EDUCACIÓN Y SENTIDO COMÚN

En Madrid y en otros muchos lugares de España, el 26 y 27 de marzo pasado, un buen número de estudiantes abandonó las aulas y se echó a la calle para protestar ruidosamente contra la política educativa del Partido Popular.  De entrada piden, cómo no, la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert y centran prácticamente todos sus reproches al Gobierno en los recortes que han hecho en Educación, dando lugar al consiguiente despido de profesores, a una subida excesiva de las tasas universitarias y al incremento de trabas y obstáculos para conseguir una beca.

El descontento de los estudiantes no es nuevo, viene ya de cuando el Partido Popular ganó las elecciones. Y en sus frecuentes revueltas, unas veces van solos como ahora, y otras hacen causa común con un núcleo determinado de padres y profesores.  Pero no nos engañemos,  es la izquierda española la que, desde la sombra, alienta y dirige impunemente todas esas grescas callejeras, utilizando al Sindicato de Estudiantes. A veces van más allá y, entonces, intervienen de manera más directa a través de los sindicatos afines FE-CCOO, FETE-UGT, y de las organizaciones  insertas en el Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) que, siendo minoritarias y con muy poca representación, suelen dar mucho ruido.

Sin que importe mucho su procedencia sociológica, la izquierda española no digiere las derrotas electorales. Y cuando sucede esto, como es el caso, prepara en la calle todos estos cirios,  a veces muy violentos, para acabar cuanto antes  con esa situación que considera totalmente anómala e injusta. Y en esto, no hay la menor discrepancia entre la “izquierda histórica” o de “masas” y la “izquierda intelectual”, e incluso, la “izquierda de los descontentos” o de los “indignados”. Por eso, cuando gobierna la derecha, la izquierda monta en cólera invariablemente porque se siente estafada y despojada de algo que le pertenece casi por Derecho Divino.  

Y no digamos nada si esa derecha pierde el pudor y promulga leyes tan irrespetuosas con la “igualdad”, como la nueva Ley de Educación, la famosa LOMCE.  No olvidemos que, desde la Revolución Francesa, la “igualdad” pasó a ser un auténtico dogma de fe para todas las gentes de izquierda. Y cuando unos intrusos ocasionales, como los de esta derecha ultramontana, la ponen en peligro, tratan de defenderla echándose a la calle y organizando continuos altercados y revueltas, a veces excesivamente graves, para crear un ambiente social lo más irrespirable posible. Piensan que, al enfrentarse a situaciones tan difíciles, la derecha fracasará irremediablemente y abandonará el Gobierno mucho antes de lo previsto.

EL PROBLEMA NO ESTÁ EN LOS RECORTES

El inicio del curso escolar en septiembre de 2011 está resultando especialmente conflictivo en alguna de las autonomías donde gobierna el Partido Popular. En Galicia, Castilla-La Mancha y sobre todo en Madrid, un buen número de profesores se ha echado a la calle para protestar ruidosamente, por lo que consideran un recorte inadmisible en educación. Se trata en realidad de un simple aumento de las horas lectivas de los profesores, pasando de las 18 habituales a las 20 horas semanales. Esto da lugar a prescindir de un número significativo de profesores interinos.

Los sindicatos de enseñanza, como no están dispuestos a aceptar por las buenas las propuestas que haga el Partido Popular, organizaron sin más, en esas autonomías, un enorme tiberio con ruidosas protestas  y hasta con alguna que otra jornada de huelga.  Y se empeñan  cínicamente en hacernos ver que no hay motivaciones políticas en el montaje de semejante trifulca. Se trata simplemente, según dicen, de una protesta valiente contra unos recortes que, de llevarse a cabo, deteriorarían aún más la enseñanza pública. Pero no debe ser así, ya que en Andalucía, ocurrió lo mismo y nadie organizó por ello algaradas en la calle. Aumentaron antes que nadie el número de  horas lectivas a 20, e incluso a 21 a la semana, lo que se tradujo igualmente en una reducción notoria del número de profesores interinos contratados. Y aunque no hubo contraprestación económica alguna, el profesorado andaluz ni se movió, lo que quiere decir que el problema no está en los recortes ocasionales dictados por los organismos competentes. El problema es Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y otros miembros destacados del Partido Popular.

La primera Comunidad Autónoma que aumentó las horas lectivas fue precisamente Andalucía, y los sindicatos de la enseñanza acataron obedientemente la medida, sin ningún tipo de aspavientos. Para comprender el comportamiento de estos profesores, quizás debamos señalar que Andalucía, desde hace ya muchos años, ha venido siendo el cortijo privado de los barones socialistas  Manuel Chaves y José Antonio Griñan. El  Gobierno de Madrid, en cambio, ha indicado claramente que el aumento de las horas lectivas de 18 a 20 semanales y la reducción de un 12% de los profesores interinos, aunque no tiene “marcha atrás”, lleva aparejado un incremento salarial “significativo”.

Pero estos sindicatos, en Madrid,  no aceptan “limosnas a cambio del deterioro de la educación”, según apostilló el portavoz de CC OO, Francisco García. Y el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-Madrid, Eduardo Sabina, no anda con rodeos y dice que la compensación ofertada es tremendamente “ridícula”, si la comparamos  con lo que se ahorra el Gobierno madrileño. Y tanto en Galicia como en  Castilla-La Mancha, los sindicatos profesan el mismo credo ideológico que en   la Comunidad de Madrid. Así que, dando muestras de un radicalismo absurdo,  continúan adelante con sus manifestaciones callejeras, con sus ruidosas caceroladas y hasta con los días de huelga previstos.

Para todos estos falsos progresistas, son siempre los Gobiernos de la derecha  los que recortan prestaciones, y los que ponen en peligro  el bienestar social. De ahí que los socialistas prevengan constantemente a sus bases contra el Partido Popular, ya que, según dicen,  representa un enorme peligro para la calidad de la enseñanza. La realidad sin embargo es muy distinta. Ha sido siempre la izquierda, con su intervencionismo enfermizo y recalcitrante, la que ha hundido el prestigio de la educación en España. Gracias al PSOE, los profesores públicos carecen de la más mínima autoridad ante sus alumnos y sin autoridad, es sumamente difícil mantener la disciplina en las aulas, lo que limitará notablemente el aprovechamiento de sus enseñanzas.

También han sido los socialistas  los que han impuesto la enseñanza obligatoria en Secundaria hasta los 16 años, aplicando a todos el mismo patrón, como si fueran todos iguales.  Y encerrar en las aulas, contra su voluntad, a todos estos jóvenes que no quieren estudiar, origina enormes problemas que inciden directamente sobre la calidad de la enseñanza. Para empezar, creamos en los centros educativos la peligrosa figura de los “objetores escolares” que, además de perder ellos miserablemente el tiempo, se lo harán perder a sus compañeros, desmotivaran a los profesores y hasta pueden hacer que peligre su estabilidad emocional. La escolarización forzada de estos jóvenes no les beneficia en absoluto y, como no quieren estudiar, perjudican seriamente a los demás  alumnos, ya que, con ellos en el aula, será poco menos que imposible mantener  el necesario ambiente de estudio que necesita todo estudiante.

Estos jóvenes, que no quieren estudiar,  necesitan urgentemente que se les abra algún otro camino alternativo, donde se les pueda preparar para enfrentarse con éxito  a los problemas de la vida,  sean capaces de alcanzar un desarrollo integral de  su personalidad y terminen por sentirse ellos mismos útiles a la sociedad. Es un tremendo error pretender igualar a todos los jóvenes, cuando es la propia naturaleza la que se empeña tozudamente en diferenciarlos. También aducen que buscarles otro acomodo, diferente al de los demás alumnos, es tanto como discriminarlos. Y esto sí que no es cierto. A quien de verdad se discrimina, con esta política, es a los que sí quieren estudiar, a los que se esfuerzan por aprovechar el tiempo y que, de este modo, no encuentran más que trabas  en su trabajo.

Es cierto que con su Ley General de Educación de 1970, auspiciada por Villar Palasí, abrió el camino de la degradación de la enseñanza. Comenzó a generalizarse la obligatoriedad de  la educación, pero no de una manera tan traumática como ahora, ya que solamente abarcaba desde los seis  hasta los catorce años de edad.  Los aspectos negativos de esta ley quedaron sensiblemente compensados con ese intento loable de poner en marcha una Formación Profesional, bastante adecuada a las exigencias reales del mercado laboral. Hoy día, echamos de menos una formación profesional como aquella. Pero el desastre sin paliativos en la educación, comienza con la Ley Orgánica del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, patrocinada y bendecida por el hoy candidato Alfredo Pérez Rubalcaba.  

Entre los años 1982 y 1996, Rubalcaba era  el ‘factótum’ del Ministerio de Educación y dio  a la LOGSE  un perfil claramente ideológico y hasta simuladamente doctrinario. De ahí esa mezcla anacrónica de progresismo barato y fanatismo doctrinal. Para cambiar este modelo educativo tan nefasto, el Partido Popular, bajo la dirección de Pilar del Castillo, ministra entonces de Educación, promulgó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Ley que no llegó a aplicarse nunca,  ya que, al llegar Zapatero a la presidencia del Gobierno, paralizó lamentablemente su aplicación. Finalmente fue derogada en 2006,  con la Ley Orgánica de Educación (LOE), dando así continuidad a la debacle educativa iniciada con la LOGSE.

Gijón, 30 de septiembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

BACHILLERATO DE EXCELENCIA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, utilizó el marco de la entrega de los premios Miguel Catalán y Julián Marías, del pasado día 5 de abril, para anunciar solemnemente la creación de un  “Bachillerato de Excelencia”. A este Bachillerato accederán, según indicó la propia Esperanza Aguirre, “los alumnos que más méritos hayan acumulado en el periodo de su escolarización obligatoria". Se pondrá en práctica el próximo curso como experiencia piloto, al que accederán directamente, con carácter voluntario, los 25 mejores alumnos de la ESO, que han sido distinguidos por la Comunidad de Madrid con el Premio Extraordinario en Secundaria. 

El resto, hasta completar 80 ó 100 alumnos, se seleccionarán entre los estudiantes que hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria con mención honorífica y por lo tanto con más de un ocho de nota media. Para este nuevo Bachillerato, que se iniciará el próximo curso,  se habilitará un nuevo centro, donde los estudiantes recibirán una enseñanza “más exigente”, tanto en la modalidad de Ciencias y Tecnología, como en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este centro contará con un director propio, un programa y unos profesores especiales, adecuados al nivel académico de los alumnos. Según palabras de Esperanza Aguirre, se trata de crear instituciones que sepan primar la excelencia, el trabajo, el esfuerzo, el talento y la dedicación, como ya ocurre en otros países europeos. Es una forma de animar a los jóvenes madrileños "a dar lo mejor de sí mismos, a esforzarse y a superarse".

Pero este proyecto,  que quiere implantar Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, por lo que parece, disgusta tremendamente a los que presumen de progresistas. En ese coro jacobino discrepante nos encontramos con la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA), con los sindicatos de CC OO y de la UGT, los socialistas y, como no, el Gobierno actual. Cuando el PSOE, con fecha 3 de octubre de 1990,   alumbró la malhadada Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE),  creyó haber descubierto la ansiada forma de educar igualitariamente a los alumnos. La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) alumbrada por el Gobierno de Zapatero el 3 de mayo de 2006, derogaba la  LOGSE, no lograba corregir las deficiencias de esta  y acentuaba aún más, si cabe, su  igualitarismo pernicioso. 

La Federación de Asociaciones de Padres de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, fue la primera en levantar  la voz contra ese “Bachillerato de Excelencia”, anunciado por Esperanza Aguirre.  José Luis Pazos, presidente de esa Federación de Asociaciones, critica con dureza que se intente “disgregar” a los alumnos. "Estamos -dice- en contra de la separación del alumnado como consecuencia de sus capacidades personales”. Ante todo, agrega, hay que integrar y huir de la división. Y termina diciendo que habrá que esperar a ver en que termina todo esto, ya que la Comunidad de Madrid, a su juicio, anuncia muchas cosas “que luego no se traducen en nada”.

Los sindicatos se han sumado también a la protesta y dicen que se trata de una medida discriminatoria y  ridícula. El  secretario  general de la Federación  Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Francisco García, reprocha a la presidenta de la Comunidad su afán desmedido de "dar bonitos titulares que no resuelven los problemas del sistema educativo madrileño". Viene a decir que se está ayudando a 80 alumnos "que no lo necesitan" y "se abandona a los que sí lo necesitan". Por su parte, Eduardo Sabina, responsable de Acción Sindical de FETE UGT de Madrid,  afirma claramente que la iniciativa de Esperanza Aguirre “va en línea” con todo lo que está haciendo, basado en el “apartheid de los alumnos”

Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid tampoco se han quedado atrás en la protesta. La portavoz socialista, Carmen Menéndez, más conocida por Maru Menéndez, nos dice que  "los anuncios de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, profundizan en su política de segregación y no dan ninguna respuesta a las necesidades educativas del alumnado madrileño". Y agrega: "La presidenta regional insiste en la segregación del alumnado y ha olvidado que la educación es un instrumento esencial para nivelar la igualdad de oportunidades”. Más tajante ha sido la secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez, que afirma rotundamente que se trata de una medida que “segrega, privatiza y retrocede”. La portavoz de Educación de IU, Eulalia Vaquero, dice que es un despropósito que la Comunidad de Madrid “destine más dinero a los alumnos que menos lo necesitan”. 

Es cierto que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo se muestra algo más precavido y contemporizador y dice que hay que atender a los estudiantes con mejor rendimiento, pero hay que hacerlo sin aislarlos ni separarlos. Y agrega que “las aulas no son solo lugares para aprender, son lugares también para convivir”. Sin embargo, el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional ha sido algo más duro en sus aseveraciones. Insiste en la idea de que el aula “es un ecosistema donde el joven aprende a convivir con sus compañeros”. Pero es extremadamente tajante, cuando dice que “esto es separar, segregar y crear guetos”.

El argumento invocado por estos progresistas de salón se basa exclusivamente en que se discrimina a los menos dotados y a aquellos otros jovenzuelos que no quieren estudiar porque no les gusta o porque no quieren trabajar. Y para que estos, que son una rémora en el desarrollo de las clases, se sientan realizados, hay que discriminar y perjudicar gravemente a los que responsablemente se esfuerzan en el estudio. No se trata de inventar un nuevo Bachillerato. Se busca simplemente solucionar el problema con que se encuentran los jóvenes y las jóvenes que quieren aprovechar el tiempo para ampliar sus conocimientos y se lo impiden desgraciadamente los charlatanes,  los que disfrutan reventando la clase y viendo desmoralizado al profesor. 

Sería bastante más racional que se les separara incluso antes; por lo menos, al finalizar el primer ciclo de la ESO. Al finalizar segundo de la ESO ya se sabe lo que da de sí cada uno de los alumnos. Y es absurdo que, por una mal entendida equidad en el trato, se perjudique seriamente a los dos grupos. En aras de un igualitarismo absurdo, se discrimina y margina a los que quieren estudiar y se perjudica seriamente a los que acuden a las clases de mala gana y porque se les obliga. Esa separación reportaría grandes ventajas a los que trabajan y estudian con afición, ya que, al no haber interrupciones en las clases, aprovecharían mucho mejor el tiempo. 

El otro grupo, el de los que no quieren estudiar, también saldría ampliamente beneficiado. Partiendo de que no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiera, se les haría un gran favor, orientándoles en esa edad temprana, de acuerdo con sus aptitudes,  hacia la formación profesional. Por lo menos, no perderían el tiempo y no se lo harían perder a los demás. Y al final, como pasaba hace años, se enfrentarían a la vida siendo un buen fontanero, un buen electricista o un profesional modelo de cualquier otro oficio. De todos modos, eso sí, habría que dejar siempre alguna puerta abierta para que se reintegren de nuevo al primitivo grupo, si reconsideran su actitud y comienzan a ser buenos estudiantes.

Los que si quieren estudiar y además valen para ello, al verse sin el freno de los revoltosos de la clase, tendrían muy poco que envidiar a los que hacen sus estudios en esos colegios elitistas, demasiado caros para la gente corriente. Y se da la circunstancia de que son muchos los progres adinerados, que alaban desmesuradamente la enseñanza pública y abogan por ese igualitarismo castrante, pero envían sus hijos a esos colegios de ricos para que reciban una buena educación. ¿No se opondrán a la creación  de ese Bachillerato de Excelencia por que temen que, el día de mañana, los agraciados con la nueva forma de enseñar puedan presentar igual o mayor número de másteres que sus propios hijos y puedan hacerles una dura competencia?

Gijón, 12 de abril de 2011

José Luis Valladares Fernández