos cursos y sin que exista una fiscalización posterior.
A la animosidad y la animadversión propias de los sindicatos de clase contra toda opción política conservadora cuando gana las elecciones, se une ahora una belicosidad atroz para chantajear deliberadamente a los responsables del Gobierno para que no les toquen sus prebendas  particulares. A los sindicatos de la UGT y  CC.OO. les preocupan  muy poco la nueva  reforma laboral y, menos aún, los nuevos Presupuestos para 2012. Lo que de verdad les saca de quicio es que, con  esta reforma laboral y con estos Presupuestos, pierden parte de su poder tradicional y pierden también mucho dinero.
Saben perfectamente que una reforma electoral como ésta, o muy similar,  era totalmente necesaria para abrir un camino de esperanza a los parados de larga duración y a los jóvenes, incapaces de encontrar su primer empleo. Podrá fracasar, pero de momento está en la onda de las normas laborales que rigen en los países de nuestro entorno y en ninguno de ellos se ha desmadrado el paro como en España. La crisis ha sido igual para todos y, sin embargo, doblamos en paro a la mayoría de ellos. Capitaneamos las listas de desempleados en todo el mundo civilizado. Hasta Irlanda, Portugal e incluso Grecia, que ya es decir,  tienen un porcentaje de parados inferior al nuestro. Y algo tendrá que ver en ello la norma laboral que rige en cada uno de ellos.
Pero ni la UGT ni CC.OO. ha querido esperar a ver los resultados de la reforma laboral. Sin esperar a la redacción definitiva  que saldrá de Las Cortes, se han lanzado a la calle con huelga general incluida  porque, según dicen, acabará con los puestos de trabajo que quedan. Quieren hacernos creer que se movilizan ahora para defender los derechos laborales de los trabajadores. Y ¿por qué no se movieron durante los duros años del zapaterismo, cuando se disparó el paro y se llegó incluso a recortar sensiblemente el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores? La respuesta es muy sencilla. A parte de sintonizar políticamente con el Gobierno de entonces, el  paro les daba pingües beneficios con los famosos ERE.
El problema por el que los sindicatos de clase han declarado la guerra al Gobierno de Mariano Rajoy y se han echado a la calle, es la pérdida de parte de sus propios derechos. Que la nueva normativa  laboral reduzca su capacidad de negociación y que pierdan  el monopolio de la formación de trabajadores es lo que ha hecho saltar todas las alarmas sindicalistas. La reforma laboral propuesta por el Gobierno liberaliza el mercado de la formación laboral, con lo que es muy posible que los sindicatos pierdan esta fuente de ingresos que venían percibiendo tradicionalmente y que ahora pueden esfumarse. Solamente en 2011, la engañifa de estos cursos aportaron a las arcas de estas centrales sindicales casi 500 millones de euros
Otro punto extremadamente sensible lo tenemos en los ERE. Con la nueva normativa laboral, las empresas ya no pactarán los ERE con los sindicatos. La nueva norma permite a las empresas los despidos colectivos cuando se den ciertas circunstancias, previstas en la legislación, prescindiendo de las negociaciones sindicales. Y en caso de conflicto, será un juez y no los sindicatos ni la autoridad laboral la que tenga la última palabra. Y con esto, claro está, se cierra definitivamente otra fuente de financiación notable que aportaba a los sindicatos varios cientos de millones de euros al año.
Ni CC.OO. ni la UGT han digerido aún la pérdida de poder social al reducir sensiblemente su papel en la negociación colectiva. A partir de ahora, prima el convenio de empresa sobre el convenio colectivo. Con la reforma laboral se amplían notablemente las causas que permiten a las empresas descolgarse de los pactos colectivos y tomar ciertas decisiones, como ajustar salarios,  la movilidad laboral y hasta y, si las circunstancias lo requieren, extinguir contratos laborales. Y todo esto, por supuesto, sin previo acuerdo con los sindicatos.
Está muy claro que defienden descaradamente sus propios privilegios como el poder de intermediación y todas aquellas actuaciones que les propiciaban buena parte de sus ingresos extraordinarios y todo ello, sin mucho esfuerzo. Pero esto no lo reconocerán jamás y seguirán quejándose con la torpe escusa de los intereses de la clase trabajadora. Pregonarán que la marginación de los sindicatos deja a los asalariados desprotegidos ante los ajustes de los empresarios en crisis y en la más tremenda de las indefensiones al encarar su despido inmediato sin posibilidad de réplica alguna. Debieran, eso sí, dar ejemplo con sus propios trabajadores que frecuentemente son los más expuestos  a todo tipo de arbitrariedades. 
Gijón, 9 de abril de 2012 
José Luis Valladares Fernández

miércoles, 4 de abril de 2012

LO QUE NOS FALTABA

Todos pensábamos que el zapaterismo, sus maneras de actuar y de subvencionar actuaciones improcedentes, había desaparecido ya para siempre. Y que únicamente quedaría constancia de semejantes desaguisados en las hemerotecas y en algún libro que otro. Pero el Boletín Oficial del Estado del pasado día 27 de marzo nos demuestra que no es así, que seguimos ciegamente la pauta marcada por el anterior Gobierno. Es como si alguien hubiera tenido la desgraciada idea de clonar a Leire Pajín, para que, en el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido ahora por Ana Mato Adrover, todo siga igual  y no se note el cambio provocado por las pasadas elecciones.
En el ministerio de Sanidad tratan de cubrir sus espaldas y justifican estas subvenciones citando la Orden SPI/1191/2911 dictada por el Gobierno anterior en mayo del pasado año. Pero aunque quieran lavarse las manos, se da la circunstancia de que ahora es Ana Mato la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, en consecuencia, la que firma dichas subvenciones.  Es cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cometió abundantes dislates y barrabasadas sin cuento, pero quienes nos  gobiernan ahora,  deben corregir cuidadosamente los despropósitos que encuentren y no justificarlos jamás.
En este caso concreto siguen la inveterada costumbre del Ejecutivo anterior de repartir dinero a lo loco, primando generosamente  a  asociaciones con una enorme carga ideológica de izquierdas o patrocinadas directamente por miembros destacados del PSOE. Y a pesar de las dificultades económicas que atravesamos, la cantidad distribuida es importante, nada menos que 207.328.175,50 euros. Se trata de la recaudación efectuada por Hacienda, a través del IRPF,  destinado a cubrir fines sociales. Pero las circunstancias exigían un reparto bastante más equitativo y racional y menos politizado.
Como es imposible hacer una relación de todos los beneficiados por el Ministerio de Sanidad, detallaremos los casos más significativos y chocantes. Al examinar la prolija lista nos encontramos con la Federación de Planificación Familiar, organización que apoya y promueve el aborto sin tapujos, que recibe una subvención de 172.000 euros, desglosados en las siguientes partidas: 112.000 euros para la atención de jóvenes en salud sexual;  otros 31.000 euros, con idéntico destino, pero para jóvenes inmigrantes; y otros 29.000 euros más para atender los derechos sexuales y reproductivos y la confección de una guía de buenas prácticas.
No menos llamativas son las subvenciones concedidas a Save The Children, más que por el importe, por quien está detrás de semejante organización. La mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya Laza es nada menos la vicepresidenta  primera y la presidenta del Comité de Desarrollo del patronato español de Save The Children. Esta organización, no se si por ser vos quien sois, se lleva 87.454 euros para la dinamización de centros educativos y otros 155.876 euros para grupos infantiles de interés social. También recibe 87.093 euros que deberá dedicar a la atención socioeducativa de los menores a domicilio y 68.648 euros más para prevenir el abuso sexual infantil. Con otros 50.929 euros para promocionar la parentalidad positiva y los 36.000 para organizar consejos, comisiones y foros, Save The Children se embolsó un total de 398.907 euros en subvenciones, con la inesperada aquiescencia del Ministerio de Sanidad.
Como no podía ser menos, la Fundación Mujeres, que preside la actual vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se llevó también una suculenta tajada  de 619.990 euros con cargo a la asignación del IRPF: 118.000 euros para el programa “Actívate buscando empleo 2012”; otros 221.990 euros para el programa gemelo “Actívate creando empresas 2012” y 280.000 euros para el Servicio de Apoyo Integral a Personas cuidadoras. Tampoco se ha quedado corto el “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad” de la ex diputada socialista Paquita Sauquillo, al que se le asigna la bonita cifra de 615.204 euros para emplear  en varios programas. Al lado de otras cantidades inferiores,  destacan los 174.400 euros para las oficinas de información en primera acogida; los 114,000 euros para la red ciudadana por la paz y los 84.280 euros para informar y asesorar  a la mujer víctima de violencia de género y en riesgo de exclusión social.
Como venía siendo habitual, tampoco sale mal parada la Federación Estatal  de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales que, por varios conceptos, se embolsa casi 250.000 euros, y otros 25.000 euros la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Es tremendamente significativo que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que dirige Ángeles Pedraza no haya recibido ni un solo euro, mientras que la Asociación 11-M de Pilar Manjón se llevó 180.000 euros y 50.000 la Fundación Víctimas del Terrorismo de Maite Pagazaurtundúa. Ni la misma Leire Pajín lo hubiera hecho mejor.
Es imposible referenciar todas las subvenciones de esta interminable lista de beneficiarios. En el siguiente enlace, puede revisarse el listado completo de las subvenciones concedidas últimamente por el Ministerio de Sanidad que dirige ahora Ana Mato: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4237.pdf.  Pero no podemos pasar por alto a los sindicatos mayoritarios, ya  que, cuando hay reparto de dinero, los encontramos siempre con el cazo preparado en  los primeros puestos de la fila. De la asignación del IRPF destinada a fines sociales, CC.OO y la UGT se llevan 1.296.671, 13 euros para sus programas formativos y de apoyo a la inmigración. En total 73.564,13 euros más de lo que recibieron el año anterior, con Leire Pajín aún al frente del Ministerio de Sanidad.
El sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo se embolsa 488.663 euros para su red de apoyo y defensa de los inmigrantes. CC.OO se lleva otros 120.267,90 euros para sus programas de información y reinserción de personas con problemas de alcohol o de cualquier  otra droga. Recibe también 101,000 euros para realizar diversos planes de formación y de ayuda al empleo. Remata la faena con otros 45.000 euros, que ingresa en sus cuentas,  para asesorar a los emigrantes españoles cuando vuelvan a casa. El total de lo percibido por CC.OO asciende a la cantidad importante de 754.930,90 euros
Tampoco la UGT tiene motivos para quejarse. La central sindical dirigida por Cándido Méndez percibe 238.945 euros para su red de centros de información y orientación social a inmigrantes. Recibe igualmente una subvención de 115.973 euros para su programa  Artemisa, que se ocupa de lograr, al menos teóricamente, la igualdad real entre hombres y mujeres. Para promocionar  el empleo, la UGT ingresa otros 101.000 euros. Así mismo, el proyecto programado para la reinserción sociolaboral de los ex toxicómanos va a proporcionar a este sindicato 36.022,33 euros. Se llevará también 25.000 euros para prestar atención  a emigrantes españoles retornados, más otros 25.000 euros para informar y asesorar a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social. Lo que quiere decir que el sindicato dirigido por Cándido Méndez se embolsa un total de 541.940,23 euros.
También la Unión Sindical Obrera ha tenido su premio en esta tómbola que reparte los fondos del IRPF destinado para fines sociales. Pero el premio de este sindicato es bastante más modesto que los otorgados a los otros dos sindicatos llamados mayoritarios. La USO tiene que confirmarse solamente con 82.200 euros, repartidos de esta manera: 61.200 euros para su servicio de información, asesoramiento y orientación social para inmigrantes y otros 21.000 euros para  la formación, asesoramiento e inserción de jóvenes y conocimiento de sus derechos laborales.
Se trata evidentemente de un dinero procedente del 0,7% de las declaraciones de la Renta de aquellos contribuyentes que marcaron la casilla “a otros fines sociales”. Por lo tanto, se trata de  un dinero destinado, como muy bien subraya el Ministerio de Sanidad en la resolución correspondiente, a subvencionar “la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales”. Es muy posible que Leire Pajín, al abandonar el Ministerio, haya dejado marcadas ciertas   pautas para repartir este dinero. Pero ahora la responsable de ese Ministerio es Ana Mato Adrover, y no Leire Pajín y, en consecuencia,  es ella la que debe marcar las urgencias sociales que exigen una atención prioritaria y más inmediata.
Debido a la complicada situación económica que atravesamos, hoy hay otras carencias y otras necesidades sociales mucho más acuciantes que la mayoría de las que han sido atendidas con estas subvenciones y que, en todo caso, pueden esperar. Son muchas las familias pobres de solemnidad que, al no tener un trabajo, carecen de lo más elemental y,  para matar el hambre, tienen que acudir con todos sus miembros a los comedores sociales de la Iglesia o rescatar alimentos caducados de los contenedores de basura colocados en las inmediaciones de los supermercados. 
Gijón, 2 de abril de 2012 
José Luis Valladares Fernández

martes, 13 de marzo de 2012

BATALLAS SINDICALES ABSURDAS

Es sobradamente conocido  que, los sindicatos de clase que padecemos,  disfrutaron de  una auténtica luna de miel viviendo de la “sopa boba”, a la sombra del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aficionados desde hace tiempo a la mamandurria y al mamoneo más desvergonzado, en vez de plantar cara al Gobierno por el alarmante aumento del paro, miran al tendido y se convierten voluntariamente en un apéndice doméstico del mismo. Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez, más que líderes sindicales, parecían  ministros sin cartera del Ejecutivo presidido por  Zapatero.
En una  intervención ante el Congreso Federal de la UGT, celebrado el 1 de abril de 2009, Zapatero, dirigiéndose a los sindicalistas en general, esboza una sonrisa bobalicona,  y les dice pausadamente: “necesito vuestro apoyo. Necesito vuestro cariño”. No necesitaba pedir ni apoyo ni cariño a CC.OO y menos a la UGT. Lo tenía de antemano. Ya hacía tiempo que habían firmado la paz social con el Gobierno, a cambio  unas suculentas y jugosas subvenciones. Cerraron, es verdad, cantidad de empresas y se destruyeron innumerables puestos de trabajo, pero los sindicatos, preocupados exclusivamente por hacer caja,  guardaron el silencio más absoluto. Y si abrían la boca, era contra Esperanza Aguirre.
De hecho, durante el complicado mandato de Zapatero, se cerraron más de 900 mil empresas y se destruyeron más de tres millones de puestos de trabajo, sin que los sindicatos de clase levantaran la voz. Era evidente que entonces, ni estaban, ni se les esperaba. Tuvo que ganar Mariano Rajoy las pasadas elecciones para que Cándido Méndez y Fernández Toxo despertaran, por fin, de su prolongado y punible letargo. Para ellos ha sido una desfachatez enorme que, el nuevo Gobierno, iniciara su mandato poniendo en marcha una reforma laboral sumamente perjudicial, según dicen, para la clase trabajadora.
No es precisamente la suerte de los  trabajadores lo que preocupa a los líderes sindicales. Pasan olímpicamente de ellos y desprecian sin el menor complejo a los parados. Los utilizan, sin más, en beneficio propio. Como son tan egoístas, viven preocupados exclusivamente porque esta reforma laboral les resta parte de su capacidad de influencia en las empresas, pierden protagonismo y pierden además bastante dinero. Dejarán de controlar, a partir de ahora, muchos convenios colectivos, pues las empresas podrán negociar directamente con sus propios trabajadores nuevas condiciones laborales. Dejarán también de impartir muchos cursos de Formación, lo que supondrá una pérdida considerable de dinero. Y por si fuera esto poco, va el Gobierno  -a quién se le ocurre-  y les reduce un 20% las subvenciones.
Quienes han vivido siempre del cuento, ante una pérdida tan considerable de poder y de emolumentos, montan en cólera y declaran, sin más, la guerra al Gobierno. Sin dar tiempo al tiempo, tocan a rebato para congregar a los suyos y, de acuerdo con Rubalcaba,  los mandan a ocupar la calle. Piensan, además,  que ésta es la mejor manera para incendiar el ambiente de cara a la huelga del próximo día 29 de marzo. Del resto, ya se encargarán los tradicionales piquetes violentos para lograr que se siga masivamente esa huelga. Los aburguesados líderes de los sindicatos de clase, sin la menor reflexión, atribuyen obscenamente  a esta reforma laboral toda clase de desastres, incluidos, por supuesto, los provocados por la impericia y la inanición del Gobierno de Zapatero.
Para los sindicalistas Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, para Rubalcaba y sus mesnadas, la reforma laboral promulgada por el Partido Popular merece todos los reproches habidos y por haber. Para empezar, al abaratarse  el despido,  los empresarios no tendrán problema alguno para despedir abusivamente a sus trabajadores. La golfería  que practican habitualmente no les deja ver que el despido más barato se produce cuando las empresas fracasan, tienen que cerrar sus instalaciones y, en consecuencia, todos  sus trabajadores se van al paro. Ni más ni menos, lo que ha venido ocurriendo profusamente con los socialistas en el Gobierno.
Sorprende enormemente que tanto Fernández Toxo como Cándido Méndez se lamenten ahora del supuesto aumento del paro que previsiblemente ocasionará esta reforma laboral. Mientras estuvieron morreando con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que era cuando de verdad crecía el paro, se callaban como muertos porque ese paro era para ellos una fuente inagotable de ingresos. No  representan ni al 15% de los trabajadores pero, al gestionar en exclusiva los ERE, cobraban un porcentaje determinado a todos los que se quedaban en paro, fueran afiliados o no. Por ejemplo, con los Expedientes de Regulación de Empleo de la empresa Delphi, los sindicatos se embolsaron, ahí es nada, 2,4 millones de euros.
En realidad, ha sido la política trasnochada de Zapatero, irresponsablemente bendecida por los líderes de CC.OO y de la UGT, la que, en buena parte,  más ha contribuido a la destrucción de nuestro tejido empresarial y, en consecuencia, a un deterioro más que notable del Estado de bienestar. Y ahora esos mismos líderes, auténticos parásitos sindicales, rematan la jugada negando al Gobierno de Mariano Rajoy autonomía para reparar tal desaguisado, ni más ni menos que siguiendo la pauta marcada por aquellos países que ya están saliendo de la crisis. Para Fernández Toxo y para Cándido Méndez los culpables de todo, además de la derecha, son los empresarios. Esa inquina de los sindicatos de clase hacia todo el empresariado inspiró a Cándido Méndez la siguiente simpleza o sandez: “hay  muchos empresarios que se sienten atraídos por el desempleo como las polillas se sienten hacia la luz”.
Cargan las tintas contra los empresarios y resulta que no hay en España empresa más grande, ni industria  más rentable y boyante que la del sindicalismo de clase. Tienen garantizados unos ingresos fijos, sumamente elevados, inalcanzables para las demás empresas aún en tiempos de vacas gordas. Y por si fuera esto poco, apenas si tienen costes de producción, gozan  de exenciones fiscales extraordinarias y, ni siquiera, tienen que rendir cuentas ante algún organismo fiscalizador. Como todo fiel cristiano, con el dinero que les llueve de todas partes, realizan inversiones en los distintos mercados financieros; pero maldito que pagan impuestos por los dividendos e intereses que consiguen. Les salen gratis, hasta los locales donde desarrollan su actividad sindical. El único coste al que han de hacer frente es el de sus plantillas, y aún así, lo que es más inaudito, despiden gente como las demás empresas.
Aunque para CC.OO y la UGT todo son ganancias limpias, aún quieren más y son incapaces de ejercitar la más mínima solidaridad con los que se han quedado sin trabajo y sin nada. Como la reforma laboral dictada por el Gobierno merma en parte su poder y aminora levemente sus ingresos, montan un cirio mayúsculo ocupando la calle y convocan  una jornada de huelga general. Saben sobradamente que nuestra situación económica no está para bromas y menos para afrontar los enormes gastos que esto ocasiona. Saben igualmente que a quien de verdad perjudican con esa inoportuna huelga es a España y a todos los españoles, al dar una imagen de helenización, que no es precisamente lo más apropiado para que los inversores extranjeros inviertan aquí sus dineros.
Con esa incalificable actitud de los sindicatos y con ellos, de todo el PSOE, insultan gravemente a los millones de personas que han perdido su empleo y que, de esta manera, ven que se va a prolongar su duro calvario hasta Dios sabe cuando. Es posible que la reforma laboral del nuevo Ejecutivo sea muy mala, que pueda precarizar incluso algunos tipos de trabajo. Pero aunque así sea, siempre será mejor un empleo precario que eternizarse en esas interminables listas del paro. La extrema rigidez del mercado laboral que propugna nuestra legislación laboral, tiene mucho que ver con  esas cotas tan altas de desempleo que padecemos.
 Las normas laborales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, vigentes hasta ahora y que defienden denodadamente Fernández Toxo y Cándido Méndez, están enraizadas en el Fuero del Trabajo de Franco. Y la nueva reforma laboral, al menos, es más moderna. Rompe ese encorsetamiento  nocivo del mercado laboral y aunque no les guste, puede homologarse –ya era hora- a las normas laborales de los países avanzados de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Tanto CC.OO como UGT, corresponsables evidentes de la desastrosa gestión de Zapatero, conservan ese tufo de corte fascista que copiaron de los sindicatos verticales de Franco. Desempeñan consciente o inconscientemente el papel de “agentes sociales” otorgado por el Estado y que no tiene nada que ver con la voluntad de los trabajadores. Y casi, casi, como en el Cara al sol, se esfuerzan por mantener “impasible el ademán”. 
Gijón, 10 de marzo de 2012 
José Luis Valladares Fernández

jueves, 14 de abril de 2011

EL EJEMPLO DE LA UGT

El ejemplo que nos da la UGT no puede ser más nefasto. Todavía no se han calmado los ánimos de los trabajadores públicos ni de los pensionistas, a quienes el Gobierno esquilmó  una parte significativa de sus ingresos,  no se si de motu proprio, o a instancias de Ángela Merkel. La disculpa que dio José Luis Rodríguez Zapatero, no fue otra que la terrible crisis económica que nos afecta y que él no supo atajar a tiempo. Aunque fue ya en mayo del año pasado, son muchos los que aún recuerdan su comparecencia extraordinaria en el Congreso, para anunciar públicamente el mayor recorte social de la historia reciente española.

Desde el restablecimiento de la democracia, ningún Ejecutivo había osado reducir la nómina  de los funcionarios. Zapatero fue el primero en hacerlo y en congelar las pensiones. Se habían, eso sí, congelados los sueldos en 1994 por el Gobierno de Felipe González y en 1997 por el de José María Aznar, pero nada más y así y todo a Aznar le contestaron con una huelga general. En esa comparecencia ante el pleno del Congreso del pasado año, Zapatero reconoció que los problemas de la economía española "se llaman 11,2% de déficit y 20% de desempleo".  Y comenzó a desgranar una serie de medidas, todas ellas sumamente graves, formando parte del paquete de iniciativas para situar nuestro desbocado  déficit en el 3% en el año 2013, tal como se nos exigía en Bruselas.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo y los sindicatos tenían pactado, desde septiembre del año anterior, una subida en los sueldos de un 0,3% de media. Pero Zapatero, sin previo aviso, rompe unilateralmente ese acuerdo y se descuelga con el anuncio de que, a partir de junio de ese año, los emolumentos de los trabajadores públicos sufrirían una rebaja media de un 5% y que serían congelados durante todo el año 2011. Y no fue ésta solamente la sorpresa anunciada en esa comparecencia extraordinaria. Había más. Indicó también que se suprimiría el famoso cheque-bebé desde el día 1 de enero de 2011. Y además, para que los jubilados no se fueran de rositas, sentenció que se anulaba la actualización pertinente de las pensiones contributivas en 2011, de acuerdo con el comportamiento del IPC.

El propio presidente del Gobierno, como no, trató de justificar medidas tan drásticas, proclamando que se trata exclusivamente de un “esfuerzo especial, singular y extraordinario”. Y  pide que todos los ciudadanos asuman semejantes o parecidos sacrificios para salir cuanto antes de la crisis económica. De ahí que haya dado un toque a los sindicatos y a los empresarios, urgiéndoles, entre otras cosas, que se pongan cuanto antes de acuerdo sobre la reforma del mercado de trabajo. También ha buscado insistentemente un acuerdo, lo más amplio posible, para poder reformar el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Aunque la crisis es general y afecta cruelmente a todos los sectores habidos y por haber, la UGT sobre todo no quiere darse por enterada de las recomendaciones dramáticas de Zapatero. Las huestes que dirige Cándido Méndez no quieren dar ejemplo y solidarizarse con los auténticos paganos de esta crisis, los pensionistas y los trabajadores públicos. Y como las subvenciones recibidas a costa de los contribuyentes españoles han sido extremadamente generosas, les sobra el dinero y, en consecuencia, quieren darse el gustazo obsceno de subirse los  sueldos de una manera un tanto exagerada. 

Mediante la aprobación de su nuevo convenio, los empleados de la UGT verán como, durante el año 2011, aumentan sustancialmente sus salarios, con subidas que oscilan entre un 4,5% y un 7% anual. Una cantidad notablemente muy superior al IPC que aumentó un 3,6% en el mes de febrero. Los trabajadores de CC OO tampoco se han descuidado y también han mejorado sus percepciones salariales, no tanto, es cierto, como los de UGT, pero compensan esta diferencia con más dietas. Ambas centrales sindicales han adoptado en sus propias plantillas una subida de salarios, nada acorde con el concepto de austeridad que predica ahora el Gobierno y que ha impuesto por la brava a los trabajadores públicos. La situación laboral de España es ciertamente catastrófica, pero aún así los trabajadores de la UGT cuentan ya, desde el pasado 21 de marzo,  con el nuevo convenio, donde se les reconocen esas extraordinarias mejoras.

Para escándalo del resto de trabajadores y muy lejos de las medidas de austeridad con que se ha despachado ahora Zapatero, la UGT sigue recibiendo cuantiosas sumas de dinero público. Y comisiones obreras también. Al cierre del ejercicio de 2010, el Ejecutivo tenía comprometido con los sindicatos una cifra superior a 15,86 millones de euros, 1,2 millones más que durante 2009. Mientras que a los funcionarios se les recortaba el sueldo, se eliminaba el cheque-bebé, se congelaban las pensiones y se reducían las ayudas comprometidas con las personas dependientes, a los sindicatos se les mimaba económicamente con ayudas directas. Tanto UGT como CC OO crecieron durante 2010 en torno a un 0,8% aproximadamente.

Gijón, 29 de marzo de 2011

José Luis Valladares Fernández