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VI – Estalla la Guerra Civil Española

 Como es sabido, la II República se instauró en España poco menos que a traición y sin contar con el consenso generalizado de la sociedad. Fue proclamada sin contar con la derecha, y en el contexto de las Elecciones Municipales del 12 de abril de 1931 que, para más INRI, ganaron abrumadoramente los monárquicos. Con juego sucio o sin él, es verdad, los republicanos logran hacerse con la mayor parte de las capitales de provincia, lo que fue determinante para que, el día 13, sin esperar al recuento definitivo de los votos, se echaran a la calle para organizar anticipadamente una toma simbólica de los ayuntamientos.

Y como las noticias que llegaban de las poblaciones rurales eran inquietantes para los republicanos, el comité revolucionario de estas formaciones políticas decide adelantarse sin más y, sorprendiendo a propios y extraños, el mismo día 14 por la tarde, se constituye en “Gobierno Provisional” de la República, con Niceto Alcalá-Zamora como presidente.

Los republicanos toman esta decisión, claro está, pervirtiendo gravemente la legalidad, ya que aquellas elecciones no tuvieron jamás carácter plebiscitario ni de referéndum. Fueron simplemente eso, unas elecciones municipales más. Entre los conspiradores contra el régimen monárquico hubo ciertamente gente, no mucha, adscrita a la derecha tradicional. Se trata, claro está, de personas muy concretas, que han dado ese paso por despecho o por desencanto. La derecha como tal, es cierto, ni estuvo en esa guerra, ni se contó con ella.

La izquierda española, en general, siempre ha defendido que ese cambio de régimen se realizó de una manera modélica y, por supuesto, respetando escrupulosamente la democracia, aunque sabe  perfectamente que  no fue así. No es de extrañar, por lo tanto, que la derecha se sintiera incómoda en una República que se instauró a sus espaldas y, por añadidura, de una manera francamente ilegal. Pero aun así, mantuvo un meticuloso respeto por la nueva República, mientras esta respetó, aunque con ciertos altibajos, las libertades públicas y la democracia. Y hasta los militares, en general, supieron guardar disciplinadamente las formas

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            V – Desastroso final de la II República Española

A pesar del enorme fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Francisco Largo Caballero seguía contando con el apoyo de los socialistas adscritos al sector “bolchevique”  o “leninista”. Y quería conseguir el poder, para cambiar el rumbo de la República burguesa e impulsar el socialismo soviético. Reconocía, eso sí, que había cometido un error garrafal al tratar de conseguir ese objetivo, utilizando exclusivamente la insurrección prescindiendo por completo del sistema institucional representativo.

Es verdad que Largo Caballero buscó afanosamente la manera de  importar la revolución rusa, para convertirse inmediatamente en el indiscutible “Lenin español”. Y tardó demasiado tiempo en comprobar que es prácticamente imposible imponer por la brava el socialismo marxista en los pueblos donde la clase media tiene una gran implantación. Y menos aún si, como ocurre en España, los oficiales y los mandos del Ejército proceden de esa clase media o, incluso, de la clase alta.

Tras el morrocotudo fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Largo Caballero y sus acólitos, aceptan sumisamente los consejos de la Komintern o III Internacional, y comienzan a organizar una especie de frente antifascista, coaligando a todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Y para que esa alianza tuviera un aire más obrerista, exigieron que entrara a formar parte de ella  el Partido Comunista de España (PCE). Y esa coalición entre los republicanos de izquierda y los socialistas se oficializó, por fin, el 15 de enero de 1936, firmando el PSOE por el PCE, por el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y por el POUM.

Y la República defendida por esa coalición, que comenzó a llamarse Frente Popular, discrepaba substancialmente con los dictados de la II República. Y con el fin de reconvertir el sonado fracaso de octubre en una indiscutible victoria popular, incluyeron en su programa la amnistía de los delitos políticos y sociales y, por lo tanto, la excarcelación de todos los detenidos por la famosa Revolución de Octubre. Semejante consorcio comenzó a ser operativo tras las elecciones generales, que se celebraron el 16 de febrero de 1936.

No se habían resuelto totalmente los problemas derivados del famoso escándalo del estraperlo, cuando estalló el caso Nombela. Y esta circunstancia es aprovechada inmediatamente por José María Gil-Robles para forzar la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta, retirando su apoyo al Gobierno de coalición con el Partido Republicano Radical. Y Gil-Robles completa la faena, exigiendo la presidencia del Gobierno para sí mismo.

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IV –El Golpe de Estado de octubre de 1934

Los militantes de la derecha y del centro republicano llegaron a las elecciones generales de junio-julio de 1931 totalmente divididos y desorganizados y sin la más mínima opción de obtener un resultado decoroso. Fueron ampliamente derrotados por la llamada Conjunción Republicano-Socialista que, en un principio, estuvo formada por los socialistas,  los radicales de Alejandro Lerroux, los radical-socialistas de Juan Botella, la Derecha Liberal Republicana  de Niceto Alcalá-Zamora y la Acción Republicana de Manuel Azaña.

La abultada derrota de los conservadores les obligó a desarrollar un papel meramente secundario y testimonial en las reñidas discusiones constitucionales que se abrían con aquellas elecciones. Y esta situación fue aprovechada despiadádamente por la flamante Conjunción Republicano-Socialista para rechazar, sin remilgo alguno, su participación en el proyecto de la Constitución de 1931 que se comenzaba a elaborar.

Y aunque esa Conjunción Republicano-Socialista comenzó a redactar la nueva Constitución con ilusión y entusiasmo, el carácter sectario y revanchista de los socialistas del PSOE y de la UGT terminó chocando con la Derecha Liberal Republicana, liderada por Alcalá-Zamora y, más tarde, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Y esas disensiones, como es lógico, acabaron con el idilio republicano inicial de la coalición.

Tanto Niceto Alcalá-Zamora como Miguel Maura se opusieron rotundamente a la disolución de las Órdenes Religiosas y a que se nacionalizaran sus bienes. Pretendían, cómo no, elaborar una Constitución en la que cupieran todos los españoles, una Constitución, por lo tanto, sin el menor rastro de radicalismo o sectarismo ni de la derecha, ni de la izquierda. Y como no fue posible el acuerdo, Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno, siguiendo su ejemplo, poco tiempo después, los radicales de Lerroux, dando paso así al llamado bienio reformista, en el que los socialistas tenían un amplio margen de maniobra.

Es verdad que Alcalá-Zamora y Miguel Maura fueron incapaces de constituir una derecha republicana competitiva y con cierto gancho o predicamento entre los electores. Y esto sirvió, como era de esperar, para que se frustraran totalmente sus expectativas de organizar un grupo con posibilidades reales de exigir cuentas a la coalición izquierdista del Gobierno, que encabeza Manuel Azaña.

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III – Primeros pasos de la II República

En España, es verdad, se instauró por dos veces la República, y terminó rematadamente mal en ambas ocasiones.  La I República fue proclamada por las Cortes el 11 de febrero de 1873, tras la renuncia al trono de España del rey Amadeo I de Saboya. Hay que reconocer que, de aquella, el republicanismo tenía muy poco predicamento entre los españoles de a pie, y los políticos estaban internamente divididos. Por un lado estaban los federalistas moderados que pretendían construir la federación desde arriba, desde el Estado. Y por otro, estaban los intransigentes que, como Antonio Gálvez Arce, pretendían construir esa federación desde abajo.

Y gracias a esa división interna que mantenían los federalistas, la República mantuvo siempre su debilidad inicial y su enorme inestabilidad política. Precisamente por eso, y a pesar de su extremada brevedad, fueron cuatro los presidentes que se sucedieron en ese año escaso: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, todos ellos militantes del Partido Republicano Federal.

La Tercera Guerra Carlista y los continuos disturbios que se generaban en las Antillas Mayores con la aparición del sentimiento nacional  en Cuba y en otras colonias, estaban demorando excesivamente la puesta en marcha del sistema federal acordado. Y ese retraso fue determinante para que los federalistas jacobinos e intransigentes decidieran independizarse de Madrid y llenar España de minúsculas repúblicas autónomas, los famosos cantones independientes, algunos tan pequeños como Camuñas o Jumilla. Ese levantamiento cantonal afectó principalmente a localidades de Valencia, Murcia y Andalucía.

Destaca por su violencia, y por su duración, la República independiente o cantón de Cartagena, que logró mantener su independencia algo más de medio año. El diputado federal murciano, Antonio Gálvez Arce, apodado  Antonete,  asumió el mando del cantón, y el día 12 de julio de 1873, con la inestimable ayuda de la marinería, se apoderó de la flota de  la Armada, que estaba fondeada en el puerto de Cartagena.

Comandando esa especie de escuadra pirata, el famoso diputado Antonete, se dedicaba constantemente a sembrar el terror en las ciudades y poblaciones costeras más próximas.  Y todo, para que  se unieran a la rebelión y, más que nada, para que contribuyeran a los gastos con cuantiosos impuestos revolucionarios. Y cuando alguna ciudad se negaba a pagar ese impuesto, era inmediatamente bombardeada, como ocurrió con Almería y con Alicante, por negarse a abonar los 100.000 duros exigidos.

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II – Un golpe de Estado en toda regla

El afán desmedido de intervenir en política de manera  partidista, mostrado por Alfonso XIII desde el comienzo de su reinado, fue determinante para que varios políticos monárquicos abandonaran su filiación  liberal o conservadora y se integraran con los republicanos. El 13 de septiembre, por ejemplo, Miguel Primo de Rivera se sublevó contra el Gobierno para alejar cualquier posibilidad de contagio con la revolución bolchevique y, por supuesto, para solucionar de una vez los problemas derivados de  la inapelable derrota que sufrieron las tropas españolas  el 22 de julio de 1921, ante los rifeños, comandados por el famoso Abd el-Krim.

La reacción del Gobierno legítimo ante la rebelión del capitán general de Cataluña, no se hizo esperar, y el 14 de septiembre, un día después del golpe de Estado, pidió al monarca la destitución fulminante de los generales golpistas y que convocara inmediatamente las Cortes Generales. Al no ser atendida su petición, el Gobierno presentó su dimisión y Alfonso XIII, sin más, nombra presidente del Gobierno a Miguel Primo de Rivera.

Al oficializar por su cuenta y riesgo la Dictadura Militar, el rey cometió  un error francamente garrafal. Con esa desafortunada decisión, además de sembrar el desánimo entre los políticos de tendencia liberal o conservadora, abrió una crisis extremadamente grave y peligrosa que, poco a poco, fue  socavando los cimientos del sistema monárquico tradicional. Es evidente que, en esa ocasión, Alfonso XIII se olvidó de su condición de monarca constitucional, y actuó como si fuera un simple jefe de Estado, lleno de tics de corte dictatorial.

Una vez constituido el Gobierno, Miguel Primo de Rivera confesó espontáneamente que no pensaba eternizarse al frente de un Ejecutivo y que, por lo tanto, su régimen sería algo meramente provisional. Y precisó aún más, señalando que su Gobierno no duraría nada más que los noventa días que, según sus cálculos, necesitaría para salvar a España de “los profesionales de la política” y  su regeneración posterior. Pero se olvidó muy pronto de ese propósito inicial, y su Dictadura duró nada menos que seis años completos y cuatro meses.

Y es en abril de 1924, cuando el dictador da los primeros pasos para  eternizarse en el poder. Comienza creando su propio partido político, la Unión Patriótica, para que su Directorio Militar encuentre un apoyo civil suficiente. Y en diciembre de 1925, aprovechando el indiscutible éxito de la campaña de África, da un paso más y sustituye el Directorio militar por otro más abierto y de carácter civil, con la intención maquiavélica de institucionalizar su régimen dictatorial. Con el Directorio Civil, Primo de Rivera instaura de nuevo el Consejo de Ministros tradicional, en el que participan indistintamente civiles y militares.

LA LARGA HISTORIA DEL PSOE

II

Como Pedro Sánchez es un secretario general del PSOE sin estirpe y con muy poca casta, trata de consolidar su propia posición, exagerando intencionadamente las bondades de su partido político. Y ¡hombre!, el partido socialista tiene, faltaría más, algunas cosas buenas, pero también tiene detrás una historia francamente turbia y complicada. Para empezar, fue fundado clandestinamente un 2 de mayo de 1879,  en la taberna Casa Labra de Madrid por el linotipista Pablo Iglesias Posse, apoyado por un pequeño grupo en el que predominaban los tipógrafos.

Y Pablo Iglesias,  que había sido marcado por una vida azarosa y llena de estrecheces y desgracias, dejó su impronta en el partido, condicionando fatalmente su orientación política. De ahí que el PSOE mantuviera, a lo largo de los años, notables diferencias con la mayoría de las formaciones socialdemócratas occidentales. Siempre ha sido un partido mucho más antidemocrático  y totalitario que el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) o el Partido Socialista Francés. El PSOE siempre se ha significado precisamente por su intolerancia, su sectarismo y su odio profundo.

En todas sus intervenciones públicas, el fundador del PSOE dejaba traslucir invariablemente su carácter rencoroso y agresivo, y no quedaba satisfecho si no generaba crispación social. Queda perfectamente retratado, cuando en el primer congreso del partido, celebrado en Barcelona en 1888, dijo a sus compañeros: "La actitud del Partido Socialista Obrero con los partidos burgueses, llámense como se llamen, no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y ruda".

Y por si aún no había quedado completamente clara su actitud, cuando Pablo Iglesias, intervino por primera vez  en el Parlamento, admitió, sin más, su implicación en la Semana Trágica de Barcelona y defendió con toda vehemencia la actuación del famoso terrorista Francisco Ferrer Guardia, auténtico promotor de aquellos desmanes. Y asegura que la quema generalizada de iglesias y conventos barceloneses quedaba ampliamente justificada por el carácter antisocial de los clérigos y de todos los religiosos.

Y el fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores continuó su perorata,  afirmando públicamente que su partido acatará la legalidad, siempre y cuando ésta le beneficie. “El PSOE – dijo- viene a buscar aquí (al Parlamento), a este cuerpo de carácter eminentemente burgués, lo que de utilidad pueda hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí. La totalidad ha de ser obtenida de otro modo. Mi partido está en la legalidad mientras ésta le permita adquirir lo que necesita; fuera cuando ella no le permita alcanzar sus aspiraciones”

El asombro y la estupefacción de los parlamentarios llegó al máximo cuando Pablo Iglesias, elevando el tono de su discurso incendiario, se dirige directamente al todavía presidente del Gobierno, Antonio Maura, con estas amenazadoras palabras: “hemos llegado al extremo de considerar que antes que Su Señoría suba al poder debemos llegar al atentado personal”. Y aunque el presidente del Congreso le pidió insistentemente que retirara esas palabras, el fundador del PSOE se negó y se reafirmó en ellas. Y a los 15 días de esta amenaza, un joven socialista de 18 años, Manuel Posa Roca, tiroteó a Maura en Barcelona, hiriéndole gravemente.

EXPERIENCIA REPUBLICANA EN ESPAÑA

La República fue siempre muy nefasta para España y ha causado invariablemente numerosos problemas, todos ellos muy graves. La conflictividad originada por el régimen republicano ha sido siempre excesiva, excesivamente trágica y hasta traumática. Los que vivieron de cerca los deplorables acontecimientos que surgieron durante la vigencia de ambas Repúblicas, quedaron definitivamente vacunados contra el republicanismo. 

La I República Española inició su andadura en febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo I, y fue muy efímera, ya que no duró nada más que hasta el 3 de enero de 1874. El nuevo régimen se caracterizó precisamente por su desbarajuste continuado y su inestabilidad política. Sus cinco fugaces presidentes intentaron infructuosamente reconducir los destinos de la nueva República. Pero la falta de una base republicana suficientemente amplia y consolidada, la obcecación y la falta de escrúpulos de los responsables políticos republicanos, aceleraron la desaparición de la joven República.

Al instaurarse la República, fue elegido presidente Estanislao Figueras. Pero, como consecuencia la crisis económica que aquejaba a España, la proclamación indebida del Estat Català y la división interna de su propio partido,  fue apartado del cargo a los cuatro meses escasos de su nombramiento. Le sustituyó en la magistratura más alta del Estado Francisco Pi y Margal. El nuevo presidente de la República era un federalista convencido y convirtió a España en una República Federal. Esta decisión sirvió de estímulo al cantonalismo, que ya había hecho estragos en varias regiones españolas, sobre todo en Valencia, Murcia y Andalucía, y se desató seguidamente la fiebre disgregadora. Además de Cataluña, se declararon Repúblicas independientes varias provincias e incluso algunas ciudades. Es el caso de Valencia, Castellón, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Cartagena, Jumilla y Camuñas.

Con el federalista Pi y Margal al frente de la República, España entró en un proceso acelerado de desintegración nacional. Como consecuencia del desmadre institucional originado, se vivieron hechos sumamente insólitos y llamativos. La república de Granada, por ejemplo, declaró la guerra a la de Jaén, y la de Jumilla se envalentonó y amenazó a la de Murcia y a las demás “naciones” vecinas. Los cantonalistas de Cartagena fueron mucho más atrevidos y no se contentaron con declarar la independencia. Aprovechando el caos político del momento, tomaron el Ayuntamiento y, una vez dueños de la ciudad,  se apoderaron del arsenal y del puerto donde estaba amarrada casi toda la flota de guerra española, que utilizaron posteriormente para bombardear la ciudad de Alicante.

La evolución caótica de los sucesos, que llevó a España al borde mismo de la desintegración, además de provocar la dimisión del presidente Francisco Pi y Margal, contribuyó, cómo no, al derrumbe definitivo de la I República. Y como era de esperar, sirvió también para que aumentara considerablemente el número de conversos a posiciones más conservadoras.