DESFALCO EN LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Es innegable que, para jugar con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como lo hace José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno, hace falta ser un irresponsable integral y poseer un alto grado de ignorancia intelectual y moral. No es posible que una persona normal se atreva a meter la mano en la denominada ‘hucha de las pensiones’, para favorecer exclusivamente a alguna de sus habituales redes clientelares. No es admisible que los ministros, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza, entren a saco en la Tesorería General de la Seguridad social y dispongan del dinero que no es suyo para hacer favores a personas o instituciones amigas o muy cercanas políticamente hablando y que, encima, digan que se trata de un acto de solidaridad. Es muy loable que sean solidarios, ya lo creo, pero con lo suyo, con su propio dinero y no a costa de los demás.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social lo creó el Gobierno de José María Aznar en septiembre del año 2003, constituyendo así una especie de ‘hucha de las pensiones’ para ser utilizado por el Estado única y exclusivamente en caso de que el sistema de protección de la Seguridad Social entre en números rojos. Se trata de una caja donde el Gobierno, por ley, debe ir metiendo cada año el superávit que aporte la Seguridad Social. Y el fondo resultante no podrá ir destinado, tal como obliga la correspondiente ley, nada más que a inversiones de la “máxima calidad crediticia” y que sean totalmente seguras.
Pero la Ley tiene muy poco valor para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la obvia sistemáticamente cuando le interesa. El Estado tiene ahora enormes dificultades para colocar deuda española en los mercados internacionales. En consecuencia, al Gobierno de Zapatero se le ocurrió cambiar parte de estos fondos por papelitos de dicha deuda y seguir así manteniendo su política errática de gastos. No contestos con esto, deciden enajenar parte de la deuda pública francesa y alemana de que disponía la ‘hucha de las pensiones’ para emplear el importe recaudado por esa venta en la compra de bonos españoles. En la actualidad, la caja de pensiones ha invertido ya más de un 80% de sus fondos en deuda pública española que, en este momento, ofrece muy pocas garantías.
Vender deuda pública Francesa y Alemana para adquirir deuda española, es tanto como cambiar productos financieros de la máxima calidad, tal como indican las distintas agencias de rating, por otros con mucha menor solvencia. El Gobierno español ha sacrificado la seguridad de unos fondos en aras de una dudosa y problemática rentabilidad. Francia y Alemania no elevan el tipo de interés que abonan por la deuda que emiten porque, al tratarse de un producto seguro, les resulta muy fácil colocarla en los circuitos financieros internacionales. De ser cierto que interesa más la rentabilidad que la seguridad, tal como quieren hacernos ver desde el Gobierno, en vez deuda pública española, deberían haber adquirido deuda griega, ya que indiscutiblemente, y por motivos fáciles de comprender, tiene una rentabilidad bastante mayor.
La inversión de la mayor parte del fondo de pensiones en deuda de baja calidad no es el único problema al que se enfrentan los que dependen de una jubilación. A los pocos días del famoso decretazo, con el que desvergonzadamente se congelaban las pensiones a unos seis millones de españoles, el Consejo de Ministros del pasado día 4 de junio decide meter la mano en la caja y destinar 900.000 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social a financiar la formación de sindicalistas en Iberoamérica, y otros 500.000 euros más para las “organizaciones de empleadores” latinoamericanas.
Se trata de una aportación, posiblemente ilegal, de 1.400.000 euros que hace nuestro Gobierno, a costa de un dinero que pertenece exclusivamente a los pensionistas, para financiar a sindicatos de otros países, si es que en realidad es ese su destino. No sería de extrañar que la mayor parte de ese dinero, como previsiblemente ha ocurrido con otras subvenciones, se quede por el camino en el bolso de alguna organización afín. Es normal que el colectivo de jubilados, a quien apenas nadie hace caso, haya levantado la voz y se haya puesto de uñas, porque la política emprendida por Zapatero puede poner en riesgo la viabilidad futura del sistema de pensiones.
Esta aportación atípica, a cuenta de la Tesorería General de la Seguridad social, destinada a financiar la formación de sindicalistas en América Latina, no es nueva. Ya el 28 de julio del año 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es de suponer que a propuesta del titular de Trabajo de entonces, el inefable Jesús Caldera, autorizó una aportación financiera de 500.000 euros para el mismo fin, que se hizo efectiva en dos plazos de 250.000 euros cada uno, el primero en 2006 y el otro en el ejercicio de 2007. Y ambos plazos, claro está, a costa de la ‘hucha de las pensiones’.
Ha habido igualmente otras aportaciones de dinero sacado de dicha hucha que han seguido también el camino de Iberoamérica, aunque para otros menesteres, pretendidamente sociales, distintos a la formación de sindicalistas. Así, el 1 de agosto de 2008, el Consejo de Ministros volvió a meter la mano en la caja de los pensionistas y habilita otros 900.000 euros que destina, según dijo, “a la Extensión de la Protección Social en los países de la Subregión Andina”. Como en el caso anterior, esta cantidad se materializará en tres pagos de 300.000 euros, uno por cada año del período 2008-2010.
No nos sorprende que Zapatero regale millones a los sindicalistas iberoamericanos igual que a otros estamentos de dentro y de fuera de España. Lo que verdaderamente inquieta a los jubilados es que el Ministerio de Trabajo, con la anuencia expresa del jefe del Ejecutivo, decidiera sacar este dinero de la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que se trata de un organismo que tiene tasadas todas sus competencias y funciones, claramente incompatibles con la financiación de los agentes sociales de Latinoamérica. Para esos menesteres hay otros organismos, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende directamente del Ministerio de Exteriores y que cuenta expresamente con la competencia para ese tipo de ayudas.
Así las cosas, Zapatero demuestra tener muy poca delicadeza, ya que, a pesar de la que está cayendo, carga sobre los pensionistas una parte importante del recorte social. Se declara continuamente defensor máximo de los derechos sociales de los pensionistas, y lo que en realidad hace es utilizarlos miserablemente para sus fines políticos. Sabe sobradamente que los jubilados han ido perdiendo, año a año, buena parte de su poder adquisitivo por el sistema utilizado para la revalorización de sus pensiones. Y que, además de la devaluación continua de las mismas, sufrieron un recorte sensible al comenzar el año 2010, como consecuencia de la última variación del IRPF. Y aún así, viene Zapatero y se las congela descaradamente para que contribuyan con su esfuerzo colectivo a la reducción de un déficit enorme, en el que ellos nada tienen que ver. Sin culpa alguna, se les obliga a pagar, juntamente con los empleados públicos, los desmadrados gastos de un Gobierno desquiciado e irresponsable.

Gijón, 14 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández

LO PEOR AÚN NO HA LLEGADO

Hay signos evidentes de que nuestra particular crisis económica se agrava por momentos y que lo peor aún está por venir. La política del avestruz, practicada hasta ahora por Zapatero, complica cada día más la precaria situación que padecemos. Piensa que, sin hacer nada, se irán solucionando uno a uno todos los problemas que nos ahogan, como es el paro, la falta de competitividad, el exagerado déficit y nuestra asfixiante deuda pública y privada. Confiaba ciegamente en que Alemania, antigua locomotora económica, volviera por sus fueros y nos sacara de la recesión, situándonos en una posición cómoda de crecimiento efectivo.
El famoso “dolce far niente” de los italianos, cuando no hay compromisos de por medio, nos proporciona habitualmente una plácida y agradable ociosidad. Pero el jefe del Ejecutivo, no se puede permitir el lujo de la atrayente holgazanería sin incurrir en una grave irresponsabilidad. De hecho, la desidia y la indolencia de Rodríguez Zapatero, unidas a su manifiesta y planetaria incompetencia, han estado a punto de echarnos hasta del furgón de cola de la Unión Europea. Los primeros días del mes de mayo estuvimos al borde de la suspensión de pagos, situación que se repetirá nuevamente en el próximo mes de junio, ante las dificultades crecientes para renegociar o colocar nuestra deuda pública.
Dada nuestra mala situación económica y la poca confianza que trasmite Zapatero, los inversores habituales desconfían de la economía española y resulta muy complicado colocar nuestra deuda. No olvidemos que la prima de riesgo de la deuda española está, otra vez, por encima de los 140 puntos. De ahí que el Tesoro español, para colocar los últimos 2.000 millones de deuda, tenga que pagar el doble de lo que venía siendo habitual hasta ahora. De 0,76% que venían costando, ha tenido que elevar la rentabilidad de estas letras, colocadas a seis meses, nada menos que al 1,32% de interés.
Se da la circunstancia de que, por pura lógica, los acreedores de nuestra deuda son los que en realidad gobiernan ahora en España. A José Luis Rodríguez Zapatero le han atado de pies y manos y le obligan a tomar decisiones que nunca pensó adoptar. Ha pasado a ser un simple rehén de Ángela Merkel, de Nicolás Sarkozy y del propio Fondo Monetario Internacional. Se lo ha ganado a pulso por incompetente y por irresponsable. Él se resiste y pretende engañarles, del mismo modo que a los españoles, haciendo pagar el pato de la crisis a los más débiles, a los funcionarios y a los pensionistas y haciéndoles además otras promesas de reducción del gasto, sin intención evidente de cumplirlas.
La prueba de que se trataba de falsas promesas la encontramos en el hecho de que a las pocas horas de la reducción del sueldo a funcionarios y de la congelación de las pensiones, abrió de nuevo el grifo de las subvenciones. Comenzó asignando 16 millones de euros a los insaciables sindicatos, tan acostumbrados a vivir del sudor ajeno. Vino después la concesión de otros 270 millones a repartir entre los titiriteros del teatro y del cine, la farándula circense y empresas mineras de Asturias y León.
No acaba aquí el reparto irresponsable del dinero que no tenemos. A pesar de nuestra manifiesta insolvencia económica, dos días después del famoso tijeretazo, el Boletín Oficial del Estado continúa publicando subvenciones completamente cuestionables en periodos de crisis como el que atravesamos. Entre estas subvenciones absurdas nos encontramos con la concesión, por parte del Ministerio de Cultura, de 5,5 millones de euros a diversas asociaciones supuestamente culturales, de las cuales, casi la mitad están establecidas en Cataluña. La más beneficiada es la corporación municipal de Vic, con un millón de euros para un complejo cultural de la localidad. No acaba aquí la magnanimidad de un Gobierno manirroto. El 22 de mayo, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación oficializaba la convocatoria de subvenciones destinadas a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos y cuyo importe sobrepasa los 2 millones de euros. Este dinero está destinado, según confiesan, a promocionar “actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático”.
Y ¿cuánto se ha gastado en la payasada de la Alianza de las Civilizaciones? Es muy posible que, por este concepto, se nos hayan ido muy cerca de los cinco millones de euros. A todo esto hay que añadir otras muchas subvenciones, aunque se trate de cantidades notablemente inferiores a las ya descritas. La Universidad de Alcalá recibirá 700.000 euros para un proyecto tan interesante y tan actual como es el estudio de las “Relaciones Iglesia Estado durante los siglos XVII y XVIII”. El Ministerio de Fomento asigna casi medio millón de euros para licitar la adjudicación del contrato de “servicios de transporte por carretera de la correspondencia interna de ADIF” (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Y otros gastos absurdos e infantiles, solamente entendibles en la lógica de Zapatero, como los 6.500 euros gastados en la carnavalada del Senado, para que un andaluz tenga que escuchar a otro andaluz a través de un intérprete.
Como hemos hecho méritos más que sobrados para que nos vigilen, en la Unión Europea y en el Fondo Monetario Internacional, no se les escapa el carácter testimonial del recorte promovido por Zapatero, mientras funde alegremente dinero por otra parte. En la Unión Europea, de momento, no dicen nada y esperan al examen que deberá pasar España el próximo día 7 de junio. Este día, la ministra de Economía, Elena Salgado, tendrá que rendir cuentas ante el Eurogrupo. El Fondo Monetario Internacional, en cambio, exige ya de inmediato reformas urgentes y radicales en todas las áreas, empezando, claro está, por el mercado laboral. Le exigen que acabe con el sistema de negociación colectiva y que no permita que los agentes sociales le marquen la agenda. Saben sobradamente que la negociación colectiva, tal como funciona ahora, es un pesado lastre para la competitividad de los salarios españoles.
Zapatero sabe con certeza que la reforma del mercado laboral le va a generar cuantiosos problemas por parte de sus huestes, y más si se ve obligado a realizarla a espaldas de los sindicatos, tal como le exige el Fondo Monetario Internacional. De ahí que trate de dilatar esta medida en el tiempo lo más posible. Entre tanto, ha comenzado ya a curarse en salud agitando el espantajo de los ricos ante su parroquia. Siempre que tiene problemas, recurre a la demagogia barata, recuperando el viejo discurso de los ricos y los pobres y desheredados, los “descamisados” que diría Alfonso Guerra. Es una especie de banderín que, como toda la izquierda española, tiene siempre a mano para agitarlo cuando surgen las dificultades, y así disimular su propia inutilidad.
Lo preocupante del caso es que, al menos hasta ahora, les ha funcionado este binomio de ricos y pobres. Quizás ahora despierte mucha gente, al asistir a los funerales del atípico Estado del Bienestar predicado por Zapatero. Y en esos funerales, oficiados por Convergencia y Unión, se enteraran que los ricos de verdad, en vez de pagar, hasta puede que cobren intereses preferentes. Tienen medios más que sobrados para negociar con el Poder, incluso su escaqueo del fisco. Pertenecen incluso, muchos de ellos, a las huestes lideradas por el propio Zapatero. Y terminaran pagando, como siempre, los que menos tienen, los que viven honradamente de su trabajo o de su exigua pensión.
Desde instancias de la Unión Europea se ha obligado a nuestro gobierno a que tome la decisión de ahorrar inmediatamente unos 15.000 millones de euros. Le han dicho lo que tiene que ahorrar, pero no le han señalado los conceptos de dónde ha de detraer esa cantidad. Y el Gobierno ha optado por lo más fácil: recortar y congelar el sueldo de los empleados públicos entre los que hay muchos mileuristas, congelar las ya exiguas pensiones, suprimir el cheque-bebé y recortar las ayudas a las personas dependientes. Eso sí, por si las moscas y para engatusar a los parroquianos, sacó a relucir nuevamente el infundio de que serán los ricos los que más paguen. Ricos que, después, no aparecen nunca.
No se le ocurrió a Zapatero, ni por casualidad, que podía ahorrase una buena remesa de dinero eliminando esa abultada cifra de consejeros, empezando por los suyos. Tampoco pensó en la conveniencia de suprimir algún que otro ministerio inútil y en la necesidad de enviar a casa a los altos cargos que han sido elegidos digitalmente. Podía haber recapacitado en la necesidad de reducir coches oficiales, eliminar tarjetas Visa Oro, y en racionalizar la inflación de cargos duplicados en la función pública, eliminar gastos suntuarios y suprimir de un plumazo las pingües subvenciones que se llevan ONGs amigas y sociedades afines. Podría encontrar una larga lista de gastos absurdos susceptibles de una reducción más lógica que la adoptada. Pero no, Zapatero prefirió lo más fácil y lo más cómodo, cargar sobre los más pobres, los que no tienen capacidad de reacción, todo el peso de sus errores, de su incompetencia y de su desgobierno.

Gijón, 27 de mayo de 2010

José Luis Valladares Fernández

LA PENSIÓN NO ES UN REGALO

Los jubilados que escuchan con cierta asiduidad cualquiera de las emisoras públicas, terminan por convencerse que, la pensión que reciben, es algo gracioso que les proporciona el Gobierno para subsistir. Y son muchos los pensionistas que tragan semejante patraña. No piensan que el dinero de la jubilación es algo que fueron ganando, a base de enormes sacrificios, durante toda su larga vida laboral haciendo frente a unas cotizaciones establecidas. Es algo que se les debe, de manera inapelable, por estricta justicia social.
Del mismo modo que han sido convencidos de la generosidad del Gobierno socialista, a la que creen deben su pensión y los escasos porcentajes de subidas ocasionales a comienzos de cada año, toman con filosofía la congelación anunciada para el próximo año de 2011, ya que están convencidos de las monsergas con que abren los informativos de dichos medios de comunicación, en los que repiten, por activa y por pasiva, que se trata de un esfuerzo imprescindible para salvar el país. Y ahora ya no les bastan los informativos. Es tal la hecatombe económica que ha montado Zapatero, que todos sus cortesanos se ven obligados a intervenir en los programas de telebasura, donde, para mantener el embeleco, repiten una y otra vez las mismas consignas y donde, indefectiblemente, aparecen los famosos trajes de Milano de la Comunidad de Valencia. Muy mal tienen que verlo para que Pepiño Blanco suba con decisión a La Noria para vender las bondades del último tijeretazo incomprensible de Zapatero.
Parece ser que el incompetente Rodríguez Zapatero no tiene más fuentes de ingreso, que le permitan seguir con su desaforado despilfarro, que las sufridas clases medias españolas, entre las que se encuentran los jubilados. Con los pensionistas la injusticia que se comete es manifiesta. Pues en 2010, por culpa de la variación del IRPF, pasaron a cobrar menos que en 2009, a pesar de la desvergonzada carta del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que les aseguraba el mantenimiento del poder adquisitivo. Y esto sin tener en cuenta que, desde que acceden a la jubilación, año tras año, se les ha revalorizado la pensión siempre por debajo del coste de la vida. Hecho que se acentúa en épocas de recesión económica como la que padecemos actualmente. Se produce este desaguisado, por el sistema que se emplea para fijar la inflación que se produce a lo largo del año.
Para fijar el porcentaje de revalorización de las pensiones. El Gobierno hace una previsión, más o menos lógica, del comportamiento que experimentarán los precios a lo largo del nuevo año. El porcentaje estimado de inflación futura determina el incremento que se aplica a las jubilaciones durante los próximos doce meses. Si al finalizar el año, la inflación sufre alguna desviación, superando la previsión realizada a principios de año, el diferencial se abona con la pensión de enero. Hay que tener en cuenta que, la inflación acumulada, refleja siempre las variaciones de precios de un amplio abanico de artículos que forman la cesta de la compra.
Es evidente que no todos esos artículos sufren las mismas subidas o bajadas de precios. Y sin embargo, todos se tienen en cuenta a la hora de fijar el porcentaje de subida de las pensiones. En circunstancias normales, los pensionistas consumen casi exclusivamente artículos de primera necesidad, como la alimentación, la luz o el gas. Estas personas apenas consumen ya ropas y no adquieren electrodomésticos, ni aparatos electrónicos ni coches que, en realidad, son los artículos que suelen frenar y moderar la inflación acumulada y que entran a formar parte de la cesta de la compra, junto con los artículos de primera necesidad. Y de todos estos productos de su particular cesta de la compra, la alimentación suele tener un peso real bastante mayor. Sin más, esto ya es determinante para sufrir una pérdida evidente del poder adquisitivo.
En épocas de graves crisis económicas, como la que vive ahora España, el problema se agrava considerablemente por la contracción lógica del consumo. Tanto los coches como los muebles y demás enseres, que hacen más fácil la vida, pasan a ser objetos de lujo y dejaran de tener salida en los mercados. Si ya, en circunstancias normales, todos estos artículos apenas si varían sus precios, en tiempos de recesión son objeto de ofertas especiales para facilitar su salida. El encarecimiento normal de los productos alimenticios, la luz y los demás artículos básicos, es neutralizado con las rebajas especiales de aquellos otros artículos de lujo a los que no tiene acceso la inmensa mayoría de los jubilados. De este modo, el porcentaje utilizado para actualizar sus pensiones queda muy por debajo del encarecimiento real que han tenido que soportar.
Y ahora, a esa pérdida real de poder adquisitivo que soportan los jubilados cada año, hay que añadir la congelación de sus emolumentos. Pero ya sabemos que, para nuestros progres socialistas, el Estado del Bienestar es posible con poco dinero y teniendo que hacer verdaderos milagros contables para llegar a fin de mes. Es la consecuencia lógica del paso de los socialistas, aún sin reciclar, por el Gobierno español. Esta congelación de las pensiones obligará a más de un jubilado a engrosar lamentablemente esa abultada cifra de pobres que, en estos momentos alcanza ya a más de un 20% de la población.
Históricamente el socialismo español pierde la baba hablando del Estado del Bienestar y de las ayudas sociales que, según dicen, solamente ellos garantizan, pero no hacen otra cosa que generar pobreza y miseria. Eso si, cuando llegan al Gobierno, dilapidan hasta el último céntimo y ponen en peligro hasta la viabilidad misma de las pensiones. Y Zapatero no tiene rival, en eso de derrochar el dinero de los españoles en subvenciones absurdas y en verdaderos caprichos electorales. Y ahora, con las arcas públicas vacías, no duda en aligerar los bolsillos, ya exangües, de los pensionistas.
Después del atraco a los jubilados, perpetrado con premeditación y alevosía, Zapatero sigue a lo suyo, utilizando el erario público para comprar la paz social a los sindicatos mayoritarios y para pagar favores a los de la ceja y a los titiriteros. A pesar del mandato del Parlamento, Zapatero no se ha dado por enterado y ahí siguen esos ministerios inútiles, con personas al frente de los mismos más inútiles todavía. Lo suyo es jugar al despiste –no vale para otra cosa- y tratar de engañar a los incautos. Cuenta para ello con los medios de comunicación públicos y los amigos. Dirá que lo que hace, lo hace por responsabilidad y, por responsabilidad, lo que tenía que hacer era convocar elecciones de inmediato y largarse. El ejercicio de Gobierno no es para simples aficionados.

Gijón, 17 de mayo de 2010

José Luis Valladares Fernández