En los carteles publicitarios de 1948 comenzó a promocionarse el
turismo en España con un slogan, creado por alguien que nos conocía muy bien y que
literalmente decía: "Spain is beautiful and different" y que, poco
tiempo después, derivó en "Spain is
different" o “spanish is different”. Semejante slogan, en cualquiera de
las dos variantes, nos retratan de
cuerpo entero. Los españoles somos incorregibles, vamos por la vida de matones
y de perdonavidas. Fanfarroneamos desmedidamente con nuestros logros, con
nuestras obras y hasta con la marcha de nuestras instituciones políticas o
religiosas.
Una prueba fehaciente de nuestra singularidad es que, si algo sale
mal, seguirá siendo bueno y nadie osará modificarlo. Es el caso de nuestro
Estado de las Autonomías. Al igual que Pandora, la mujer mitológica de la
teogonía del poeta Hesíodo, abrió su
caja para que se desparramaran
libremente todas las desgracias humanas, los padres de nuestra
Constitución hicieron prácticamente lo mismo creando las Comunidades Autónomas.
La intención sería muy buena: diluir las aspiraciones separatistas de algunos
grupos políticos del País Vasco, de Cataluña y de Galicia. Pero el resultado no
pudo ser peor.
En vez de calmar a los separatistas, con el Estado de las
Autonomías dieron más alas a los partidos nacionalistas para dar pasos
comprometedores y de difícil vuelta atrás hacia la separación de España de sus
respectivas regiones. Ahí están, para confirmarlo, las reformas estatuarias que
se fueron aprobando, tendentes a consolidar los intereses caciquiles y
clientelares de los nacionalistas que estaban al frente de los gobiernos autonómicos.
Reformas que, por otra parte, tienden lamentablemente a dinamitar la igualdad entre los ciudadanos
de las distintas comunidades autónomas y la necesaria solidaridad entre los
españoles.
Con el Estado de las Autonomías se creo una estructura administrativa
tan compleja que, aparte de los inevitables problemas políticos, no hay dinero
que aguante su mantenimiento. Ahora ya no tenemos un presidente, tenemos
dieciocho presidentes o veinte, si tenemos en cuenta las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Además del Congreso y el Senado, tenemos otros diecisiete
parlamentos autonómicos, uno por cada Comunidad Autónoma. Y como todos ellos
tienen capacidad legislativa, cada Comunidad tiene sus propias leyes
particulares que complican enormemente la apertura de nuevas empresas. No
tenemos un solo tribunal supremo, tenemos diecisiete tribunales supremos, no se
cuantos defensores del pueblo e infinidad de canales públicos de televisión, algunos nacionales y otros
autonómicos, y varias emisoras de radio.
Aunque estamos ante una
estructura administrativa completamente enrevesada y atípica, los políticos
profesionales reconocen unánimemente, cuando hablan en público, que la
implantación del Estado de las
Autonomías ha sido un verdadero acierto, ya que su desarrollo ha resultado
altamente beneficioso para la democracia española. Aseguran incluso que fue un auténtico
acierto conceder la autonomía a todas las regiones de España porque, de esta
forma, se obliga a las autonomías históricas a ser moderadas a la hora de
reclamar poderes, ya que saben que habría que dárselos a todas.
Esos mismos políticos, en ambientes privados, reconocen la
excesiva complejidad y hasta el desmadre
de las autonomías, y que es urgente al menos la fijación clara de mecanismos de
coordinación que salvaguarden la
igualdad de derechos de todos los ciudadanos, siguiendo el mandato de nuestra
Constitución, y que, a la vez, limite
prudencialmente las desmedidas exigencias de los poderes autonómicos. Reconocen
igualmente el desbarajuste económico que
supone mantener este sistema autonómico tal como lo conocemos hoy. Pero no van
más allá. Nadie se atreve a simplificar semejante
estructura administrativa haciéndola más racional, bastante más eficaz y menos costosa.
La izquierda, con responsabilidades de Gobierno o sin ellas, está
donde estuvo siempre, a su bola, pendiente exclusivamente de sus intereses
particulares, de rentabilizar en beneficio propio cualquier situación que se
produzca. La izquierda es muy engreída y va siempre de sobrada. Piensa que ha sido ella la que ha
traído el Estado de Bienestar y que, por lo tanto, tiene más derechos que nadie
para gobernar. Y si los resultados electorales son adversos, organiza todo tipo
de protestas y algaradas y busca en la calle lo que no ha conseguido en las
urnas. La izquierda siempre ha sido
mucho más insidiosa y más falaz que la
derecha.
La derecha, en cambio, es bastante más timorata y asustadiza que
la izquierda. Parece talmente que se acompleja cuando llega al Gobierno, y es
reacia a tomar decisiones. Hasta da la sensación a veces de que pide perdón a
sus adversarios políticos por haber ganado las elecciones. Nunca nadie, hasta
ahora, había logrado una mayoría absoluta tan amplia como la conseguida por el
Partido Popular en las últimas elecciones generales. Los ciudadanos españoles
les dieron prácticamente carta blanca para gestionar el Gobierno y arreglar los
estropicios causados por Zapatero en los
casi ocho años que estuvo al frente del Ejecutivo.
El Partido Popular es tremendamente reacio a tomar decisiones en
solitario que signifiquen un cambio en contra de la voluntad de los
socialistas. Es cierto que circunstancias extremadamente graves y urgentes les
han obligado a hacer muchas cosas, alguna de ellas muy importantes, entre las
que destaca la reforma laboral. Pero llevan ya cinco meses en el Gobierno y no
han sido capaces de anular por decreto las subvenciones que cobran
oportunamente ciertas Fundaciones y ONGs, la mayoría de ellas vinculadas al
PSOE y que fueron aprobadas con toda la malicia del mundo por el Gobierno
saliente cuando este estaba ya en
funciones. Las más jugosas van destinadas, como siempre, a atender los derechos sexuales y reproductivos de varios colectivos de mujeres y los
consabidos grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
¿Alguien piensa que, si hubiera sido al revés, los
socialistas hubieran dejado pasar cinco meses sin remover hasta los cimientos
de las televisiones públicas, del Tribunal Constitucional y hasta del Banco de
España y de otros organismos oficiales? Y si se encontraban con alguna norma
que lo impidiera, allanarían inmediatamente el camino con un oportuno
decreto ley. El Gobierno de Rajoy, en cambio, espera pacientemente a que se le
mueva el cuajo a Rubalcaba y pacte una nueva composición de los mismos.
Han pasado ya cinco meses de la llegada de Mariano
Rajoy a La Moncloa, avalado por una mayoría absoluta abrumadora y Miguel Ángel
Fernández Ordoñez continúa siendo el Gobernador del Banco de España, a pesar de
su deficiente supervisión de las entidades de crédito. Debido a su punible
pasividad y a su olvido del servicio de inspección, no se si intencionado, hemos
padecido el mayor desbarajuste financiero español de la historia. No supo o no
quiso frenar el insostenible crecimiento del crédito bancario que llevó a las
Cajas de Ahorro al borde del colapso.
Y ahí sigue también sin renovarse el Tribunal Constitucional.
Se trata de un organismo tremendamente politizado y, en consecuencia, la mayor
parte de sus miembros están más preocupados de enmendar la plana al Supremo y
de prestar un servicio efectivo al PSOE, que de interpretar correctamente la
Constitución.
Y ahí está, sobre todo, la Corporación de RTVE
esperando incomprensiblemente ese cambio que no llega. Aunque desde la renuncia
de Alberto Oliart en julio de 2011, la presidencia de RTVE está vacante, el
personal de la Corporación sigue fiel a los postulados marcados por los
socialistas, promoviendo incansablemente, como en los mejores tiempos, el trasnochado
sectarismo de izquierdas. Los socialistas procuran estirar esta bicoca para
contar, durante el mayor tiempo posible, con el extraordinario apoyo de los
profesionales de medios de comunicación tan importantes como las televisiones
públicas. El Partido Popular, sin embargo, respetando pasados acuerdos con el
PSOE, aguanta el chaparrón y espera pacientemente algún tipo de acuerdo.
Desde que Mariano Rajoy es presidente, ha habido ya
demasiados viernes de dolores para los de siempre, los trabajadores y
jubilados. Casi todos los viernes ven desesperanzados como va mermando
progresivamente su poder adquisitivo a base de recortes y porque sube la luz,
el gas y el transporte y demás servicios básicos. Y esperan de vez cuando la
llegada oportuna de algún viernes de
gloria, anunciando el cierre definitivo de los grandes agujeros negros que
lastran nuestra economía y nuestro
Estado de Bienestar, por ejemplo la privatización de las televisiones públicas
y la simplificación de nuestra estructura autonómica. Aunque todo apunta
lamentablemente a que no va a ser así.
El desastre contable de los medios de comunicación
públicos no puede ser más claro. Durante 2010, primer año sin soporte
publicitario, las televisiones públicas costaron al erario español la friolera de 2.314 millones de euros, de los cuales 1.918 fueron cubiertos con subvenciones y los
396 restantes a base de aportaciones de
los gobiernos autonómicos. Una cifra, como se
ve, muy superior a los 1.530
millones que se ahorró el Estado con la congelación de las pensiones
decretada por Zapatero. Y aún así, a pesar de estas ayudas extraordinarias,
cerraron el año con unas pérdidas de 536 millones de euros, que tenemos que
sumar a la deuda acumulada de 1.504
millones de euros que vienen arrastrando de atrás.
La privatización de estas cadenas solucionaría definitivamente este problema y
ahorraríamos un dinero que nos vendría muy bien para tapar otros huecos. Pero
está visto que ni Rajoy, ni su Gobierno, están por la labor. Prefieren mantener
indefinidamente semejante hipoteca, aun que no se para qué, ya que la derecha
nunca ha sabido servirse de ella con la maestría con que acostumbra a hacerlo
la izquierda. Y aunque el PSOE, en circunstancias similares hubiera actuado
autónomamente, el Partido Popular, demasiado tarde para sus intereses, comenzó ya
a proponer nombres para consensuar al futuro responsable de RTVE.
El primer nombre propuesto fue el del gallego
Francisco Campos que, como era de esperar, fue rechazado por Alfredo Pérez
Rubalcaba. Y para alargar lo más posible la situación actual, rechazarán
sistemáticamente cuantos vaya proponiendo el Gobierno de Rajoy. Y al final se
consensuará a alguien que, de alguna manera, insinúen los socialistas. Podía ser el caso de Manuel Campo Vidal,
actual presidente de la Academia de las Ciencias
y las Artes de Televisión de España. Todo el
mundo sabe, sin necesidad de ir a Salamanca, que Campo Vidal con quien sintoniza
políticamente es con los socialistas, sobre todo con el felipismo. Y aún así,
corren rumores fundados de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha
llegado ya a un acuerdo con Rubalcaba para que sea este periodista el que rija
en breve los destinos de la Corporación
de RTVE. Y esto era ya lo que nos faltaba.
Gijón, 12 de mayo de 2012
José Luis Valladares Fernández
